ACUERDO N° 829.- En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los nueve días del mes de abril de 2.002, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la presidencia de su Subrogante Doctor ALBERTO MARIO TRIBUG integrado por los Sres. Vocales subrogantes Doctores JOSE VICTOR ANDRADA, EMILIO EDUARDO CASTRO, CECILIA LUZURIAGA DE VALDECANTOS y ROBERTO FERNANDEZ con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora MARIA JULIA BARRESE, para resolver el planteo deducido en autos caratulados: “LOPEZ ROBERTO VICTOR c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA” (Expte. n° 70/01), en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG dijo: I. A fs. 44/57 se presenta el Sr. Roberto Víctor López, por apoderado, e interpone demanda procesal administrativa contra la Provincia del Neuquén, solicitando se declare la nulidad del decreto Nº 2563 del Poder Ejecutivo Provincial que dispusiera declarar la vacancia del Registro Notarial Nro. 3 de esta ciudad, y de su confirmatorio, el decreto Nº 415, de fecha 26 de febrero de 2001. Solicita asimismo su suspensión, de conformidad al artículo 21 y ss. del C.P.A.
Relata que mediante Resolución 3/99 de fecha 22 de febrero de 1999, el Colegio de Escribanos de la ciudad de Neuquén declaró la vacancia del Registro que titularizaba, frente a lo cual, interpuso reclamo administrativo, el que fuera rechazado mediante resolución Nro 16/00; y que recurrida ésta última, ante el Tribunal de Superintendencia Notarial, a la fecha aún no ha obtenido respuesta.
Aclara expresamente en este punto, que estos antecedentes poseen estrecha vinculación con el planteo a resolverse en autos, toda vez que el acto del Colegio de Escribanos y el posterior decreto del Poder Ejecutivo provincial resuelven la misma cosa, esto es, la declaración de vacancia del Registro Notarial Nro 3, afectando a ambos actos los mismos vicios.
Luego de efectuar un relato circunstanciado de los recursos interpuestos, expone que ante la actividad desplegada por el Colegio de Escribanos y el Tribunal de Superintendecia Notarial, inició una acción de amparo tendiente a obtener su nulidad y la reapertura de su Registro Notarial.
Expone que la Sra. Jueza de Primera instancia lo declaró inadmisible, siendo este pronunciamiento revocado por la Cámara de Apelaciones Local. Sin embargo, continúa diciendo, este decisorio fue dejado sin efecto por el Tribunal Superior de Justicia, quien receptó el recurso de nulidad extraordinario deducido y compuso el litigio, rechazando el amparo oportunamente deducido por su parte.
Sostiene que la sentencia recaída en el juicio de amparo dejó subsistentes las acciones que pudieran corresponder y que fueran independientes de aquél, agregando que cuando un juez no accede al amparo, sea que lo haga sin exámen sobre el mérito o porque considere que no se hallan acreditadas las condiciones de su procedencia, la sentencia no hace cosa juzgada material; sólo extingue la pretensión del amparo, pero no obsta a que el actor haga valer sus derechos mediante otra vía procesal.
Concluye entonces, que nada obsta al ejercicio de esta acción procesal administrativa en juicio de conocimiento pleno, en la que por lo demás deben considerarse, cuestiones que no fueron sometidas a juzgamiento en el anterior proceso, tales como las vinculadas a la nulidad de los actos administrativos cuestionados y al resarcimiento de los perjuicios ocasionados o a producirse, vulnerándose de lo contrario los derechos constitucionales a la revisión judicial y al debido proceso adjetivo.
Luego de efectuar una detallada impugnación de los actos administrativos cuestionados, sostiene que el artículo 3 inciso d) de la ley 1033 del Notariado es inconstitucional por afectar el derecho a trabajar y ser irrazonable, careciendo los actos cuestionados -en orden a ello- de sustento normativo, correspondiendo en consecuencia su anulación, lo que así peticiona.
Consecuentemente, y entendiendo que en el caso existe responsabilidad del Estado por actividad ilícita, reclama daños y perjuicios, efectúa reserva del caso federal, y solicita la suspensión de los actos administrativos cuestionados.
II. Sustanciada la pretensión cautelar, a fs. 64/69 se presenta la demandada, solicitando su rechazo.
Sostiene que el decreto en pugna convalidó una disposición dictada en el ámbito del Colegio Notarial que actuó dentro de la órbita de sus facultades, toda vez que por imperio de lo dispuesto en el artículo 3 inc. d) de la ley 1033, se encuentran inhabilitados para ejercer función notarial los condenados dentro o fuera del país por delitos que den lugar a la acción pública o por contravención a las leyes nacionales de carácter penal.
Esgrime que como ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, la medida solicitada debe evaluarse con criterio restrictivo, concluyendo que en el caso no se encuentran reunidos los recaudos para su procedencia, peticionando su rechazo, con costas al peticionante.
III. Tal como surge del relato efectuado, el accionante solicita la declaración de nulidad de los decretos 2563/00 y 415/01 del Poder Ejecutivo Provincial y paralelamente peticiona su suspensión, en los términos del artículo 22 y ccs. de la ley 1305.
Y si bien en esta instancia preliminar correspondería circunscribir el análisis a la procedencia de la suspensión solicitada, la nota de accesoriedad que reviste esta última por su marcada naturaleza cautelar, impone una profundización en el thema decidendum , a poco que se advierta que en el caso, la suerte adversa de la pretensión principal se encuentra sellada en el inicio, imponiéndose el rechazo liminar de la demanda, al tener el suscripto la certeza de que la cuestión ha sido resuelta con carácter definitivo, configurándose nítidamente el instituto de la cosa juzgada, de invocación oficiosa por tratarse de una cuestión de orden público.
Este gravitante efecto del pronunciamiento dictado en el juicio de amparo que oportunamente se promoviera, no fue indiferente al accionante, quien en un precavido análisis de sus consecuencias, pretendió mantenerse al margen, alegando concretamente la subsistencia de los carriles ordinarios y la procedencia para el tratamiento de cuestiones no introducidas en aquélla vía de conocimiento abreviado.
Sin embargo entiendo, que el valorable esfuerzo interpretativo efectuado no logra conmover las bases de este instituto de raigambre constitucional, y conforme a ello, y a los argumentos que seguidamente expondré, el pronunciamiento recaído en autos “LÓPEZ, ROBERTO VÍCTOR C/COLEGIO DE ESCRIBANOS DE NQN. S/ACCIÓN DE AMPARO” y “TAMBORINDEGUI ELBIO FERNANDO c/COLEGIO DE ESCRIBANOS DE NQN. s/ACCION DE AMPARO” (Expte. N°445-Año 1999) del registro de la Secretaría de Recursos Extraordinarios de este Tribunal, sella la suerte adversa de la demanda incoada.
IV. En efecto, la acción de amparo y el denominado proceso administrativo, aunque legal y doctrinariamente diferenciados, ofrecen relaciones de estrecha vinculación y de recíproca gravitación, a poco que se advierta que si bien por regla y principio, en el derecho público provincial, la competencia procesal administrativa es detentada por el Máximo Tribunal local de manera originaria y exclusiva, toda acción de amparo contra el poder público, involucra en su seno una típica cuestión de carácter administrativo, no poco frecuentemente decidida por los jueces ordinarios de primera instancia.
Ello es así, en cuanto la protección establecida a través de los regímenes reguladores del amparo, apunta a los agravios causados o por causar, originados en “actos u omisiones de la Administración Pública”, y si bien esta expresión no es siempre coincidente con la de “acto administrativo”, debe concederse que, normalmente, la concreta impugnación ejercida a través de la acción de amparo, se encuentra dirigida a cuestionar típicos actos administrativos. (cfr. Morello-Vallefín, “El Amparo. Régimen Procesal”, págs. 291 y ss).
Como sostiene Bartolomé Fiorini, es difícil suponer que pueda confundirse un contencioso de ilegitimidad de actos administrativos con un contencioso de inconstitucionalidad, desde que no toda ilegitimidad o ilegalidad, significa el conculcamiento de libertades humanas (cfr. “Acción de Amparo. Graves limitaciones e incongruencias que la desnaturalizan”, LL 124-1361), pero no es menos cierto, que distinguir si en un caso se procura la tuición de un derecho consagrado por normas administrativas y en el otro por normas constitucionales; que en un caso existe mera ilegalidad y en el otro inconstitucionalidad, constituye un esfuerzo muchas veces vano, porque una calificación no excluye a la otra, al perfilarse la inconstitucionalidad y la ilegalidad como dos calidades compatibles. Este matiz genera entonces, un amplio margen de discrecionalidad judicial, en uno y otro sentido, que en la especie, justamente determinó el tratamiento final de la cuestión en el seno del proceso de amparo.
V. Efectivamente, tal como se consignara en oportunidad de dictarse el Acuerdo Nro.8, recaído en el proceso de amparo referenciado “…El “thema decidendum” estriba en la dilucidación acerca de la legitimidad o ilegitimidad de lo actuado por la parte demandada, en relación a las consecuencias derivadas de la condena penal impuesta al amparista por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, en autos caratulados: “DI NUNZIO, Eduardo Fabián y otros s/infracción a los arts. 172,174,292 y 210 de. C.P.”, mediante sentencia N°33/97, consistente en la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN en suspenso e INHABILITACIÓN ESPECIAL para ejercer como notario por el término de la condena, por hallárselo autor del delito de defraudación en perjuicio de una administración pública en el grado de tentativa (arts. 42,44,174 inc. 5° del Código Penal). Dicho Tribunal, mediante oficio n°562/98, notificó al Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén la sentencia recaída, expresando que la misma se encontraba firme, a los efectos de su notificación y cumplimiento (confr. fs. 1 del Expte. N° 218357/99 caratulado: “TAMBORINDEGUI, Elbio Fernando c/Colegio de Escribanos de Nqn. s/Acción de Amparo”). Ante ello, el Colegio de Escribanos y posteriormente, el Tribunal de Superintendencia Notarial, además de tomar debida nota de la inhabilitación por tres años dispuesta en la sentencia penal, procedieron a inhabilitar al Escribano López, esta vez en el ámbito de su competencia, por aplicación del art. 3 inc. d) de la Ley 1.033. Se pudo haber actuado dentro del marco atinente a la responsabilidad disciplinaria, observando a tal fin el procedimiento reglado al que refiere el amparista, culminando el mismo con la imposición o no de una sanción. Empero, optóse por la aplicación lisa y llana de una de las causales de inhabilidad para el ejercicio de la profesión del notariado, tal la contemplada por el art. 3 inc. d) ya citado…” (el resaltado me pertenece).
Y frente a tal planteo concreta y expresamente se resolvió: “… Dicha disposición –cuya constitucionalidad no fue materia de cuestionamiento por parte del Escribano López- es categórica en cuanto a que producido el impedimento –inhabilidad- no se pueden ejercer funciones notariales, careciendo de razonable asidero la pretensión de que sólo se aplique a los efectos del ingreso a la función, mas no a los fines de permanecer en el cargo, una vez obtenido el mismo. Tal exigencia se corresponde con las condiciones establecidas por el mismo ordenamiento legal para el ejercicio del notariado, a saber, art. 1 inc. d) de la ley citada, que requiere “…ser de conducta, antecedentes y moralidad intachables a juicio del Colegio de Escribanos”…
…En el caso, ya no existía margen alguno para que operara la discrecionalidad del mentado Colegio, atento a la condena penal recaída en sede penal, extremo cierto que aventa toda duda acerca de la falta notoria de las exigencias éticas y profesionales necesarias para cumplir con la función de fedatario público…”
“…Lo expuesto y considerado excluye la ilegalidad y arbitrariedad manifiestas denunciadas por el amparista, sellándose con ello la suerte adversa de la acción intentada, debiendo procederse al rechazo de la misma “in totum”, merced a los fundamentos vertidos en el presente pronunciamiento…” agregándose con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…La concesión que el Estado hace a los escribanos invistiéndolos de la facultad de dar fe de los actos y contratos que ante ellos se celebran conforme a las leyes, resulta esencialmente revocable cuando su conducta se aparta de los parámetros que la ley estipula. No es, pues, el Estado quien a su capricho puede retirar la facultad otorgada, sino el sujeto quien voluntariamente se margina al dejar de cumplir con los deberes del cargo”… “Los límites y estrictas exigencias de la reglamentación del ejercicio profesional notarial se justifican por su especial naturaleza, porque las facultades que se atribuyen a los escribanos de dar fe a los actos y contratos constituye una concesión del Estado otorgada por la calidad de funcionario público y, lejos de ser arbitraria o desnaturalizar el derecho constitucional de trabajar, guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido” (FALLOS: 315 V.2: 1381 y Rev. L.L. del 2/9/99)…”
Resuelve entonces, “… Declarar PROCEDENTE el recurso de Nulidad Extraordinario deducido por el Colegio de Escribanos, NULIFICANDO en consecuencia el fallo dictado a fs. 141/157 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería –Sala I- de esta Ciudad, en relación a la acción entablada por el Escribano López, en base a la causal de incongruencia prevista por el art. 18 de la ley 1.406. 2º) RECOMPONER el litigio en el aspecto casado, conforme a lo establecido por el art. 21 de idéntico Ritual, mediante el rechazo de la acción de amparo promovida por Roberto Víctor López, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos del presente pronunciamiento….”
VI. Surge así de la -aunque extensa, necesaria- transcripción efectuada, que en el caso existe una clara identidad de objeto en relación al derecho declarado en aquélla sentencia (en rigor, negado por el fallo), y el que ahora se pretende introducir en esta instancia procesal administrativa.
En este aspecto, y como sostiene Morello, corresponde remarcar, que “para determinar la existencia de la cosa juzgada no es necesario llevar a cabo un estudio particularizado acerca de la concurrencia o inconcurrencia de las tres clásicas identidades: sujeto, objeto, causa. Lo que importa es que, examinando la situación que se presente, en su integridad, pueda caracterizarse a la pretensión deducida como coincidente con una ya resuelta por la jurisdicción, evitándose así la reiteración indefinida de juicios y la posibilidad de escándalo jurídico. Es decir que el sentenciante en cada caso concreto, debe esencialmente analizar, si lo que se pretende debatir ha sido o no resuelto en otro juicio. (cfr. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales…” Tomo IV-B, pág. 293).
Y a la luz de lo expuesto precedentemente, este extremo concurre en autos, toda vez que justamente lo que aquí se cuestiona –como se consigna en el decreto impugnado-, ya fue resuelto en aquéllos, al desestimarse el planteo efectuado por el amparista mediante la concreta negación de su derecho y una declaración -igualmente expresa- sobre la legalidad del accionar administrativo, al consignarse: “De allí entonces que la aplicación de tales preceptos no autoriza ni admite una solución distinta a la adoptada. No se trata de una sanción, ni del agravamiento de la pena fijada por el Tribunal Oral Federal, sino de llevar a cumplido efecto el mandato legal ante la voluntaria marginación del profesional, respecto del cumplimiento de los deberes a su cargo, lo que necesariamente conllevó la declaración de vacancia del registro número tres. Y ante la falta de condiciones legales del adscripto, Escribano Tamborindegui, se siguió el procedimiento previsto por los arts. 30, 31 y 33, todos del Decreto N°249/78, y por tanto, ajustado a derecho.”
VII. En este punto parecería imperioso señalar –en orden a las argumentaciones introducidas por el accionante- que la circunstancia de que el pronunciamiento haya recaído en el seno de un proceso de amparo, no determina liminarmente que el instituto de la cosa juzgada no pueda perfilarse en la especie.
En este sentido, y si bien las remisiones doctrinarias que efectúa son rigurosamente acertadas, sin embargo no reflejan la realidad a ser aprehendida en los presentes, en la cual, lejos de perfilarse la fuerza decisoria y vinculante de la sentencia de amparo como meramente formal, indudablemente nos sitúa frente un supuesto de cosa juzgada material.
En efecto, el discernimiento de los problemas relativos a la extensión de la cosa juzgada de la sentencia dictada en el proceso de amparo, impone distinguir casuísticamente una serie de supuestos, merituando en cada uno de los casos, cuáles han sido las razones que llevaron al Juez a admitir el amparo o a rechazarlo, partiendo de la premisa de que la brevedad del trámite en el amparo, no tiene que ver con la profundidad del conocimiento al que se puede arribar.
Así, debe repararse que si bien el régimen del amparo se perfila como un trámite abreviado, es de conocimiento pleno, y de ahí –como indican Morello y Vallefín- que se haya explicado con acierto, que la sentencia que recae en el proceso plenario –aunque sea abreviado- produce efecto consuntivo, esto es, consume el derecho ejercido, ocasionando definitivamente a su respecto, cosa juzgada material.
Ello es así, por cuanto en el amparo argentino, e igualmente en el régimen local, la sumariedad que lo caracteriza está referida al procedimiento o trámite, pero no al tipo de conocimiento que en él opera. Con otras palabras: en ningún otro continente posterior, también plenario, aunque con un conocimiento mayor, podrá volver a discutirse (afirmarse y probarse) lo ya decidido sobre la procedencia del amparo , desde que el objeto propio de la pretensión del amparo ya ha sido sometido a debate.(Cfr. op. cit. págs. 159/161).
Y como ha quedado claramente plasmado a través de la transcripción efectuada del pronunciamiento recaído en la acción de amparo (trámite, por otra parte, que el accionante optó por iniciar, declinando por entonces la vía administrativa a su alcance), lejos de rechazarse la acción promovida porque la cuestión requería de mayor debate o prueba y remitirse a un proceso ulterior; expresamente se declaró la legitimidad del accionar administrativo cuestionado, en base a un conocimiento sustancial, que no sólo indagó sobre la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sino que claramente se pronunció sobre la inexistencia de las dos, estableciéndose que el accionar era perfectamente legítimo al ajustarse a la norma y que por eso, se rechazaba el amparo.
Tengo entonces claramente para mí, que en el caso, mediante el pronunciamiento al que se arribara, se obtuvo una decisión sobre el fondo y, por ende, la cosa juzgada es sustancial o material.
VIII. La resolución dictada en el juicio de Amparo (Acuerdo Nº 8/00), en cuanto declara que el procedimiento seguido administrativamente fue ajustado a derecho por imponerse necesariamente la declaración de vacancia del Registro Nro. Tres, al encontrarse firme, posee los efectos propios de la cosa juzgada, pues en un sistema como el nuestro, en el cual el control difuso de constitucionalidad es concedido a todos los magistrados, los fallos que pronuncie cualquiera de ellos, al devenir firmes, poseerán valor de cosa juzgada “material”.
Ello es así, por cuanto como sostiene Esteban Ymaz, en un profundo desarrollo sobre la esencia de la cosa juzgada, “la sentencia, en cuanto es una norma jurídica, constituye una proposición de tipo judicativo, que mienta la conducta en interferencia intersubjetiva. Es, en efecto, sabido que es tesis fundamental que el derecho, como objeto es conducta, y la norma, el concepto que la mienta. Sentado esto así, se hace claro que la normación judicial norma, no tiene como último correlato real un acontecer psicológico, sino una indiscutible realidad objetiva, precisamente, la conducta intersubjetiva mentada por ella… Parece así lograda la develación de un elemento objetivo, necesariamente común a dos sucesivas controversias judiciales iguales, y al que corresponde la norma individual como mención. Este elemento objetivo, la conducta del caso, enmarca las posibilidades de la controversia judicial, las que no pueden arbitrariamente trocarse por otras, sin referirse, por necesidad, a un caso distinto. Claro es que los interesados conservan la iniciativa de proponer con referencia a la conducta del caso, las distintas variantes posibles para su normación judicial. Y de tal iniciativa depende también la identidad de las causas sucesivas, pues cabe que el ordenamiento jurídico supedite a lo debatido por las partes, la expedición de la sentencia, como efectivamente ocurre, para el derecho occidental contemporáneo, en el ámbito de la autonomía de la voluntad. Es factible así concluir, que existe igualdad objetiva entre dos litigios cuando ambos requieran la normación judicial de la misma conducta o de los mismos momentos de conducta. La fuerza de la cosa juzgada impide que esa normación, difiera en ambos casos… Resta aclarar, que la referencia a la conducta de nuestra fórmula, es comprensiva de las circunstancias de hecho en que ella se desenvuelve y puede aún, por virtud de la posibilidad de la normación parcial, aparecer limitada a ellas. Esta conclusión es secuela ineludible del modo en que necesariamente los hombres se conducen, a saber, en su irrecusable aquí y ahora, lo que a su vez, es consecuencia de la forma en que la libertad es en el mundo…” (cfr. Ymaz Esteban, “La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos” Fondo Editorial La Ley, págs. 18/19).
En este orden de ideas, es indudable que en el caso de autos se discute esencialmente la misma conducta y el mismo momento de conducta, que fueran objeto de controversia en el proceso de amparo, siendo en consecuencia vinculantes los juicios de verdad vertidos en aquél sobre las circunstancias de hecho, y que constituyen la motivación del pronunciamiento.
IX. Y no obstan en absoluto a lo expuesto, las alegaciones efectuadas por el accionante en cuanto a que en el presente, se deberán resolver cuestiones que no fueron sometidas a juzgamiento en el anterior proceso, tales como las vinculadas a la nulidad de los actos administrativos cuestionados y al resarcimiento de los perjuicios ocasionados o a producirse.
Ello así, por cuanto la cosa juzgada se extiende a aquéllas cuestiones que, sin haber sido materia expresa de la decisión contenida en la sentencia, resultan consecuencia necesaria o dependen indispensablemente de tal decisión, o han quedado tácitamente resueltas. Como también a aquéllas otras, que pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron; o que planteadas en el proceso no fueron objeto de decisión, haya mediado o no recurso de aclaratoria. Así, los efectos de la cosa juzgada no se agotan en la imposibilidad de renovar el debate sobre las cuestiones planteadas y resueltas en el proceso, sino que se proyectan sobre aquéllas que pudieron haberse alegado en él (cfr. Liebman “Eficacia y autoridad de la sentencia”; Chiovenda “Ensayos de Derecho Civil”, v. III, págs. 229 y 274, citados por Morello, op. cit. ver págs. 322 y 232).
X. Concluyo entonces, que al estar declarada la legitimidad del accionar administrativo en el cual el accionante pretende fundar la procedencia de los daños y perjuicios que reclama, tal conducta no sería susceptible de ser revisada en este proceso, teniendo en este aspecto el alcance de cosa juzgada material.
Desde ello, las pretensiones aquí deducidas “ab initio” y con manifiesta evidencia demuestran, que la acción instaurada no podrá tener acogimiento en este ámbito.
Por ello, siendo que al cobijo de una concepción publicista dentro de la cual el juez tiene el deber de examinar “in limine” el contenido de la demanda, e igualmente vigilar para que el resultado de la actividad jurisdiccional resulte útil (principio de eficacia), el rechazo de tales pretensiones aparece como procedente, imponiéndose aún en la excepcionalidad y restrictez del ejercicio jurisdiccional anticipado.
Advertido entonces, con tal grado de certeza la improponibilidad de la pretensión deducida en autos, careciendo la misma de absoluta idoneidad para lograr los efectos jurídicos perseguidos –tal la satisfacción de su derecho- el rechazo liminar oficioso se impone, evitando así la sustanciación de un largo e innecesario proceso, que en nada variará el resultado adverso ya trazado.
Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo: 1) Rechazar in limine litis la demanda instaurada en orden a perfilarse nítidamente en el caso la existencia de cosa juzgada, desestimando en igual sentido la cautelar solicitada, con costas a la actora vencida (art. 68 del C.P.C.C. de aplicación supletoria en la materia). TAL MI VOTO.
El Señor Vocal Subrogante Doctor EMILIO EDUARDO CASTRO, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. ALBERTO M. TRIBUG, por lo que emito mi voto en idéntico sentido. MI VOTO.
El Señor Vocal Subrogante Doctor JOSE VICTOR ANDRADA, dijo: Adhiero a la postura sustentada por el Señor Vocal Subrogante que votara en primer término, por lo que voto del mismo modo. MI VOTO.
El Señor Vocal Subrogante Doctor ROBERTO FERNANDEZ, dijo: Por adherir al criterio del Dr. ALBERTO M. TRIBUG es que voto en igual sentido. MI VOTO.
La Señora Vocal Subrogante Doctora CECILIA LUZURIAGA DE VALDECANTOS dijo: por compartir ampliamente los fundamentos y conclusiones a las que arriba el Doctor ALBERTO M. TRIBUG, es que voto del mismo modo. MI VOTO.
De lo que surge del presente Acuerdo, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) Rechazar in limine litis la demanda instaurada en orden a la existencia de cosa juzgada. 2º) Consecuentemente, desestimar la cautelar solicitada, con costas al actor perdidoso (art. 68 del C.P.C.C. y 78 de la ley 1305). 3º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, hasta tanto den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º) inc. b) de la ley 17.250 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense.
Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.