3. Morigeración de los intereses en materia bancaria. Procedencia.

Conforme a lo desarrollado en el anterior acápite, si nada se ha pactado en relación a los réditos del capital debido para el caso de mora, los intereses a aplicarse serán los denominados moratorios, los cuales deberán ser calculados por el tribunal interviniente. Sobre el tema existen normas y decisorios de aplicación específica: así en materia mercantil es de aplicación al respecto el art. 565 del Código de Comercio que establece que habiéndose convenido la aplicación de intereses moratorios y no habiéndose fijado la tasa, se entiende que son las que cobran los bancos públicos (sería una tasa legal preestablecida) y que es en definitiva la que cobra el Banco de la Nación Argentina. Dicha normativa resulta de aplicación a todos los contratos mercantiles. Así se ha dicho.” Si bien el art. 565 del Código de Comercio está ubicado en el título dedicado al contrato de préstamo, debe aplicarse a todos los contratos mercantiles, a la responsabilidad derivada de los mismos y, en general, a los actos de comercio, pues se trata de una norma propia y típica del derecho comercial aplicable en todo su ámbito y que desplaza al art. 622 del C.C.”[14].

No existen dudas que en nuestro derecho privado reconoce el principio de la autonomía de la voluntad en materia de intereses y podemos verlo, ab initio, desde diversos ángulos: a) las partes pueden pactar intereses libremente (art. 621 y 1197 del C.C.), b) pueden establecer las cuantías de las tasas (tanto punitorias como compensatorias siendo válido el convenio que fija ambas tasas y su acumulación);.c) no existiendo tasas legales establecidas, salvo en materia tributaria, o la cuantificación ante la inexistencia de la misma marcada por el art. 565 del C.Com, se deben respetar las pactadas por las partes, y d) en consecuencia los tribunales carecen de potestad para crear tasas que remplacen a las pactadas libremente por las partes.

Ahora bien, no obstante lo relacionado en el párrafo precedente, diariamente se pronuncian fallos judiciales que reducen o morigeran las tasas pactadas por las partes, por considerarlas excesivas; sobre todo en materia de contratos bancarios (mutuos hipotecarios, ejecución de saldo de cuenta corriente, cobro de saldo de tarjetas de crédito, etc). O peor aún dejan de lado las tasas pactadas y establecen una tasa de interés legal distinta a la convenida, basadas la mayoría de las veces en la propia jurisprudencia del tribunal.

Parafraseando a CUIÑAS RODRIGUEZ podemos decir que “si las partes acordaron la tasa de interés –arts. 621 y 1197 del C.C.-, sea cual fuere su clase y la misma resulta excesiva o inclusive, usuraria, los juzgadores pueden reducir su proporción a límites equitativos –arts. 21, 502, 953, 954 Cod.Civil-. La reacción desde el costado del Derecho objetivo será posibilitar una sui generis nulidad parcial de los intereses pactados, dado que son accesorios de la obligación principal –arts. 523, 525, y 2328 Cód.Civil-, pudiendo ser entonces morigerados pretorianamente, aunque no extinguidos en su totalidad –doc. art. 2248 a contrario sensu C.C.-. Es que la convención sobre intereses es lícita; lo violatorio de la moral, la equidad y las buenas costumbres no es la cláusula continente, sino el exceso de la tasa contenida. Por esto último, es que no cuadra extinguir, por vía nulificante, el interés en su totalidad, sino sólo atenuar su montante porcentual –también doc. art- 218 inc. 3ª código de Comercio.” [15]

Así podemos ver que la doctrina construida en torno de los artículos 21, 502 y 953 del C.C. ha permitido, desde siempre a los jueces morigerar las tasas de intereses y limitarlas a topes razonables cuando éstos han sido pactados en exceso. Con posterioridad, y luego de la reforma de la ley 17711 la jurisprudencia ha considerado que la figura de
l art. 954 resulta una importante herramienta para limitar el pacto de intereses excesivos, como así también fundada en el abuso del derecho (art.1071 C.C.) En este sentido se ha dicho: “….que bajo la luz reveladora de lo dispuesto por los arts. 953 y 1071 C.C….resulta posible intervenir en el contrato disponiendo una reducción de los intereses pactados si ellos se muestran excesivos a punto tal de herir el sentimiento medio de moralidad y lesionar las bases justificatorias de la exigibilidad de lo contratado (arts. 1197 y 1198 C.C.).”[16]

El Dr. RIVERA analizando las causas para la limitación de los intereses sostiene que “si se encuadra el tema de la usura en el negocio lesivo es imperioso tener en consideración la situación de las partes, pues en derecho argentino no existe una lesión objetiva, producto de la sola desproporción de las prestaciones. Por el contrario, en la figura del art. 954 del C.C., existe un elemento subjetivo de la víctima (la inferioridad) y un elemento subjetivo del beneficiario del negocio lesivo (el aprovechamiento). De modo que el vicio de la lesión requiere la prueba del elemento objetivo y del elemento subjetivo de la víctima…” De ello se deriva que siempre debería mediar petición de parte para que proceda la reducción, siendo contrario dicho jurista a la morigeración de oficio. Sin embargo este mismo autor ha reconocido que esta tesis no es unánime y que un importante sector jurisprudencial ha preferido asumir que la existencia de una grosera desproporción autoriza a presumir el estado de inferioridad. [17]

En cuanto a los intereses moratorios convencionales, es decir los punitorios, como se considera que se asemejan a la cláusula penal moratoria, se ha dispuesto que los mismos también pueden ser morigerados o revisarse en base a lo prescripto en la segunda parte del art. 656 del C.C., dada su analogía con la cláusula penal. También se ha discutido si esta normativa puede aplicarse de oficio, o es sólo procedente a petición de parte; inclinándose la balanza jurisprudencial a favor de la primera postura.[18]La discusión respecto a la aplicación de esta causal como reducción radica en que “…el art. 656 del C.C. exige que la desproporción de la cláusula penal refleje un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor, salvo que los jueces sean adivinos no imagino como podrá sin petición y alegación de parte, cual es la situación del deudor…”[19]

También podemos mencionar que los proyectos de reforma del código Civil han aceptado la morigeración de las tasas: el Proyecto de Unificación de 1987 que en su artículo 624 establece: sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 953, los jueces podrán reducir los interese adeudados por personas físicas cuando excedan en tal medida el costo habitual del dinero en los mercados financieros para deudores y operaciones similares que deban considerarse que su estipulación constituya una aprovechamiento abusivo de la situación del deudor”. Por su parte el proyecto de 1998 expresa que el tribunal sólo tiene facultades para reducir los intereses a pedido de parte, si se configuran los requisitos de la lesión, o se trata de una contratación predispuesta o por adhesión; si el acreedor es condenado por el delito penal de usura; o si lo autoriza expresamente la ley… (art. 723 del Proyecto); por lo que el mismo rechazaría la limitación oficiosa.

Ahora bien, la jurisprudencia actual en la Provincia de Córdoba, como resultante de la doctrina sentada por el TSJ, ha establecido la obligación del juzgador de revisar las tasas de interés cuando las mismas resulten excesivas, ya que de no ser así. “…se desconocen de ese modo, expresas normas de orden público, que imponen al tribunal el deber de verificar si en el caso se configuraban o no intereses usurarios o excesivos y no pretextar la imposibilidad de realizar tal averiguación por determinados obstáculos procesales…” [20] En el mismo sentido se ha expedido la Suprema Corte de Mendoza al decir: “…la facultad de la justicia para reducir los intereses usurarios se funda en que nada contrario al orden público puede tener amparo judicial. Por lo tanto, aún cuando la liquidación no haya sido observada, el tribunal no puede aprobarla si sus rubros no se adecuan a la moral y a las buenas costumbres…” [21]

Siguiendo estos lineamientos se ha considerado que “La facultad de morigerar las tasas de intereses pactadas, cuando las mismas resultan excesivas constituyen no sólo una facultad sino un deber de los magistrados, en tanto razones de orden público y proscripción del abuso del derecho impiden receptar pretensiones lesivas al principio de buena fe por resultar usurarias y confiscatorias.” [22] Es más, se ha considerado que esta facultad de los jueces de morigerar los intereses cuando resultan exorbitantes no viola el principio de congruencia.[23] Y que los mismos principios deben aplicarse para impedir un pacto de capitalización que aparezca excesivo.[24]

Idénticos cuestionamientos y fallos contradictorios ha ocasionado la sanción de las leyes de emergencia (25561 y ss) y la aplicación del CER y CVS, los cuales, en sus respectivas reglamentaciones establecen distintas manera de aplicarse los mismos, habiendo variado la jurisprudencia respecto al interés que acompaña a dichas cláusulas de estabilización. Ahora bien, de la misma lectura de la ley 25.713 se puede inferir la facultad de morigerar las tasas excesivas, ya que al aplicarse el CVS se aplicaran los intereses pactados o el promedio fijado por el BCRA por el año 2001, el que resulte menor (ley 25.796 que establece como topes para los créditos personales el 25,98% (según Comunicación del BCRA 7541 del 9-10-02 ).

A más de los fundamentos o causales esgrimidas como factores de morigeración, falta discernir las establecidas por la ley de defensa del consumidor.

5. La morigeración de los intereses bancarios y los derechos del consumidor

Siguiendo la doctrina mayoritaria diremos que desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo el contrato bancario constituye un contrato de consumo, y como tal, le resultan aplicables las normas de la ley 24240 (ley de defensa del consumidor) y su decreto reglamentario 1798/94. [25]

A su vez la jurisprudencia se ha pronunciado sosteniendo que la ley 24240 no constituye simplemente un estatuto de protección al consumidor o usuario, pues sus normas integran el derecho positivo y deben aplicarse toda vez que exista una relación de consumo, con prescindencia de toda otra norma que se oponga a sus explícitas disposiciones.[26]

Por lo demás, resulta aplicable la regla “in dubio pro consumidor” que se deriva de la sistemática de la ley 24.240, plenamente aplicable a los contratos bancarios, y en particular a la conceptualización de los art. 1 y 2 de la misma. Tan ello es así que se ha admitido aún la defensa de intereses colectivos en relación a las contrataciones bancarias, para cuestionar el cargo de los ítems decididos unilateralmente por la entidad.[27]

Por lo demás comparto la reflexión doctrinaria que destaca la plena aplicabilidad de las reglas tuitivas del consumo a los contratos bancarios, pues “…el art. 38 al hacer alusión al contrato administrativo, sólo está brindando un doble encordado de protección a las cláusulas generales –adminsitrativo siempre y eventualmente judicial- toda vez que conforme lo sostiene Stiglitz, las funciones administrativas, como las contenidas en el art. 38 de la ley, son preventivas, y el método de control mediante la actuación judicial es la solución generalmente elegida por el legislador, por sobre la actuación ex ante o ex post de organismos administrativos. Sería un contrasentido que el Juez pudiera declarar la ineficacia, interpretar o integrar contextualmente las cláusulas negociadas y no hacer lo propio con aquellas que se encomiendan el control –también- , al poder administrador remarcando su incidencia en la específica relación de consumo (actividad aseguradora bancaria). Más contrasentido sería aún si para tal empresa se violara el mandato constitucional de brindar a los consumidores un trato equitativo (art.42 de nuestra novísima Constitución).”[28]

Por otra parte, los bancos muchas veces formulan cláusulas abusivas donde se remiten a la tasa que fije el mismo banco acreedor en forma unilateral (cláusula potestativa, ineficaz, conforme al art. 37 de la ley 24240) ; por lo que no existe duda que son los jueces los que deben limitar esos excesos.

En consecuencia, tratándose los contratos bancarios de contratos por adhesión a condiciones generales, las cláusulas abusivas que contengan se hayan disciplinadas por la “ley de defensa del consumidor”, sin perjuicio de la aplicación de las normas y principios de derecho común (art. 18, 21, 953, 1038, 1066, 1071 y 1198 del Cód.Civil).[29]

A partir de tales premisas y por aplicación de lo dispuesto por el art. 37 de la ley de defensa del consumidor, la reducción de intereses abusivos, sería una facultad judicial que pudiera ser ejercida para evitar los abusos que se hubieran cometido, más aún en casos como el que nos ocupa donde la relación se ha materializado en un contrato prácticamente de adhesión.-art.38 ley 24.240- (En el caso se trataba del cobro de un saldo de tarjeta de crédito en el cual los resúmenes habían sido elaborados en los términos de la ley y enviados al usuario accionado en cumplimiento de la normativa vigente –art.22 ley 25.065-sin que el mismo hubiera impugnado su contenido en ningún caso). [30]

No obstante ello se ha considerado que lo antes dicho no puede ser de aplicación oficiosa por el Tribunal, sino que debe ser materia de oportuna integración al debate por la parte afectada, quien incluso se encontraría autorizada a solicitar la revisión de las cláusulas contractuales que impongan condiciones abusivas a cargo de una parte, salvo el supuesto de que existieren cláusulas que pudieren ser encuadradas dentro de las previsiones del ar.t 953 del C.C.. En tales condiciones se podría alegar diversos fundamentos jurídicos, sea la denominada nulidad en exceso, la lesión enorme indefinida, la lesión subjetiva e incluso la misma ley de defensa del consumidor.[31]

Por cierre cuadra destacar que “..el propio Banco Central de la República argentina ha reconocido la aplicación de la ley 24240 en materia bancaria, al interpretar en el informe sobre “Normas para Entidades Financieras” (Nro 144/853/97) que el análisis de las cláusulas que rigen las operaciones crediticias con sus clientes, excedería la competencia de esta institución al incursionar en el capo de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor –que está reservado en el dispositivo legal a la Secretaria de Industria, Comercio y Minería…” [32]

6. El tema de la oportunidad para morigerar los intereses.

Como corolario de lo expuesto, y a pesar de algunas resistencias doctrinarias y jurisprudenciales podemos establecer que la morigeración de los intereses puede ser solicitados por la parte perjudicada o realizada por el Tribunal de oficio.

Resta analizar cuales son las oportunidades para solicitar dicha revisión, existiendo casi unanimidad en materia jurisprudencial que los intereses pueden ser modificados en cualquier estado del juicio.

Respecto a las facultades defensivas del demandado, se ha establecido que lo que es materia de intereses no puede ser introducido como fundamento de una excepción de inhabilidad de título ni como plus petición. Es dable señalar la máxima sostenida por el Alto Cuerpo de Córdoba en orden a que la discusión relativa a los intereses no posee virtualidad para contrarrestar o enervar el proceso compulsorio, en tanto por tratarse de una cuestión accesoria no impide que prospere la ejecución por el capital, pudiendo este aspecto ser dilucidado en la etapa de ejecución de sentencia. [33]

La jurisprudencia de nuestros tribunales, siguiendo la del Tribunal Superior de Justicia ha predicado que el tema referido a los intereses debe discutirse en la etapa de ejecución, es decir al tiempo de la confección de la planilla o la liquidación del juicio. En esa oportunidad el interesado podrá hacer valer sus derechos, o el tribunal podrá actuar de oficio[34], utilizando muchas veces la facultad de interpretar su propia sentencia a los fines de la ejecución, de conformidad a la facultad establecida en el art. 338 del CPCC. Es que todo lo relativo a los intereses, tiene carácter provisional puesto que responde a las fluctuantes condiciones de la economía del país,[35] factores que no permanecen estáticos sino muy por el contrario son esencialmente variables, lo que puede obligar en cualquier momento a revisar los criterios establecidos en la sentencia de remate para adaptarlos a nuevas realidades y no aceptar intereses excesivos o usurarios que contrarían normas de carácter imperativo (art. 21, 953 Y 1071 del C:C.).[36]

Por otra parte, la justicia o injusticia de una tasa de interés determinada sólo puede ser revisada al momento de practicarse la correspondiente liquidación, sobre todo por los supuestos de capitalización vedados por la ley. Los jueces a veces son los primeros sorprendidos cuando ven los resultados de la aplicación de una tasa variable excesiva en los períodos liquidados. En realidad, como sostuvo la Corte Suprema de Mendoza “el exceso de una tasa se visualiza al momento de su pago” [37]

Se impone entonces, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de evitar que, al ser liquidado el daño, se llegue a un resultado que pueda ser calificado de absurdo o injusto frente a una realidad económica dada.[38]”[39] “Los jueces no deben ceñirse ciegamente a los dictados de la cosa juzgada cuando se advierte que el resultado de aplicar la tasa fijada en la sentencia se aparta de la realidad económica, debe observarse en todos los casos en que se presente el presupuesto fáctico allí contemplado: la desmesura…” [40]

7- Conclusiones-

A modo de colofón y sin perjuicio de considerar que realmente el juez no cuenta sólo con la facultad sino con la obligación de morigerar o reducir las tasas de interés cuando las mismas resulten excesivas o lesivas (art. 953 y 954), contrarias a la moral o a las buenas costumbres (art.21 CC) , abusivas (art.1071 C.C.), violatorias de los derechos del consumidor (ley 24240) etc, se debe diferenciar si la aplicación de esta prerrogativa judicial se aplica en todos los casos de igual manera, con un mismo tope objetivo o debe tenerse en cuenta otros factores. Lo mismo debe suceder cuando el tribunal fije el interés judicial a falta de interés convenido. En este sentido se ha dicho “Ahora bien, la justicia debe fijar en cada supuesto tasas adecuadas, que resarzan al acreedor por la no utilización de su dinero, pero esta no es una cuestión que pueda ser decidida con independencia de las circunstancias de cada proceso y sin considerar quien debe pagarlas. Los intereses judiciales deben ser establecidos teniendo en cuenta a que clase de relación jurídica se aplican, si el deudor es un consumidor, un trabajador o una empresa, si se trata de una empresa pequeña o una grande, de un crédito destinado al consumo o a la producción, con garantías o sin garantías.”[41].

Ello es así, con mayor razón cuando no existe distinción entre juzgados civiles y comerciales como ocurre en la Provincia de Córdoba y muchas veces no se diferencian las distintas normativas existentes en materia comercial que difieren de la materia civil, como sería la capitalización prevista en la cuenta corriente bancaria (art.795 y 796 C.Com), o a la limitación establecida para los intereses en materia de pagarés (vgr los compensatorios sólo son viables en los pagarés a la vista o cierto tiempo vista, art. 5, dec.ley 5963), o la imposibilidad de capitalizar intereses que establece la ley de tarjeta de créditos (art 18 y 23 de la ley 25.065) y se fija para todos los supuestos el mismo tope legal.

En este orden de ideas, resulta absurdo hablar de reglas uniformes y estáticas, o de un porcentaje abstractamente inmoral, prescindiendo de la realidad económica y tampoco hay una inmoralidad abstracta separada de las condiciones de las partes que han contratado y del tipo de negocio de que se trata (civil o comercial).[42]

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado pautas sumamente genéricas y flexibles para ponderar, caso por caso, en concreto, el carácter usurario del interés.”[43]pero ha dicho que “…es arbitrario el proceder del juez que declaró la nulidad del sistema de intereses compensatorios y punitorios establecidos en un contrato de mutuo sin petición de parte y redujo, sin proporcionar explicaciones, el tipo de interés solo al moratorio y a la tasa pasiva suprimiendo el interés compensatorio”. [44]

En conclusión y sin perjuicio de considerar a la morigeración mas que una facultad, un deber de los jueces, se debe recalcar que “La morigeración de intereses de oficio debe estar debidamente fundada dado que se trata de una facultad judicial de carácter excepcional”. [45] “… y debe ser ejercida con prudencia, justificándose sólo cuando es notoriamente abusiva la cláusula o importa una lesión a la regla de la moral o una exacción exorbitante…”[46] y no como una práctica usual corriente que termine en definitiva ocasionando inseguridad jurídica y perjudicando el crédito.

Si ante las decisiones gubernamentales (vgr leyes de emergencia) y los pactos privados, nos encontramos con una jurisprudencia vacilante y arbitraria, las consecuencias económicas no se hacen esperar y todos hemos sido espectadores de las mismas.

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