I.- Introducción

El día 1 de junio de 2011 el Honorable Senado de la Nación sancionó la Ley nº 26.684, enviada con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados bajo el título “Ley en revisión modificando la ley 24.522 (concursos y quiebras) respecto de la participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la fuente laboral en caso de proceso concursal o quiebra”. [2]

La nueva normativa produce un cambio visceral en el ordenamiento nacional dedicado al tratamiento de la crisis del sujeto económico, colocando como bien jurídico tutelado al crédito laboral en una instrumentación que consagra a la cooperativa de trabajadores de la empresa en titular propietaria de la empresa no sólo en la quiebra y también en el procedimiento preventivo a través de la adjudicación de la totalidad del capital social en la segunda ronda o cramdown del art. 48.

En el procedimiento de quiebra la cooperativa de trabajo se convierte en titular de los activos de la empresa fallida por vía de adquisición por compensación del precio de venta a valor de la tasación contra los créditos laborales de los integrantes de la cooperativa (art. 203 bis y 205, 1er. y 2do. párrafo).

En el concurso preventivo en cambio, el rol protagónico de la cooperativa de trabajo se concreta en el período del art. 48 (cramdown).

Como es notorio la ley 24.522/1995 incorporó el art. 48 (cramdown argentine style), en virtud del cual, cuando se tratare del concurso preventivo una sociedad de capital (SRL o SA) o sociedad cooperativa –en el que la sociedad no hubiere logrado la homologación de un acuerdo con sus acreedores -(y en tanto no fuere un pequeño concurso, el juez no podrá decretar la quiebra sino que deberá abrir el procedimiento para que, en una segunda ronda, la sociedad deudora (ello en virtud de la reforma introducida por la Ley 25.589/2002) en competencia y “sin ninguna preferencia” con el resto de los interesados (ergo: con “todos” los interesados) que deberán inscribirse en un registro ad hoc formulen propuestas de acuerdo a los acreedores en forma de que quien primero acredite haber obtenido las mayorías legales establecidas por la ley (art. 45 LCQ), se convierta –previa homologación del acuerdo- en adjudicatario titular del capital social, con desplazamiento de los anteriores socios o accionistas (según se tratara de SRL o SA), a quienes, en hipótesis de que el valor residual de las cuotas o acciones resultare positivo, el cramdista triunfador abonará el precio que resultará de la valuación, según procedimiento y pauta, regulados por la ley[3].

El complejo sistema incorporado por la ley 24.522 constituye la contribución mas avanzada que el derecho concursal argentino aportó en el ámbito del derecho comparado en orden al procedimiento obsesivamente perseguido como máxima exaltación de los fines del concurso, esto es la continuación de la actividad de la empresa por encima del infortunio o incapacidad del empresario, incorporando la posibilidad de su desplazamiento, por uno nuevo, cuyas mejores condiciones evitarán el mal mayor de la quiebra, manteniendo a la empresa en operación, con el consiguiente beneficio de la continuación de la productividad y el empleo.

La nueva ley 26.684 no limita sus postulados cooperativistas al procedimiento de quiebra sino que también los aplica al procedimiento del art. 48 obviando así, las notorias diferencias de naturaleza jurídica de uno y otro proceso y tratando con iguales herramientas situaciones económicas y jurídicas absolutamente distintas.

Por razones de tiempo y espacio, y también de oportunidad, será nuestro objetivo preferente la consideración de la incidencia dramática de la reforma según ley 26.684/2011 del concurso preventivo a través de la consideración del art. 48 bis, constituído en una nueva normativa que a continuación del art. 48 regula la forma en que la cooperativa de trabajadores de la empresa en concurso preventivo de acreedores, quedará constituida en titular del capital social de la sociedad deudora.

El nuevo esquema no resiste el test de constitucionalidad en media tal que, así reconocido por la Presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación Senadora Liliana Teresita Negre de Alonso en la misma sesión en la que quedó sancionada la Ley 26.684 y sin solución de continuidad puso a consideración del alto cuerpo que la sancionó, una “Ley Correctiva” de la ley 26.684, entre cuyos artículos adquiere relevancia las reformas del recién nacido art. 48 bis, insuficientes para dar al instituto un contenido que manteniendo la excluyente e inusitada preferencia asignada al crédito laboral pueda al mismo tiempo garantizar los derechos constitucionales de propiedad, igualdad y debido proceso de todas las partes involucradas en el proceso concursal.[4]

Sin lugar a dudas tiempos políticos y ópticas o necesidades que diluyen lo jurídico, provocan estas tormentas inexplicables que llevan a la sanción de una norma ideológicamente pura (pura ideología), políticamente correcta (aprobada por consenso), jurídicamente pródiga en deficiencia.

Es ley, la nueva regulación del cramdown, a través de novedoso art. 48 bis cuya inconstitucionalidad es tan crítica, que el mismo legislador al sancionarlo lo corrige con la pretensión de superar sus falencias.

II.- Los antecedentes del art. 48 bis

Menester es destacar que la nueva ley de Reformas de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) es la resultante de la activación de un proyecto del Poder Ejecutivo del año 2004, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario, cuyo contenido predica la incorporación de la cooperativa de trabajo al procedimiento liquidativo de la quiebra en la misma forma que lo hace la ley recientemente sancionada, pero no contenía pareja pretensión en el proceso preventivo.

El proyecto de 2004 fue nuevamente activado en el curso del año 2010 en cuatro proyectos de parecido contenido al del Poder Ejecutivo de 2004. Tampoco en dichos proyectos aparece el art. 48 bis.[5]

Los cuatros proyectos del año 2010 guardan marcada similitud y todos ellos confluyen en la consagración de la cooperativa de trabajo como continuadora de la actividad del deudor fallido por vía de la adquisición de los activos de la empresa quebrada por el valor de tasación en el procedimiento de realización de bienes, ya fuera por venta o licitación.

El instrumento de compra es la “compensación” del precio tasado (art. 203 y ss. LCQ) con los créditos laborales que asisten a los trabajadores de la fallida, derogando la prohibición de compensación que exhibe como regla el art. 211 LCQ.

La potenciación de dichos créditos por vía de la derogación de la suspensión de intereses a su respecto (art. 129) y el cálculo de los mismos según los parámetros que resultaren más favorables a los trabajadores (art.203 bis, 1er. párrafo segunda oración in fine), lleva a obtener un monto apreciable que descarta la necesidad erogación de contado y condena a los acreedores a la perdida de la ilusión de un dividendo concursal.

En ocasión del análisis de los proyectos de reformas a que fuimos convocados por las Comisiones de Legislación General y Legislación de Trabajo y Justicia de la Cámara de Diputados el 30 de septiembre de 2010, los invitados tomamos conocimiento de los proyectos, ninguno de los cuales contenía el art. 48 bis, que en cambio separadamente aparecía como un texto independiente atribuido a la Federación de Cooperativas de Trabajo.

Sin embargo, el art. 48 bis fue incluido en el dictamen de la mayoría en ocasión del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y aprobado, por amplia mayoría –sobre 200 votos sólo 1 en contra y 3 abstenciones- en texto que pasó a consideración de la Cámara de Senadores, para finalmente obtener sanción en la sesión de la Cámara de Senadores el 1º de junio, aún cuando, -según dijimos supra-, en la mismo sesión de su sanción la Senadora Negre de Alonso –Presidenta de la Comisión de Legislación General- advirtió sobre su deficiencia por lo que propuso, una Ley Correctiva que fue aprobada por unanimidad y sin solución de continuidad por el voto de los 50 senadores presentes .

III.- Cuerpo extraño

De los antecedentes antes relatados resulta que el art. 48 bis es un cuerpo extraño al de la posición genética genuina del proyecto de Ley, incorporado en razón de una presión de vertiente laboral de raíz cooperativista que, contra la razonabilidad y los principios del derecho, postula la hiperactuación de la cooperativa de trabajo, que resulta razonable en el ámbito de la quiebra, pero improponible en el proceso preventivo.

IV.- La modificación del art. 48 inc. 1º

La fórmula legal incorporada en la ley de reformas por la cual el trabajador accede a la titularidad de la empresa, convirtiéndose en empresario, no sólo en la hipótesis de quiebra también en el procedimiento preventivo parte de una modificación introducida en el art. 48 inc. 1, en cuyo texto, en el que se establece el plazo para la inscripción en el registro de interesados para intervenir en el procedimiento del cramdown, se incorpora la frase que establece que dicha apertura, por el plazo de 5 días lo es para que “se inscriban los acreedores, la cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa –incluida la cooperativa en formación- y otros terceros interesados…”.

En realidad esta norma incorpora como texto legal una solución que ya había consagrado la jurisprudencia, reconociendo a la cooperativa de trabajo legitimación para intervenir en el procedimiento del cramdown. [6]

En la reunión de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación del 10 de mayo de 2011 el Dr Alegria, al exponer su fundada crítica al art. 48 bis, expuso entra las observaciones la clara insuficiencia de la redacción de la modificación introducida en el art. 48 inc. 1, advirtiendo que de la misma no resulta si se trata o no de trabajadores y ex trabajadores o sólo de los primeros, ni tampoco si la cooperativa puede estar integrada por algunos trabajadores o por una cantidad mínima de ellos, dato este último que en cambio está previsto en los arts. 189, 190 y 191 bis en los que, tratando de la intervención de la cooperativa de trabajo en la quiebra, se exige un mínimo de dos terceras partes de los trabajadores.

Destacó que fue consultado particularmente respecto de la redacción del art. 48 bis, y expresó textualmente: “para el problema más fuerte del cramdown, que es lo que está en el artículo siguiente (48 bis) no tengo solución”.

Sin embargo en orden a mejorar o paliar algunos aspectos de la redacción propuesta consideró conveniente especificar en el texto que se trata de cooperativas de trabajo de la sociedad, en lugar de la genérica referencia a la “misma empresa” como reza la modificación introducida en el art. 48 inc. 1 y que “lo mas conveniente sería una cooperativa que represente a la mayor cantidad de trabajadores”.

Sin lugar a dudas a dichas sugerencias corresponden las modificaciones introducidas por la Ley Correctiva[7] propuesta por la Senadora Negre de Alonso al art. 48 inc. 1 de la LCQ en las que consigna la habilitación para la inscripción en el Registro para intervinientes en el procedimiento del cramdown, a la cooperativa de trabajo conformada -incluida la cooperativa en formación- que representes como mínimo las dos terceras partes de los trabajadores en actividad de la misma sociedad.

Pienso que dicho proyecto, aún cuando todavía no sancionado, es útil para la interpretación de la reforma incorporada en el art. 48 inc. 1. Sin embargo debe tenerse presente que su texto según la ley vigente 26.684, no requiere que la cooperativa de trabajo esta integrada por una cantidad mínima de trabajadores.

V.- El nuevo art. 48 bis

El nuevo art. 48 bis parte así del presupuesto (art. 48 inc. 1) según el cual la cooperativa de trabajo aún en formación, puede inscribirse en ocasión de la apertura de registro de interesados en adquirir las cuotas o acciones de la sociedad concursada, en cuya circunstancia el juez debe ordenar al síndico practicar una “liquidación de todos los créditos que corresponderían a los trabajadores inscriptos por las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233, 245 del Régimen de Contrato de Trabajo según ley 20.744, los estatutos especiales, convenios colectivos o las que hayan acordado las partes.”

Se trata entonces de determinar, en forma inmediata a la apertura del procedimiento del art. 48, los créditos laborales de los trabajadores inscriptos en la cooperativa, causado por las “indemnizaciones” (sólo las indemnizaciones) por preaviso, despido e integración del mes de despido (arts. 232, 233 y 245 LCT) y todas las otras previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o las que hubieren acordado las partes.

Estos créditos, así “liquidados” por el síndico, “podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior”.

Esta norma constituye una incongruencia total y contiene en si misma contradicciones irreductibles.

El acreedor laboral por indemnizaciones por preaviso, despido, o integración, o cualquier otro concepto en todo caso derivado de la ruptura del vínculo laboral no es, por definición trabajador actual de la empresa, cuya continuación se procura para el mantenimiento del empleo.

El objetivo de la reforma es la participación del trabajador en la recuperación de la empresa y el mantenimiento de la fuente laboral y tal objetivo, inexcusablemente sólo puede ponerse en cabeza de los trabajadores de la empresa, de los actuales, mas no de aquellos que ya no lo son pero que -curiosamente- son los únicos a quienes “corresponderían” las indemnizaciones, liquidadas para “hacer valer”.

Después de tal objeción fundamental, a una contradicción insuperable que adjudica derechos anejos al crédito, a quien no detenta el crédito y corresponde seguir el orden del nuevo artículo:

¿Cómo se “hace valer” el crédito eventual, contingente o futuro, que pertenece al ex–trabajador pero que ejerce el trabajador en actividad? Pareciera que el legislador ha querido que fuere por vía de compensación como acontece en la quiebra (art. 203 bis y 205, 1er. y 2do. párrafo) pero en el cramdown tal compensación no es posible porque no existe relación de crédito –deuda entre el acreedor laboral y los acreedores restantes con los que la sociedad debe acordar- .[8]

Sólo caben soluciones imaginativas como las que intentó la Dra Villanueva en la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores del 26/04/2011, cuando sugirió que podría interpretarse que con esos créditos los acreedores laborales voten a favor de la propuesta de la cooperativa, para preguntarse inmediatamente:¿Pueden los mismos acreedores laborales votar la propuesta de la cooperativa? pero, siguiendo toda la línea jurisprudencial del conflicto de intereses que se ha venido marcando en materia de voto, podría decirse que ellos no son cualquier acreedor, están votándose su propia propuesta.

Forzando el razonamiento, hipotizó que podrían votar por analogía con los accionistas de la sociedad deudora que pueden hacerlo respecto de la propuesta de la sociedad cuyas acciones detentan (art. 45 LCQ).

Sin embargo tampoco esta solución sería posible porque el socio de la cooperativa cramdista no es accionista, es socio, y el socio no puede votar la propuesta de la sociedad resultando ocioso remitirnos a la distinta naturaleza de las sociedades de capital y las sociedades cooperativas.[9]

Así pues a la auto contradicción en que incurre el articulado al asignar posibilidad de intervenir con el voto dirimente en el procedimiento dirigido a obtener las conformidades de los acreedores a créditos que no existen (y que solo existirían a futuro) en cabeza de quienes no podrían integrar la cooperativa, se agrega la imposibilidad de voto a la propuesta propia.

VI.- Créditos laborales que “se hacen valer”

La Ley Correctiva, sin lugar a dudas con el propósito de incrementar el monto de los créditos laborales que “podrán hacerse valer para intervenir en el cramdown”, ya potenciados con la derogación de la suspensión de intereses-, agrega: “a) …todos los créditos laborales impagos que se encuentran incorporados al pasivo de los trabajadores inscriptos“, sin que tal aditamento ponga ni quite respecto de las insuperables contradicciones ya evidenciados supra, pero que lleva a otro problema pues permitiría “hacer valer” créditos nacidos después de la resolución del art. 36 y no sometido al proceso de verificación.

Las interpretaciones posibles en cuanto a “hacer valer” el crédito laboral provocan otra incógnita: las conformidades de los acreedores laborales titulares de votos por créditos eventuales pueden ser invocadas únicamente frente a la propuesta de la cooperativa que integran o también para conformar las propuesta de los demás cramdistas o de la misma sociedad deudora?.

De la respuesta dependerá la existencia de una base de cómputo conformado por acreedores no verificados y ello lleva en todos los casos a un tratamiento absolutamente diferente entre las propuestas de la cooperativa y la del tercero o la de la misma sociedad concursada.

Es patente que el acreedor laboral en actividad no tiene por definición título alguno para verificar ni votar un crédito inexistente como es el que le “correspondería” por indemnizaciones a causa de ruptura del vinculo (porque el vinculo del trabajador en actividad no esta roto, resuelto ni disuelto) y ello fulmina la posibilidad de “hacerlo valer” para conformar o no la propuesta de terceros o de la sociedad deudora.

Además para expresar conformidad es patente que el acreedor laboral deberá renunciar al privilegio en forma total o parcial en forma vedada por el art. 12 y cc. de la LCT.

VII.- La profecía que se autorealiza [10]

El art. 48 bis se estructura sobre la base del “invento de un pasivo inexistente”, dirigido a neutralizar a los acreedores reales que no presten conformidad con la propuesta de la cooperativa, con ostensible violación del derecho de propiedad de los mismos.

La conversión de un pasivo improponible e inexistente hoy, pero posible a futuro en cuanto se dieren condiciones contingentes, que consistente en considerar resueltos los contratos de trabajo porque el salvataje fracasaría y se declararía la quiebra disparando las indemnizaciones por despido y accesorios, en lugar de esperar a que ello suceda, es conceptuado por el legislador como una realidad cierta y actual trayendo al hoy, los efectos de un acontecimiento futuro.

Une especie de determinismo histórico. Es la conocida fantasía de la maquina del tiempo intelectualizada en “la profecía que se autorealiza”: que se dispara con una definición “falsa” de la situación, lo que despierta un nuevo comportamiento que hace que la “falsa” concepción original de la situación, se vuelva “verdadera”.

En otras palabras: si se define como real una situación que no lo es, se asignan a la irrealidad las consecuencias.

El razonamiento del legislador es en definitiva una falacia. Constituir en base de cómputo un crédito inexistente, y habilitarlo a “hacerlo valer” (votar) es tanto como pugnar contra la razón.

VIII.- El artículo 48 bis no supera el test de inconstitucional

Es inconstitucional como por definición lo será cualquier regulación que permita a un tercero confiscar la empresa a su dueño en el trámite del concurso preventivo sin respetar el derecho de propiedad del mismo y por si no bastara, -como acontece en el trámite pergeñado en el novedoso art. 48 bis- vulnerando el derecho de propiedad de los acreedores.

En el procedimiento de cramdown del art 48 según ley 24.522/1995 y su reforma según ley 25.589/2002 se ha considerado que tal derecho de propiedad esta preservado toda vez que (i) la sociedad deudora (en manos del empresario actual; sus socios o accionistas) mantienen el derecho a la competencia en el objetivo de obtener el acuerdo con los acreedores respecto de los terceros cramdistas; (ii) la formula legal determina un justo precio y (iii) la competencia está impuesta “en igualdad de condiciones” esto es “compitiendo sin ninguna preferencia con el resto de los interesados” (sic) ( art. 48.4.2 da. oración).

Es advertencia fundamental e insoslayable el hecho de que la sociedad concursada, si bien ha perdido una primera oportunidad de lograr el acuerdo de los acreedores en una primera ronda de negociación del acuerdo con sus acreedores, llamado “período de exclusividad”[11], se encuentra a lo largo del trámite del concurso preventivo en la plena administración de sus bienes, no está desapoderada y ejercita su poder de negociación con sus acreedores en orden a la obtención de las conformidades de los acreedores a su propia propuesta y aunque fracase, mantendrá en la segunda ronda o cramdown aún esta vez no ya en forma exclusiva sino, en competencia “en igualdad de condiciones” con los otros interesados inscriptos en el procedimiento, para proponer y procurar el acuerdo.

Es condición respecto a su derecho de propiedad sobre la empresa y a la vez el derecho de propiedad de los acreedores sobre sus créditos que la negociación del acuerdo sea realizado con los acreedores por cada uno de los cramdistas, o la propia sociedad concursada, en igualdad de condiciones (art. 48, inc. 4, 2da. oración: la sociedad deudora y los restantes interesados –cramdistas- procuran las conformidades a sus respectivas propuestas, “sin ninguna preferencia”), pues si no fuere así aparecería violado tanto el derecho de propiedad de los cramdistas y de la sociedad concursada que resultaran perjudicados en un procedimiento desigual, como el de los acreedores, que ni siquiera serán oídos para prestar o no conformidad a la propuesta que debería formular la cooperativa, ya que el art. 48 bis sustituye la conformidad a la propuesta de acuerdo de la cooperativa por la compensación ope legis con la deuda laboral o, en el mejor de los casos, por la consideración de esa propuesta en una base de computo en la que los trabajadores de la sociedad concursada votan la propia propuesta de la cooperativa que integran y con el agravante que el voto por capital resulta de un crédito que solo corresponderá en cabeza de un ex-trabajador que no integra la cooperativa. Un verdadero desatino.

Téngase en cuenta que de esa competencia igualitaria surgirán las condiciones del acuerdo que con los acreedores y el “justo precio” que deben percibir los socios o accionistas expropiados (art. 48 inc. 3, 3ra. oración inc. 7 b).

En el rango constitucional se encuentran conculcado tanto el derecho de propiedad del deudor, el de los acreedores y el de los otro cramdistas (art. 17 CN) como el derecho de igualdad y el del debido proceso que resulta de la competencia sin preferencias que impone el art. 48 inc. 4, 2da. oración (arts. 16, 17 y 14 CN).

El proyecto originario del art. 48 bis que aparecía en el “memorandum” allegado a los asesores y consultos propuesto por la Federación de Cooperativas de Trabajo, contenían una insólita cláusula, totalmente ignorante de los principios básicos del derecho concursal, la que establecía textualmente. “El juez podrá eximir a la cooperativa de presentar las conformidades correspondientes a los acreedores quirografarios cuando el monto total de las indemnizaciones a ser abonadas a todo el personal en el supuesto de disolución del contrato de trabajo previsto en el art. 196 con más los gastos de conservación y justicia y créditos con privilegio especial fueren superior al valor patrimonial de la empresa fijado conforme al inc. 1 del articulo anterior”.

Este verdadero exabrupto fue suprimido en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, pero la mera eliminación no cambia los efectos y perdura la misma interpretación que impone el párrafo suprimido: la cooperativa de trabajo no requiere las conformidades de los acreedores, la que operan ope legis por vía de la imposible, (como dice Vitolo) compensación legal.

El art. 48 bis no admite ninguna interpretación racional. No hay modificación que logre volverlo constitucional cuando se persiste en atribuir a la cooperativa ope legis –como en la quiebra- el éxito en el cramdown .

La historia de lo que estaba en origen y de lo que quedó, implica que no sólo en el procedimiento de cramdown cuando el valor de la empresa es inexistente [hipótesis del art. 48 inc. 7. a)], sino también cuando tuviere valuación positiva [hipótesis del art. 48, inc. 7. b)] la cooperativa de trabajo “hará valer sus créditos” y se quedará por vía de la “imposible” compensación, ope legis, con la empresa concursada, “sin más trámite”.

En el paroxismo de la incongruencia el segundo párrafo del art. 48 bis in fine expresa: “La cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas”

Desde cuando es menester aclarar que el cramdista que –conforme al art. 48- debe adquirir el capital social de la sociedad deudora, esta obligado por las conformidades presentadas y de lo que surgirá –a contrario sensu- que no asumirá las conformidades no presentadas?[12]

Y si, como dice el art. 48 bis, 2do. párrafo, los trabajadores capitalizarán sus créditos convirtiéndolos en “capital social” de la cooperativa a consecuencia de homologación, a que créditos se refiere? a los que “hizo valer” para lograr el acuerdo?

En la nueva ley una deuda ajena sirve tanto para la compensación imposible, como para la capitalización de la cooperativa contra la que no existe el crédito.

IX.- Contradicciones insuperables

El desconcertante (y desconcertado) legislador reformista traspola sin más la ya muy cuestionable fórmula que ha establecido para la adquisición por compensación del precio con el crédito laboral en la quiebra para evitar su efecto de extinción de la actividad y el empleo (arts. 203 bis y 205 1er. párrafo) y lo aplica en el concurso preventivo, dirigido precisamente al efecto contrario al de la quiebra: la continuidad de la actividad y el empleo.

Pasa aladamente sobre un principio axial que sólo permite solución similar en naturalezas homogéneas; no distingue entre quiebra y prevención y trata como iguales a dos actos jurídicos diversos: la venta de la empresa en quiebra y el salvataje para evitarla.

X.- La lógica es porfiada !!!

Lógica es junto, indivisamente, ciencia y arte de conocer y pensar o teoría y practica de ambos.

Fuera absurdo poner a un lado la lógica pura o como teoría abstracta que carecería de valor en cuanto no tuviera aplicación práctica.

En la realidad y en la vida no existe nunca posibilidad de semejante aplicación porque sería tanto como separar la lógica de la inteligencia que vive y se desarrolla confirmando la realidad de la existencia.

La lógica es la consecuencia natural y legitima del suceso cuyos antecedentes o presupuestos justifican lo sucedido.

En el derecho concursal el acuerdo con los acreedores por mayoría es el antecedente o presupuesto insoslayable de su imposición por voluntad legal erga omnes (acreedores, accionistas, socios y terceros)

Sólo tal acuerdo abastece como antecedente necesario validante de lógica jurídica la consecuencia focalizada en el traspaso de la empresa insolvente a un nuevo empresario. Así lo regula el art. 48 Ley 24.522/1995 y su reforma según ley 25.589/2002.

Su estructuración es sumamente delicada y precisa. Constituye sin lugar a dudas el avance mas importante que el derecho concursal ha logrado tras el objetivo perseguido en toda la doctrina y legislación en los ordenamientos del nuevo siglo: esto es la transferencia de la empresa insolvente a un nuevo empresario, permitiendo de esta manera la continuidad de la actividad que es la única forma que asegura la subsistencia del empleo. Es decir, el mejor derecho del trabajador.

La reforma prescinde de la voluntad de los acreedores y del propio dueño de la empresa y priva a ambos de su derecho de propiedad sin razón lógica ni fundamento jurídico de su propiedad; del derecho de propiedad: de su empresa a la sociedad concursada y del derecho de crédito a los acreedores.

De un lado la cooperativa “hace valer” frente a los acreedores un crédito laboral contra un deudor común (la sociedad concursada) pero sin condición de reciprocidad en la relación con los acreedores, por lo que la compensación no es posible (Cod. Civ.: art. 812).

De otro lado provoca una subrogación del deudor sin su consentimiento del acreedor, figura prohibida por el ordenamiento común.

La nueva norma repugna a la lógica y así consagra, como no puede ser de otro modo, un procedimiento inaplicable plasmado en una regla inconstitucional –como lo reconoce la propia Presidenta de la Legislación General del Honorable Senado de la Nación en el mismo acto de su sanción, para –acto seguido- sancionar una Ley Correctiva.

El art. 48 incorporado por la Ley 24.522/1995 y reformado por Ley 25.589/2002 sin alterar su télesis habilitando para intervenir en el procedimiento también a la sociedad deudora pero en su redaccion actual superó el test de constitucionalidad con que se lo atacó en ocasión de su sanción, al consagrar un procedimiento de valuación de la empresa que, desde luego sobre la base del acuerdo o por vía de conformidad de los acreedores por mayoría, establece una segunda valuación toda vez que la primera fuere de valor positivo, para determinar el valor residual que el adquirente debe pagar a los accionistas expropiados, consistente en el valor real reducido en la misma proporción de la reducción del pasivo, resultante del acuerdo conformado por los acreedores, a valor presente.

También este pago al empresario cramdaneado (titular de las cuotas o acciones expropiadas) desaparece en el art. 48 bis, pues se elimina el procedimiento que el art. 48 establece en garantía de ese destino.

En la mayoría de los casos en los que se aplica el cramdown del art. 48, el valor de la empresa es inexistente.

En el esquema del art. 48 (cuyo principio debería respetar el 48 bis) con particular cuidado, el legislador de 1995 introdujo en el art. 4una delicada e ingeniosa fórmula que, como ningún otro sistema en el derecho comparado, concreta el objetivo de la continuidad de la empresa viable en manos de un nuevo empresario con desplazamiento de aquel, que ineficaz o infortunado, no puedo evitar la insolvencia y que en el trámite preventivo al que acudió invocando el recurso otorgado por la ley no logró el acuerdo de los acreedores o. aún habiendo logrado, no obtuvo su homologación.

La segunda ronda o cramdown constituye una última chance, (necesariamente ulterior al fracaso de la sociedad deudora en el llamado período de exclusividad) en cuya exitosa culminación podrá la propia sociedad deudora en competencia con otros interesados en la adquisición de su capital social, continuar la actividad de la empresa (y con ello mantener la fuente de trabajo y empleo) a condición de que logre el insoslayable acuerdo de los acreedores por mayoría; evitando lo que antes de la incorporación del art. 48, tenía el inexorable destino de la quiebra.

Si quien lograre el acuerdo fuere un tercero, su homologación operará la transferencia del capital social de la sociedad deudora al cramdista exitoso, desplazando al anterior empresario -socios o accionistas-, a quienes deberá pagar el precio de sus cuotas o acciones, resultante de una segunda valuación que tendrá por base el valor real reducido en el mismo porcentaje de la reducción operada en el pasivo en virtud del acuerdo con los acreedores logrado por el cramdista vencedor.

Esta solución legal es lógica condición de constitucionalidad de la transferencia forzosa de la sociedad insolvente regulada en el art. 48 de la LCQ no reformado, ergo vigente.

Esta condición de constitucionalidad no existe en el marco del art. 48 bis, porque si se aplica la “compensación” contra el pasivo. La cooperativa no negocia ningún acuerdo con los acreedores sino que “hace valer” una compensación (imposible) con los créditos inexistentes de quienes no integran la cooperativa, contra la sociedad concursada de lo que se sigue que se reflejará en la reducción porcentual que experimenta el pasivo en razón del acuerdo obtenido generando una neutralización ope legis del pasivo, que por definición excluye la existencia de valor positivo.

Desde el prisma de la sociedad y de los acreedores, el art. 48 bis constituye lisa y llanamente un despojo.

En la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de la Nación del 26 de abril de 2011, sostuve la inconveniencia de la introducción del art. 48 bis, sus deficiencias y los efectos negativos de su proyección al ámbito económico, recomendando una posible solución legislativa ordenada al mejor tratamiento del derecho del trabajador en el cramdown en la forma expuesta en el derecho concursal francés y mantenido en la moderna Ley de Sauvegarde, de 26 de julio de 2003 que, volcada al Code de Commerce art. L. 621 establece, en caso de venta o licitación en la quiebra que: “… el tribunal acepta la oferta dirigida a la adquisición de la empresa o establecimiento del fallido, que asegure en la mayor medida la continuidad de la actividad y el empleo con las garantías suficientes”.

El párrafo segundo del art. 48 bis determina que una vez homologado el acuerdo propuesto por la cooperativa se producirá la disolución el contrato de trabajo de los asociados y los créditos laborales quedan convertidos en cuotas del capital social de la cooperativa.

Es patente que siendo así los créditos laborales no pudieron compensar porque la compensación es un modo de extinción de las obligaciones. Extinguidos los créditos por compensación nada queda por capitalizar.

La cooperativa conforme lo dispone el art. 48 bis asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades prestadas, (y obviamente, aunque el texto tenga una aparente limitación focalizada exclusivamente en las “conformidades presentadas” el mismo tratamiento corresponde a los acreedores que no prestaron conformidad) ello así como consecuencia de la homologación del acuerdo.

La asunción por la cooperativa del pasivo resultante del acuerdo homologado es otra incongruencia porque en el procedimiento del cramdown el cramdista vencedor queda constituido en titular del capital social de la sociedad concursada que continúa sin otra consecuencia que el cambio de titularidad del capital social (excepto cuando el cramdista exitoso fuere la propia sociedad concursada). Ergo: es la misma sociedad concursada la obligada al cumplimiento del acuerdo.

Según el art. 48 bis el acreedor concursal tendría entonces dos obligados, la sociedad concursada y la cooperativa misma en su carácter de titular de las cuotas o acciones de la sociedad cramdaneada.

El último párrafo del art. 48 exceptúa a la cooperativa de trabajo del depósito del 25% del valor de la oferta homologada, consagrando así una nueva desigualdad en perjuicio de los socios o accionistas expropiados.

La Ley Correctiva, con media sanción, en orden a corregir la inconstitucionalidad de la normativa elimina este párrafo y determina que para el pago del valor residual en hipótesis de valuación positiva es el juez quien debe resolver el conflicto a falta de acuerdo y en hipótesis de que determinase un plazo deberán otorgarse las garantías sobre los bienes pertenecientes al activo que se trasmite.

Aquí la Ley Correctiva sigue navegando las aguas de la incongruencia: porque: (i) en el procedimiento del cramdown no se trasmiten los activos como acontece en la adquisición de la empresa en quiebra sino que se transfieren las cuotas o acciones representativas del capital social; (ii) gravar los bienes de la sociedad cramdaneada para pagar a los accionistas significa lisa y llanamente consagrar un responsable del cumplimiento distinto a la sociedad concursada, pero con sus bienes en garantía lo que importa aplicar el leverage buy out, duramente rechazado en nuestra ley y nuestro tribunales, por significar un modo de adquisición con pago del propio bien materia de la transferencia.

La Ley Correctiva eliminaría la dispensa del pago del 25% del valor de empresa que establece el art. 48 bis vigente. En su lugar incorpora otra excepción a la innumerable cuenta de facilitaciones para la actuación de la cooperativa de trabajo, determinando que la autoridad de aplicación tendrá facultades para ampliar el plazo que el art. 9 de la ley 20.337, establece para el deposito del 5% del capital suscripto.

Por ultimo el desconcertado legislador corrector de sus propios yerros determina en la Ley Correctiva que “completado el trámite de constitución de la cooperativa (se deduce que a dicho trámite se refiere porque la norma está incluida a continuación del precepto que consagra como primera prioridad a cargo de la autoridad de aplicación la conclusión del trámite de inscripción dentro de los 10 días hábiles), el juez deberá ordenar la cancelación de la inscripción de la sociedad concursada” (sic). La proyectada corrección vulnera el principio del art. 48 de cuyo contenido se sigue la subsistencia y perdurabilidad de la sociedad concursada (ya en manos de un tercero, ya en la de su originario dueño, si este lograre primero en el tiempo el acuerdo y su homologación.

XI.- La intervención de la cooperativa constitucional en la quiebra e inconstitucional en la prevención.

Es colorario de la distinta naturaleza del proceso liquidativo y el preventivo, la dificultad en la aplicación de un mismo instituto a los dos distintos procesos. Esta premisa general tiene aplicación concreta cuando se trata de la intervención de la cooperativa de trabajo en uno y en otro.

En el procedimiento de quiebra dicha intervención, si bien asistemática no puede ser descalificada a priori. La quiebra lleva a la liquidación que implica la extinción de la actividad del sujeto quebrado, y en el caso de las sociedades la extinción de la misma sociedad, y su efecto es la extinción de la fuente de trabajo. En este marco jurídico, la proyección social de la quiebra constituye la peor de las soluciones, por lo que los procedimientos o institutos destinados a evitarla aparecen siempre fundamentados y justificados en un sólido contenido axiológico, frente al cual se evanescen las reglas y los principios de la liquidación.

En cambio, cuando se trata del procedimiento preventivo, cuyo objetivo es el saneamiento y la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo, en cuyo marco jurídico la relación laboral se mantiene preservada y más aún protegida, la intervención del tercero admitida por la ley como fórmula de ultima instancia para lograr el objetivo de continuidad de la empresa, debe respetar inexorablemente las reglas igualitarias que el proceso preventivo establece en garantía de los derechos de las partes involucradas: la sociedad deudora, sus socios o accionistas, los acreedores (cualquiera fuere la causa de su crédito) y, a partir del art. 48 introducido por la Ley 24.522, también los terceros. En este marco la intervención que la reforma atribuye, adunada de todo tipo de preferencias y de excepciones a la cooperativa de trabajo, es violatorio del derecho de propiedad, igualdad y debido proceso de las otras partes intervinientes en el cramdown (salvataje o acuerdo por tercero).

En la sesión del Senado de la Nación del 1 de junio de 2011 la Presidenta de la Comisión de Legislación General Senadora Teresita Negre de Alonso, cuya participación en la gestión y redacción final de la ley debe considerarse relevante, votó en contra del art. 48 bis, explicando sus deficiencias.

Sin solución de continuidad a la aprobación que dio sanción a la Ley 26.684 propuso la votación de su proyecto de Ley Correctiva (expediente S-1.228/11), que introduce modificaciones importantes en algunos de los artículos recién sancionados,[13] siendo entre ellos el de mayor importancia la reformulación de los arts. 48 inc. 1 y 48 bis, cuyo texto no logra superar las deficiencias que lo hacen inconstitucional.

El proyecto de Ley Correctiva fue aprobado por unanimidad de los 50 senadores presentes, razón por la cual el art. 48 bis sancionado por Ley 26.684 nació en terapia intensiva.

XII.- La opinión de la doctrinaria [14]

La Ley 26.684 fue precedida por una riquísima producción jurisprudencial y doctrinaria autoral.[15] Se debe tener en cuenta que sus contenidos ya estaban, en esencia, incluidos en el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo de 2004 que tuvo media sanción. Posteriormente, a partir de la ley 25.589/2002 que incorporo al art. 190 LCQ la norma que obliga al juez a considerar la intervención de la cooperativa de trabajo en el estadio de continuación de explotación en la quiebra, abundaron fallos judiciales y nuevas opiniones doctrinarias y ahora, en ocasión de la consideración del Proyecto de Reformas, convertido en Ley dicha doctrina apareció enriquecida en virtud de las convocatorias de las Comisiones de Legislación de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, que propiciaron reuniones con participación de juristas que evaluaron las normativas proyectadas.

Es prácticamente unánime la crítica adversa al art. 48 bis y en general al sistema en cuanto incorpora la intervención privilegiada de la cooperativa de trabajo en el cramdown, concebido como el último estadio del concurso preventivo.

Hemos comentado supra las severas críticas formuladas por Hector Alegría ante la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación en la reunión del 10 de mayo 2011 y los plausibles esfuerzos de la Dra. Julia Villanueva en la misma oportunidad, en orden a procurar una interpretación superadora de las dificultades interpretativas que genera el texto.

Particular importancia debe ponerse en la crítica adversa de Francisco Junyent Bas, a quien cabe reconocer la mayor enjundia y el mérito en el auspicio de la intervención de la cooperativa de trabajo, en la forma establecida en la nueva ley, plasmada en el dictamen de asesoramiento a la Diputada Vilma Ibarra:

“Comentario art. 48 bis: “Una norma inexplicable.”

El art. 48 bis traerá una durísima crítica por parte de la doctrina.
En efecto, en el salvataje la mayoría de las veces el valor de la empresa es negativo y por ende a las cooperativas de trabajo le bastará acordar con los acreedores para obtener el derecho a la transferencia accionaria.
Por el contrario, en caso de evaluación positiva pretender pagar con créditos de acreedores laborales que muchas veces no serán empleados de la empresa va a crear un enfrentamiento “acreedores laborales vs. Trabajadores en relación de dependencia” que ya se ha visto en otros casos.
En consecuencia, lo que hay que reglar en estos casos es que el Banco de la Nación otorgue a la cooperativa “un crédito blando” para poder pagar el precio de las acciones.
Va de suyo que eximir de presentar las conformidades de los acreedores quirografarios cuando los créditos laborales sean superiores al valor patrimonial de la empresa es confundir las cosas.
El pasivo quirografario debe acordarse: tal la finalidad del concurso preventivo y los créditos privilegiados de los trabajadores no tienen porque inmiscuirse en este aspecto.
En todo caso, los trabajadores con sus créditos privilegiados, lo que deben poder obtener es un crédito bancario que les habilite el depósito del valor de la oferta y del capital suscripto en los términos de la ley 20.337.
En una palabra, el nuevo art. 48 bis que no se encuentra en el proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación es una norma sumamente compleja que personalmente eliminaría del proyecto.
Cabe insistir que se trata de lograr que este tenga sanción y no articular normativas que no serán votadas por las mayorías necesarias en atención a la confusión conceptual que denotan.”

Con igual sentido y todavía en términos más amplios critica la incorporación del art. 48 bis en su “Análisis crítico a la reforma de la ley concursal en materia de relaciones laborales, cooperativas de trabajo”, Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, La Ley, año II, Número 1, Febrero 2011, pág. 295.

Daniel Vitolo, expone análoga posición en su dictamen dirigido al titular del bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical Dr. Ricardo Gil Lavedra

“Comentario al art. 48 bis: Más allá del impulso positivo que se le pretende otorgar a las Cooperativas de Trabajo en las crisis empresarias, esta norma proyectada tiene serios inconvenientes: a) Establece una compensación de créditos que no es posible: En efecto; el pago que el registrado para el salvataje efectúa se dirige a los socios o accionistas de la sociedad concursada; mientras que los créditos de los que son titulares son respecto de la sociedad concursada, que es un sujeto de derecho distinto de los accionistas. b) El trato preferencial que se le otorga a la Cooperativa en relación con los demás registrados en relación con los créditos de organismos públicos y de la Administración Federal de Ingresos Públicos es susceptible de cuestionamiento constitucional —al discriminar respecto de los oferentes en su trato—, y además en el segundo caso estaríamos frente a un mecanismo violatorio del régimen de la ley 11.683.

Finalmente, debe recordarse que el único modo en el cual la Cooperativa puede, luego de adjudicarse una empresa en crisis, salir adelante, es con sistemas de posfinanciación, y con inyección de capital de trabajo. Parecería que si se desea incentivar estas salidas, la solución no está por medio de una norma como la proyectada, sino con asistencia crediticia o subvenciones posteriores a la adjudicación, en la medida en que no afecte el régimen de competencia.”

Nuestra opinión, fue también expuesta en la Cámara de Diputados en la reunión de Comisión de Legislación del 30 de septiembre de 2010 y en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de la Nación del 26/4/2011 en la que expusimos conjuntamente con los Dres. Truffat y Heredia, quienes abordaron otros aspectos de la ley.

XIII.- A modo de colofón

Como Aladino el legislador frota la lámpara de su imaginación creadora y convierte los créditos inexistentes en actuales, y a la sociedad concursada en cooperativa. Extingue unas y crea otras. Pasa aladamente por sobre el ordenamiento jurídico, vulnera el derecho de propiedad, los derechos adquiridos y el debido proceso, y con un tratamiento absolutamente diferenciado respecto de los acreedores y terceros consagra al nuevo competidor, la cooperativa de trabajo, en salvador de la empresa, en ganador con resultado puesto en una supuesta competencia en la que corre por una pista de la que ha quitado, arbitrariamente, todas la vallas legales, que se mantienen, en cambio, inmutables en las pistas de los otros competidores (restantes terceros y la misma sociedad concursada) .

Quizá agudizado en su inventiva por el potenciado acicate del período preelectoral (ninguna ley de quiebra tuvo en ocasión de su debate tanto fervor entusiasta), frota la lámpara del art. 48 destinado al salvataje de la empresa y de su magia nace el milagro de la felicidad del trabajador, al que con sólo “hacer valer su crédito” (según lo establece el 48 bis) convierte en empresario, embretado en el viejo traje de la sociedad cooperativa de la Ley 20.337, absolutamente insuficiente para la gestión de una empresa (pero esa es harina de otro costal, que también reclama solución)[16].

El sistema preventivo de la ley concursal entra así en crisis: la sociedad deudora queda expuesta en la tensión permanente del conflicto con el sector laboral a la presentación en concurso y en su trámite, el fracaso de la primera ronda significaría la caída en el cramdown en el que la cooperativa de trabajo, adunada de hiperprivilegios y cubierta de excepciones a las garantías del procedimiento se adjudicará inexorablemente la titularidad de la sociedad concursada en un trámite en el que, contra lo establecido en el art. 48 (del que se dice “bis” pero es “versus”) operará la aceitada fórmula de la extraña metamorfosis de transferencia sus activos con un fresh start sin costo a favor de la cooperativa de trabajadores creada ad hoc que culminará con la extinción de la sociedad concursada, este es el resultado del art. 48 bis, absolutamente contrario al objetivo pretendido por el art. 48.

Los trabajadores cooperativizados se convertirán en empresarios de una sociedad laboral sin capital de trabajo que será a su vez empleadora de trabajadores dependientes, los que tendrán, cuando la cooperativa, se presente en concurso preventivo para superar sus dificultades económicas, la misma aptitud legal para, –repitiendo la historia-, transformarse en empresarios, con desplazamiento de los trabajadores devenidos a empresarios.

Ahora será la cooperativa inmortal.

Todo cambio legal y particularmente aquel que suponga, como en el caso de la Ley de Reforma 26.684 y su Ley Correctiva, un nuevo modelo concursal estará sometido a la experiencia en su aplicación.

Pensamos que si el propio desconcertante legislador reconoce la incertidumbre constitucional del art. 48 bis de la ley 26.684 el Poder Ejecutivo pudo vetarlo.

Sin embargo en la redacción actual el juez deberá abocarse al difícil empeño de una operatoria que cubra las garantías constitucionales de las partes involucradas y si ello no fuere posible –como lo pensamos en esta evaluación-, a declarar su inconstitucionalidad.

La misma preocupación acontecerá si logra sanción la Ley Correctiva porque la nueva redacción del art. 48 bis en su edición corregida no supera al respecto las deficiencias del texto que se pretende corregir.

A la doctrina y a la jurisprudencia corresponde marcar las pautas que deberán poner juridicidad a través de una interpretación en orden a la télesis perseguida, que es en todo caso la mejor solución para la crisis del sujeto económico, porque en ello va involucrado el bien de los trabajadores que es el de la comunidad toda.

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información; por consiguiente nadie tiene la facultad de ejercitar los derechos precitados sin permiso del autor y del editor, por escrito, con referencia a una obra que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas, excepto el uso con fines didácticos de comentarios, criticas o notas, de hasta mil palabras de la otra ajena, y en todos los casos sólo las partes del texto indispensable a ese efecto.

Los infractores serán reprimidos con las penas del articulo 172 y concordantes del Código Penal (arts. 2º, 9º, 10, 71, 72, ley 11.723)

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[1] Del autor y sobre el tema: “El trabajador y el acceso al capital. Una deuda social y jurídica (entre ideología y dogma)”, El Derecho, 15/04/2005; “La cooperativa de trabajo: sigue sin legislación útil cuando mas se precisa”, Primer Congreso Nacional sobre el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales, Mar del Plata, 14 y 15 de abril de 2005, en “Nuevas perspectivas en el Derecho Societario y el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales”, ed. Ad Hoc, p. 533; “No lo toques que se rompe!”, El Derecho, 29 de diciembre de 2004, p. 1; “El concurso preventivo y la quiebra”, ed. Ad Hoc, 2009, t. III, ps. 830 a 951.
[2] El titulo si bien perfila adecuadamente el objetivo principal: participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la fuente laboral” es en cambio erróneo cuando alude como sinónimo al proceso concursal del de quiebra. Pero el error del titulo se explica porque la nueva ley potencia en la misma medida la participación de los trabajadores en la quiebra que en el concurso preventivo y esto constituye su error a mi juicio insuperable. El “proceso concursal“ no es sinónimo de quiebra como reza el titulo que expone el mensaje de elevación de la Cámara de Diputados al Senado. El “proceso concursal” es el género abarcativo de dos procedimientos, totalmente distintos y antagónicos en sus objetivos: uno es “la quiebra”, dirigido a la liquidación de la empresa y cuando se trata de una sociedad, a su extinción; el otro es el “concurso preventivo” cuyo objetivo es precisamente evitar la quiebra con la continuación del sujeto concursado. La nueva ley, al incorporar a la cooperativa de trabajo con función protagónica tanto en la quiebra como en el concurso preventivo, elimina el objetivo liquidativo de la quiebra y lo sustituye por la continuación de la empresa con cambio de titularidad a manos de los trabajadores cooperativizados y curiosamente también produce –merced al nuevo art. 48 bis- contra la télesis clásica la extinción de la sociedad deudora en el concurso preventivo, como si se tratara de la quiebra. De los dos nuevos ambos procedimientos emerge un nuevo titular de los activos de la empresa en crisis, fallida o sólo en estado preventivo concursal: la cooperativa de los trabajadores es el nuevo empresario que emerge tanto de la quiebra como del concurso preventivo.
[3] Dasso, Ariel Angel “Derecho Concursal Comparado”, ed Legis, 2010, t. I, ps. 133, 172, 625, 657; t. II ps. 956, 1052: el salvataje por tercero ha sido introducido en el derecho concursal comparado con distintas variantes siguiendo el modelo de la Bankruptcy estadounidense Sección 1121.a) que habita al deudor a presentar la propuesta de acuerdo con exclusividad dentro del plazo de 120 días de la resolución de apertura quedando habilitado a partir de ese momento a hacerlo, el síndico, el comité de acreedores o tenedores de participaciones societarias, acreedores fideicomisarios y el propio deudor cuando habiendo presentado el plan no hubiere obtenido las conformidades dentro de los 180 días de la apertura. En hipótesis de que más de un sujeto habilitado para hacerlo hubieren cumplimentado la obtención de las mayorías el juez debe homologar la propuesta que hubiere recibido mayor cantidad de adhesiones.
El sistema, conceptuado como salvataje por tercero constituye el modelo del art 48 Ley 24.522/1195, reformado por ley 25.589/ 2002. Aparece receptado con distintas modalidades en la reforma italiana de 2005, en la Insolvenzordnung alemana de 1995: art. 245 y en la Loi de Souvegarde del 1 de enero de 2006 de Francia, incorporada al Code de Commerce art. L. 631-22.
[4] El derecho de la crisis debe agradecer a la Senadora Liliana Teresita Negre de Alonso un esfuerzo permanente y lúcido en orden a dotar al ordenamiento societario de su mejor regulación. Su actividad permanente, el despliegue de esfuerzos y medios en orden a la promoción de ideas, a través de consultas continuas y organización de reuniones dirigidas a formar y concretar ideas y plasmarlas en las reformas ha merecido el reconocimiento de sus pares y los medios académicos. Expuso su disidencia con el art. 48 bis, cuya eliminación directa del proyecto con media sanción elevado por Diputados hubiera provocado el reenvío a la Cámara Baja y la frustración de la sanción de la ley por la cual tanta presión ejercitaron los distintos sectores laborales, presentes en todas las deliberaciones parlamentarias. La presentación de un proyecto correctivo aprobado en la misma sesión permite la vigencia inmediata de la ley esperada.
[5]1) Proyecto del Poder Ejecutivo elevado al Honorable Congreso de la Nación con mensaje nro. 378, del día 17/3/2010; 2) Proyecto de los diputados Donda, Pérez, Merchant y Peralta (Nro. 3233-D.-2009); 3) Proyecto de los diputados Donda, Perez, Gorbacz, Bisutti, Mataluse y Merchant (Nro. 5558-D.- 2009); 4) Proyecto del Bloque Radical con la primera firma del Senador Gerardo Morales (Expte. S-3085/07).
[6] Dasso, Ariel A. “La cooperativa cramdista de la empresa con acciones sin valor residual” (caso “Frannino Industrias Metalúrgicas S.A.”), La Ley, 1999-B, p.362 a 384.

[7] Proietti, Diego “Sobre la reciente modificación a la ley de concursos y quiebras”, La Ley, Suplemento Actualidad, 09/06/2011, Tomo 2011-C.

[8] Dasso, Ariel A. “La cooperativa de trabajo no puede legalmente compensar en el cramdown el precio de la empresa con el crédito laboral”, Ponencia presentada en las XII Jornadas de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina, publicada en “Acciones de recomposición patrimonial y conflictos laborales en la quiebra”, ed. Ad Hoc, 2005, p. 327.
[9] Caso “Sociedad Comercial del Plata” Sala A, 10/05/2011.
[10] Martinez Folquer, Eduardo: “La intervención de la cooperativa en el cramdown o la profecía que se realiza”, http://www.eldial.com, 24/06/2011.
[11] Porque en ella gestiona el acuerdo sin interferencia (o competencia) de terceros.
[12] La Ley Correctiva suprime la expresión “conformidad” “presentadas” y lo sustituyó por “acuerdo homologado” con lo que la homologación del cramdown recupera el que no tiene en el texto aprobado
[13] Arts. 21, 48 inc. 1, 48 bis, 189, 196, 203 bis, 205, 211 y 243.
[14] Vaiser, Lidia “Los proyectos de reforma a la ley concursal y el nuevo mito de la empresa inmortal”, La Ley, 9 de mayo de 2011: en su crítica severa a la ley expone “…sucede que los parlamentarios convocan a los expertos pero después hacen lo que les parecen”
[15] Dasso, Ariel A “Reformas concursales”, Ad hoc, 2004, p. 901 a 941 donde el lector encontrará con índice temático y autoral 200 artículos publicados sobre distintos aspectos de la adquisición de la empresa por los trabajadores.
[16] Dasso, Ariel Angel “La cooperativa de trabajo: sigue sin legislación útil cuando mas se precisa”, Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional sobre el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales, Mar del Plata, 14 y 15 de abril de 2005, publicada en “Nuevas perspectivas en el Derecho Societario y el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales” ed. Ad Hoc, p. 533.

I. Introducción [arriba] –

La Ley Nº 26.684, denominada “Proyecto de ley modificando la Ley Nº 24.522- Concursos y Quiebras, respecto de la participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la fuente laboral en caso de proceso concursal o quiebra” tuvo su origen en un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, aunque existían otros proyectos anteriores.

En realidad, este proyecto fue impulsado por primera vez por el Diputado Hector T. Polino, quien en plena crisis económica de nuestro país en el año 2001, presento el proyecto 6.971.D-01, el que fue reproducido el 3-03-2003, y fue aprobado en la cámara de origen el 16-12-2004.

El mismo no logro sanción en la Cámara de Senadores, no obstante este movimiento crecía en la Republica Argentina, y se organizaban sus trabajadores a la luz de las empresas que cerraban, contando con un importante respaldo de los jueces concursales, quienes realizando una verdadera ingeniería jurídica, iban sorteando los inconvenientes que presentaba la Ley Nº 24.522 y supliendo las lagunas que el texto legal tenia, frente a la nueva situación económica: cierre de fabricas, desempleo, recesión etc.

Fueron ilustrativas las palabras del Dr. Luis Alberto Caro, representante de los trabajadores de fábricas recuperadas, en oportunidad de su presencia en la comisión de Legislación General del Senado de la Nación. En este momento[1], en Argentina hay alrededor de 250 fábricas o empresas recuperadas, organizadas por los mismos obreros que nuclean a 20mil trabajadores. Es un caso que se inició en Argentina y es inédito en el mundo; en el extranjero había solamente organizaciones mixtas o bien co – gestiones; se hacía con empresarios o con el Estado. Pero no se dio en forma autónoma como se da este caso en Argentina con solamente obreros organizando la empresa que quebró o fue abandonada por los mismos dueños.”

En el Senado de la Nación también había proyectos presentados al efecto, tales como:

– 2029/10 – Proyecto de Ley modificando el inc. 1) del art. 48 de la Ley Nº 24522 -Concursos y Quiebras-, acerca de preservar la fuente de trabajo – Senado de la Nación. Basualdo, Roberto Gustavo. 24 de junio de 2010.

– 2269/10 – Proyecto de Ley Modificando la Ley Nº 24.522 – Concursos Y Quiebras-, respecto de los Contratos de Trabajo en la venta de empresas en quiebra. Senado de la Nación. Negre de Alonso, Liliana – Rodriguez Saá, Adolfo. 13 de julio de 2010.

– 3010/10 – Proyecto de Ley incorporando el inc. 13 al art. 14 de la Ley Nº 24522 – Concursos y Quiebras -, respecto de la creación de un comité de acreedores. Senado de la Nación. Negre De Alonso, Liliana. 8 de septiembre de 2010.

– 3257/10 – Proyecto de Ley modificando la Ley Nº 24522 – Concursos y Quiebras-, acerca de la negociación del convenio de crisis, de las condiciones de la relación laboral durante la misma y del cargo de las costas. Senado de la Nación. Negre De Alonso, Liliana – Rodríguez Saá, Adolfo.2 de septiembre de 2010.

– 4295/10 – Proyecto de Ley modificando el art. 16 de la Ley Nº 24522 – Concursos Y Quiebras-, respecto de la efectivización y límite temporal de los créditos laborales pronto pagables. Senado de la Nación. Negre de Alonso, Liliana. 3 de diciembre de 2010.

– 4391/10 – Proyecto de ley modificando el art. 19 de la Ley Nº 24522 – Concursos y Quiebras –, referente a la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o titulo anterior al concurso, salvo los de origen laboral. Senado de la Nación. Negre de Alonso, Liliana. 29 de diciembre de 2010.

– 452/11 – Proyecto de Ley modificando el art. 19 de la Ley Nº 24522 – Concursos y Quiebras -, respecto de la suspensión de los intereses sobre los créditos que integran la masa concursal. Senado de la Nación. Jenefes, Guillermo Raúl. 28 de marzo de 2011.

– 846/11- Proyecto de Ley modificando la Ley Nº 24522 – Concursos Y Quiebras –,acerca de la intervención de la cooperativa de trabajo que constituyan los trabajadores en el proceso concursal. Senado de la Nación. Negre de Alonso, Liliana – Rodriguez Saá, Adolfo. 25 de abril de 2011.

– 939/11 – Proyecto de Ley modificando el art. 19 de la Ley Nº 24522 – Concursos y Quiebras – en relación a la no suspensión de los intereses en los créditos de origen laboral. Senado de la Nación. Di Perna, Graciela Agustina. 4 de mayo de 2011-

En la Cámara de Diputados existía el proyecto 37/11- Modificando la Ley Nº 24.522 – Concursos y Quiebras-, respecto de la participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la fuente laboral en caso de proceso concursal o quiebra, cuyos autores eran los Diputados: Donda Pérez, Gorbacz, Bisutti, Macaluse, Merchan. Presentado el 14 de abril de 2011.

II. Objetico de la reforma [arriba] –

En el Mensaje que eleva el Poder Ejecutivo,[2] establece que el objetivo del proyecto es “favorecer la continuidad de la explotación de las empresas que se encuentren en situaciones de crisis, por parte de los trabajadores de las mismas, que se organicen en cooperativas para permitir de esa manera, la conservación de la fuentes de producción y trabajo; priorizar la subsistencia de las empresas, para asegurar la continuidad de su producción y la generación de empleos, dando la posibilidad a las cooperativas de trabajo de existir conformadas por los mismos obreros que fueron dependientes de la empresas y/o fábricas quebradas. Ello en el entendimiento de que con el mantenimiento de la explotación, se conservan activos de la empresa muy importantes como ser, la marca, el fondo de comercio y la fuerza laboral. Se estima que mediante la normativa propuesta frente a la pérdida de su fuente de empleo, muchos de los trabajadores podrán decidir permanecer en sus puestos laborales.”

III- Reformas introducidas al concurso preventivo [arriba] –

En lo atinente al Título II de la Ley Nº 24.522, la reforma avanza en dos sentidos: derogando algunas normas incorporadas en el año 1995, y agregando distintos requisitos a algunos artículos.

A- Modificaciones en relación a los trabajadores dependientes de la empresa

a) Derogación de las normas sobre suspensión de convenios colectivos.

Históricamente, las leyes de concursos nunca habían impactado sobre los contratos laborales, sino que siempre ellos eran ajenos al proceso.

Al presentarse el proyecto de modificación de la Ley Nº 19.551 – que luego fue Ley Nº 24.522 -, se había incorporado un artículo que establecía “La apertura del concurso preventivo autorizara a la renegociación de las condiciones de trabajo, suspendiendo la aplicación de las normas de orden público laboral en los aspectos económicos del contrato de trabajo excepto las tuitivas del trabajo de mujeres y menores.” El Mensaje de elevación expresaba que, ”quizás el elemento trascendente en materia de reforma en este aspecto es la posibilidad – propiciada por el proyecto- de autorizar a renegociar las condiciones del contrato de trabajo y el orden público laboral en lo que hace a los aspectos de la relación económica laboral.”[3]

La propuesta original del Poder Ejecutivo Nacional fue duramente criticada por el sector gremial y también por parte de la doctrina laboral, lo que llevó a la suscripción de lo que se llamó el “Acuerdo Marco para el Empleo, La Productividad y la Equidad Social”[4], en el que participaron, la Confederación General del Trabajo, La Unión Industrial Argentina, La Cámara Argentina de Comercio, La Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Bancos de la República Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción, donde se acuerda la modificación del texto y se propone: 1) Dejar únicamente en suspenso, por el término de hasta tres años, la aplicación del convenio colectivo vigente en la empresa con anterioridad a la apertura del concurso preventivo. 2) Obligar a la empresa a negociar con la asociación sindical correspondiente un convenio colectivo de crisis que regula las relaciones laborales en la empresa mientras dure la suspensión prevista.” Este fue el primer antecedente –y el único hasta la fecha- de impacto de una norma del remedio preventivo, sobre los contratos laborales. Defensores y objetores de la modificación, se referían siempre a la flexibilización de las relaciones laborales en esta etapa del proceso, avanzando la doctrina y la jurisprudencia en distintos análisis de aspectos de la nueva regulación, y que además interpretaban la norma que en forma indudable había quedado incompleta, y que según los autores intelectuales del proyecto, Dres. Julio César Rivera y Daniel Vítolo, se debía a que con posterioridad se dictaría la ley sobre convenciones colectivas.

Así, surgieron fallos paradigmáticos como ATC S.A. s/Concurso Preventivo s/inc. por U.T.P.B.A. s/condiciones laborales y medida cautelar s/inc.art. 250 C .P» -E.D. T-170- Pág. 213.[v], y Editorial Perfil, «Editorial Perfil S.A. s/Concurso Preventivo»[6], etc., que fueron abordando distintos aspectos de ésta legislación.

En algunas oportunidades se trató de derogar la norma, existiendo varios proyectos al respecto, y volver al régimen de la Ley Nº 19.551, hasta que finalmente se incorporó la misma en la Ley Nº 26.684, dejándose sin efecto los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del art. 20 de la Ley Nº 24.522.

En definitiva, la apertura del concurso preventivo no impacta hoy sobre los contratos laborales. Acompañé la votación, aunque como expresé en el debate en el plenario “Los que hablan del gran fracaso, creo que se debe al juez protagonista, que es como los viejos “garitas” de nuestras provincias, que tocaban el pito y dirigían el tránsito a la derecha o a la izquierda. Por otro lado, el juez que se comprometía con la causa hacía verdaderos convenios de crisis en el concurso preventivo. Esto ha sido muy vituperado pero hubo en el país experiencias muy importantes. Además, la doctrina y la jurisprudencia ya eran unánimes respecto de que no se suspendían las cláusulas económicas y de que no se suspendían las cláusulas de seguridad e higiene. O sea, esto permitía que una empresa que estaba en una gran crisis, en vez de trabajar de lunes a sábados, trabajaba de lunes a jueves o miércoles. Es decir, acordaban el cambio de hora con sus trabajadores y ahorraban días de mantenerla abierta. Es un convenio de mutuo acuerdo entre las partes; los trabajadores, la empresa concursada, el juez y el síndico que participaba. Pero si se ha propuesto derogar, se saca y se vuelve al viejo régimen. Esto ha tenido mala prensa porque algunos hablaban de que se flexibilizaban las relaciones laborales, y no ha sido de ese modo. Tanto es así que hay convenios colectivos que son paradigmáticos, como los de ATC, en donde se obligaba a la empresa a no despedir personal, aumentar los sueldos y dar capacitación. En realidad, ha sido mala prensa. Pero si así se ha resuelto, así será.”[7] Lógicamente ello llevó a derogar también el inc.11 del art. 14, sobre la obligación del síndico de informar sobre la situación de los trabajadores en relación de dependencia respecto a los convenios colectivos, si se encontraban o no suspendidos y el avance o no de la negociación del convenio de crisis, obligación que fue impuesta por la modificación realizada mediante la Ley Nº 26.086, que tenía como objetivo operativizar el art. 20 L.C., que estaba indudablemente incompleto.

b) Incorporación de nuevos requisitos formales a la demanda de concurso preventivo.

Como lo expresábamos anteriormente, el objetivo de la reforma, se encontraba perfectamente consignado en el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que las modificaciones como las incorporaciones realizadas responden a una unidad temática tendiente a cumplir los fines de la misma.

El[8] proyecto originario fue motivo de importantes modificaciones en la Cámara de Diputados, en busca de lograr consensos para que pudiera votarse.

b-1) Presentación de nómina de empleados con detalle de domicilio categoría, antigüedad y última remuneración recibida.

En los presupuestos formales que contemplaba el art. 11 de la Ley Nº 24.522, no se exigía que la deudora, explicitara al juez la cantidad de personal que tenia en relación de dependencia y los requisitos que la reforma incorpora. En realidad la temática laboral, sólo era incluida si existía deuda laboral, caso contrario no se exigía nada al respecto, lo que no implicaba que el síndico pudiera incluir este dato cuando hiciera el informe que contemplaba el art. 14 inc. 11-c. L.C., o que el juez lo verificara cuando el deudor debía presentar sus libros. (art. 14 inc.5 L.C.)

Hoy se exige dar esta información, que en realidad resulta muy importante, porque le presenta al juez una radiografía interna de la empresa, conocerá el tamaño de la misma, y como está conformada la empresa interna. Dobson, cuando explica la realidad de la conformación de una empresa, nos dice que dentro de la empresa productora de bienes y servicios existen diversos intervinientes; aquellos que persiguen con su actividad una ganancia a la inversión de capital, y aquellos otros que persiguen un salario retributivo a su prestación personal. Analizando a la empresa económica, en la producción de bienes y servicios, en ella participan diversos grupos, cuyos fines no son la producción de bienes y servicios en forma directa, sino otros distintos. “Un sector o grupos de hombres persiguen obtener beneficios mediante su actividad. Otro sector persigue obtener un salario o un sueldo”. “Cada uno de estos sectores tiene un fin diferenciado e individualizable. Realiza una actividad sobre cosas tendientes a un fin específico. De donde surge que cada uno de estos sectores conforma a su vez una empresa”. “Son dos empresas diferenciadas por su fin aún cuando ambas participen en la obtención de un fin común, consistente en la producción de bienes y servicios. Se trata de empresas “internas” que conjuntamente se distinguen de la empresa “externa” que es la que enfrenta a los proveedores, acreedores, financistas, clientes, etc.”[9]

Conjuntamente con ello, el juez accederá a otra información complementaria y que es muy importante, en qué convenios colectivos se encuentra incorporado el personal de la unidad productiva, como así también, poder efectuar a través de la sindicatura un control de la evolución en la población laboral de la misma. (art. 15 L.C.). En definitiva, son detalles que hacen a la transparencia de la organización laboral, de la unidad productiva que ha accedido al remedio preventivo.

c) Modificaciones otorgando mayor participación a los trabajadores en el proceso:

c-1) Integración a los Comités de Control.

La Ley Nº 24.522 incorporó a su articulado, la conformación de tres comités que le llamo de acreedores, el primero debía formarlo el juez al dictar la sentencia de apertura con los acreedores quirografarios de mayor monto; el segundo con motivo del dictado de la resolución de categorización, y finalmente el tercer Comité que es el que propone el deudor con la propuesta de acuerdo y que será el que controlará el cumplimiento del acuerdo, salvo que sea un pequeño concurso.

Pues en oportunidad de dictar la Ley Nº 26.086, por un error involuntario, se omitió el inciso que contemplaba la formación del primer comité de acreedores, aunque la permanencia en el art. 16 L. C. para dar su opinión a los efectos de que se otorgara, o no, la autorización judicial al concursado para efectuar cualquiera de los actos allí enumerados, era demostrativo que el mismo debía continuar designándose.

La Ley Nº 26.684, avanza en este tema, en varias cuestiones:

a) primer lugar, da remedio a esta situación y vuelve a incorporar la obligación, que el juez cuando dicte la sentencia de apertura conforme el primer comité.

b) Se les cambia el nombre, y pasan a llamarse Comité de Control, aunque no hay modificación alguna en las facultades que los mismos tienen, sino que ellas permanecen intactas. (Art. 260 LC).

c) Si realiza una importante innovación en cuanto a la integración de los mismos, incorporando aquí a los trabajadores; 1) en el primero, además de los tres acreedores quirografarios de mayor monto, se deberá designar un representante de los trabajadores elegidos por ellos. No se establece la forma de elección, pero creemos que se deberá notificar al delegado para que convoque a un acto al efecto o directamente al sindicato correspondiente, y si son varios, deberán consensuar entre ellos quienes los representarán en esta primera etapa. 2) El segundo comité se integrara con un acreedor por cada categoría fijada, y será el acreedor de mayor monto; aquí la ley permite incorporar dos nuevos representantes de los trabajadores, que se sumarán al que ya venía desempeñándose en el primer comité.

Le otorga el plexo legal facultades al juez para que reduzca el número de integrantes laborales del comité cuando lo justifique la cantidad de empleados en la empresa, y quedarán sólo el que se designe para este segundo comité, cesando en sus funciones el primero. 3) En el comité de control definitivo, -es el que realizará el control del cumplimiento de la propuesta-, los trabajadores que hayan integrado el comité de Control designado en la categorización continuarán en sus funciones.

c-2) Participación de los trabajadores no acreedores en el periodo informativo.

La legitimación activa en la Ley Nº 24.522, a los efectos de poder concurrir a las oficinas del síndico, luego de vencido el periodo de petición de insinuación en el pasivo, la tenían con exclusividad el deudor y los acreedores que hubiesen pedido verificación. Actualmente la ley le otorga facultades a los trabajadores aunque no sean acreedores, pudiendo revisar los legajos y pedir la información al síndico sobre los créditos que han pedido insinuación. Esto es una verdadera novedad, pero, se inscribe en el principio de transparencia del proceso, y de involucramiento que la ley quiere que tengan los trabajadores. Para garantizar que los trabajadores estén debidamente anoticiados de las fechas del periodo informativo, la ley agrega una exigencia al síndico, y es que la carta a los acreedores contemplada en el art. 29 L. C. debe también ser remitida a los miembros del comité de control, consecuentemente el representante de los trabajadores estará anoticiado debidamente de las fechas consignadas en el concurso.

c-3) Finalmente, también tendrán los trabajadores –no acreedores- la posibilidad de concurrir a la audiencia informativa, audiencia a la cual hasta ahora, sólo podían concurrir los acreedores. A los efectos se exige se garantice la publicidad de la misma, mediante notificación fehaciente a los empleados de la concursada, mediante publicaciones por medios visibles en los lugares de trabajo.

B – Modificaciones respecto de los acreedores laborales

a) Modificación de los presupuestos formales.

La ley incorpora también nuevos requisitos de carácter formal, para la petición de concurso preventivo.

a-1) Un ítems de declaración sobre la deuda laboral certificada por contador publico. En realidad éste se superpone con lo ya establecido en el inc.5 del art. 11; ahora bien, lo que se pretende, es que la deuda laboral esté perfectamente determinada, y separada del resto del pasivo.

El error en el artículo es que no exime a los pequeños concursos de esta obligación, como lo hace la Ley Nº 24.522 ha sido una omisión del legislador, pero que lo puede suplir el juez, en razón de los objetivos del pequeño concurso.

a-2) En igual sentido se exige incorporar el listado del pasivo de seguridad social, certificado por contador público, y no se releva del requisito cuando es pequeño concurso.

b) Mayor reconocimiento económico a los trabajadores.

Avanza la reforma en una serie de reconocimientos económicos a los trabajadores, algunos de ellos ya incorporados por la jurisprudencia.

b-1) En primer lugar deroga la suspensión de los intereses de los créditos laborales, tomando el criterio que la Cámara Nacional Comercial había establecido en los plenarios Seidman y Bonder en el año 1989, y ratificado después de la reforma en “Club Atlético Excursionistas, Incidente revisión Vitle, Oscar del año 2006. Hasta la fecha, los plenarios sólo eran obligatorios para los tribunales dependientes de la Cámara Nacional Comercial, pero no para el resto del país; esto incorporado al plexo legal se transforma en obligatorio, todos los intereses compensatorios se suspenden ante la declaración de concurso preventivo, menos los generados por créditos laborales, y por supuesto los compensatorios de los créditos hipotecarios y prendarios.

b-2) Aumento del porcentaje de retención en el pronto pago de oficio.

La Ley Nº 26086 había establecido que ante la inexistencia de fondos líquidos disponibles para abonar a los créditos laborales, debía retenerse el 1% del ingreso bruto de la concursada para hacer frente a los créditos adeudados. Esto fue en algunos casos duramente criticado por la doctrina aduciendo que se quería fundir a las empresas y sacarles el dinero que disponían para la continuidad empresaria. Pues bien la reforma profundiza el criterio y aumenta el porcentaje del 1 % al 3% del ingreso bruto de la concursada, lo que implica que el sistema dio resultado, y ha evitado que, de financiamiento del concurso, sean los salarios o indemnizaciones de los trabajadores o cualquier deuda que se tenga con los mismos.

Junto a ello la legislación le ha colocado un tope, cuando el síndico haga el plan de pago mensual no podrá exceder cada pago individual en cada distribución un monto equivalente a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles.

b-3) Incorporación al listado de créditos pronto pagables de otros rubros no contemplados en la legislación vigente.

Se han incorporado, rubros que ya la jurisprudencia venía aceptando y se habían omitido en la ley, los arts. 212 LCT, y 52 de la Ley Nº 23.551 de asociaciones sindicales.

c) Super prelación de créditos de pronto pago.

Incorpora una importante novedad estableciendo modificaciones en materia de prelaciones laborales.

Hasta ahora, los créditos laborales concursales, estaban rigurosamente tabulados, en cuanto a los privilegios y también en cuanto a la forma de pago. En los privilegios, están los créditos con privilegio especial, (art. 241 inc.2) y con privilegio general (art. 246 L. C.), y en cuanto a la extensión para su cobro, lo que Tonon llamara el superprivilegio de pronto pago de los acreedores laborales[10], se establecía que los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto liquido de los bienes, una vez satisfechos los que tenían privilegio especial, los créditos del art. 240 y el capital emergente de sueldos, salarios, y remuneraciones que tuvieren privilegio general.

Asimismo, con la incorporación del pronto pago de oficio (Ley Nº 26.086), todos los créditos que están incluidos en el pronto pago, (art. 16. 2do párrafo L.C.) van cobrando, mensualmente afectándose el 3% del ingreso bruto de la concursada, en virtud de un plan de pago que realizara el síndico proporcional a los créditos y a los privilegios.

Ahora la reforma incluye una prelación dentro de los créditos de pronto pago. Aquellos que estén en esa categoría, y en forma excepcional, y que por la naturaleza de los mismos, o por circunstancias particulares de su titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias de salud alimentarias u otros que no admitiesen demoras. Coincido con Díaz Cordero, que la naturaleza es siempre alimentaria en el crédito laboral[11],pero siempre existen alguna prioridades sobre otras, tales prótesis urgentes, o como lo consigna la propia Dra. Diaz Cordero, familias numerosas sobre otras con diferencias en los ingresos etc. En realidad es una auspiciosa reforma que le da amplias facultades al juez a actuar en un tema que no desconocemos es de por si delicado, porque todos los trabajadores tienen el derecho a cobrar prioritariamente sus acreencias, pero hay una pirámide de urgencia, en la cual están afectados los derechos humanos y esto es lo que debe dirimir con suma prudencia el juez. Estas situaciones, han sido abordadas por la jurisprudencia con medidas innovativas[12] o también con la autosatisfactivas, para dar solución a cuestiones urgentes, aunque no necesariamente laborales.

d) Flexibilización para el ingreso de los trabajadores informales

El pedido de pronto pago, debía ser rechazado total o parcialmente por el juez – previa vista al síndico y a la concursada- en la Ley Nº 24.522 “sólo cuando se tratare de créditos que no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar al concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado…” La reforma, deroga el requisito de la exigencia que se rechace cuando el crédito no surgiere de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado; que como son registro de trabajadores es el libro exigido por la ley de contrato de trabajo. Ello tiene una clara determinación política en la reforma, que no es sólo de naturaleza laboral sino también de carácter fiscal. En el primer sentido, es el protectorio que se le da al trabajador informal, que ahora no deberá recurrir al juicio laboral o a recorrer las otras vías del proceso concursal – como incidente de verificación, revisión, etc- se lo faculta al síndico y al juez para reconocer este crédito en el pasivo, reconocimiento que lógicamente deberá ser en base a indicios, en tanto esto es un procedimiento abreviado y rápido; y en segundo lugar tiende a moralizar la política fiscal de los empresarios, y a desalentar el no registro de los trabajadores, con la cadena de perjuicio que ello trae tanto para los trabajadores como para la sociedad toda rompiendo el sistema protectorio laboral pero también el sistema tributario.

IV. Modificaciones introducidas al proceso de salvataje [arriba] –

A) Legitimación de la cooperativa en el proceso de salvataje.

La Ley Nº 24.522, consignaba como sujetos legitimados para inscribirse como interesados, a los acreedores y terceros interesados en adquirir las acciones o cuotas de la sociedad. Se incluye con la reforma a la cooperativa de trabajado de trabajadores de la empresa, cooperativa que puede ser en formación. La inscripción de la cooperativa abre un mecanismo que ha sido desarrollado en un nuevo artículo el 48 bis.

B) Efectos de la inscripción de la cooperativa, en el registro de interesados.

La inscripción de la cooperativa o la misma en formación, produce una cambio fundamental en este régimen de salvataje, debiendo el juez ordenar cumplir una serie de procedimientos que van concatenados unos a otros, con el fin de facilitar que la misma adquiera la empresa.

b-1) Inmediatamente operada la inscripción, el juez ordenará al síndico que practique una liquidación de los trabajadores que estén participando de la cooperativa, de cual sería el monto de indemnización que les correspondería, por los arts. 232, 233, 245 LCT, estatutos especiales, convenios colectivos, o montos acordados por las partes.

b-2) Con ese monto calculado, entonces la cooperativa debe comenzar a realizar la negociaciones con los acreedores de la concursada proponiendo formas de pago de la deuda. Creo que debe quedar absolutamente claro que en este periodo no hay diferencia de ella con el resto de acreedores, terceros interesados o incluso el deudor, que puede participar en esta ronda en que debe participar de la negociación como una más, a excepción de la AFIP, o del Banco de la Nación Argentina, que si son acreedores, el mismo artículo establece, que “deberán otorgar las respectivas conformidades a las cooperativa, y la facilidades de refinanciación de deudas en las condiciones más favorables vigentes en sus respectivas carteras.”

En definitiva, no exime a la cooperativa de lograr las mayorías para el acuerdo que le este proponiendo a los acreedores.

b-3) Conformidades para la homologación del acuerdo.

Si la cooperativa logra acceder a las mayorías para la aprobación del acuerdo y es una cooperativa en formación, el juez debe previamente a su homologación fijar el plazo para su inscripción definitiva bajo apercibimiento de no homologar el acuerdo.

La ley establece que la autoridad de aplicación le fijará prioridad al trámite de inscripción debiéndose concluir en el plazo de 10 dias; asimismo, autoriza a aquella a exceptuar por el plazo que considere, del depósito del 5% del capital suscripto previsto en el art. 90 de la Ley Nº 20.337.

b-4) Homologación del acuerdo.

Producida la homologación del acuerdo, se producen efectos muy importantes:

1) Se disuelve el contrato de trabajo de los trabajadores incluidos en la cooperativa, o sea que firmaron su ingreso a ella.

2) Lógicamente la disolución del contrato de trabajo genera indemnizaciones que en un proceso común son a favor de los trabajadores.

3) En este caso, de las indemnizaciones, se transfieren a la cooperativa, convirtiéndose en cuotas de capital social de la misma.

C) Algunas cuestiones a resolver.

Este proceso indudablemente trae algunas consecuencias, que resulta oportuno considerar:

c-1) El juez debe arbitrar los medios, – por supuesto no directamente, pero lo puede instruir al síndico- para que los trabajadores sean debidamente informados, que incorporarse a la cooperativa implica ceder sus créditos a la misma si el acuerdo es homologado.

c-2) Los créditos que pasan a la cooperativa, son sólo los generados por la disolución del contrato de trabajo, o también los que esos trabajadores hubieran incorporado al pasivo por otros rubros ¿enfermedad profesional, diferencia de haberes? etc. En realidad debería combinarse ello, con lo expuesto en la última parte del art. 13 primer párrafo, “Los créditos así calculados podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior” Entendemos que salvo cesión expresa, por el resto, los trabajadores quedan como acreedores de la cooperativa.

c-3) Otra cuestión que nos planteamos, es, ¿qué ocurre con los trabajadores que siguen siendo empleados de la empresa, que no aceptaron formar parte de la cooperativa? Ellos quedan como empleados de la empresa hoy cooperativa de trabajo, y para estos casos queda revocada la resolución 360/75 del ex INAC, actual INAES.

c-4) Respecto a que asume todas las obligaciones de las conformidades, resulta lógico entender que homologado el acuerdo el mismo es oponible a todo el universo de acreedores a los que iba dirigido, por ello ese agregado es inocuo. La única excepción en este sentido, es la que expusimos con anterioridad, en el sentido que le impone a la AFIP al y al Banco de la Nación Argentina cuando son acreedores a otorgar las respectivas conformidades.

c-5) Finalmente no puedo obviar la discusión existente respecto de la forma que la cooperativa adquiere “las acciones o cuotas”.

En primer lugar no obstante lo expuesto por el Maestro y “superespecialista” en temas de cramdown, Dr. Ariel Dasso[13], la reforma en el art. 12, no elimina el art. 48 sino que sólo sustituye el inc. 1).

Al respecto es dable aclarar, lo que se expuso en particular en el debate parlamentario y que inmediatamente después se votó una ley correctiva que incluyó el presente artículo, donde la suscripta era la miembro informante. ”La Cámara de Diputados ha incorporado el art. 48 bis que, desde mi punto de vista, es confuso. En la Comisión, hemos tratado de modificarlo; presentamos un proyecto de ley correctiva, porque creemos que, así como está, puede correr riesgo de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que planteamos? El proyecto que viene de la Cámara de Diputados mezcla los créditos consolidados con los créditos a futuro. El salvataje se da cuando ya fracasó el concurso. Generalmente, lleva más de un año de trámite. Miren el caso de Aerolíneas Argentinas; recién ahora están terminando de pagar. Eso lo digo para que vean un tema que todos conocemos; nunca un concurso termina antes de un año.

Entonces, el cramdown se da cuando ya fracasa el concurso preventivo. ¿Qué tenemos? Por un lado, tenemos acreencias absolutamente cristalizadas, un pasivo cristalizado que es el que estableció el síndico y el juez aceptó. Se debe tanto en concepto de créditos laborales. Ese pasivo ha sufrido modificaciones. Primero, porque está cristalizado a la fecha de la presentación en concurso, en cuanto al monto total. Segundo, porque si se ha ido cumpliendo con el pronto pago, tal cual lo establece la ley actual, el juez, mes a mes, tiene que haber ido haciendo una prorrata, hasta hoy, del uno por ciento; después, va a ser del 3 por ciento. Es decir que, teóricamente, también ha disminuido en parte y habrá que aplicarle los intereses desde la presentación en concurso hasta ahora. Pero este pasivo ya está firme, es una acreencia reconocida, incorporada a la masa pasiva del concurso y, por lo tanto, incorporada al patrimonio del trabajador. Nosotros lo dividimos en partes. El síndico le hace un informe al juez, en el que actualiza todos esos créditos. Tendrá que descontarle lo que cobraron, sumarle los intereses y decirle que, al día de hoy, el crédito es tanto y tanto. El total de pasivo incorporado es tal. Después, le decimos que haga un informe de cuál es el pasivo potencial, es decir, si respecto de todos esos trabajadores se resuelve el contrato de trabajo, cuál es la indemnización a la que ellos accederían, cuál es el crédito que ellos tendrían. Acá vemos que eso no divide el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. El juez se encuentra con un pasivo consolidado, que los trabajadores están en condiciones de disponer, y otro que todavía no tienen, no es de ellos, es potencial, es contingente. ¿Por qué digo que es potencial y contingente? Porque sólo van a generar indemnizaciones los que ingresen a las cooperativas, pero puede ser que haya trabajadores que no quieren ir a la cooperativa, que se quieren quedar en la empresa. Entonces, esos trabajadores no van a generar indemnización. Por eso, digo que es potencial y, sobre la base de esto, los trabajadores tomarán su resolución. En tercer lugar, tratamos de darle solución a un tema que es preocupante y que es el de los trabajadores que quedan. Porque no nos olvidemos que acá no estamos en la venta de la empresa; estamos en la compra de las cuotas sociales o las acciones de la sociedad. Pero no ha habido quiebra en la empresa. Hay una continuidad en la actividad de la empresa. Lo que va a hacer la cooperativa es tratar de comprar, ella o un tercero, en ese operativo de salvataje, las cuotas o las acciones. Entonces, tenemos un crédito consolidado, tenemos un crédito potencial de los trabajadores que ya integran la cooperativa o que quieren integrarla, pero también tenemos un enigma respecto de los trabajadores que no quieren integrar la cooperativa y que se quieren quedar ahí. ¿Qué hacemos con estos trabajadores? Continuarán en relación de dependencia. Para ello, incorporamos una cláusula complementaria, en la que autorizamos a la cooperativa de trabajo, adjudicataria del salvataje de la empresa por este mecanismo, para que tenga exclusiva y excepcionalmente en esta situación trabajadores en relación de dependencia. ¿Por qué esto? Por dos razones. Primero, porque tenemos que tener presente que se trata de una ley especial para una situación especial. La ley de concursos modifica la ley común, hasta modifica la ley de contrato de trabajo. Fíjense, modifica los privilegios, permite renunciar al privilegio laboral, negociar y modificar los intereses. Modifica la relación normal porque es una ley especial para una situación especial que el Estado protege porque, si se produce la caída de la unidad productiva en cadena –recordemos 2001–, ello afecta e impacta directamente sobre la economía de un país. Este es el sentido de las modificaciones de la ley de concursos.

Vean ustedes que las cooperativas de trabajo no están autorizadas a tener personal en relación de dependencia. Esta resolución, que es la 360/75, que ha sido ratificada por el INAES, dice que las cooperativas de producción o trabajo no podrán utilizar los servicios de personal en relación de dependencia, sino en los casos siguientes: a) sobrecarga circunstancial de tareas que obligue a la cooperativa a recurrir a los servicios de no asociados por un lapso no superior a los tres meses; b) necesidad de contar con los servicios de un técnico o especialista para una tarea determinada, no pudiendo exceder la duración de esta los seis meses; c) trabajos estacionales, por un lapso no mayor de tres meses, y d) período de prueba, que no podrá exceder de seis meses, aun en caso de que el estatuto fije una duración mayor. ¿Y esto por qué? Por la naturaleza, porque se trata de empleado y empleador. Pero como es una ley excepcional para una situación excepcional, y como una solución excepcional, ¿Y esto por qué? Por la naturaleza, porque se trata de empleado y empleador. Pero como es una ley excepcional para una situación excepcional, y como una solución excepcional, hemos incorporado la excepción y decimos que, para el caso de las cooperativas de trabajo que fueran adjudicatarias en el procedimiento de cramdown, éstas se encuentran autorizadas a mantener personal en relación de dependencia. Pasemos a la cooperativa adjudicataria. Entonces, el juez ¿qué hizo? Liquidó los créditos consolidados. Los trabajadores se pronunciaron en cuanto a quiénes se incorporan a la cooperativa, quiénes se quedan y quiénes se quieren ir. Así, una vez adjudicada la cooperativa, se provoca la resolución de los contratos laborales y la indemnización correspondiente a los trabajadores se les incorpora al capital social de la cooperativa. Se transforman en cuotas del capital social. Ahora, hay un último problema, en este famoso art. 48 bis, que fue planteado fuertemente –creo que tuvieron razón al hacerlo– y que hemos tratado de solucionar. Una cosa es la venta de la empresa en quiebra, en funcionamiento, donde se transfieren el establecimiento, los bienes, el fondo de comercio, etcétera; y otra cosa es el salvataje, donde se adquieren las acciones o las cuotas de la SRL. Aquí no se puede hacer una compensación, porque los dueños del capital social son los titulares de las acciones y de las cuotas sociales. La ley, en su actual redacción –no para las cooperativas, sino para cualquiera–, establece que podrán prever un mecanismo de acuerdo con los titulares del capital social. O sea, una negociación. Pero siempre y cuando el valor de esas cuotas sea positivo. ¿Qué significa esto? Que el juez las va a hacer tasar, y que cuando se presente la propuesta de acuerdo, al valor de las cuotas que se tasen sobre la base de todos los elementos que tiene esa empresa en el mercado –el valor llave, las marcas, la relación con la competencia, los pasivos, los activos, etcétera–, luego, el abogado propondrá que las acciones cuestan, por ejemplo, 500.000 pesos. ¿Y qué hace el juez? Cuando le presenten la propuesta de acuerdo para los acreedores y se homologue, le restará a los accionistas la quita que le hicieron a los acreedores. Esto es lo que figura en la ley vigente. Porque de lo contrario, se estaría favoreciendo al empresario que cayó en estado de cesación de pagos. Así, las acciones valdrán 500.000 pesos, pero a los créditos de los acreedores se les estará restando un 30 o un 50 por ciento, por ejemplo. Es decir, al valor de las acciones se les restará lo mismo que se les restará a los acreedores. O sea que éstos, voluntariamente, habrán aceptado que se les restara ese porcentaje. En consecuencia, el valor residual no siempre es positivo porque, a lo mejor, queda en cero. Y cuando hay valor positivo de esas acciones, luego de realizado todo este procedimiento, ¿qué pasa si el que compra es un particular y no arregla o lo paga y lo deposita? Fracasa el proceso y la empresa va a la quiebra. ¿Y qué pasa cuando la que compra, la adjudicataria, es la cooperativa? A esto, nosotros le hemos dado una solución dentro del concurso. La cooperativa debe presentar un plan de pagos, igual que un particular. El problema es cuando el titular del capital social –o sea, el titular de las acciones– no lo acepta. En ese caso, nosotros proponemos que, en caso de conflicto entre la cooperativa y los titulares de las acciones, resolverá el juez, con el mismo criterio que ha impuesto la reforma, o sea, atendiendo a la conservación de la fuente laboral de los trabajadores. O sea que el juez va a mediar en la forma de pago y en cómo se va a cancelar esto, cuando le den positivas las acciones. Aunque aclaro que nunca he visto que queden positivas, pero puede darse el caso, así que se debe prever. Con esto, terminamos el tema del salvataje. 1° hemos incorporado la excepción y decimos que, para el caso de las cooperativas de trabajo que fueran adjudicatarias en el procedimiento de cramdown, éstas se encuentran autorizadas a mantener personal en relación de dependencia. Pasemos a la cooperativa adjudicataria. Entonces, el juez ¿qué hizo? Liquidó los créditos consolidados. Los trabajadores se pronunciaron en cuanto a quiénes se incorporan a la cooperativa, quiénes se quedan y quiénes se quieren ir. Así, una vez adjudicada la cooperativa, se provoca la resolución de los contratos laborales y la indemnización correspondiente a los trabajadores se les incorpora al capital social de la cooperativa. Se transforman en cuotas del capital social. Ahora, hay un último problema, en este famoso art. 48 bis, que fue planteado fuertemente –creo que tuvieron razón al hacerlo– y que hemos tratado de solucionar. Una cosa es la venta de la empresa en quiebra, en funcionamiento, donde se transfieren el establecimiento, los bienes, el fondo de comercio, etcétera; y otra cosa es el salvataje, donde se adquieren las acciones o las cuotas de la SRL. Aquí no se puede hacer una compensación, porque los dueños del capital social son los titulares de las acciones y de las cuotas sociales. La ley, en su actual redacción –no para las cooperativas, sino para cualquiera–, establece que podrán prever un mecanismo de acuerdo con los titulares del capital social. O sea, una negociación. Pero siempre y cuando el valor de esas cuotas sea positivo. ¿Qué significa esto? Que el juez las va a hacer tasar, y que cuando se presente la propuesta de acuerdo, al valor de las cuotas que se tasen sobre la base de todos los elementos que tiene esa empresa en el mercado –el valor llave, las marcas, la relación con la competencia, los pasivos, los activos, etcétera–, luego, el abogado propondrá que las acciones cuestan, por ejemplo, 500.000 pesos. ¿Y qué hace el juez? Cuando le presenten la propuesta de acuerdo para los acreedores y se homologue, le restará a los accionistas la quita que le hicieron a los acreedores. Esto es lo que figura en la ley vigente. Porque de lo contrario, se estaría favoreciendo al empresario que cayó en estado de cesación de pagos. Así, las acciones valdrán 500.000 pesos, pero a los créditos de los acreedores se les estará restando un 30 o un 50 por ciento, por ejemplo. Es decir, al valor de las acciones se les restará lo mismo que se les restará a los acreedores. O sea que éstos, voluntariamente, habrán aceptado que se les restara ese porcentaje. En consecuencia, el valor residual no siempre es positivo porque, a lo mejor, queda en cero. Y cuando hay valor positivo de esas acciones, luego de realizado todo este procedimiento, ¿qué pasa si el que compra es un particular y no arregla o lo paga y lo deposita? Fracasa el proceso y la empresa va a la quiebra. ¿Y qué pasa cuando la que compra, la adjudicataria, es la cooperativa? A esto, nosotros le hemos dado una solución dentro del concurso. La cooperativa debe presentar un plan de pagos, igual que un particular. El problema es cuando el titular del capital social –o sea, el titular de las acciones– no lo acepta. En ese caso, nosotros propone
mos que, en caso de conflicto entre la cooperativa y los titulares de las acciones, resolverá el juez, con el mismo criterio que ha impuesto la reforma, o sea, atendiendo a la conservación de la fuente laboral de los trabajadores. O sea que el juez va a mediar en la forma de pago y en cómo se va a cancelar esto, cuando le den positivas las acciones. Aunque aclaro que nunca he visto que queden positivas, pero puede darse el caso, así que se debe prever. Con esto, terminamos el tema del salvataje”. Este artículo tuvo cinco votos negativos, cuando el resto posteriormente fue apoyado por unanimidad.

Finalmente el artículo de la ley correctiva, que se votó ese mismo día y a continuación de la anterior quedo redactado de la siguiente forma:

“Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inc. 1) del artículo anterior, se inscriba la cooperativa de trabajo –incluida la cooperativa en formación-, el juez ordenará al síndico que practique:

a) liquidación actualizada de todos los créditos laborales impagos, que se encuentran incorporados al pasivo de los trabajadores inscriptos.

b) liquidación que correspondería a los trabajadores inscriptos por las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por Ley Nº 20.744, los estatutos especiales, convenios colectivos o la que hayan acordado las partes. Los créditos así calculados podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Previo a la homologación del acuerdo, el juez fijará el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento de no proceder a la homologación.

Homologado el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores incorporados a la cooperativa y la totalidad de los créditos laborales mencionados en el párrafo anterior, se transferirán a favor de ésta convirtiéndose en cuotas de capital social de la misma. El resto del personal en relación de dependencia, continuará su relación laboral. La cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan del acuerdo homologado.

El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, podrán otorgar las respectivas conformidades a las cooperativas, y las facilidades de refinanciación de deudas en las condiciones más favorables vigentes en sus respectivas carteras.

La cooperativa de trabajo deberá presentar el plan de pago del valor de las cuotas o acciones representativas del capital social, cuando la valuación judicial de las mismas hubiere resultado positiva. Será el juez quien resolverá el conflicto en caso de que el plan de pago no sea aceptado por los titulares de las cuotas o acciones representativas del capital social, atendiendo la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la sociedad. Si el plan de pago implica diferimiento en el tiempo, se deberá otorgar garantía de cumplimiento, pudiendo gravarse los bienes pertenecientes al activo que se transmite.

Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores por el plazo que determine la autoridad de aplicación de la Ley Nº 20.337, de efectuar el depósito del cinco por ciento (5%) del capital suscripto previsto en el art. 9º de la Ley Nº 20.337. En el trámite de constitución de la cooperativa la autoridad de aplicación encargada de su inscripción acordará primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los diez (10) días hábiles.

Una vez completado el trámite, el juez deberá ordenar al Registro Público de Comercio que proceda a cancelar la inscripción de la sociedad concursada.”

El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación.

V. Conclusiones sobre la reforma en el concurso preventivo [arriba] –

La incorporación de la participación de los trabajadores no acreedores en el remedio preventivo, es indudablemente un gran progreso, no pueden estar ajenos al mismo quienes son parte necesaria de la empresa, y la reforma le da facultades al juez como director del proceso para prudencialmente regular esa participación. (art.10 Ley Nº 26.684).

Se incorporan reconocimientos económicos a los trabajadores, pero también se limita el monto del pronto pago, en la distribución mensual.

Finalmente, como ya lo expusimos no compartimos como ha quedado regulado el proceso de salvataje respecto de la cooperativa, – por ello votamos en forma negativa ese artículo- pero quiero resaltar expresamente, que ello de ninguna manera implica eliminar de la rueda de negociación que debe haber, a otros interesados además del deudor, y que se deberá respetar la totalidad del proceso, propuesta de acuerdo, logro de las mayorías en las conformidades de los acreedores, y pago posterior.

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[1] Reunión del 03-05-2011
[2] OOO2-PE-10- 17-03-2010
[3] L.L. Antecedentes Parlamentarios 1995. 25-06-1994
[4] 25-06-1994
[5] C.N.Com.Sala B. Septiembre 19 -1996 «ATC S.A. s/Concurso Preventivo s/inc. por U.T.P.B.A. s/condiciones laborales y medida cautelar s/inc.art. 250 C .P» -E.D. T-170 Pág. 213.-
[6] Cám. Nac. Com., Sala D, 11/11/2003, «Editorial Perfil S.A. s/Concurso Preventivo», – La Ley – Suplemento de Concursos y Quiebras – 19/12/2003.
[7] Versión taquigráfica Senado de la Nación, Exposición miembro informante, proyecto 37/11-01-06-2011
[8] Reincorporación. Indemnización en caso que el trabajador haya sufrido accidente o enfermedad resultando una disminución definitiva en la capacidad laboral y no se le reasignan otra actividades que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración( art. 212 LCT). Indemnizaciones por suspensión o despidos de delegados o trabajadores que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial.(art.52 Ley Nº 23.551)
[9] Dobson, Juan M. El abuso de la personalidad jurídica, 2da. Edición, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 76
[10] Tonón, Antonio Derecho Concursal T. I -Instituciones Generales- Ed. Depalma. Pag.46
[11] Díaz Cordero, Maria Lilia. Un análisis de las reformas de la Ley Nº 26.684 a la ley de concursos y quiebras. D.T., septiembre, 2011 -2249-ADLALXXI-D
[12] Capel.CC Mercedes Sala I marzo 2010 – Crespi, Ofelia Josefina c Zoppi Julia y otros daños y perjuicios. Ed 26-07-2011.
[13] Dasso, Ariel A. La reforma de la ley de concursos y quiebras según Ley Nº 26.684. La observable L.L. Suplmeno Actualidad .23-06-2011.Constitucioanlidad del cramdown cooperativo.