Haz clic para acceder a Tarnopolsky-Prescripcion-victimas-dictadura.pdf

————————————————————-

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-buffoni-osvaldo-omar-castro-ramiro-martin-danos-perjuicios-fa14000051-2014-04-08/123456789-150-0004-1ots-eupmocsollaf

———————————————————————-En la ciudad de Trelew, a los 29 días de abril del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala «A» de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia de la Dra. Natalia Isabel Spoturno y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: «BAEZA, V. H. c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA s/ Daños y Perjuicios» (Expte. N° 34 – Año 2016 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 255.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de la Sala A, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

Que a fs. 223/225vta. la Sra. Juez de grado hizo lugar a la defensa de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada y en consecuencia rechazó la demanda promovida por el actor contra «Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada», con costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Que a fs. 228 la actora apela dicho decisorio, recurso concedido a fs. 230 y fundado a fs. 243/248.

Funda el cuestionamiento de la sentencia apelada en primer lugar expresando que la Juez de grado dado, su proveído del 12/11/14, no podía luego aplicar el plazo de prescripción de 1 año de la ley de seguros. Aduce seguidamente que la a quo desinterpreta el precedente de la Corte «Buffoni c/ Castro».

Cita doctrina y jurisprudencia a favor de la aplicación del plazo de prescripción de 3 años al caso, esgrime el principio de que en caso de duda debe interpretarse en favor del consumidor la norma y solicita que se revoque la sentencia que decreta la prescripción de la acción, con costas.

Corrido traslado a la contraria del memorial a fs. 249, es respondido a fs. 251/252, considerándose que el recurso está desierto, por no contener una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada.

Que a fs. 254 se dictó la providencia de autos para sentencia, practicándose el sorteo de ley a fs. 255, quedando las actuaciones en estado de dictar sentencia.

Que ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas a revisión de esta Sala, encuentro que el recurso de la apelante no constituye un embate sostenido y logrado que conmueva la sentencia de grado.

Es más, el ataque ha errado el blanco en algunos aspectos y ha dejado otros sin cuestionar, con lo que ya podría considerarse firme la sentencia, dado que por ejemplo no se ha cuestionado una afirmación central de la a quo sobre que «Compartiendo tal postura doctrinaria, sostengo esta solución: el plazo de prescripción de un año establecido en el art. 58 de la Ley 17.418 de Seguros no puede considerarse ampliado a tres años por disposición de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en tanto, la primera es una norma específica que debe prevalecer sobre la general. Se ha dicho que la Ley de Defensa al Consumidor contiene reglas protectoras y correctoras que vienen a completar – no a sustituir – el ámbito de la protección del consumidor con carácter general, por cuanto la propia Ley de Seguros también protege al asegurado, aunque en forma especialmente adaptada a ese tipo de relaciones… siendo la Ley 17.418 de Seguros una ley especial que regula específica y exclusivamente al contrato de seguro, el plazo de prescripción anual previsto por dicha norma debe prevalecer sobre el plazo de prescripción trienal que establece la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor – ley general» (cfr. fs. 224vta.).

Tal fundamento no ha sido criticado concreta y razonadamente (art. 268 CPCC), con lo que debe juzgarse inatacado, con los efectos que ello porta (art. 269 CPCC).

Amén de ello, un claro desacierto consiste en sostener la inaplicabilidad al caso del Considerando Nro. 12 del caso «Buffoni», partiendo de la base de que los hechos del caso eran distintos al presente.

Si bien se lee el mencionado considerando 12) surge claro de él que la Corte Suprema allí expresa un criterio o pauta general, que va más allá de los hechos puntuales del caso, cuando indica que «no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV «Martinez de Costa, Maria Esther cl Vallejos, Hugo Manuel y otros si daños y perjuicios», fallada el 9 de diciembre de 2009)» (cfr.CSJN, 8/4/2014, B. 915. XLVII. RECURSO DE HECHO en autos «Buffoni, Osvaldo Ornar el Castro, Ramiro Martin s/ daños y perjuicios»).

Podrá estarse de acuerdo o no con el caso en general y con este párrafo en particular, pero la crítica del recurrente a este argumento no es concreta y razonada, por lo que tal argumento de la a quo debe juzgarse no conmovido.

La apelante ha centrado su ataque en críticas inconducentes, como afirmar que por el trámite dado al caso -sumarísimo- no podría la juez en la sentencia de mérito aplicar otra norma que no fuera consumerista. No es ese un argumento jurídico, sino una predilección personal de la apelante e, incluso, pareciera una derivación de la doctrina de los actos propios, a mérito del particular argumento de que si se le dio trámite sumarísimo al sub lite por considerárselo un asunto de consumo, no puede aplicarse otra norma que no sea consumerista.

Este argumento no es tal, además, de que él no computa un hecho fundamental: la prescripción es una institución de orden público y, como tal, su resolución no se guía ni por alegaciones de las partes en cuanto a su encuadre, ni por hechos anteriores del juez.

Ello ya bastaría para considerar que el fallo de grado ha llegado firme a la alzada, como que dos argumentos dirimentes del mismo no han sido conmovidos por el ataque recursivo.

Pero, para confirmar el criterio sustancial de la a quo hay mejores argumentos que los que ella ha usado; son estos los que emplearemos seguidamente:

En primer lugar me gustaría señalar que no me gustan los maniqueísmos en materia jurídica. Así la discusión correcta en el sub lite no es si se pueden aplicar o no normas consumeristas en el ámbito del contrato de seguro, sino si la prescripción puede regirse o no por normas consumeristas o si ella debe encuadrarse en la normativa especial asegurativa.

En este punto considero que el fallo que ha dado en el clavo al resolver la cuestión es el precedente de la Excma. C. Nac. COM., Sala D, del 14/07/2015, in re «Liftenegger, Roberto German c/ Mapfre Argentina Seguros S.A. s/ ordinario», publicado por elDial.com, registro AA9098, con un lúcido voto del Dr. Gerardo G. Vassallo y la adhesión de sus colegas, Dres. Pablo D. Heredia y Juan José Dieuzeide.

Se dijo allí agudamente que «si bien el régimen de defensa del consumidor puede ser aplicado a la actividad aseguradora y protege al consumidor de seguros (Cracogna, D., La defensa del consumidor en el seguro, en Derecho de Seguros – Homenaje a Juan C. Morandi, dirigida por Barbato, N., 2001, Buenos Aires, pág. 689 y ss.; Piedecasas, M., El consumidor de seguros, en Defensa del Consumidor, dirigida por Lorenzetti – Schötz, Buenos Aires, 2003, pág. 341 y ss., citados en precedentes de esta Sala: «Cánepa, Ana María c/Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. y otro s/ordinario», del 26.10.09; «Viviani Alejandro Ariel c/ Liderar Compañía General de Seguros S.A. s/ Ordinario» del 18.3.14; «Alvarez Gabriel Adolfo c/ Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ Ordinario» del 15.04.14,), no es posible una aplicación lisa y llana de la ley 24.240 en la órbita asegurativa, pues ello requiere de una adecuada interpretación que precise sus alcances frente a los específicos de la ley 17.418″.

Se agregó luego que «Tal como lo ha destacado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable (conf. CSJN, 4.11.97, «Wiater, Carlos c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía- s/proceso de conocimiento», Fallos 320:2289; 25.8.98, «Maquia Gómez de Lascano, Elena Haydeé y otro c/Gobierno Nacional – Ministerio del Interior», Fallos 321:2310; 5.12.00, «Minond, Luis c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios», Fallos 323:3963; 9.11.00, «Mc Kee del Plata S.A. c/Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires -SEGBA- s/contrato administrativo», Fallos 323:3351; 18.11.07, «Rufo Antuña, Alejandro y otro c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ordinario», Fallos 330:5306; entre otros)».

Y que «en el sub lite la causa de la obligación jurídicamente demandable respecto de Mapfre Argentina Seguros S.A., no es otra que el contrato de seguro extendido mediante la póliza n° 199-0980329-02 invocada en la demanda, de cuyos términos surge expresamente que la actora promovió esta acción fundándola en la ley de seguros n° 17.418».

Con base en todo ello se señaló después que «Y en estos casos, esta Sala ha juzgado que la prescripción extintiva prevista en el art. 50 de la ley 24.240 se aplica exclusivamente a las acciones judiciales que derivan de la propia ley de defensa del consumidor, mas no a las que emergen del contrato de seguro y de la ley especial que lo rige en lo pertinente y que el propio estatuto de defensa del consumidor respeta en su art. 3 (esta Sala, 2.9.09, «Zandoná, Hugo Mario c/ Caja de Seguros S.A. s/ordinario»; 26.10.09, «Cánepa…»; 27.3.12, «Ledesma, Cristina Inés c/ Metlife Seguros de Vida S.A. s/ordinario»; entre otros). En tales condiciones, concordante a lo sostenido en el fallo en crisis, conclúyese que corresponde aplicar la ley especial que rige el caso en virtud de la causa de la obligación; esto es, el art. 58 de la ley 17.418 (esta Sala, 11.2.14, «Rossi, María del Rosario c/ Liderar Compañía General de Seguros S.A. s/ ordinario», con cita de López Saavedra, D., El seguro frente a la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, diario La Ley del 10.6.09)».

Creo que esta es la posición correcta. La cuestión dirimente aquí no es si se puede o no aplicar la legislación consumerista al contrato de seguros. Hay materias en que sin duda puede aplicarse: publicidad engañosa, interpretación del contrato a favor del consumidor, etc.

La cuestión decisiva en autos es si puede aplicarse el plazo de prescripción de la Ley 24240 a un contrato de seguro y la respuesta al interrogante es negativa.

Para responder de ese modo basta pensar que, al menos, desde el caso «Videla Cuello, Marcelo c. Prov. de La Rioja», del 31/07/1986, la Corte Suprema viene diciendo que la prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, criterio que -parece venir incluso de antes, aunque la Corte no hace citas previas- y que se ha reiterado en fallos posteriores como «Wiater, Carlos c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ proceso de conocimiento» (causa W. 25. XXXII), fallado por la CSJN el 4/11/1997, pasando por el precedente «Tarnopolsky, Daniel c/ Estado Nacional y otros s/ proceso de conocimiento», resuelto el 31/8/1999, el más conocido caso «Mc Kee del Plata S.A. c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) s/ contrato administrativo», resuelto por la CSJN el 9/11/2000 y hasta el caso «Ruffo Antuña, Alejandro y otro c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ ordinario», decidido el 18/12/2007, ya con la última integración de la Corte Suprema, el Alto Tribunal ha tenido en cuenta la causa de la obligación, al momento de resolver la prescripción de la acción promovida a su respecto.

Pues bien, aplicando dicho criterio inveterado, sostenido por diversas integraciones de la Corte y en supuestos fácticos diferentes, es claro que en el presente caso la causa de la obligación jurídicamente demandable respecto de la demandada es el contrato de seguro extendido mediante la póliza glosada a fs. 3/4 de autos, por lo que la norma aplicable a la prescripción de la acción derivada de la misma no puede ser otra que la previsión especial contenida en el art. 58 de la Ley n° 17.418.

Por si no bastara ello -como argumento coadyuvante-, no es ocioso recordar el fundamento dado por la mayoría en un fallo de la Excma. CNCom., Sala B, del 17/12/201, in re «Baini Matias Alejandro contra aseguradora Federal Argentina S.A. sobre ordinario», publicado en elDial.com, registro AA9402), donde se lee que «(…) tanto la Ley de Seguros, como la Ley 20.091, tienen preeminencia sobre la Ley de Defensa del Consumidor. Y pese a la reforma de la ley 26.361, sus disposiciones no le son aplicables a aquéllas (CNCom., esta Sala, mi voto, in re: «Cotuli Fernando c. Zurich Argentina Cía. de Seguros SA s. ordinario», del 17-07-15). Ello así porque existe una incompatibilidad entre ambos regímenes, no sólo de índole jurídica sino también práctica. Frente a ello, el plazo de prescripción contenido en la Ley de Seguros -que tuvo en cuenta entre otras cosas la valoración de riesgo económico específico de este tipo de contrataciones-, no puede quedar alterado por la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios» (voto de la mayoría).

Y se agregó allí que «así la prescripción debe regirse por el plazo anual del art. 58 de la ley 17.418: «…las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible…» (CNCom, esta Sala, in re: «Balboa, Omar Alberto c. Provincia Seguros S.A. s. ordinario», 17-12-01; id. in re: «Chaparro de Castro, Lidia c. La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A.», 08-03-88; ídem Sala A, in re: «Rodríguez, Antonino c. Liderar Cía. General de Seguros S.A. s. ordinario, 05-05-15″; entre otros)» (causa citada, voto de la mayoría).

Lo anteriormente expuesto convence, que por tres razones diferentes, el resultado correcto de este caso es solo uno: el rechazo del recurso y la confirmación del decisorio de grado.

Por tales fundamentos, habré de proponer al acuerdo la confirmación del decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (cfr. art. 69 CPCC).

También propiciaré la regulación de los emolumentos de alzada correspondientes al Dr. R. W. abogado de la demandada, en el 29% de los honorarios que en conjunto se les regularan a los letrados de su parte como estipendios de grado y los correspondientes a la Dra. M. M., abogada del actor, en el 25% de los honorarios que se le regularan en el grado; tales porcentajes se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de sus tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).

Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA, el Dr. Velázquez expresó:

Por respeto a la siempre deseable brevedad y acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la sinopsis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por los recurrentes realizara el ponente.

Nada me es dado añadir a la sólida motivación que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Contrario a dicha economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento «in extenso» de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya bien expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exige la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastarán las breves consideraciones siguientes.

I.- Cual bien señalara la Señora Magistrada «a quo», el régimen de protección al consumidor y al usuario no está dado en exclusiva por la Ley 24.240, sino, a la par, por las normas que rigen en el campo de la relación jurídica de que se trate, de modo que la Ley de Defensa del Consumidor ha venido a complementar, y no a reemplazar, aquellos otros preceptos.

Así entonces, la circunstancia que el pleito tramitara por el procedimiento sumarísimo, de acuerdo a lo establecido por el art. 53 L.D.C., no vedaba a la juzgadora el subsumir los hechos de la causa en la norma específica que los rige, que lo era aquí el art. 58 de la Ley 17.418. Materias distintas son la procesal -instrumental, por ende- de la vía de trámite del litigio y la substancial del derecho de fondo aplicable al caso.

II.- Las particularidades del contrato de seguro llevan a que toda su temática -lo atinente a la prescripción de las acciones inclusive- deba regirse por los preceptos específicos que la reglan y no por disposiciones generales de posterior sanción.

Con acierto declaró nuestra Corte Suprema Nacional, en forma terminante y general -no sólo para un aspecto o caso concreto-, que la Ley 24.240 y su modificatoria la Ley 26.361 no alteraban el marco que al contrato de seguro da la previa Ley 17.418, pues «una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro» (in re «Buffoni, O. O. c/ Castro, R. M. s/ daños y perjuicios» sent. del 08/04/2014, en Fallos 337:329; también disponible en Con ello el Máximo Tribunal de la Nación ha ratificado su adhesión al criterio doctrinario afianzado desde antiguo sobre abrogación o no de las leyes por nóveles ordenamientos: la nueva ley general no deroga tácitamente a la ley especial anterior (confr.: Aubry y Rau, «Cours de Droit Civil Francais», 4ta. ed., Ed. Marchand-Billard 1869, I-57, párr. 29 y nota 7; Llambías, «Parte general», 2da. ed., I-62, n° 61).

Consecuentemente, agotado ya en la especie al promoverse la demanda el plazo anual del art. 58 de la Ley 17.418, la prescripción de la acción ha sido bien declarada.

III.- Tales los fundamentos por los cuales considero que la sentencia en crisis debe ser confirmada, con costas de segunda instancia al apelante vencido en ella (art. 69 C.P.C.C.) y regulando los honorarios profesionales por las labores de alzada del modo que el colega preopinante propusiera, por resultar los mismos ajustados a la extensión, calidad y resultado de las tareas cumplidas (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4).

Me expido en esta cuestión pues por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de la Sala A, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propongo seguidamente:

1) CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios.

2) IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia.

3) REGULAR los honorarios de alzada correspondientes al Dr. R. W., abogado de la demandada, en el 29% de los honorarios que en conjunto se les regularan a los letrados de su parte como estipendios de grado y los correspondientes a la Dra. M. M., abogada del actor, en el 25% de los honorarios que se le regularan como estipendios de grado.

4) REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. Tal mi voto.

A DICHA CUESTIÓN FINAL, el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. López Mesa, reflejo fiel de la decisión formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría y encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara, Dra. Natalia I. Spoturno al momento de efectuarse el sorteo (arts. 7 y 8, Ley V – Nº 17).

Trelew, 29 de abril de 2016.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala «A» de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:

————————————- S E N T E N C I A:

CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios.

IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia.

REGULAR los honorarios de alzada correspondientes al Dr. R. W., abogado de la demandada, en el 29% de los honorarios que en conjunto se les regularan a los letrados de su parte como estipendios de grado y los correspondientes a la Dra. M. M., abogada del actor, en el 25% de los honorarios que se le regularan como estipendios de grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO J. LOPEZ MESA                                                                          CARLOS A. VELAZQUEZ

      JUEZ DE CAMARA                                                                                                   JUEZ DE CAMARA

REGISTRADA BAJO EL N° DE 2016 – SDC. – CONSTE. PABLO DESCALZI, Secr.