Debe tenerse especialmente en cuenta que los funcionarios que
habrían llevado a cabo los actos antijurídicos, se veían compelidos a
utilizar la firma digital de la magistrada bajo su autorización
expresa, e incluso, por pedido o exigencia de ella, o bien, a permitir
dicha situación, a fin de evitar acciones negativas hacia ellos por
parte de la Jueza, teniendo en consideración que de no hacerlo, se
veían expuestos a malos tratos que solía dispensarles (motivo que
también diera lugar a la apertura del Jury de Enjuiciamiento en su
contra, y que me permito sostener con el grado de provisoriedad que
caracteriza esta etapa procesal), lo que generaba un temor fundado
en aquellos.
Además, había un claro objetivo en los aquí denunciados
de evitar dilaciones en el seguimiento y tramitación del gran cúmulo
de causas radicadas en dicho ámbito jurisdiccional.