http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=BUTu3Dcy4b7%2Bi4HIk4GjTY6UdGt9UzFR3D1SI6HxWYs%3D&tipoDoc=despacho&cid=131111

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO. 38
Expte. Nº CNT 36.432/2015 Sent. Nº6832
Autos: “FORNACIARI EDUARDO LUCAS C/ CITROMAX S.A. S/ DESPIDO”.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2021
Y VISTOS:

El actor, EDUARDO LUCAS FORNACIARI, inicia acción contra CITROMAX S.A.C.I. y contra VIVIAN ROSE GLUECK en procura del cobro de las sumas salariales e indemnizatorias que estima corresponderle con motivo de la disolución del vínculo.
En apoyo de sus reclamos, afirma que comenzó prestando tareas para la demandada CITROMAX S.A.C.I. (empresa que se dedica a la agroindustria con plantaciones, empaque e industrialización de limones y arándanos), el 01/09/1982 cumpliendo tareas como auxiliar administrativo, para luego, a finales del año 1983 ser designado como jefe administrativo, siendo sus principales funciones las del manejo del área de administración de la demandada. Dice que, a finales del año 1987, se lo designa como contador general de la empresa.
Relata que en julio de 1994 el Sr. Jacobo Glueck, presidente y dueño de la empresa, decide que a partir de ese momento la empresa quede bajo el manejo del gerente técnico (Dr. Celso Martínez), el gerente de fábrica (Ing. Lucia Migliavaca) y del gerente administrativo (el actor).
A partir de ese momento sus funciones abarcaron – además del manejo de la administración propiamente dicha-, el manejo financiero de la empresa, como así también responsabilidades y decisiones sobre el área comercial. Y agrega que debió comenzar a realizar viajes frecuentemente, por todo el mundo, representando a la demandada en diferentes Congresos, Ferias y Misiones Comerciales; desarrollando nuevos clientes y visitando a los ya existentes.
Asimismo, a partir de ese año, relata que gran parte de sus tareas cumplidas fueron desarrolladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde debía mantener reuniones con clientes (por ejemplo, Danone, Quilmes y Molinos Río de la Plata), distribuidores (por ejemplo, Tradecos S.R.L.), auditores, despachantes de aduana y abogados. Dice que también debía concurrir como apoderado de la empresa, en muchas oportunidades, a las oficinas de la AFIP y a la Aduana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Afirma que esta mayor responsabilidad implicó que a partir de ese momento comenzara a percibir un sueldo extra que no era declarado por la demandada como tal.

En tal sentido, a partir del año 1994, según sus dichos, la demandada le abonó un complemento de sueldo en dólares, siendo dicha suma inicialmente de U$S 2.500.- además del sueldo consignado en su recibo; sumas que jamás fueron reflejadas en los recibos de sueldo y eran abonadas por el Sr. Jacobo Glueck (accionista mayoritario de la demandada) o bien por la Sra. Vivian Glueck (hija del Sr. Jacobo Glueck, vicepresidente de la demandada), en aquel entonces.
Señala que los cheques entregados por estas personas eran librados contra cuentas de distintas empresas de la familia Glueck tales como SOUTH ATLANTIC CHEMICAL, CITROSE CHEMICAL, EASTERN LABORATORIES INC. e EASTCOAST FLAVORS INC. Según sus dichos, descontaba esos cheques en distintas casas de cambio, las que previo pago de una comisión, le entregaban el dinero en efectivo.
Relata que en el año 1996 el monto percibido mensualmente bajo esta modalidad pasó a ser de U$S 4.000.-, en el año 1997 U$S 6.000.- y en el año 1999 U$S 8.000., siempre con la misma modalidad de pago.
Afirma que al asumir estas mayores responsabilidades, fue designado además director de las empresas Citromax S.A.C.I., Frizsche S.A.I.C.A. (dedicada a la producción de esencias y sabores) y Los Altos S.A. (dedicada al negocio agrícola). Incluso en algunas oportunidades ejerció interinamente la presidencia del directorio de la demandada, en circunstancias en que se encontraba ausente del país el presidente (la Sra. Vivian Glueck) o vicepresidente (su marido, el Sr. Henry Rosenberg) de la sociedad en cuestión.
En el año 1999 es designado como gerente general de la demandada, cargo que desempeñó hasta su despido indirecto.
Como gerente general, sus las tareas principales fueron las de la dirección general de la empresa, principalmente, en la parte comercial.
Resalta el crecimiento de la compañía a partir del momento en que tuvo una mayor injerencia, es decir desde el año 1994, dado que desde dicha fecha y hasta fines del año 2011, la empresa incorporó 31 propiedades con una superficie de alrededor de 7.100 hectáreas, adicionándose a las casi 2000 existentes. Además, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Tierras nro. 26.737 que limita las compras de tierras a extranjeros, se desarrolló una serie de convenios de
arrendamientos con terceros por casi 1000 hectáreas, las que hoy en día están siendo operadas por la accionada. Asimismo se concretó un importante acuerdo de largo plazo con un grupo de proveedores para el abastecimiento de la fábrica de 20.000 toneladas de fruta. Por otro lado, la planta de Tafí Viejo, a pesar de sus ampliaciones, tanto ediliciamente, como en equipamiento y maquinaria, quedo ubicada en un lugar inapropiado para su crecimiento y desarrollo futuro, por lo que hubo que relocalizarla. Como consecuencia, se desafectaron dichos inmuebles con el objetivo de comercializarlos y destinar esos recursos al financiamiento del nuevo emprendimiento industrial. Por este motivo, explica que se construyó una moderna y amplia planta fabril en la ciudad de Acheral, departamento Monteros, 50 kilómetros al sur de la ciudad de Tafí Viejo. La inversión necesaria fue de alrededor de u$s 45 millones, y la nueva planta opera desde la campaña 2012.
Advierte que cumplió sus funciones de gerente genera, desde el año 1999, en la planta de la demandada, trabajando de lunes a viernes y como mínimo en el horario de 9 a 20 horas, laborando fines de semana y, reitera, viajando constantemente por trabajo.
Por las tareas cumplidas, afirma que tuvo en los últimos años un sueldo fijo, que fue aumentando todos los años (siendo abonado una parte en pesos argentinos mediante recibo y otra parte en dólares, sin registración), un “bono” anual, teléfono celular, plan de medicina prepaga y la asignación de un vehículo con gastos pagos.
Con relación al sueldo fijo, el mismo fue abonado mediante acreditación bancaria en el Banco HSBC Bank Argentina S.A.
En el último año, este sueldo fijo ascendió a la suma bruta de $ 110.685.- Además de este sueldo fijo, abonado por la demanda mediante acreditación bancaria, la empresa pagó también, a partir del año 2003, la suma de U$S 10.000.- mensuales. Esta suma era abonada cada cuatro meses, aunque a veces se excedían los plazos, mediante la transferencia desde el exterior a una financiera en Argentina (que le entregaban el dinero en efectivo) o bien mediante depósito en la cuenta que el actor tenía en el Citibank NA de Nueva York (cuenta nro. 9401958). Señala que las cuentas en el exterior desde las cuales se hacían estos pagos (transferencias), eran de distintas empresas del holding VRG Inc. o bien cuentas personales de la Sra. Vivian R. Glueck (presidente de CITROMAX SACI) e incluso del Sr. Henry Rosenberg (vicepresidente de CITROMAX SACI).
Además de esto, dice que la demandada le entregó desde el año 1996, un teléfono celular que fue renovando de manera periódica. Este teléfono celular fue utilizado tanto para su trabajo como para su vida personal. El total de la factura correspondiente al celular fue siempre abonado por la demandada, no efectuando jamás descuento alguno. Fornaciari jamás tuvo otro teléfono celular a su nombre.
Agrega que la demandada pagó un plan de medicina prepaga, siendo el último abonado el de OSDE 450, tanto para él, su mujer y tres de sus cuatro hijos. Anteriormente se le había abonado como prepaga OPDEA y luego Galeno. El total de dicha factura era abonado por la accionada. De la misma manera, le fue entregado desde el año 1994 un automóvil para uso laboral y personal, hasta para irse de vacaciones. Además, según sus dichos, la demandada pagó el seguro,
combustible, peajes, patentes y mantenimiento en general del auto.
Sumado a todo ello, desde el año 2003, la demandada pagó un “bono” que no se encontró atado al cumplimiento de objetivo alguno. De tal forma que ese “bono”, según su perspectiva, fue parte de su salario habitual, dado que fue pagado todos los años (por distintas sumas, aumentando el monto a medida que fue pasando el tiempo).
Inicialmente fue de U$S 75.000.- pasando a partir del bono del año 2006 a ser de U$S 250.000.- y luego en los años subsiguientes de montos similares, hasta el año 2011 y 2012 (que fue de U$S 500.000.- en el año 2011 y de U$S 500.000.- en el año2012).
En cuanto a la forma de pago del bono, una parte le era abonada desde una cuenta bancaria de alguna de las compañías del holding VRG y otra parte era completada mediante transferencia de cuentas bancarias personales de la Sra. Vivian Glueck y/o su marido Henry Rosenberg.
Sostiene que las transferencias eran realizadas a cuentas manejadas por distintas financieras en la Argentina, las que entregaban el dinero en efectivo (contra el cobro de una comisión), destacando que en el último año se le abonó la suma de U$S 1.000.000.- a una cuenta personal en el exterior.
Afirma que siempre laboró con esmero y suma dedicación, no siendo pasible de sanción alguna a lo largo de la relación laboral.
Sin perjuicio de ello, denuncia las irregularidades registrales e incumplimientos patronales que enumera.
En tal sentido, sostiene que la demandada omitió registrar correctamente su salario abonando gran parte sin registro alguno y además omitiendo considerar, como tal, el uso de celular, la entrega de automóvil, gastos y plan de medicina prepaga.
Dice que finalizado el año 2011, a mediados del año 2012, la demandada acuerda con el accionante el “bono” correspondiente al año 2011, estableciéndose el mismo en la suma de U$S 500.000.-
Debido a que la empresa se encontraba haciendo una importantísima inversión en la construcción de la nueva planta, se le plantea la necesidad de diferir dicho pago y entendiendo el momento financiero de la empresa, accedió a dicho pedido.
Finalizado el año 2012, y llegado mediados del año 2013, acuerda con la Sra. Vivian Glueck y el Sr. Henry Rosenberg que el “bono” correspondiente al año 2012 sería de U$S 500.000 y entonces solicitó que se le abonara el “bono” del año 2011 y el “bono” acordado por el año 2012, sin que la demandada accediera al pago de dicho “bono”. Ello pese a que, como se dijera, dicho “bono” había sido pagado todos los años desde el 2003 y nunca se encontró atado a un cumplimiento de objetivos sino que fue un complemento del sueldo del actor, atento la posición que ostentaba.
Finalmente, a mediados del año 2014, la demandada acepta pagarle el “bono” correspondiente al año 2011 y 2012, pagando el mismo entre el mes de junio y el mes de octubre de 2014 por la suma de U$S 500.000.- (es decir U$S 500.000.- por el año 2011 y U$S 500.000.- por el año 2012).

Dicho pago fue realizado desde empresas del holding de la Sra. Glueck a una cuenta personal en el Bank of New York en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Señala que, a esa fecha, la demandada le debía el “bono” correspondiente al año 2013, por lo que comenzó a reclamar el pago del mismo, recibiendo nuevamente respuestas evasivas y dilatorias de parte de la Sra. Vivian Glueck.
Ante esta situación decidió formalizar su reclamo mediante envío de telegrama laboral con petición de regularización del registro de la relación laboral y de la deuda salarial que refiere y ante el desconocimiento de cada una de sus intimaciones y resultado infructuoso, no tuvo otro camino que considerarse injuriado y despedido por culpa de la contraria en febrero 2015.
Asimismo, invoca que a la demandada la ha emplazado por el pago de los rubros y el cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo.
Practica liquidación, ofrece prueba y por las razones que invoca, solicita se haga lugar a la acción en todas sus partes.
La demandada CITROMAX S.A.C.I. contesta y, junto a las negativas puntuales que formula, reconoce el vínculo, pero especialmente desconoce los extremos vertidos por el trabajador; opone excepción de prescripción.
En su defensa, sostiene que es una empresa citrícola mundialmente reconocida por su actividad vinculada a la producción y comercialización de limones, aceites y productos y subproductos afines.
Dice que efectivamente el actor ingresó a laborar a las órdenes y bajo su dependencia desde el 01/09/1982, habiendo sido designado “Gerente General” a partir del año 2003. Como tal y habida cuenta que tanto el presidente del Directorio y los accionistas de la sociedad son extranjeros, el señor FORNACIARI se encontraba a cargo del gerenciamiento de
la firma.
Reconoce que el egreso, como se apuntara, se produjo por despido indirecto, luego de más de 30 años ininterrumpidos de relación laboral, en el mes de febrero de 2015, luego de haberle enrostrado a CITROMAX incumplimientos contractuales y deficiencias registrales que imputa – según su tesitura – a otras compañías (tales como SOUTH ATLANTIC CHEMICAL, CITROSE CHEMICAL, EASTERN LABORATOIRES INC., y EAST COAST FLAVORS INC).
En tal sentido, vuelve a negar y rechazar la versión del escrito inaugural, caracterizando el accionar del actor como una maniobra para desvirtuar la realidad de los hechos y de sus propios incumplimientos a funciones y responsabilidades como “Gerente General” y miembro del Directorio.
Realiza un pormenorizado relato de los incumplimientos que atribuye al actor a lo largo de su ejercicio como gerente.
Replica puntualmente los rubros de la liquidación a los que se refiere e impugna y ofrece la prueba de la que intenta valerse en apoyo de su postura.
Por ello y demás razones que expone, pide el rechazo de la demanda. Finalmente, se presenta y responde la acción la codemandada VIVIAN ROSE GLUECK en los términos del memorial que presenta; opone excepción de falta de legitimación pasiva y prescripción.
En su defensa dice que efectivamente el actor se desempeñó como dependiente de CITROMAX S.A.C.I., habiendo revestido el cargo de “Gerente General” e incluso formando parte de su directorio.
Rechaza todo vínculo dependiente con Fornaciari y adhiere a los términos de la contestación de demanda de la empresa que – según sus dichos – en definitiva, fue la empleadora del actor, CITROMAX S.A.C.I., tanto en lo relativo a la defensa de fondo y de forma propuestas como al relato de los hechos, negativas y prueba.
Impugna liquidación, ofrece prueba y con los argumentos que explica en su escrito de defensa, funda y peticiona el rechazo de la acción en su contra.
Vencido el plazo dispuesto por el art. 94 LO las actuaciones pasan a despacho para el dictado de la sentencia.
Y CONSIDERANDO:
Razones metodológicas me motivan a comenzar por las defensas opuestas en materia de la prescripción de los créditos reclamados porque -en el caso- contribuye a fijar el límite temporal del reclamo.
De comienzo cabe considerar que al caso se aplica el plazo bienal del art. 256 de la LCT, pero se agrega los efectos suspensivos del art. 3986 del CC – vigente al momento de la interpelación – ante la acreditada intimación que oportunamente hiciera el actor en procura del cobro de las sumas mentadas.
Lo expuesto me lleva a recordar lo sostenido acerca de que “…no existe norma alguna que permita la coexistencia de dos causales de suspensión. En caso de producirse tal situación, debe ser interpretada en el sentido más favorable a la subsistencia de la acción y tomarse en cuenta la
causal que establezca el plazo mayor (en igual sentido, Dictámenes Nro. 39.951 del 31/03/05 en
autos: “Fedullo Carlos Luis c/ Consolidar ART S.A. s/ Diferencias de Salarios” registro de la Sala
IX y Nro. 40.378 del 6/06/05 en autos: “Leguizamón Juan Carlos y Otros c/ Los Cipreces S.A. s/
Despido” registro de la Sala II” (del Dictamen del doctor Eduardo O. Álvarez, N° 47.956, del
20/3/2009, en autos “Chamorro, José Claudio c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Cobro de
Salarios”).
En el mismo dictamen de la Fiscalía General del Trabajo, el doctor Eduardo Álvarez sostuvo
que “…el segundo párrafo del art. 3986 del Código Civil establece que la prescripción liberatoria
se suspende por una sola vez por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica,
admitiendo que el acreedor en forma indubitada pueda paralizar el curso de la prescripción a
través de una manifestación de voluntad que no requiere la fórmula costosa de la promoción de la
demanda judicial”.
Lo dicho importa que sólo cabe considerar a la mencionada causal suspensiva (la interpelación)
por ser la más beneficiosa para quien reclama y, a la vez, que no corresponde hacer mérito -en la
especie- de lo actuado en el SECLO, en tanto no es pertinente admitir la coexistencia de dos
causales de suspensión (ver dictamen ya mencionado de la Fiscalía General).
Por ello, al estar en parte fuera de discusión y además probadas las comunicaciones entre los
litigantes, cabe sólo asignarle el mentado efecto suspensivo de un año a la interpelación citada;
con lo cual -y dado el cargo de la demanda – se impone rechazar la defensa intentada.
Resuelto lo anterior, en virtud del principio que impone la carga probatoria a la parte que
afirma un hecho y exime de aquella a la que lo niega (art. 377 CPCCN), he de analizar las pruebas
arrimadas a la causa, de conformidad con las reglas de la sana crítica, con el objeto de conocer el
mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido en relación a las particulares
circunstancias del caso (cfr. art. 386 CPCCN).
Analizadas las constancias de autos, de la prueba documental aportada por las partes, en especial
la inherente al intercambio epistolar habido previo a esta contienda, surge que la primera
manifestación disolutoria fue aquella emanada por el trabajador mediante el TCL No 086985239
del 15/02/2015 ante el rechazo a requerimientos respecto a la regularización del vínculo contenido
en su misiva primigenia.
Desde la perspectiva de enfoque que impone el citado art. 243 de la LCT, corresponde juzgar si
fue o no legítimo el distracto bajo análisis.
Entre las causales invocadas por el trabajador se encuentra la deuda salarial que refiere y los pagos
de remuneraciones fuera de registro.
Analizadas las probanzas colectadas bajo la óptica de la sana crítica, adelanto que considero
acreditada la postura del inicio, por lo que obtendrá tutela jurisdiccional (conf. art.386 CPCCN,
art. 14 bis CN). Me explico.
Corresponde señalar que sin perjuicio del cargo que ocupara el Sr. FORNACIARI en la estructura
empresarial, lo cierto es que de las presentaciones iniciales de las partes y lo producido en autos,
se acredita que quien acciona revistió el carácter de trabajador, en los términos del art. 25 de la
LCT.
Respecto de la deuda salarial aludida en la demanda y la modalidad de pago que también allí se
denuncia, memoro que FORNACIARI señaló que desde 1994 se le comenzaron a pagar sus
remuneraciones con los incumplimientos registrales que refiere. Ello por cuanto su sueldo fijo
estaba registrado y era abonado a través de la demandada CITROMAX S.A., pero el complemento
de éste era abonado en dólares y fuera de todo registro. Denunció que estas sumas mensuales y sin
registro eran abonadas por el Sr. Jacobo Glueck (en aquel entonces presidente y dueño de la
empresa) o bien por su hija, la Sra. Vivian Rose Glueck, quien al fallecer su padre (en el año
2013), quedó al mando de la empresa accionada y todo el holding, siendo la accionista mayoritaria
y casi absoluta en todas ellas ( «VRG Holding», formado por empresas Citrol Manufracturing Co.;
JVG Properties LLC; Citrol Enterprises Inc; Citromax Flavors Inc; Eastcoast Flavors Inc; Los
Altos S.A.C.I., Fritszche S.A.C.I. y la empresa accionada Citromax S.A.C.I.).
Tal como adelantara, las probanzas producidas en el litigio abonan la tesitura del inicio.
En efecto, los testimonios recibidos a instancia de la parte actora (ver Prado a fs. 683/85 y Godoy
a fs. 561/63) resultan coincidentes y concordantes al referirse a las empresas que conforman VRG
Holding, la titularidad de la codemandada Vivian Rose Glueck, la existencia de pagos de bonos
mensuales, en dólares y fuera de todo registro.
Sin perjuicio de las observaciones efectuadas a los testigos, considero sus dichos aptos a los fines
perseguidos en tanto provienen de quienes tomaron conocimiento directo sobre los hechos sobre
los cuales declaran y a la vez, reitero, lucen coincidentes y concordantes, por lo que forman
convicción en este magistrado, en tal sentido (conf. arts. 386 CPCCN y 90 LO).
Y a ello se agrega lo declarado a fs. 564/565 por la testigo Mauricio, propuesta a instancia de la
accionada.
Por lo demás, se corroboran los extremos denunciados en el inicio en la documental aportada (ver
Anexo XII), a la que se agrega la prueba informativa producida por la actora al Estudio contable y
de auditoría en impuestos «Wagner, Ferber, Fine & Ackerman» del que surge la autenticidad del
informe de auditoría de las empresas de VRG Holding del 31/12/2013.
Asimismo se verifica la relación societaria denunciada en las declaraciones prestadas por los
testigos Eileen Suss, Lasso y Rhodes, obrantes en anexo a la causa.
También conforme los reconocimientos efectuados por los testigos Carrera y Migliavaca, a través
de las rogatorias gestionadas en la provincia de Tucumán, se acreditan los pagos de los bonos
mensuales apuntados en el inicio.
De las pruebas citadas, se acredita que el pago de los referidos bonos no estaba sujeto a objetivos
establecidos por la empresa.
Asimismo, se visualizan las transferencias recibidas a las cuentas de titularidad del actor (Sun
National Bank y New York Mellon) que se verifican con los mails acompañados, tanto en cuanto
a las fechas y montos operados.
Se agrega lo informado por Banco CITIBANK (fs. 778) en la cual se informan tres transferencias
efectuadas a la cuenta N° 94701958 en fechas 30/07/2013 (por U$S 60.000), 14/02/2013 (por
U$S 80.000), en fecha 20/5/2014 (por U$S 40.000) realizadas -en todos los casos- por una
empresa de nombre CITROIL MANUFACTURING CO integrante del holding.
A mi modo de ver, conforme lo expuesto, se evidencia con claridad meridiana la existencia de
pagos en concepto de salarios y bonos, instrumentados a través de las diferentes empresas de VRG
Holding (ver informes del TD Bank y Sun National Bank) y sin registro a través de su empleador
CITROMAX S.A. Y ello sin perjuicio del vínculo que pudiera o no tener quien acciona con el
resto de las empresas del holding pues en definitiva lo relevante se erige en cuanto a la dirección
de éste y su accionar frente a las obligaciones asumidas para con FORNACIARI, las que eran
asumidas en forma indistinta por aquellas, todas bajo la dirección de la codemandada GLUECK.
A estas alturas considero adecuado al caso señalar que comparto el criterio según el cual si se
invocan varias conductas injuriosas es suficiente que sólo una cuadre en lo previsto en el citado
art. 242 LCT para que se justifique el despido, lo cual – eventualmente- releva, en la especie, dar
tratamiento a los demás incumplimientos alegados.
Sin perjuicio de ello corresponder señalar que además se verifica en autos la falta de pago de los
bonos correspondientes a los años 2013, 2014 y proporcional 2015.
Y en igual sentido, se acredita la deuda salarial por la falta de pago del complemento salarial
desde Septiembre2014 a Enero 2015 (ver Anexo VI, en especial en cuanto a las comunicaciones
electrónicas previas al litigio).
En tales condiciones debo tener por cierta la relación laboral con los incumplimientos
denunciados y que el vínculo se extingue ante la invocada injuria que cabe reputar como de
gravedad suficiente como para impedir la prosecución del contrato (art. 242 LCT).
Ello así el despido debe ser indemnizado con los accesorios propios de la extinción (arts.
231, 232, 233, 245 y cts. L.C.T.).
La invocada falta de pago de la liquidación final (vacaciones proporcionales y SAC
proporcional; arts. 123 y 156 LCT) y los rubros salariales sin que obren los recibos pertinentes
(art. 138 LCT); conduce a que deban proceder dichos créditos.
Asimismo serán procedentes los reclamos por las deudas salariales acreditadas conforme lo
señalado precedentemente (bonos y complementos salariales).
Habrá condena por el peticionado resarcimiento previsto en el art. 2º de la ley 25.323 pues se
verifica el cumplimiento del requisito inicial de la norma, a la vez que el actor se vio obligado a
iniciar las presentes actuaciones a los fines de lograr el cobro de las sumas adeudadas.
También tendrán favorable acogida los reclamos resarcitorios contemplados en los arts. 10 y 15 de
la ley 24.013 y ello así pues el accionante intimó fehacientemente procurando la correcta
registración del empleo – en cuanto a la remuneración efectivamente percibida – durante la
vigencia del vínculo laboral y envió copia de ella a la A.F.I.P. (ver informe del correo; conf. art 11
ley 24.013 y art. 3 decreto reglamentario 2725/91).
Por otra parte, observo que se cumplió en tiempo oportuno con la exigencia contenida en el art. 3º
del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 –esta última modificatoria del art. 80 de la ley
de contrato de trabajo- ya que se efectuó la intimación de entrega del certificado respectivo con
posterioridad al transcurso del plazo de 30 días corridos que debe contarse desde la extinción del
contrato. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la petición indemnizatoria con fundamento
en el art. 45 de la ley 25.345.
Corresponde condenar a la entrega, mediante depósito en autos, del certificado de trabajo y el de
remuneraciones (conforme constancias de autos y formulario ANSES respectivo) dentro de los
diez días de intimada expresamente en la etapa de ejecución y bajo apercibimiento de astreintes
(art. 666 bis del Código Civil conforme art. 804 CCyCN).
Resta decidir acerca de la responsabilidad de la codemandada VIVIAN ROSE GLUECK,
conforme las probanzas producidas y los hechos que en virtud de ellas se acreditan en el
subexamine bajo el marco de ponderación del art. 386 CPCCN.
En esta instancia y haciendo especial hincapié en las singulares circunstancias de la causa, el caso
concreto me impone recordar y, a la vez, tener muy presente el principio de “primacía de la
realidad”, pilar de nuestra materia específica en conjunción con el principio «iura novit curia»,
propio del ordenamiento procesal general, según el cual corresponde al juez la aplicación del
derecho, si fuere menester aun con prescindencia del invocado por las partes, prerrogativa y deber
del juzgador (Fallos CSJN: 26:32; 262:32; 265:7), a quien incumbe la determinación correcta del
derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente,
calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo
rigen (CSJN en «Paz de Goñi Moreno c/Goñi», del 16/12/76; entre otros).
En tal sentido, cabe resaltar que los jueces tienen no solo la facultad sino también el deber de
discurrir los conflictos y dirimirlos con ajuste al derecho aplicable, valorando autónomamente la
realidad fáctica y encuadrándola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos
que enuncian las partes, pues la facultad que deriva del ejercicio de la regla “iura novit curia” no
comporta agravio constitucional. Ello es así, en tanto no alteren las bases fácticas del litigio o la
pretensión (conf. CSJN in re Milano, Horacio Rafael c/Liberty ART SA s/accidente acción civil.
Recurso de hecho, del 20/08/2015).
Dicho esto, de la producida y ya citada prueba colectada (en especial la testimonial e informativa
mentada) se evidencia la intervención personal de la codemandada VIVIAN ROSE GLUECK, no
sólo en la modalidad de trabajo desplegada por el actor, sino también en el mecanismo de pago de
sus remuneraciones en el marco de lo que ha sido acreditado en la especie.
Probada de manera concreta la existencia de un grupo económico (holding) bajo la conducción de
la codemandada física y de permanente interacción con el actor, así como también la existencia
de las maniobras fraudulentas (efectivización de pagos de remuneraciones fuera de los registros
obligados por ley) corresponde la condena solidaria de todos los codemandados. La
responsabilidad de la persona física, en este caso VIVIAN ROSE GLUECK, resulta ineludible
toda vez que se acredita en su persona la administración y dirección del holding, como así
también su titularidad. En el caso, al existir, de acuerdo a la prueba rendida, una confusión de
patrimonios entre las sociedades mencionadas y la persona física codemandada y la
participación específica en el concilio de fraude mentado, no puede soslayarse válidamente la
responsabilidad de ésta última.
Considero oportuno remarcar -con énfasis- que tampoco puede perderse de vista que la
finalidad protectoria que caracteriza al derecho del trabajo resulta no sólo claramente
compatible con esta interpretación sino que se impone en los términos del art. 14 bis CN ,
pues la extensión de responsabilidad y solidaridad así entendida proporciona al acreedor
laboral, al trabajador, una intensa garantía que hace posible la percepción de sus créditos en
atención a la naturaleza alimentaria de éstos. En el caso, la acciòn contra la persona física
demandada, dado que no se invocó ninguna circunstancia que lo eximiera de la
responsabilidad que le cabe por el incumplimiento de la ley (conf.. ley 19550) y el daño sufrido
por el reclamante es bien concreto pues está representado por sus créditos laborales
insatisfechos (en igual sentido, CNAT, Sala III, in re “Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano S.A. y
otro s/ Despido”, Expte. 6880/01, sent.87007 del 18/08/05).
En el caso, la sociedad demandada incurrió en la práctica de no registrar ni documentar una
parte del salario efectivamente convenido y pagado (práctica prohibida por el art. 140 L.C.T. y
art. 10 de la Ley de Empleo), tal conducta genera la responsabilidad de los socios y los
controlantes en los términos del agregado de la ley 22903 al art. 54 de la ley 19550. Tal
accionar constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13 y 14 L.C.T.),
la buena fe (art. 63 misma ley) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el
sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresaria).
Estas irregularidades configuran violaciones a la ley que generan la responsabilidad solidaria
de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en
los arts. 59, 157 y 274 L.S. En estos casos la responsabilidad de socios y administradores de
sociedades comerciales se extiende a la totalidad de la condena. En cuanto a la condena a
entregar el certificado del art. 80 L.C.T., sólo puede ser impuesta respecto de aquellos que
fueron empleadores directos del trabajador accionante (en igual sentido, CNAT, Sala IV,
in re “Ríos Ávalos Eladio c/M3 Construcciones SA y otros s/despido”, Expte 50456/2013,
sentencia 100.951 del 11/08/16).
Por motivo de lo expuesto, se hace extensiva la condena a la persona física demandada en forma
solidaria e ilimitada.
En cuanto a la remuneración a considerar para proceder a la liquidación de las partidas por
las que progresa la acción, en el inicio se procura la declaración del carácter salarial de la
provisión y pago por parte de la empresa de una línea de teléfono celular; automóvil, seguro y
combustible; medicina prepaga y grupo familiar.
Sentado ello cabe resolver la controversia en torno al salario base de la liquidación final a
efectos de determinar la procedencia o no del reclamo en este tramo de la contienda.
Adelanto que asiste razón, en este punto, al reclamo del trabajador. Me explico.
El nudo central de la controversia que se trae a juzgamiento consiste en determinar si a los
pagos efectuados por los rubros que se indican, corresponde asignarles naturaleza remunerativa.
Razones de método me conducen a recordar la doctrina emergente del fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en el fallo emitido en autos “Pérez, Aníbal Raúl
F c/ Disco SA” (sentencia del 1/9/09; a cuyos fundamentos remito) en el que ha dejado sentado -si
bien refiriéndose a los vales alimentarios- que a éstos cabe asignarles carácter salarial.
A la vez se impone memorar la contundencia y claridad de dicho fallo, en especial y desde
mi punto de vista, de los considerandos 5º), 6º) y 7º) -a los que nuevamente remito- y sin
olvidar la no menos enfática frase del considerando 9º) al señalar que “…llamar a las cosas por
su nombre…” constituye: “…un tributo a la justicia de la organización del trabajo subordinado”
(sic).
Ya más concretamente y acerca de sumas no remunerativas los considerandos a los que
he aludido (de los autos “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco SA”; sentencia de la C.S.J.N. del 1/9/09)
abordan el tópico con una fundamentación que desde el punto de vista conceptual acerca de la
contraprestación dineraria a cargo del empleador conduce -a mi ver- a su extensión a estos
obrados y , por ende, a la asignación de naturaleza salarial a los rubros en examen.
A lo dicho agrego que el Alto Tribunal también se ha expedido considerando salarial a
pagos no remuneratorios (González, Martín Nicolás c. Polimat S.A. y otro, del 19/05/2010;
publicado en LA LEY del 08/06/2010) que, aun teniendo distinta fuente normativa, sus
considerandos no le son ajenos al caso particular de estos obrados.

Sentado ello y si bien es cierto que el Alto Tribunal sólo decide en los casos concretos que
le son sometidos y su fallo no resulta -en principio- obligatorio para otros análogos, a la vez los
jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquélla máxime en el caso concreto
que, además, el suscripto comparte la doctrina mentada desde que constituye la recta
interpretación de la normativa en cuestión (conf. doctrina de Fallos: 25:364 y muchos otros). Por
consiguiente, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de
tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por
la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas
en su consecuencia (en similar sentido ver también C.S.J.N. en C366.XLIII – Recurso de Hecho
“Cisneros de Bau, Norma Beatriz c/ Telecom Stet France Telecom SA”, del 20/10/09; entre
muchos otros).
En suma: cabe admitir la pretensión de la demanda en el sentido de considerar salariales a
los rubros en tratamiento.
Por lo demás, los valores correspondientes a la medicina prepaga como a la cochera
revisten carácter remuneratorio en tanto dichos conceptos configuran una prestación en especie
otorgada por el empleador, constituyendo una ventaja patrimonial a favor del empleado. En la
actualidad, el beneficio de un servicio de medicina prepaga se utiliza como modo de tentar a los
potenciales candidatos a un puesto de trabajo, dado que la mayoría de las empresas utiliza este
método que, en consecuencia, lejos de constituir un beneficio social, forma parte de las cláusulas
contractuales en que se sustenta la relación de empleo (CNAT Sala VIII Expte. Nº 34.615/2011
Sent. Def. Nº 39.341 del 14/02/2013 “PPD Argentina SA c/Michelini, María Beatriz
s/consignación”).
Así, corresponde asignarle a la provisión de telefonía celular, automóvil, seguro y
combustible del automóvil; medicina prepaga para actor y grupo familiar, naturaleza
remuneratoria, toda vez que ello importó una ventaja patrimonial al amparo de los artículos 103 y
105 de la LCT (ver informe contable y declaraciones testimoniales ya citadas).
Conforme ello, considero que la mejor remuneración mensual, normal y habitual bruta
devengada por el actor (conf. art. 245 LCT) asciende a $608.834, tendiendo en consideración el
salario fijo denunciado ($110.685), salario complementario mensual ($89.000 – equivalentes a u$s
10.000.- mensuales, conforme el valor dólar histórico al momento del egreso del actor), uso
personal de celular ($3.000), uso personal y gastos de automóvil, seguro y combustible ($22.316),
plan de medicina prepaga OSDE 450 ($13.000) y proporcional mensual del bono anual percibido
$ 370.833.- (a razón de U$S 500.000.-, tomando el valor dólar histórico al momento del egreso del
actor, ver pericia contable producida en rogatoria de trámite ante los estrados de Tucumán,
Juzgado Laboral 1, acompañada en presentaciones digitales del 08/06/2021 e incorporadas el
14/06/2021).
Respecto de lo debatido con base en la doctrina asentada en el plenario Tulosai, cabe
concluir que la misma no resulta de aplicación al caso pues conforme las declaraciones
testimoniales aportadas al proceso se desprende que los pagos recibidos por el trabajador eran
devengados mes a mes con una efectivización bajo una modalidad aleatoria, situación y modalidad
que aleja del supuesto de hecho que trata el plenario citado y por ende, determina su
inaplicabilidad.
En cuanto a la controversia en torno a la aplicación de tope a la base salarial del art. 245
LCT y su inconstitucionalidad, la C.S.J.N. ha sentado, en el conocido caso “Vizzoti” una doctrina
judicial específica en lo que hace al tope establecido en el art. 245 L.C.T.
La postura asumida por el más Alto Tribunal coincide, en lo fundamental, con la posición
doctrinaria según la cual si la aplicación del tope reduce la indemnización más allá de determinado
porcentaje resulta confiscatoria del derecho conferido en la primera parte de la norma y
constituye una negación autocontradictoria de lo que la norma establece y tutela.
En la especie, se verifica la hipótesis expuesta por la Corte en el precedente citado, ya que
fácilmente se observa que la aplicación del tope indemnizatorio al presente caso reduce la misma
más allá de las pautas aceptadas en el reseñado fallo (a cuyos fundamentos, y en lo que al caso
concierne, remito a mayor brevedad).
Entonces, corresponde calcular el resarcimiento (dada la índole de esta controversia -más
allá de los dichos de las partes- y como un modo de dar la más justa solución al caso), conforme
las reglas establecidas por la Corte en el citado fallo “Vizzoti c/ Amsa”; es decir, computando a
los fines del cálculo indemnizatorio el 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual
del trabajador que asciende a la suma de $ 407.919.-
En las apuntadas condiciones la liquidación de los rubros que proceden, es la siguiente:
Indemnización por antigüedad $ 13.461.327
Indemnización sust. Preaviso $ 1.217.668
S.A.C. Preaviso $ 101.472

Integración Mes de Despido $ 608.834
S.A.C. Integración $ 50.736
S.A.C. Proporcional $ 50.737
Vacaciones Proporcionales $ 852.368
S.A.C. Vacaciones Proporcionales $ 71.031
Ley 24.013, art.10 $ 12.618.636
Ley 24.013, art.15 $ 15.440.038
Ley 25.323, art. 2 $ 7.720.019
L.C.T., art.80 (conf. Ley 25.345) $ 1.826.502
Diferencias Salariales $ 2.391.108
TOTAL $ 56.410.475
Por ende, este tramo de la demanda prospera por la suma de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($56.410.475) que diferiré a condena con intereses, que correrán desde que cada suma se
hizo exigible y hasta su efectivo pago, a la tasa de las Actas N° 2601, 2630 y 2658 de la Cámara.
Lo resuelto importa que no considero procedente, aún con las particularidades del debate
del caso, disponer un ajuste distinto al que se prevé en las citadas Actas de la CNAT, sobre todo
porque dicha tasa -dados los elementos y variables que se ponderan para su conformación en
función, entre otras, de las operaciones financieras a las que está destinada- también refleja,
entre otros aspectos, la variación que pueda experimentar el valor de la moneda sobre la que ha de
operar la aplicación del respectivo interés (ver C.S.J.N. en “Massolo, Alberto José c/ Transporte
del Tejar S.A., sentencia del 20/4/10 y, con remisión a éste, en “Belatti, Luis Enrique c/ F.A. s/
cobro de australes”, sentencia del 20/12/11).
Lo dispuesto es independiente de los intereses punitorios que también a sus eventos a
continuación señalo con la finalidad de favorecer el cumplimiento y, a la par, disuadir el
incumplimiento de la sentencia; como modo de propender también al principio de eficacia de la
jurisdicción y con ello aventar la posible renuencia del deudor a satisfacer una deuda alimentaria
que goza de especial protección del ordenamiento jurídico sustancial (art. 14 de la Constitución
Nacional que, a mi ver, releva de abundar en más citas).
Es así que, sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente en materia de frutos civiles desde
origen, también se impondrán intereses punitorios para el hipotético supuesto de que no se
depositen oportunamente las sumas adeudadas ni el deudor abone las que considere
corresponder, una vez practicada la liquidación y emplazamiento respectivo que se prevé para la
etapa del art. 132 de la L.O.
Al respecto y en lo que al caso importa, comparto el criterio según el cual los intereses
punitorios son aquellos que el deudor debe pagar como sanción o pena por el retardo. “Son un
necesario estímulo para el pago puntual y exacto de la condena, cumpliendo una vital función en
el engranaje del aparato judicial, toda vez que tienden a que la actitud díscola del deudor no
perjudique injustificadamente al acreedor laboral, y redunda en beneficio de la economía social en
general” (ver autos «Fernández Georgina Lujan c/ Mapfre Argentina ART S.A. a/ accidente»,
Sent. Def. nº 4763, del 7/3/ 2013, del Juzgado del Fuero Nº 66).
En el mismo pronunciamiento se ha sostenido “…que establecer una tasa diferencial para
el supuesto de falta de cumplimiento en término del pago del monto final de condena con sus
aditamentos, implica un justo proceder, toda vez que el deudor que no satisface su débito queda en
una situación de inexcusable renuencia, la que legitima y autoriza, a partir de allí y hasta que se
produzca la cancelación integra y efectiva, la fijación de una tasa diferenciada de interés
estimulante de la finalidad del proceso y disuasiva de conductas antijurídicas que pugnan contra el
principio de eficacia de la jurisdicción…” (Fallo “Fernández…” citado).
Por otra parte estimo que diferir la consideración de eventuales intereses punitorios para
luego de verificado el no esperable (como principio general de la buena fe procesal y de la
conducta previsora del buen deudor de obligaciones alimentarias) incumplimiento del pago, tal
diferimiento podría generar potenciales conflictos, incidentes y planteos de opinable resultado que
podrían dilatar el cumplimiento de la sentencia laboral; lo cual podría quedar despejado haciendo
uso de las facultades judiciales del sentenciante y de tal modo no privar al decisorio de un
importante elemento preventivo y disuasivo de eventuales conductas disvaliosas o incumplidoras
de la sentencia.
Se procura así más que la intangibilidad del crédito, orientar este segmento del decisorio a
prever la penalización del eventual atraso en satisfacer la obligación alimentaria la cual, por otra
parte, se conoce con antelación a la intimación de pago que, como es obvio, es una secuela
posterior del proceso en el que se ha dictado la sentencia para cuya satisfacción el deudor cuenta
también con el lapso entre el pronunciamiento y el emplazamiento que puede favorecer el obrar
previsor propio de quien se espera una conducta cumplidora.
En cuanto a la tasa a considerar para el interés punitorio posterior al emplazamiento ya
mencionado, comparto el criterio según el cual la misma no debe ser excesiva o abusiva, se debe
mantener dentro de límites razonables y guardar relación con la moral y las buenas costumbres. Al
hallarse en juego tales principios y que, a la vez, debe orientarse al cumplimiento oportuno de la
sentencia que manda pagar deuda alimentaria; estimo que la tasa punitoria no debería exceder dos
veces la impuesta hasta dicha etapa procesal (en similar sentido y acerca de los fundamentos
dedicados a punitorios, ver los considerandos el dcitado fallo “Fernández…” y en «Flores Bendezu
Pedro Gilberto c/ Montagne Outdoors S.A. y otro s/ accidente – acción civil», S.D. Nº 5044, del
28/2/ 2014, del Juzgado del Fuero Nº 66).
Es así que estimo adecuado fijar intereses punitorios en el doble de los ya dispuestos para
calcular hasta la etapa del art. 132 de la L.O.; con la expresa salvedad de que dichos punitorios
sólo correrán –reitero- ante el eventual incumplimiento de la respectiva intimación de pago
vencida o de vencido el plazo de traslado sin que la demandada impugne la liquidación o que de
haber impugnado no hubiere depositado las sumas que estime corresponder con la liquidación
correcta que, en tal caso, debería practicar.
Llegado a este punto destaco una vez más que queda claro que no se trata de actualizar ni
de indexar el crédito, sino que el recargo obedecería sólo a una consecuencia del incumplimiento
del deudor. La prestación a su cargo no se ve afectada por la aplicación de mecanismos
indexatorios adicionales (no admitidos, como expuse, según doctrina de la C.S.J.N. en “Massolo,
Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A., sentencia del 20/4/10 y, con remisión a éste, en “Belatti,
Luis Enrique c/ F.A. s/ cobro de australes”, sentencia del 20/12/11), sino que su eventual monto
sólo tendría causa en los intereses que se generarían si el cumplimiento de la sentencia no se
verifica, como corresponde al deudor previsor, en tiempo oportuno.
Por otro lado, corresponde hacer lugar al reclamo por los salarios adeudados conforme la
liquidación que a continuación se practica, en la moneda en que las mismas se adeudaban al
momento del distracto. Una solución distinta importaría una grave afectación al derecho de
propiedad y a garantías constitucionales implicadas en la especie (conf. art. 17 CN, art. 14 bis CN
y art. 18 CN).
Obiter dictum, acerca del derecho a que los créditos se establezcan en moneda extranjera y
por su similitud relevante, ver: CNAT, Sala VII, 8/7/2002 “Aznarez Chiana, Carlos c/Editorial
Perfil SA y otro s/despido”)
En las apuntadas condiciones la liquidación de los rubros que proceden, es la siguiente:
Bono Anual adeudado 2013 u$s 500.000
Bono Anual adeudado 2014 u$s 500.000
Bono Anual adeudado 2015 (prop) u$s 41.713
Compensacion salarial adeudada u$s 49.665
TOTAL U$S 1.091.378
Por ende, este tramo de la demanda prospera por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
UN MILLON NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($1.091.378)
que diferiré a condena con intereses, que correrán desde que cada suma se hizo exigible.
Atendiendo a la moneda extranjera por la que se admite la condena en la parcela en tratamiento
(dólares estadounidenses) y con consideración de que es necesario construir la mejor respuesta
posible para el tópico siempre bajo el marco del sistema jurídico imperante, considero ajustado a
derecho remitirme a lo prescripto por el artículo 768, inc. c del Código Civil y Comercial de la
Nación y compartir, en el caso, el criterio de nuestro Superior con base en decisiones adoptadas
en la Cámara del fuero Comercial aunque aplicadas bajo el paradigma del principio protectorio
que da razón de ser a nuestra materia y por lo tanto, fijar el interés desde que cada suma fuera
debida, en tres puntos más que la tasa pasiva que paga el Banco de la Nación Argentina, por las
inversiones que toma en dólares a plazo fijo a 1 año. Ello, en la consideración de aplicar la mejor
tasa al momento del cálculo, como reflejo de la realidad para cada período, en consonancia con la
situación económica, protegiendo al sujeto de preferente tutela, y conforme el mandato del art. 9
LCT, el principio de progresividad, y el art. 1748 CCCN (conforme CNAT Sala III, 27/10/2020
expte. Nº 50867/2012 “Vichera, Germán Omar c/Altos Las Hormigas Sociedad Anónima
Vitivinícola Industrial y Comercial y otros s/despido”).
Entiendo que la fundamentación vertida brinda, a mi ver, adecuado sustento en tanto se aborda lo
central de la controversia que conduce a este pronunciamiento, razón por la que no corresponde
más análisis incluso de otros elementos de la causa por inconducentes para la solución del litigo.
En tal sentido y en materia probatoria se ha sostenido que “…los jueces tienen únicamente el
deber de expresar en sus sentencias la valoración de las pruebas esenciales y decisivas” (ver
FENOCHIETTO, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado,
Anotado y Concordado con los Código Provinciales, t. II, 1ª edit. Astrea de Alfredo y Ricardo
De Palma, Buenos Aires, 1999, al concluir el comentario del art. 386 del CPCCN). A lo que no es
ocioso agregar el concepto aún más amplio de la C.S.J.N. al considerar que “los jueces no están
obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que
estiman pertinente para la correcta solución del litigio” (C.S.J.N. en autos “Tolosa, Juan C. c/ Cía.
Argentina de Televisión S.A.”, del 30/04/74, La Ley, T.155, pag. 750, número 385).

Dado el resultado en lo sustancial del pleito, no encuentro motivo para apartarme del principio
general que en materia de costas establece el art. 68 C.P.C.C.N., por lo que se imponen solidarias
a las demandadas vencidas.
La regulación de honorarios será efectuada teniendo en cuenta la labor profesional en las tareas
cumplidas, la índole de los trabajos realizados en torno de la controversia, el monto de ésta y su
vinculación e incidencia en el resultado pero, a la vez, sin perder de vista las características del
proceso laboral entre las que se cuenta que la suma demandada no es el elemento único ni
determinante de ponderación (pautas según arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y cts. ley 21.839, 24.432,
27.423, dec 16.638/57 y art. 38 de la ley 18.345).
Al monto resultante de honorarios quien sea obligado al pago le adicionará al depósito
de aquéllos la suma del Impuesto al Valor Agregado (IVA); que debe afrontar por tratarse de un
tributo indirecto trasladable por un servicio que, de otro modo, gravaría a quien no tiene a cargo
su pago (conf. C.S.J.N. en autos “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de
apelación”, C. 181 XXIV del 16/6/93; a cuyos fundamentos remito a mayor brevedad).
Por todo lo expuesto, FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda iniciada por EDUARDO
LUCAS FORNACIARI contra CITROMAX S.A.C.I. y contra VIVIAN ROSE GLUECK y
condenarlas solidariamente a pagarle dentro de los CINCO (5) días, por depósito en autos, la
suma de: a) PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($56.410.475) y b) DOLARES
ESTADOUNIDENSES UN MILLON NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO ($1.091.378); en ambos casos con los intereses indicados en los considerandos
respectivo; 2) Condenar a la demandada CITROMAX SACI a entregar al accionante, dentro del
plazo de diez días, conforme considerandos, las certificaciones del art. 80 LCT, por depósito en
autos, bajo apercibimiento de imponer astreintes; 3) Costas solidarias a las demandadas que
incluirán la obligación de reintegrar al Fondo de Financiamiento de la ley 24.635 los honorarios
básicos correspondientes al conciliador laboral actuante en la etapa preliminar (art. 13 ley 24635);
4) Regular los honorarios de la actuación letrada, respectivamente y en conjunto, del accionante y
de las demandadas, en el DIECIOCHO (18%) y QUINCE (15%) POR CIENTO –para cada una
de las demandadas- , a calcular sobre el monto de condena (capital más intereses); 6) Firme este
pronunciamiento, por Secretaría líbrese la respectiva comunicación a A.F.I.P. y a la autoridad
laboral a fin de que se tome conocimiento de la situación determinada en autos..
Regístrese, notifíquese y cúmplas