Buenos Aires, 7de mayo de 2008.

1. Por contestado el traslado.

2. a) La actora, a fs. 109/123, promovió el presente incidente de medidas cautelares a fin de resguardar -según adujo- la intangibilidad del patrimonio social, el cumplimiento de las leyes fiscales e impositivas y los derechos de la sociedad afectada y de los socios de buena fe que la componen. Ello, en virtud de los extensos argumentos que expuso y a los que me remito en mérito a la brevedad.

b) Corrido traslado a quien actualmente inviste el carácter de coadministrador judicial de la firma -pues tal requerimiento fue sujeto a su opinión-, el Dr. Fernandez Moores manifestó que el líbelo de inicio constituye un relato de los antecedentes documentales que obran agregados en otras causas.

Sin perjuicio de ello y a efectos de la valoración de los hechos que compete al Suscripto, se remitió a los alcances expuestos en el informe presentado en los autos «Bettinotti María Julia y otros c/Santa Julia S.C.A. y otros s/diligencia preliminar» -expte. 090197-.

2. En primer lugar, cabe recordar que en la diligencia preliminar de análoga carátula y que fuera citada supra, la Excma. Cámara Comercial -Sala D-, a fs. 159/163, revocó el pronunciamiento dictado en esta instancia y dispuso la intervención de Santa Julia S.C.A. en grado de coadministración por el término de noventa días.

Ahora bien, como fuera puesto de manifiesto por este Magistrado en la primigenia resolución allí dictada, obrante a fs. 86/89, la intervención judicial de una sociedad debe reunir los extremos requeridos por el CPr. 198, cuales son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, requiriendo, además, lo previsto por la LS:114, esto es, que el peticionante de la medida compruebe su condición de socio y la existencia de peligro de gravedad tal que ponga en riesgo la existencia misma de la sociedad, además de la promoción de la acción de remoción y de haber agotado los recursos previstos en el contrato social.

Amén de lo dicho, debe destacarse que no corresponde sustituir a los administradores societarios por un funcionario judicial, sino se aprecia que la actuación de aquellos es de una irregularidad tal que pudiera poner en peligro grave a la sociedad y perjudicar el interés de los socios, sin posibilidad de ser subsanada por otra vía (Odriozola «Intervención Judicial e Intervención Administrativa de las Sociedades» – Cuadernos de Derecho Societario» T. IV, E. Zaldívar pág. 403) debiendo el Juez apreciar la procedencia con criterio restrictivo.

Desde esa perspectiva, corresponde analizar entonces el agravamiento de la cautela aquí solicitado. Y, para ello considero vital el informe vertido en la diligencia preliminar por quien actualmente ejerce la función de coadministrador, en cumplimiento del mandato judicial que le fuera otorgado.

Veamos.

El Dr. Fernandez Moore informó, entre otras cosas, que debió requerir en reiteradas ocasiones la entrega de los instrumentos y documentación contable necesaria a fines de cumplir su cometido, la cual, hasta la fecha en que fue presentado ese informe no fue cumplida.

Otro aspecto relevante sobre los libros comerciales de la firma -además de que el Diario, Inventario y Balances no fueron puestos a disposición- es el alarmante retraso que revisten ciertos registros, verbigracia, libro de Actas nro. 1 que rubricado el 14.3.69, plasma como última asamblea aquella efectuada en el año 1973.

Con no menos asombro por dichas irregularidades que, eventualmente, si bien resultan reprochables sólo producirían perjuicios intrasocietarios, no puede dejarse de señalar, pues así ha sido destacado por el coadministrador, los reiterados incumplimientos impositivos incurridos por la demandada y las deficiencias incurridas por el propio ente en sus precarias presentaciones fiscales (Véase declaraciones juradas no suscriptas; impuesto a los bienes personales que no se ajustarían a la realidad del activo; ausencia de tributación del impuesto a la ganancia mínima presunta; etc.).

Pero, además y fundamentalmente, el auxiliar informó que parte de los integrantes de la familia que a su vez resultan accionistas de la actual intervenida, manifestaron -circunstancia que puede acreditarse del resto de las causas conexas a éstos obrados- que la sociedad fue constituída en orígen a fín de eludir el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ya que los bienes que componen el activo social eran de titularidad registral de la señora Aztiria, por lo cual no reconocen a los accionistas el derecho a dividendos provenientes de la explotación de aquéllos.

Es decir, sin perjuicio del presunto ardid ideado para evadir cargas fiscales que, lógicamente, son ineficaces para justificar las irregularidades cometidas y de modo alguno serán amparadas por el Tribunal, los bienes que integran el acervo social no han sido destinados en sus frutos para el logro o cumplimiento de su objeto social, de hecho ninguna actividad pareciera efectuada en tal sentido, sino, simplemente, el manejo discrecional de aquellos ha sido en pos del beneficio propio de la administradora, la señora Aztiria.

Véase que como indica en su presentación el Dr. Fernandez Moores, los ingresos provenientes de los dominios sitos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires que actualmente se encuentran ocupados y explotados por terceros son depositados derechamente en la cuenta bancaria personal de Aztiria. Circunstancia ésta que, por cierto, derivó en la promoción de las distintas acciones judiciales denunciadas por la parte actora y que diera cuenta el interventor.

En este escenario, se advierten, prima facie, configurados los requisitos necesarios para agravar la medida cautelar dispuesta sobre la firma intervenida, pues el desorden, incumplimiento y carencia administrativo-contable de la sociedad (no discutido por el ente), justifica la intensificación de la intervención con desplazamiento de los miembros del órgano de administración, en reemplazo de la coadministración primitivamente dispuesta, a fin de conjurar una situación de grave peligro social y a obtener la normalización y reorganización de la vida societaria (CCom. Sala C en autos «Flourte Teresa c/Irusta Cornet Jose s/sum», del 13.12.90; íd. «Engo Martín c/Adjemiantz, Ariel s/ord.», del 8.7.05; en igual sentido Sala B en autos «Torello, Diana c/Belcastro, Lorena s/medida precautoria», del 15.12.06).

Conclúyase, entonces, de los elementos aportados al incidente y de las manifestaciones efectuadas por el coadministrador en el expte. 090197, que no estamos en presencia de una empresa económica y financieramente sana, ni que tampoco aquella se encuentre destinada a la obtención de su objeto social o, cuanto menos solapadamente, al interés general de los socios que la componen, sino, como fuera reconocido por parte de sus integrantes, al sólo efecto de utilizar únicamente su estructura a fin de intentar eludir las responsabilidades fiscales de sus componentes.

Por ello, resulta procedente desplazar al órgano de administración originario y forzar al ente a su reconducción mediante la transformación de la coadministración actualmente en ejercicio a la asunción de una administración plena, insísto, con total desplazamiento de sus primigenios integrantes.

3. En consecuencia RESUELVO

(i) Modificar la medida cautelar de coadministración bajo la forma de administración plena con desplazamiento del órgano originario, designándose a tales efectos y por el plazo de 90 días al Dr. Fernandez Moores, quien deberá aceptar el cargo dentro del quinto día de notificado de la presente, y ordenar, previa integración de la caución rea
l por parte de la actora y que se estima en $ 30.000 -acumulable a los fondos ya depositados en autos-, la asunción por parte del auxiliar en la firma Santa Julia S.C.A., a cuyo efecto líbrese el mandamiento de posesión respectivo.

(ii) Cumplido ello, el Dr. Fernandez Moore deberá ajustar su actuación en los términos dispuestos a fs. 182/183 del expte. 090197, mas sin intervención del órgano de administración aquí desplazado.

Notifíquese.

JAVIER J. COSENTINO

JUEZ

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2004.

Y VISTO:

1. El trámite de denuncia que lleva el Nº 13.643 seguido contra la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», expediente de estatuto N° 491.671/2188 del registro de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, de cuyas constancias surge:

Sostuvo asimismo el Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI que al ser sus padres los aportantes del capital social, eran ellos los verdaderos formadores de la voluntad societaria, en tanto que él era una mera figura para el caso que el «verdadera comanditado», – su padre -, se encontrare imposibilitado o ausente. Así las cosas, surge de las copias que se adjuntan, que se celebraron las primeras Asambleas hasta el año 1973, en que se dejaron de efectuar registraciones contables por decisión de sus padres.

Aclaró el representante legal de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» Que a pesar de la inacción que evidenció la sociedad por más de treinta años y a los efectos de «cumplimentar con las formas como Representante Legal de la sociedad» ha procedido a comenzar las tareas de regularización con la AFIP y con la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Respecto de esta última se ha reempadronado a la sociedad y se han rubricado algunos libros por extravío de los anteriores. Asimismo, hizo el Sr. Saúl Marcelo Bettinotti especial mención del acta de asamblea unánime de fecha 13 de julio de 1993, en la que los socios aprobaron la gestión del entonces socio comanditado y administrador Ignacio Emilio BETTINOTTI, lo cual revela la existencia de un consenso entre los socios respecto al desarrollo de la vida societaria y la ausencia de toda registración al respecto.

Declaró asimismo el representante de la sociedad denunciada, que los denunciantes han promovido con fecha 27 de Mayo de 2002, por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 8, Secretaria Nº 16 una acción judicial caratulada «Bettinotti, Marcelo y Otros c/Santa Julia S.C.A. s/Diligencias Preliminares» (expte. Nº 80.218/2002) en los cuales el tribunal interviniente dispuso la celebración de una Asamblea tendiente a ir logrando la regularización de la sociedad.

Asimismo y sobre la cuestión de la sustracción del aporte efectuado por María Julia AZTIRIA de BETTINOTTI, aclaró el Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, en su carácter de socio comanditado y representante de SANTA JULIA S.C.A., que el 12 de diciembre de 1969 se otorgó la escritura pública Nº 208 en la cual se concretó la transferencia de titularidad de dominio de diversos inmuebles de los socios aportantes a favor de la sociedad, pero que en dicho acto se omitió por razones que desconoce, el inmueble ubicado en la Provincia de La Pampa señalando que hasta los últimos tiempos esta omisión no dio lugar a reclamación de ninguna índole y destacó que carece al presente de recursos legales para forzar el cumplimiento por parte de la otrora socia del aporte omitido. Alegó la manifiesta prescripción de la obligación, la que ya se había inexcusablementeconsolidado durante la gestión del Sr. Ignacio Emilio BETTINOTTI, a quien todo los socios le aprobaron su gestión.

En cuanto a la falta de designación de nuevo síndico por fallecimiento del designado, adujo el presentante la falta de acreditación de tal hecho por los denunciantes, como así también su desconocimiento de tal circunstancia y en punto a lo invocado al punto 4) de la denuncia, esto es, elusión del sistema de control estatal previsto en el art. 299 inc. 2) de la ley 19.550, se limitó a manifestar que la sociedad jamás se ha visto incursa en el supuesto normativo imputado.

Concluyó solicitando el rechazo de la denuncia.

5. A fs. 215/222 de las presentes actuaciones se presentó nuevamente el Dr. Jorge BAZAN, por la representación invocada, informando la convocatoria judicial a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria desocios de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» para el día 9 de noviembre de 2004, para tratar el amplísimo Orden del Día que surge de los edictos de fs. 217/222, a los cuales me remito en honor a la brevedad, solicitando asimismo la concurrencia de Inspectores de Justicia al acto, a lo que se hizo lugar mediante la designación de Mariana Singerman y Rodrigo Monti.

Del informe labrado por los Inspectores de Justicia que luce a fs. 279/280 de estos autos, surge que los administradores de la sociedad denunciada manifestaron que los libros habían sido extraviados, siendo exhibida una denuncia de extravío de fecha 1 de Agosto de 2003, donde entre otros, figuraba el Libro de Registro de Acciones Nº 1, Rúbrica A 14943 del 30/04/86, pero que, no obstante ello exhibieron un Libro Registro de Acciones N° 1, Rúbrica B 11445 de fecha 22 de Abril de 1986, el cual se encontraba completado a lápiz hasta el folio 2, línea 10. Nótese que este libro al igual que el extraviado llevan el Nº 1.

En dicho libro constaba que las acciones se registraron el 16 de Mayo de 1986, no surgiendo que las mismas, se hubieran adecuado a la Ley de Nominatividad Accionaria, en ninguna de sus versiones.

Asimismo, informaron los Inspectores de Justicia, Mariana Singerman y Rodrigo Monti que en el seno de dicha asamblea se suscitó una discusión respecto de las tenencias accionarias, manifestándose que el Libro de Registro de Acciones al ser llenado a lápiz no permite verificar las verdaderas tenencias accionarias, cuestionándose en consecuencia la calidad de accionistas de los socios comanditarios, agregando que no obstante ello, sí se pudo constatar con las constancias obrantes en el acto, que los socios comanditados son Saúl Marcelo BETTINOTTI e Ignacio Emilio BETTINOTTI.

Finalmente agregaron los Inspectores de Justicia que dada la imposibilidad de probar fehacientemente la calidad de accionistas de los presentes, y no surgiendo que las acciones se hubieran nominativizado, procedieron a retirarse por no avalar con su presencia la celebración de la asamblea convocada.

6. A fs. 225/278 de estos actuados volvió a presentarse el administrador de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, manifestando que atentas las irregularidades habidas en la convocatoria y constitución del acto asambleario, no ha quedado a esa parte otra solución que retirarse de tal acto, conjuntamente con otros socios comanditarios, a tenor de los siguientes antecedentes: a) En primer lugar, no haberse respetado la antelación de un mínimo de quince (15) días para la publicación de los edictos de convocatoria, plazo previsto por el estatuto social; b) En segundo lugar, por la falta de acreditación del carácter de socio de los denunciantes, ya que el Libro de Registro de Acciones de la sociedad «no se encontraba llevado en legal forma», y los comanditarios « ni siquiera exhibieron los títulos accionarios en el acto de constituirse la asamblea”.
.

Por último señaló el Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, en su carácter de socio comanditado y representante de SANTA JULIA S.C.A., la imposibilidad de determinar el número de acciones con que se admitiría el ingreso y votación en la asamblea, dada la situación planteada con el inmueble de la Provincia de La Pampa, aportado a la sociedad pero nunca escriturado a su favor, peticionando en consecuencia se expida este Organismo acerca de la legalidad de la convocatoria efectuada.

7. Para concluir este extenso relato, a fs. 281/291, el Dr. Jorge BAZÁN, presentó un nuevo escrito comentando algunas cuestiones atinentes a la pasada asamblea general ordinaria y extraordinaria del 9 de noviembre de 2004, agraviándose concretamente por el retiro de los Inspectores de Justicia del acto asambleario en razón de la inexistencia de libros, o mas bien porque algunos de ellos existían pero en blanco. Agregó que desconoce de donde surge este principio («Sin libros no hay asamblea…»(sic)), pues no existe ninguna normativa que lo avale. Señaló asimismo el representante de los denunciantes, que esta actitud enervó la convalidación de los hechos denunciados y por los cuales era imprescindible la presencia de la Autoridad de Contralor al único acto asambleario en once años. Manifestó además que ha sido una lástima haber perdido la oportunidad para la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA de controlar el acto, de constatar los hechos denunciados y de recabar los antecedentes en forma vívida para el dictado de la resolución de la causa, solicitando en consecuencia, se dicte resolución aplicando sanciones al administrador social Saúl Marcelo BETTINOTTI.

Y CONSIDERANDO:

8. En primer lugar es necesario aclarar que contrariamente a lo sostenido por el denunciante, la sociedad no se encuentra comprendida en las disposiciones art. 299 inc. 2) de la ley 19.550, ya que posee un capital ínfimo en virtud de no haber adecuado nunca sus estatutos a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, por lo que la fiscalización por la autoridad de contralor se limita al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones de capital ( art. 300 de la ley 19550 ).

9. En segundo lugar, corresponde manifestar, en torno a la situación planteada con el inmueble aportado por la Sra. María Julia AZTIRIA de BETTINOTTI (campo en la Pcia. de La Pampa), y cuya escritura a favor de la sociedad nunca fue otorgada, careciendo por ello la sociedad «SANTA JULIA SCA» de la titularidad del mismo, que de no mediar un acuerdo consensuado entre la socia aportante y el resto de los accionistas, deberá recurrirse a la justicia por tratarse de una cuestión comprendida en la zona de exclusión de competencia prevista por el art. 5° de la ley 22.315.

10. En cuanto a la falta de designación de síndico reemplazante por fallecimiento del anterior, si bien el administrador debió promover la convocatoria a asamblea para su nombramiento, el hecho en sí resulta ser un incumplimiento menor, en primer lugar porque desde la sanción de la ley 22.903 la designación de síndico dejó de ser un requisito tipificante para las sociedades que, como la presente, no son de fiscalización estatal permanente, y en segundo lugar porque la falta efectiva de la persona del síndico, habilita inmediatamente para los socios el ejercicio directo del derecho a la información consagrado por el art. 55 de la ley de sociedades, con lo cual tampoco se produciría un perjuicio a éstos.

11. No obstante, distinta resulta ser la cuestión con respecto al incumplimiento por la sociedad en la presentación de los Balances Generales, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios sociales cerrados desde la constitución social – 7 de abril de 1969 – a la fecha, cuya presentación en tiempo y forma resulta responsabilidad directa e indelegable de los socios comanditados administradores Saúl Marcelo BETTINOTTI e Ignacio Emilio BETTINOTTI, quienes según lo dispuesto por el artículo noveno del estatuto social, «… indistintamente tienen a su cargo en forma exclusiva la libre administración y dirección de la sociedad,… «

Que si bien ambas partes de esta denuncia reconocen que la sociedad fue constituida como un mero instrumento elusivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, lo que queda perfectamente demostrado con la conducta de administradores y accionistas, despreocupados por igual durante más de treinta años en cumplir y hacer cumplir las obligaciones que impone la ley 19.550 a las sociedades comerciales, lo cierto es que tal circunstancia no puede ser invocada como excusa para justificar el total incumplimiento de los deberes formales que sobre los administradores de sociedades mercantiles impone la ley 19550. Ello por cuanto que, de ser cierta la causa de la constitución de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», mal puede ser invocada para justificar nada, por el origen ilícito de esa forma de actuar y en segundo lugar, por cuanto tal inacción resulta manifiestamente incompatible con el deber de obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios que impone a los administradores el art. 59 de dicho cuerpo legal, y por ello deberán ser sancionados. Con relación a ellos y al tiempo de aplicar sanciones debe tenerse, presente que a fs. 178/180 se agregó copia del acta notarial n° 112 de fecha 13 de julio de 1993 pasada al folio 264 del Registro Notarial Nº 1258 a cargo del escribano Marcos Eugenio Bruzzo, en la que se transcribe una Asamblea General Extraordinaria por la cual el socio solidario y administrador Ignacio BETTINOTTI presentó su renuncia a ambas calidades, aprobándose su gestión hasta entonces. Por lo tanto si bien esta renuncia no se encuentra inscripta, y el incumplimiento pasible de sanción se originó ya durante su gestión, dado el tiempo transcurrido y que sólo podrá exigirse a la sociedad la presentación de balances correspondientes a los últimos diez años, fecha en la que el socio Ignacio Emilio BETTINOTTI no tenía un efectivo desempeño en la administración social que genere su responsabilidad, habrá de sancionarse únicamente al socio Saúl Marcelo BETTINOTTI.

12. Otro de los incumplimientos graves en que incurrió la administración social de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» fue la falta de nominativización de las acciones al portador emitidas por la sociedad, en virtud de la sanción de la ley Nº 24.587 del año 1995, que estableció el carácter nominativo no endosable de los títulos valores privados emitidos en el país, así como también la ausencia de inscripción en el registro respectivo de los titulares de dichas acciones nominativas, tendiente a la individualización e identificación de los mismos.

13. Que a ello se suma la inexistencia de casi todos los libros sociales, y la falta de anotaciones fidedignas en el único libro que se exhibiera a esta Inspec
ción de Justicia, llamando la atención el descargo efectuado sobre el punto por el administrador de la sociedad, Saúl Marcelo BETTINOTTI, quien en su escrito de fs. 161/165, como así también en el que obra a fs. 225/227 de estas actuaciones, invocó estas irregularidades como argumentos exculpatorios de responsabilidad, colocándose en una posición de víctima de un tremendo desorden social, para cuya subsanación, en principio, nada estaba compelido a hacer.

14. Que si bien tales deficiencias fueron las que impidieron a Inspectores de Justicia, Sres. Rodrigo Monti y Mariana Singerman permanecer en la asamblea judicial convocada para el día 9 de noviembre de 2004 del corriente año, con el propósito de no avalar con su presencia la celebración de una asamblea con semejantes irregularidades – cuestionamiento sobre las tenencias accionarias, inexistencia de libros y falta de nominativización de las acciones – lo cierto es que hubiera sido de desear que aquellos funcionarios se hubiesen quedado en el recinto asambleario a los fines de ilustrar todo lo acontecido en la referida asamblea de socios, pues si la ausencia de los libros sociales constituyera un argumento válido a los fines de frustrar la presencia de Inspectores de Justicia al acto asambleario, fácil resultaría a los administradores sociales la frustración de dicho acto asambleario, mediante el sencillo expediente de hacer desaparecer los libros sociales de la entidad.

A ello no obsta lo dispuesto por el art. 5° de la Resolución I.G.J. Nº 1/97 en cuanto fue dicho, en esa normativa que «En los casos de asambleas de accionistas convocadas por la Inspección General de Justicia, será condición de su celebración que el libro registro de acciones sea presentado al organismo con constancia del cumplimiento suficiente del régimen de nominatividad para la constitución de la misma”, pues dicha resolución general solo parece aplicarse a las asambleas de socios o accionistas convocadas por la autoridad de control.

15. No obstante esa actuación, que no es imputable a los aludidos Inspectores, en tanto que – mas allá de mis cuestionamientos – ella ha sido el proceder seguido desde antiguo por los Inspectores de Justicia designados para concurrir a asambleas de accionistas, permitió sobradamente verificar las gruesas irregularidades de la administración social de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», que obligó con su inacción ventilar en la asamblea cuestiones que le competen exclusivamente.

16. Por todo lo expuesto, estimo pertinente hacer lugar a la denuncia presentada por el Dr. Jorge A. BAZÁN, en representación de los Sres. BETTINOTTI, María de la Paz BETTINOTTI, María Julia BETTINOTTI y María BETTINOTTI, aplicar una sanción de multa de pesos cinco mil ( $ 5.000) al administrador de SANTA JULIA S.C.A., Saúl Marcelo BETTINOTTI correspondiendo en derecho intimar a la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» a la inmediata regularización de la documentación contable y libros sociales y notificar a la Administración Provincial del Agua de la Provincia de La Pampa la resolución que oportunamente recaiga en estas actuaciones a los fines que pudiese corresponder y a los fines de preservar buena fe en las operaciones comerciales.

17. Por ello, lo establecido por el artículo 316 y 302 inciso 3º de la Ley 19.550, artículos 12 y 13 de la Ley 22.315, artículo 18 del Decreto Reglamentario 1493/82 y lo dictaminado por el Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1°: Aplicar al administrador de SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, una sanción de MULTA, la que se fija en la suma de pesos cinco mil ( $ 5.000 ) , la que no deberá ser afrontada por la sociedad. Dicho importe deberá ser depositado dentro del plazo de quince días conforme lo dispuesto por la Resolución I.G.J. N° 5/98, bajo apercibimiento de ejecución.

Artículo 2°: Intimar a la referida sociedad y a su administrador a la presentación de los ejercicios sociales adeudados y ala regularización de los libros sociales y contables, en el término de diez (10) días hábiles de notificados, debiendo acreditarlo en estas actuaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

Artículo 3°: Regístrese. Notifíquese a la sociedad en el domicilio registrado de Arenales 856, 6° Piso, Oficina 8 de esta Ciudad, al denunciante, Dr. Jorge A. BAZÁN , en el domicilio constituido de la Avenida Leandro N. Alem 790 8º Piso de esta Ciudad, al administrador Saúl Marcelo BETTINOTTI, en el domicilia constituido de Maipú 359 Piso 4º Oficina 61 de la Ciudad de Buenos Aires y a la Administración Provincial del Agua de la Provincia de La Pampa en Villegas 194, Santa Rosa Provincia de La Pampa . Para su cumplimiento, pasen las actuaciones al Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica. Oportunamente, archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERA

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2003

VISTO el Expediente Nº 1.730.450 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, correspondiente a JASLER S.A., en el cual se solicita la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de la entidad mencionada, instrumentado en la escritura pública nº 212 de fecha 1º de septiembre de 2003, obrante a fs. 1/3, pasada por ante el Registro Notarial N° 599, y

CONSIDERANDO:

Que del instrumento referenciado resulta que la sociedad fue constituida por dos personas físicas, a saber, las Srtas. INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO y NOEMÍ RAQUEL AYERZA, por un plazo de 99 años (artículo «segundo» de los estatutos) y con un objeto de actividades agropecuarias, inmobiliarias y de construcción, de comercio exterior, comercialización de determinados bienes, ejercicio de comisiones, mandatos y representaciones y operaciones financieras excluidas las legalmente regidas por leyes específicas (artículo «tercero»). Por su parte, el capital social de la misma fue establecido en el mínimo previsto por el artículo 186 de la Ley Nº 19.550, esto es, doce mil pesos ($ 12.000.-), dividido en 12.000 acciones de un (1.-) peso valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción.

Que las acciones representativas del capital social fueron suscriptas a razón de 11.880 acciones por igual cifra en pesos por parte de la Srta. INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO y 120 acciones por $ 120.-por parte de la Srta. NOEMÍ RAQUEL AYERZA; es decir, que la primera de las nombradas ha suscripto el 99% del capital social y la segunda el 1%.

Que las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica (cfme.: Halperín, Isaac, «Curso de Derecho Comercial», Ed. Depalma, Volumen I, Parte General, 1982, p. 99 y «Sociedades Anónimas», Ed. Depalma, 1974, p. 1; Zaldívar Enrique, Manovil Rafael, Ragazzi Guillermo, Rovira Alfredo y San Millán Carlos, «Cuadernos de Derecho Societario», tomo 1, «Aspectos Jurídicos Generales». Ediciones Macchi, 1973, p. 72; Zavala Rodríguez, Carlos, «Código de Comercio y Leyes Complementarias»; Ed. Depalma, 1964, tomo I, p. 282; Richard, Efraín Hugo y Muiño Orlando, «Derecho Societario», Ed. Astrea, 1997, p. 5; Vanasco Carlos, «Manual de Sociedades Comerciales», Ed. Astrea, 2001 p. 3; Narváez José Ignacio, «Teoría General de las Sociedades», Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990, p. 106 y siguientes; etc.) pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, «Las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa…» (Ripert George, «Tratado Elemental de Derecho Comercial», Ed. Tea, tomo 2, Sociedades, 1954, p. 1).

Tal concepción del contrato de sociedad se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial. Al respecto, es oportuno recordar, conforme autorizada doctrina nacional, que la exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, «Derecho Societario, Parte General», t. 1, «Introducción al Derecho Societario», en Editorial Heliasta S.R.L.,, 1993, p. 184; ídem, Matta y Trejo, Guillermo, «En torno al control administrativo en la constitución de sociedades anónimas», en La Ley, 1979-C-284 ).
En el mismo sentido, debe tener recordarse la doctrina judicial emanada del caso «Macoa Sociedad Anónima y otras» (CNCom, Sala C, Mayo 21 de 1979, publicado en La Ley 1979-C-284 y siguientes), el cual constituye un precedente de similares características al presente caso, en el cual se resolvió que la inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vicia desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto. Se dijo en ese recordado caso que «Quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en estos casos no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de «affectio societatis», que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad» . Es evidente que tales conclusiones descartan la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas ?o de responsabilidad limitada ?como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario (voto del Dr. Edgardo Marcelo Alberti en el caso «»Sanatorio Humboldt S.A. sobre quiebra contra Daripor SA sobre ordinario», dictado por la Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial el 21 de Mayo de 1999), pero nunca, se reitera, el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad.
Que reciente jurisprudencia ha avalado estas obvias conclusiones, argumentando que «Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura» (Cámara Primera, Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, Marzo 11 de 1999, «Sar Sar Chia Salvador y Walter Sar Sar Chia contra Angel Falanga sobre ejecución de honorarios», publicado en la Revista de las Sociedades y Concursos», número 18, SeptiembreOctubre de 2002, Editorial Ad-Hoc, página 250 y siguientes ).
Que la mera consulta de las constancias de su acto constitutivo revela que la sociedad «JASLER S.A.» no ha sido constituida a los fines de concentrar capitales para una determinada explotación empresaria, pues mal puede arribarse a una conclusión semejante -y coherente con la finalidad pr
evista por el artículo 1º de la ley 19550- cuando uno de los socios ha aportado o se ha comprometido a aportar el 99% del capital necesario a los fines de poner en funcionamiento a la misma, que asciende a la suma de $ 11.880.? y el restante consocio se ha limitado a aportar el capital social restante, que en el particular caso de autos asciende a la suma de $ 120.- y que representa, como hemos visto, el 1% del capital de la sociedad.

Que todo indica, conforme a los datos que surgen del instrumento constitutivo, que JASLER S.A. es una de las llamadas «sociedades de cómodo», las cuales, -como las definiera Halperín- consisten en la utilización de la sociedad para limitar, la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal, la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 8° de la ley 19550 (Halperín, Isaac, «Curso de Derecho Societario», Volumen I, Editorial Depalma, 1982, p. 209). No es sobreabundante recordar al respecto que es posición mayoritaria de nuestra doctrina que las denominadas «sociedades de cómodo» se encuentran excluídas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, ob. cit., p. 183; Verón, Alberto Víctor, «Sociedades Comerciales, Buenos Aires, 1987, tomo I, p. 6; Zaldívar Enrique y otros, ob. cit. tomo 1, p. 72, etc. ).
Que como conclusión de todo lo expuesto y de conformidad con las especiales características del acto fundacional de la sociedad JASLER S.A.,, todo lleva a la evidente conclusión de que la constituyente INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO no necesitó ni necesita a la restante, NOEMÍ RAQUEL AYERZA, para desarrollar la actividad descripta en el objeto social de aquella, y que sólo se recurrió a ésta segunda a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad sustancial de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de JASLER S.A.

Que en tales condiciones, es de toda obviedad que esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos (artículos 34 del Código de Comercio, 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y 7º de la Ley Nº 22.315) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.
Coadyuva al sentido de la presente resolución lo resuelto por reciente jurisprudencia, conforme a la cual «Si se verífica la existencia de una sociedad controlada de la cual la entidad controlante posee la cantidad de 11.900 acciones de sus 12.000 (lo que equivale al 99,99% de su capital social), el descorrimiento del velo societario se impone en la medida que lo contrario importaría avalar un proceder que podría resultar fraudulento a los intereses de los terceros» (CNCivil, marzo 6 de 2001, en autos «Gemmo Argentina S.A. c. Moreno, Alberto Eduardo s. tercería de dominio», publicado en la revista «Doctrina Societaria y Concursal», número 173, abril de 2002, Ed. Errepar, páginas 26 y siguientes), por lo cual, si se admite la desestimación automática de la personalidad jurídica de las sociedades de las características accionarias que presenta JASLER S.A., mal podría esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA admitir la inscripción de la misma, en la medida que, como expresamente lo prevé el artículo 7º de la Ley Nº 19.550, dicha toma de razón implica considerar a la sociedad presentante como una entidad regularmente constituida, característica que no reúne la sociedad JASLER S.A., por las razones antes aludidas.

Por lo expuesto y en mérito a las disposiciones legales citadas en los considerandos precedentes,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1º: Denegar la inscripción en el Registro Público de Comercio de la constitución de JASLER S.A., instrumentada en la escritura pública nº 212 de fecha 1º de septiembre de 2003, obrante a fs. 1/3, pasada por ante el Registro Notarial Nº 599.

Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese en Lavalle 1392, Planta Baja «B», Capital Federal y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 857

Buenos Aires, 19 de julio de 2004

Y VISTO:

El expediente del registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA número 32.160/1.520.370, correspondiente a la “COLECTIVIDAD BOLIVIANA DE ESCOBAR ASOCIACIÓN CIVIL”,

Y CONSIDERANDO:

1. Que en las presentes actuaciones corren agregados los siguientes libros rubricados correspondientes a la entidad: Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 6 de febrero de 1992 (fs. 20); Actas de Comisión Directiva Nº 1 rubricado en idéntica fecha; Registro de Asociados Nº 1 rubricado en la misma fecha; Registro de Asociados Nº 2 rubricado el 23 de junio de 2000; Actas de Comisión Directiva Nº 2 Rubricado el 26 de febrero de 2002; y Registro de Asociados Nº 3 rubricado el 20 de marzo de 2002.

2. Que los dos últimos libros fueron rubricados cuando los anteriores aun se encontraban en uso o afectados a los presentes autos, no correspondiendo – en consecuencia – el pedido de nueva rúbrica.

3. En razón de ello, se solicita informe al Area Intervención y Rúbrica de Libros de este Organismo, cuyo informe obra a fs. 675/675, surge que la escribana, Dra. María Cristina Aristizábal de Doldán, interviniente obtuvo las nuevas rúbricas en base a una denuncia de extravío, cuando en realidad los libros no se perdieron, tanto es así que se encuentran agregados en autos desde el 26 de abril de 2002.

4. Resulta entonces a todas luces evidente la ilegitimidad de las rúbricas obtenidas mediante tal denuncia, por lo que procede declarar su irregularidad e ineficacia a efectos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a la profesional dictaminante.

5. Por ello, lo establecido en los Arts. 6º y 10º de la ley Nº 22.315; los artículos 103 y siguientes de las NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y lo dictaminado pro el Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar irregulares e ineficaces a efectos administrativos las rúbricas de los Libros Actas de Asamblea Nº 2, Actas de Comisión Directiva Nº 2 y Registro de Asociados de la “COLECTIVIDAD BOLIVIANA DE ESCOBAR ASOCIACIÓN CIVIL”.

Artículo 2º : Remitir copia de la presente al Colegio de Escribanos, a los efectos de analizar la conducta de la escribana María Cristina Aristizábal de Doldán, a tenor de lo expresamente dispuesto por el artículo 3º de la Resolución General Nº 3/87.

Artículo 3º: Regístrese. Notifíquese a Benjamín Villafuerte en Ramón Falcón 7252 y a Luciano Gutiérrez en la calle Uruguay 385 piso 2º “202”. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERAL

“…resulta inconcebible la actuación de la sociedad anónima de contadores con el objeto de cumplir las incumbencias profesionales, si, como se prevé en los estatutos en examen, ella pueda cumplirse más allá de la vida de los profesionales que la integren por sus sucesores universales, o aún por sucesores particulares que devengan accionistas sin ser contadores públicos. Como es igualmente inconcebible que dicho objeto social pueda ser cumplido “por cuenta de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en el exterior”….”

Buenos Aires 19 de marzo de 2004

VISTO

El Expediente Nro. 1735275 por el que se presenta para su inscripción el contrato social de la sociedad «GHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA», instrumentado en Escritura Pública nº 19 de fecha 11 de Febrero de 2004, del protocolo de la escribana Judith Soboski.

Y CONSIDERANDO:

1. Que del acta constitutiva y estatutos pasados a Escritura Pública por la Escribana Judith Soboski y cuya inscripción se solicita a esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, surge que los Sres. Juan Francisco Ramón Ghiano, Alfio Martín Re y Marcos Pedro Bruno, quienes manifestaron, todos ellos, ser Contadores Públicos y encontrarse domiciliados en la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, decidieron constituir una sociedad anónima denominada «GHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA» por el término de 99 años, y cuyo objeto principal, entre otras actividades, comprende las siguientes: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en el exterior a la prestación de toda clase de servicios profesionales de asesoramiento y/o consultoría en el área impositiva, contable, concursal, pericial, costos y todas las incumbencias profesionales que autoriza la ley 20.488 a los profesionales de la ciencias económicas.

2. Que sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, no se ha acreditado por parte de los concurrentes al acto constitutivo su calidad de Contadores Públicos, ni su matriculación en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el Colegio Profesional respectivo al domicilio de los peticionantes en la Provincia de Santa Fe.

3. Que no obstante el derecho que les incumbe a los peticionantes de asociarse con fines útiles conforme expresamente reconoce nuestro ordenamiento constitucional
( art. 14 de la Constitución Nacional ), tal derecho ha de ejercerse de conformidad a las leyes que razonablemente lo reglamentan.

4. En tal sentido, esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA entiende que quienes ejercen una profesión liberal solo pueden encontrar su molde asociativo a través de las normas que regulan a las sociedades civiles ( arts. 1648 a 1788 bis del Código Civil ). Muy por el contrario, la tipología societaria prevista en la ley 19550 no está al alcance de aquellos, por las razones que de seguido se expondrán y que se circunscriben, habida cuenta del documento cuya inscripción se solicita, a los profesionales en ciencias económicas.

5. En primer lugar, la ley 20.488 de Ciencias Económicas, que cuenta ya con una vigencia de mas de 30 años, se refiere en todo su articulado a las personas físicas, en cuanto prevé los requisitos necesarios para el ejercicio de las profesiones descriptas en el artículo 1º de la citada ley. En tal sentido, la clara y categórica exigencia de dicha normativa en cuanto requiere a la “persona» que pretenda ejercer dicha profesión, el » título habilitante » o el «diploma extranjero” sumado a la necesidad de «tener una residencia en el país no menor de dos años” ( art. 2º ); la referencia que el artículo 3º de dicha ley hace a la necesidad de que el profesional aplique «conocimientos propios» y la no menos clara y categórica prescripción del artículo 4° de la ley en análisis, en cuanto dispone que » El uso del título de cualquiera de las profesiones enumeradas en el artículo 1°, solo será permitido a personas de existencia visible”; permite concluir que, salvo las limitadas excepciones que dicha ley contempla, el ejercicio de las profesiones de licenciado en economía, contador público, licenciado en administración, actuario y sus equivalentes, deben ser ejercidas por personas de existencia visible.

6. Bien es cierto, como se ha adelantado, que la ley 20. 488 se refiere a la actuación colectiva de los graduados en ciencias económicas, y lo hace en su artículo 5° donde textualmente se dispone que «Las asociaciones de los graduados en ciencias económicas a que se refiere la presente ley solo podrán ofrecer servicios profesionales, cuando la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados” pero fácil es advertir que se trata de una disposición excepcional, que debe ser interpretada dentro de un contexto donde se reglamenta una actividad de eminente naturaleza civil y no mercantil, como lo son las profesiones liberales ( Pérez Delgado Jorge G, «Ambito y vigencia de la sociedad civil», en Revista del Notariado n° 773, Septiembre – Octubre de 1980, página 1413 y siguientes; “Videla Escalada, Federico, «Hacia una ley uniforme para las sociedades civiles y comerciales», publicado en El Derecho 4 -1020 ).

7. Desde tal óptica, es de toda evidencia que la expresión que utiliza la ley 20.488 a las “Asociaciones de los graduados en ciencias económicas», debe ser interpretada como referida a las sociedades civiles y no mercantiles, pues el carácter intelectual de las prestaciones y el especial régimen de responsabilidad prevista por el ordenamiento común y que caracterizan la actuación del profesional dentro de su organización plural, son mas propios de una sociedad civil y no de una entidad mercantil. Del mismo modo, la agrupación de profesionales en ciencias económicas bajo la forma de una sociedad mercantil tampoco resulta compatible con los principios éticos que caracterizan la actuación de aquellos, y mucho menos de una sociedad anónima – como es la sociedad que se pretende constituir – la cual ofrece dificultades en cuanto a la necesaria e inmediata identificación de sus integrantes.

8. No se ignora que la doctrina mercantilista ha sostenido, desde la sanción de la ley 19550, que el carácter mercantil de una sociedad lo brinda el tipo adoptado y no la actividad realizada por ella ( Halperin Isaac y Butty Enrique, «Curso de Derecho Comercial». Volumen I, Ed. Depalma, 2000 página 353; Zaldívar Enrique, Ragazzi Guillermo, Manovil Rafael y San Millán Carlos, «Cuadernos de Derecho Societario», tomo I, Ediciones Macchi, 1973, página 45; Nissen Ricardo Augusto, «Ley de Sociedades Comerciales», Tomo 1, Ed. Abaco, 1993, página 26 y siguientes), pero nuevas re
flexiones efectuadas sobre el particular me persuaden de lo contrario, esto es, que la adopción de uno de los tipos previstos por la ley 19550 somete a las sociedades mercantiles a dicha legislación, solo si el objeto de las mismas se encuentra incluido dentro de la idea económica de empresa, la cual, como sostuvieron los Redactores de dicho ordenamiento societario en su Exposición de Motivos, constituye la actividad normal de las sociedades mercantiles.

Lo contrario implicaría un verdadero contrasentido, pues nada justifica que la aplicación de un derecho especial para la entidad o quienes la integran dependa exclusivamente de la redacción de un documento o de una inscripción registral; lo verdaderamente trascendente en torno a la legislación aplicable a la sociedad lo constituye la naturaleza de la actividad – esto es, la sustancia y no la forma -, pues las soluciones previstas por el derecho civil han sido pensadas para la generalidad de las personas, a diferencia de la legislación mercantil, que constituye un sistema normativo especialmente pensado para el empresario o el comerciante. Repárese en el particular caso de una sociedad de hecho de objeto civil, para advertir el absurdo que implica que la mera toma de razón de la sociedad en los registros mercantiles pueda cambiar la legislación aplicable a dicha entidad. A ésta – y a sus socios – se le aplicarán las normas del Código Civil hasta tanto la misma se regularice, oportunidad que pasará a ser regida por la ley de sociedades comerciales, la cual forma parte del Código de Comercio ( art. 384 de la ley 19550 ), lo cual resulta inadmisible.

De manera entonces que ante una actividad de característica eminentemente civil, como lo es el ejercicio de las profesiones liberales, el único esquema societario admisible lo constituye el molde de las sociedades civiles, cuyo carácter «intuitu personae» resulta innegable ( Lafaille Héctor, «Curso de Contratos», tomo II número 557; Videla Escalada Federico, «Las Sociedades Civiles», Ed. Abeledo Perrot 1962, página 16 ), y que prevé, como ya ha sido dicho, un especial régimen de responsabilidad mancomunada – salvo pacto en contrario estableciendo la solidaridad entre los socios mas adecuado a la naturaleza de la actividad desarrollada por el ente y un sistema de aportes de los socios que permite las obligaciones por hacer ( art. 1649 del Código Civil ).

9. Diversas normas de nuestro ordenamiento legal permiten llegar a esta conclusión: En primer lugar, el art. 285 de la ley 19.550 pone claramente de relieve la voluntad del legislador societario de apartar la posibilidad de limitación de la responsabilidad en orden al ejercicio de determinadas funciones cuando éstas, como en el caso del ejercicio de la sindicatura societaria, requieren determinadas calidades profesionales exigidas por la propia ley, ya que en tal supuesto, de recurrirse a una sociedad ésta debe ser civil e integrada exclusivamente por contadores públicos o abogados y la responsabilidad asumida por los mismos debe ser solidaria (art. 285 citado). Del mismo modo, los artículos 253 in fine y 258 de la ley 24522, que legislan sobre el ejercicio plural de la sindicatura, pues aún cuando se admita la inscripción de «Estudios de Contadores” a efectos de la designación de síndicos concursales, el ejercicio de la función es estrictamente personal, lo que ni siquiera se ve desvirtuado por el hecho de admitirse la posibilidad de la actuación de una sindicatura plural.

10. La doctrina y la jurisprudencia extranjera ha también coincidido en el rechazo de la utilización del molde de las sociedades comerciales para las asociaciones de profesionales, con el argumento de que la tipología societaria diluye o aminora al menos la responsabilidad profesional. En tal sentido, Yzquierdo Tolsada sigue puntualmente a la jurisprudencia italiana, proclive solo a admitir la sociedad civil como único molde de las entidades de profesionales, argumentando que » La solución es enteramente transplantable a nuestro Derecho. No parece en absoluto deseable otra fórmula que no sea la sociedad civil, idónea para el ejercicio de una actividad que, aunque económica, no tiene la consideración de comercial” ( Yzquierdo Tolsada M. «La responsabilidad de los profesionales liberales en el ejercicio de grupo», en el libro «El ejercicio en grupo de las profesiones liberales». Universidad de Granada, 1989, pág. 471 ). En el mismo sentido se orienta Fernández Costales, quien rechaza las sociedades mercantiles para las sociedades de profesionales ( «Las sociedades de médicos» en la obra colectiva antes citada, pág. 367 ) y fundamentalmente autores de la talla de Francisco Vicent Chuliá y Manuel de la Cámara Alvarez, quienes pusieron el énfasis en el carácter personalísimo de las prestaciones profesionales – imposible de ser prestadas por sociedades mercantiles – para concluir que la sociedad civil es el tipo adecuado para la sociedad profesional ( Vicent Chuliá Francisco, «Compendio Crítico de Derecho Mercantil», tomo I, 2da. Edición, Ed. Barcelona 1986 páginas 197 y 198 y De la Cámara Alvarez Manuel, “Estudios de Derecho Mercantil», Primera Parte, tomo I, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981 páginas 231 a 242, etc. ).

11. A mayor abundamiento, cabe agregar que resulta inconcebible la actuación de la sociedad anónima de contadores con el objeto de cumplir las incumbencias profesionales, si, como se prevé en los estatutos en examen, ella pueda cumplirse más allá de la vida de los profesionales que la integren por sus sucesores universales, o aún por sucesores particulares que devengan accionistas sin ser contadores públicos. Como es igualmente inconcebible que dicho objeto social pueda ser cumplido “por cuenta de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en el exterior”.

12. En definitiva, para nuestro derecho es inadmisible que una sociedad anónima cumpla, como objeto social, con las incumbencias profesionales propias de los graduados del área, lo cual es absolutamente lógico a poco que se repare en que el ente ideal, aún el conformado exclusivamente por graduados, no es él mismo un graduado matriculado, ni puede él mismo por la naturaleza de la propia actividad – cumplir con el desarrollo de las incumbencias, que, por el momento, sólo pueden ser efectivamente cumplidas por personas físicas.

Repárese al respecto. Conforme fuera sostenido por autorizada doctrina, que la explotación conjunta del trabajo de los profesionales que pudiera realizar una sociedad constituida entre los mismos, no apareja ni autoriza su atribución o ejecución material al ente ideal por ellos formado. Siempre será el fruto del trabajo personal o intelectual de alguno, algunos, o todos sus integrantes y no el de ente ideal que los reúne a otros fines distintos, como puede ser la colaboración entre los mismos ( Anaya, Jaime L., «La sociedad de profesionales», El Derecho Tomo 123 pág 272 y Farina, Juan María: «Agrupaciones entre abogados para el ejercicio profesional», La Ley 1997-B, pág. 1014 y ss.; y «El contrato de sociedad entre los contratos de colaboración. Las sociedades entre abogados» en Cuadernos de la Universidad Austral, Nro. 1, Derecho empresario actual, Editorial Depalma, pág. 318 y ss. etc. ).

13. Que tanto la naturaleza de las cosas co
mo el buen orden y sentido indican que no todas las actividades del hombre, así importen la producción o intercambio de un bien o servicio, puedan ser cumplidas por una sociedad anónima, la que ha sido concebida y reglamentada a otros fines distintos que el ejercicio de ciertas profesiones libres reglamentadas.

14. Por otro lado, resulta oportuno reiterar el carácter excepcional de la limitación de la responsabilidad con respecto al principio general de la responsabilidad patrimonial plena proveniente del derecho civil, teniendo en cuenta que aquel ha sido concebido fundamentalmente como una respuesta a la necesidad de obtener importantes concentraciones de capitales para el ejercicio de actividades de contenido económico, lo cual no es el supuesto de autos; correspondiendo observar en todo caso, la existencia de otros recursos de carácter no societario que sin comprometer el principio general -inherente, por otra parte, a la naturaleza de las actividades profesionales- cuya aplicación puede en ciertos supuestos arrojar consecuencias equiparables, tales como las cláusulas de dispensa de culpa entendidas en su justo significado y los seguros por responsabilidad civil profesional.

15. Finalmente, tampoco se ignora que la ley 19550, en su artículo 3°, prevé la posibilidad de funcionamiento de asociaciones de cualquier objeto, bajo la forma de sociedad, pero de ello no se sigue necesariamente que las personas que ejercen profesiones liberales puedan adaptar el molde de las sociedades comerciales, amparándose en la híbrida figura antes mencionada. En primer lugar porque el mencionado artículo 3° se refiere a «asociaciones», en clara alusión a las asociaciones civiles y no a las sociedades civiles, y en segundo lugar, por cuanto se trata, dicha norma, de una excepción concreta a la definición que el artículo 1º hace de las sociedades comerciales, de la cual no pueden extraerse principios generales, habida cuenta su excepcionalidad. No debe olvidarse que la extraña situación prevista por el artículo 3º de la ley 19550 fue elaborada para dar concreta solución a determinadas situaciones fácticas existentes el momento de la redacción de la ley de sociedades comerciales y que habían merecido la aprobación por este Organismo ( Hindú Club y Tortugas Country Club ), lo cual constituyó un notorio desacierto, que la doctrina se ha encargado de señalar ( Biagosch Facundo, «Asociaciones Civiles», Ed. Ad – Hoc, 2000, página 241 y siguientes ).

16. Por todo ello y lo dispuesto por los artículos 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y disposiciones legales citadas en los considerandos que anteceden:

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1º: No hacer lugar a la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de la sociedad «GHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA», en tanto no se suprima de la cláusula «segunda» de los estatutos sociales, lo referido a las incumbencias propias de los profesionales de ciencias económicas reguladas por las Leyes N° 20.488 y N° 466, ésta segunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º: Regístrese, notifíquese por cédula y archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERA

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 1619

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2004.

Y VISTAS:

1. Las presentes actuaciones, que llevan el número de expediente 626959, Código de Trámite 201500/10717, perteneciente a la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», de cuyas constancias surge:

2. En fecha 28 de Octubre de 2004 la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» solicitó la inscripción de la designación de sus nuevos directores, elegidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 28 de Mayo de 2004, que obra transcripta en la escritura publica 469 del 27 de Octubre de 2004, del protocolo del escribano Ramiro J. Gutiérrez De Lio, que luce en los presentes autos a fs. 1/3.

3. Presentado el expediente para su inscripción, en fecha 2 de Noviembre de 2004, la Inspectora Calificadora Legal, Dra. Silvia Pilorge de Dormal Bosch observó a la sociedad requirente lo siguiente: a) Necesidad de contar con información sobre si el representante de la sociedad extranjera que compareció al referido acto asambleario, «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh» cuenta con poder inscripto en este Organismo; b) Que dicha sociedad extranjera es titular de la cantidad de 89.040.190 acciones de un total de 89.040.200 acciones, la cual representa el 0,9999998 % del capital social de la entidad nacional denominada «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», con lo cual no se respeta la pluralidad sustancial de socios prevista por el artículo 1° de la ley 19550 y c) Finalmente, le fue requerido a esa entidad foránea la inscripción como sucursal en los términos del artículo 118 de la ley 19550, habida cuenta que, conforme la composición accionaria que exhibe la rogante, se trata en estricta puridad jurídica de una sucursal disfrazada de filial, lo cual implica violación al régimen de responsabilidad patrimonial que recae sobre la casa matriz en caso de sucursalización, a diferencia de lo que acontece con la sociedad filial argentina, en donde ésta solo responde con su patrimonio, sin afectar – por vía de principio – la responsabilidad de quienes componen su capital accionario.

4. A fs. 12/70 de las presentes actuaciones, el profesional dictaminarte, el escribano Ramiro J. Gutiérrez De Lio, además de acompañar abundante documentación societaria y contable para avalar sus explicaciones, brindó a esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA una serie de aclaraciones sobre el contenido del dictamen de la Inspectora Pilorch, entendiendo que la sociedad “VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» no se encuentra comprendida en la doctrina del precedente «Coca Cola Femsa de Buenos Aires Sociedad Anónima» dictada por este Organismo (Resolución 1632/03), pues se trata de un caso muy diferente a los que dieran lugar a esa jurisprudencia administrativa.

En tal sentido, el profesional dictaminarte ofreció un detalle histórico de la evolución de la sociedad recurrente y de la composición accionaria de la misma, explicando que hasta el año 1987, cuando «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» adquirió la mayoría del paquete accionario de la sociedad «Chrysler Fevre Argentina SA», contaba con varios accionistas, algunos de los cuales de relevante participación accionaria, y que, al producirse la escisión de «Autolatina Argentina SA», la sociedad extranjera «Volkswagen A.G.» quedó como titular del 99,9999% del capital social de la recurrente, siendo otras tres sociedades extranjeras las titulares del sobrante capital accionario. Fue explicado asimismo que luego de ello, en el año 1998 se produjo un cambio de titularidad accionaria, incorporándose el Sr. Jesús Fernández Pelayo como titular de una sola acción en lugar de aquellas empresa extranjeras antes aludidas, y que, en ese mismo año, por una asamblea extraordinaria, se aumentó el capital social a la suma de pesos 43.300.000, que fue suscripto totalmente por la accionista mayoritaria, «Volkswagen A.G.», renunciarte el accionista minoritario a ejercer su derecho de preferencia. Finalmente, aclaró el Escribano Ramiro Gutiérrez De Lío que en el año 2001 las acciones de titularidad de la sociedad «Volkswagen A.G.» fueron transferidas a la sociedad extranjera «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh», manteniéndose hasta el presente esa composición accionaria, que es la que compareció al acto asambleario del 28 de Mayo de 2004, el cual se eligió al nuevo directorio que se pretende inscribir.

Sin perjuicio de todo ello, el dictaminarte ilustró a esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA que la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SA» vendió al mercado interno la cantidad de 32.419 unidades automotrices, ocupando este año el primer lugar en ventas en dicho mercado, tanto en industria total como en vehículo de pasajeros: Ilustró asimismo que la referida sociedad cuenta con 2.588 empleados y que sus activos ascienden a la cantidad de pesos 1.565.857.661 y un patrimonio neto de $ 506.644.960. Asimismo, brindó datos concretos sobre sus ganancias, sociedades controladas y vinculadas, capital social, inversiones proyectadas, concluyendo con la afirmación de que “El Sr. Inspector General puede comprobar así que esta no es una sociedad creada para evadir responsabilidades ante terceros. Es una sociedad que tiene autonomía patrimonial y también tiene autonomía en orden a sus decisiones” , pues constituye política de VOLKSWAGEN (cuarta automotriz mundial, primera en Europa), que en todos los países donde se encuentra instalada, las sociedades locales tengan la suficiente capacidad como para desenvolverse por sí solas, concluyendo que los pasivos de la entidad, que conforme último balance aprobado, representa el 40% del activo de dicha sociedad, cuentan con suficiente respaldo patrimonial para no apelar a la responsabilidad del accionista mayoritario, responsabilidad que ésta tampoco rehuiría.

5. A fs. 71 de estas actuaciones, la Inspectora Calificadora Legal, la Dra. Mónica Capano, tuvo por satisfecho el requerimiento referido a la personería del representante asambleario de la sociedad extranjera «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh» y conforme los fundamentos expuestos por el escribano Gutiérrez De Lio obrantes a fs. 12/16, aconsejó la elevación de las presentes actuaciones a esta Inspección General, criterio que fue ratificado por la Sra. Jefe del Departamento de Precalificación de este Organismo, la Dra. Marta Liliana Stirparo.

Y CONSIDERANDO:

6. Que si bien es jurisprudencia de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, que las sociedades comerciales en las cuales un socio reviste el carácter de titular del 99,9999% del capital accionario de la sociedad controlada y el otro u otros socios solo son propietarios del reducido sobrante de aquel capital, no configuran – en principio una verdadera compañía, al encontrars
e ausente el requisito mismo de existencia del contrato de sociedad, como lo es la pluralidad de socios (art. 1° de la ley 19550 y art. 1648 del Código Civil), – entendida tal pluralidad como sustancial o real y no como el cumplimiento de una mera formalidad, que el registrador mercantil no puede jamás admitir – (Ver Resolución IGJ 1414/03, Noviembre 3 de 2003, en el expediente «Vitamina Group SA»; ídem, Resolución IGJ 1413, Noviembre 3 de 2004 en el expediente «Bosques Verdes SA»; ídem, Resolución IGJ n° 1412, Noviembre 13 de 2003 en el expediente «Jassler SA»; ídem, Resolución IGJ 1674/03, Diciembre 29 de 2003, en el expediente «ES.PE.VER SRL»; ídem, Resolución IGJ n° 476/04, del 19 de Abril de 2004 en el expediente «Tierras y Hacienda SRL»; ídem, Resolución IGJ 1632, Diciembre 15 de 2004, en el expediente «Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA»; ídem, Resolución IGJ 37/04, Enero 13 de 2004, en el expediente «Seguros Médicos SA»; ídem, Resolución 852/04, Julio 15 de 2004 en el expediente «Urbaser SA»; ídem, Resolución IGJ 1270/04, Octubre 12 de 2004 en el expediente «Fracchia Raymond SRL»; ídem Resolución IGJ 1364/04, Octubre 25 de 2004 en el expediente «American Screw de Argentina SA»; ídem, Resolución IGJ n° 1572, Diciembre 13 de 2004, en el expediente «Sylvania Iluminación SA» etc), también ha resuelto esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA que la referida doctrina no es aplicable cuando de acuerdo a las especiales circunstancias del caso, surge que la desproporción entre las participaciones accionarias de los socios no es producto de la voluntad exclusiva de los socios fundadores sino de determinadas circunstancias propias del devenir de la relación asociativa (Resolución IGJ n° 925/04, en el expediente «Clariant Argentina SA»).

7. En el particular caso de autos, la notoria desproporción existente entre la participación accionaria que reviste la sociedad extranjera «Volkswagen Beteiligungs Gesells-chaft mbh» en la sociedad ‘VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», en comparación con la participación del restante accionista, Sr. Jesús Fernández Pelayo, ha sido consecuencia de procedimientos de reorganización empresaria en las cuales participaron diversas compañías extranjeras, así como posteriores aumentos de capital social no suscriptos por el accionista minoritario, por lo que la situación se encuentra comprendida dentro de los supuestos de excepción aludidos en el precedente «Clariant Argentina SA», resultando procedente la inscripción solicitada.

8. Pero además de ello, no puede dejar de ponderarse que la especial solvencia económica y financiera que exhibe la sociedad filial “VOLKSWAGEN ARGENTINA SA»; sumado a los restantes datos aportados por el escribano Gutiérrez De Lio en su dictamen de fs. 13/16, respaldados por la documentación acompañada a fs. 17/68, avalan la solución que se adopta en la presente, máxime cuando, conforme a las expresas manifestaciones de este profesional, la sociedad controlante «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh» no rehuirá las responsabilidades patrimoniales que podrían supuestamente derivarse de un hipotético incumplimiento por parte de su sociedad controlada de las obligaciones sociales contraídas.

9. Por todo lo expuesto, jurisprudencia citada y lo previsto por el artículo 60 de la ley 19550,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1°: Inscríbase la designación de los nuevos directores de la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» en los términos del artículo 60 de la ley 19550.

Artículo 2°: Regístrese. Notifíquese al escribano Ramiro Gutiérrez De Lio al domicilio de la Avenida Córdoba 875 de la Ciudad de Buenos Aires y oportunamente archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERAL