//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los     7    días del mes de abril de  dos mil nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos  interpuestos  en  los  autos caratulados: “Ferro Jovita Irene c/ Branda Francisco Javier y otro s/ cobro de sumas de dinero”, respecto  de  la  sentencia  de  fs. 91/97 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en  el  siguiente  orden  Señores   Jueces   Doctores:  MAURICIO  LUIS  MIZRAHI.-     CLAUDIO RAMOS FEIJOO – GERONIMO  SANSO.-

A  la cuestión  planteada   el  Dr. Mizrahi,  dijo:                        

 

I. Antecedentes

I.a. La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 91/97, resolvió: a)  hacer lugar a la demanda por cobro de sumas de dinero promovida por Jovita Irene Ferro contra Francisco Javier Branda y Alicia Haydée Castelucci, condenándolos al pago de los importes correspondientes con más sus intereses; y b) imponer las costas del pleito en el orden causado.

Para así decidir, el magistrado de primera instancia aplicó el principio del esfuerzo compartido y, en consecuencia, dispuso que la suma debida en dólares estadounidenses al momento de entrar en vigencia las leyes de emergencia económica debía convertirse a pesos con una paridad de uno a uno, absorbiendo las partes el 50% de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la fecha de cotización en que se efectúe el pago; descontándose los montos abonados a cuenta. Asimismo, estableció que se adicione a dicha suma un interés del 18% anual.

I.b. Contra dicho pronunciamiento se alzaron la parte actora, expresando agravios a fs. 115/119, pieza que mereciera la réplica obrante a fs. 143/147; y la parte demandada, expresando agravios a fs. 124/142, cuyo traslado fue contestado a fs. 148/157.

Mientras la pretensora se agravió de la imposición de costas en el orden causado; los encartados cuestionaron la aplicación del principio de esfuerzo compartido dispuesta por el a quo, solicitando el rechazo -con costas- de la demanda incoada, atento que consideraron que las sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses no vinculadas al sistema financiero debían ser “pesificadas” al valor de U$S 1 = $1 -más CER-, conforme establece la ley 25.561 y el decreto 214/2002. Adujeron haber cumplido con el pago de lo debido de acuerdo a la normativa legal vigente al día del vencimiento de la obligación. En subsidio, se agraviaron de la tasa de interés aplicada por el juez de grado.

I.c. Resulta útil señalar que la relación jurídica que unía a las partes consistía en un mutuo garantizado con derecho real de hipoteca, por el cual Francisco Javier Branda y Alicia Haydée Castelucci recibieron la suma de U$S 20.300 (v. fs. 16/22). Con motivo de la sanción de las leyes de emergencia económica, con fecha 4 de marzo de 2002 los demandados abonaron a la actora la suma de $20.724,27; resultante de pesificar el monto adeudado y aplicarle el índice de corrección CER que, en esa fecha, ascendía a 1,0209 (conf. art. 8 del decreto 214/2002). En esa oportunidad, la accionante se reservó el derecho de ejercer las acciones judiciales que considere pertinentes para obtener el resarcimiento del daño que sufriera a raíz de la no devolución del préstamo en la cantidad y especie de moneda oportunamente prestadas (v. cláusula tercera, fs. 24).

 

II. Análisis de los agravios. Reajuste equitativo del precio

Tratándose en el presente caso de una obligación expresada en dólares estadounidenses de causa anterior al 6 de enero de 2002, soy de la opinión de que resulta aplicable en la especie la denominada normativa de emergencia (vgr. ley 25.561, dec. 214/2002 y ccds.); normativa cuya constitucionalidad ha sido declarada por esta Sala en numerosos precedentes (ver entre muchos otros mi voto in re “Garay c/ Bovio” del 23/6/2006); salvedad hecha de las leyes 25.798 y 26.167, sus modificatorias y prórrogas.

Así las cosas, hemos sostenido que la “la misión judicial no se agota en la letra de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia no pueden prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma. Ello es así por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (ver sentencia antes citada y lo resuelto recientemente in re “Guaradati y ot. c/ Izzo y ot. s/ ej. hip.”, del 1/11/2006; íd. in re “Robledo y ots. c/ Samar y ot. s/ ej. hip.”, del 15/11/2006; íd., in re “Invercalas S.A. c/ Ricardi y ot. s/ ej. hip.”, del 22/11/2006; íd., in re  “Pérez c/ Eirin s/ ej. Hip.” del 5/12/2006, entre tantos otros).

Precisamente, bajo la óptica señalada, el Tribunal que integro ha  sustentado la constitucionalidad de la legislación en cuestión; aunque efectuando una correcta y armónica interpretación de los arts. 11 de la ley 25.561, 8 del decreto 214/02 y normas concordantes, lo que ha permitido a la judicatura arribar al adecuado equilibrio entre la partes tras la adopción de la denominada teoría del esfuerzo compartido; de forma tal que se distribuyan equitativamente entre los contratantes las lamentables consecuencias derivadas de la emergencia económica.

Es que tal como se ha resuelto reiteradamente (siguiendo con los lineamientos del precedente de esta Sala “Calen SA c/ Aguilar Raul E. s/ ejecución hipotecaria” del 9/03/07, y posteriores) “el mantenimiento de la fuerza obligatoria de los contratos es una necesidad de la propia convivencia social, ya que permitir a un tercero revisar el contenido de la obligación libremente asumida puede perjudicar la seguridad jurídica y poner en tela de juicio la base misma de la normativa contractual. Pero, por otro lado, el juez no puede desatender el contenido de justicia de su decisión. De lo contrario, su actividad resultaría meramente mecánica aplicando una solución disvaliosa si no se la examina dentro del contexto general y particular en que las partes celebraron el acuerdo de voluntades”.

“Cierto es que en los contratos existe una relación de cargas y beneficios. La prestación de una de las partes tiene en cuenta la contraprestación de la otra. Es decir, lo que se entrega al momento de celebrar el contrato tiene en miras aquello que se va a recibir. También lo es, que la premisa fundamental debe ser que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla cuya obligatoriedad no puede alterarse, debiendo presumirse justo lo ordenado por la ley. Pero, cuando se advierte que la convención se aparta de manera grosera rebasando los límites de lo tolerable, es necesario morigerar sus efectos para evitar la consumación del injusto (conf. Esta Sala, R. 369.720, del 3/4/2003)”.

“Sin que quepa en el caso analizar el verdadero sentido y alcance del principio contenido en el art. 1197 del Código Civil en su origen y evolución histórica y dentro del contexto del pensamiento filosófico en que se fue afirmando (ver al respecto Mayo, Jorge, “Autonomía de la voluntad ¿Es el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato?”, La Ley 1996-E-833 op. cit.), se estima adecuado señalar que “el principio de la autonomía de la voluntad”, si bien importa el reconocimiento de la libertad de la persona en el ámbito de sus relaciones negociales privadas, no sirve como sustento a la fuerza obligatoria del contrato, sino que es la propia ley la que sirve de fundamento al reconocerla, en tanto es justo que así sea. Ni el respeto a la palabra empeñada, ni a una voluntad cristalizada en el mismo negocio, que después de manifestada no podría modificarse, son fundamento suficiente. Realmente, la libertad contractual, y también la regla moral de respeto a la palabra empeñada, deben conciliarse con otros elementos relevantes: por una parte, la utilidad social, el bien público, donde se apoyan el orden público y la seguridad jurídica, y por otra, la justicia, y su corolario la lealtad traducida por la noción de la buena fe (conf. Ghestin, Jaegues, Traité de Droit Civil, Les Obligations. Le contrat: formation”, 2da. ed., L.G.D.J., París, 1988, p. 24 Nª 37,1; citado por Mayo, Jorge en op. cit.)”

“A través de las normas de emergencia, se impone la obligación de renegociar el contrato y en caso de fracasar la autocomposición de intereses, quedan las partes habilitadas para solicitar la revisión judicial (conf. Sala “F”, R. 357.361, del 27/12/2002 y sus citas)”.

Se ha sostenido con acierto que “el derecho de propiedad no es un límite consagrado sólo para el acreedor. El objeto dinerario aquí prometido, era un dólar convertible, definido por la ley 23.928 como canjeable por un peso argentino. Los pesos se canjeaban en los bancos por el dólar, uno a uno si se lo deseaba. De ahí que la pérdida del poder adquisitivo del peso en el mercado interno sería el perjuicio que sufre el acreedor que cobre en pesos en lugar de los dólares que le eran debidos. Porque si hubiera cobrado dólares o pesos durante la vigencia de la convertibilidad, compraba lo mismo en el mercado interno. No se trata de obligaciones en las que se introdujo el signo extranjero como moneda nacional, tales como las que se deben pagar en giros al exterior o las que se rigen por la ley extranjera. Pero nuestro peso, sin el apoyo del dólar, pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad, y tanto para el acreedor como para el deudor (conf. Casiello Juan José “¿Se pretende minimizar la pesificación? Nuestra opinión sobre la pesificación de las obligaciones en mora”, en Rev. La Ley, del 17/12/02, T 2003-A)”.

Asimismo hemos postulado que “desde esta perspectiva, se aprecia que así como se vería vulnerado el derecho de propiedad del acreedor al recibir una suma adeudada en una moneda devaluada -teniendo en cuenta la paridad existente a la época del contrato-, también se vería afectado el derecho de propiedad del deudor, a quien se lo obligaría a devolver una suma mayor que la tenida en mira al contratar en virtud de la ley de convertibilidad, que establecía la paridad entre el peso y el dólar. Resulta tan injusto que un acreedor cobre menos de lo que se le debe, como que el deudor pague más de lo que debe (conf. Vergara, Leandro “Argumentos a favor y en contra de la pesificación de las obligaciones en mora”, Suplemento Especial de La Ley, Pesificación II, noviembre 2002 citado en el precedente de la Sala “F” a que se viene aludiendo)”.

“Recuérdese que lo equitativo no es para Aristóteles algo distinto por esencia de la justicia, sino una misma cosa con ella, la equidad no sustituye ni corrige la justicia, sino que es la misma justicia estrictamente legal que se comete en el caso particular, cuando sólo se la considera bajo el esquema genérico y abstracto de la norma general (Del Vecchio, Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953)”.

“La equidad es un juicio de valor que hacen los jueces en la realización del derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia, al crear en la sentencia la norma individual adecuada al caso concreto. El criterio de determinación y de valoración del derecho, que busca la adecuación de las normas y de las decisiones jurídicas a los imperativos de la ley natural y de la justicia, en forma tal que permita dar a los casos concretos de la vida con sentido flexible y humano (no rígido y formalista) el tratamiento más conforme a su naturaleza y circunstancia” (Luis Legaz Lacambra, “Filosofía del Derecho”, Barcelona, 1953, citado por Bustamante Alsina, Jorge H., en “Función de la equidad en la realización de la Justicia”, Rev. La Ley, T. 1990-E-628 y ss.)”.

Afirmamos, en fin, que “en ese entendimiento, si se tiene en consideración que a raíz de la modificación del sistema monetario dispuesta por las autoridades nacionales, fundada en la emergencia declarada (…) como consecuencia de la grave crisis que se generó en el país al tiempo en que se dictaron las normas impugnadas, éstas repercutieron directamente en aspectos esenciales de la relación contractual con la consecuente modificación en los valores de los bienes, sin que se verifique culpa de ninguno de los contratantes, se juzga equitativo en orden al principio del esfuerzo compartido, y en consonancia con la solución brindada por otras Salas del Tribunal (conf. CNCiv., Sala G, R. 368.506 del 16/4/2003; id. Sala E, R. 368.724, del 29/5/2003; id. Sala F, R. 357.361, del 27/12/2003), disponer la distribución igualitaria del sacrificio que deberán soportar las partes, criterio que, sin ser perfecto, es el que mejor se adecua al caso a la luz del principio de buena fe que impera en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos (conf. CNCom.,Sala “B”, exp. nº 37.497/02, “Zappala de Elissi, Ida M. C. C & S Group S.A. s/ ejecutivo”, del 9/5/2003)” (ver “Calen” y ccdtes. de esta Sala).

De ahí que, en el caso que nos ocupa -que se encuadra sin dubitación en las consideraciones transcriptas- propicio que se confirme el pronunciamiento del magistrado de la anterior instancia, en cuanto ordena a pagar -conforme al criterio del esfuerzo compartido- dólares estadounidenses a razón de $1 más el 50% de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización del día del pago. Ello es así, pues la relación contractual no puede permanecer ajena a las graves consecuencias de la crisis que originó la emergencia, siendo la fórmula propuesta el camino más plausible para dar con una solución justa del conflicto.

 

III. Tasa de interés aplicable.

La Sala ha resuelto reiteradamente que corresponderá establecer -luego del  6/1/2002- una tasa de interés del 10% anual sobre las sumas pesificadas, la que se juzga adecuada a la regla moral (art. 953 del Código Civil) y con la cual -a mi juicio- el acreedor encontrará adecuado resarcimiento de los perjuicios derivados de la mora. Así se concluye tras la aplicación de un criterio de razonabilidad acorde con la situación de emergencia que vivió el país y las actuales condiciones de la economía; atendiendo especialmente a las tasas que imperan en el mercado respecto de este tipo de créditos (conf. esta Sala, R. 400.670, del 19/04/05, entre otras). Por lo expuesto, he de acoger el agravio de la demandada proponiendo que la tasa de interés se reduzca al 10% anual.

 

IV. Costas.

Comparto los lineamientos esgrimidos por el a quo en cuanto a que, en orden a la naturaleza de los planteos y la forma en que se decide, corresponde imponer las costas en el orden causado, criterio que coincide con el seguido por la Sala en numerosos precedentes de similar tenor (conf. esta Sala, R. 450.820, del 9/9/2004; íd., íd, R. 435.477, del 19/04/2006, entre muchas otras). En consecuencia, se desestimarán las quejas de la pretensora.

 

V. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo: a) se confirme la sentencia apelada en cuanto dispuso condenar a los emplazados al pago de las diferencias dinerarias entre lo efectivamente abonado y lo que resulta de convertir los dólares estadounidenses debidos con posterioridad a la entrada en vigencia de las leyes de emergencia económica a razón de $1 más el 50% de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización del día del pago; b) modificar el pronunciamiento de grado en cuanto a la tasa de interés aplicable, que pasará a ser del 10% anual; y c) imponer las costas de la Alzada de igual modo que en primera instancia (art. 68 del CPCCN).

Los   Dres.  Ramos Feijóo  y  Sansó,  por análogas  razones a  las  aducidas por el Dr. Mizrahi,  votaron  en el mismo sentido a  la cuestión propuesta.

Con  lo  que  terminó el acto:  MAURICIO  LUIS  MIZRAHI.-    CLAUDIO RAMOS FEIJOO  –   GERONIMO  SANSO.-

  Es fiel del Acuerdo.Buenos Aires, abril                               de   2009.-

Dicha doctrina rezaba que  la determinación del reajuste equitativo de deudas en dólares ”no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse un interés que no sea superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago (art. 6 de la ley 26.167)”.

En la causa de autos, caratulada “Vieto, Marta Elvira c/ Gines, Lidia Ana o Gines y Gijón o Gines de Bruni y otros s/ejecución hipotecaria”, en donde se decretó la subasta de un inmueble hipotecado en una causa deducida por un coacreedor respecto del mismo mutuo, la Cámara Civil dispuso que resultaba inaplicable la ley 26.167.

El Tribunal de Alzada dispuso además, que la deuda reclamada se abonara a razón de un dólar igual un peso, “más el 50% de la brecha entre el peso y el valor del dólar libre a la cotización en la fecha en que se practicara la liquidación, más un interés del 7,5% anual por todo concepto”.

La ejecutada, que había suscripto un contrato de mutuo con el agente fiduciario en los términos de la ley 25.798, se presentó en queja ante la Corte.

El Máximo Tribunal, al momento de acoger el recurso, aclaró que, como se han invocado causales de arbitrariedad sobre la aplicación de una ley, no se encontraba “limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos expresados por las partes”.

En cuanto al fondo del asunto, se dispuso a analizar los argumentos vertidos en el fallo de Cámara, concluyó que la decisión de desestimar la aplicación de la ley 26.167 era inatendible, “pues se aparta de sus disposiciones que expresamente prevén los supuestos en que resulta inaplicable, entre los que no se encuentra la circunstancia de que se hubiera decretado la subasta del inmueble hipotecado”.

“A la luz de los términos del artículo 9°, la posibilidad de aplicar el procedimiento especial que contempla la mencionada norma encuentra como limite el hecho de que se hubiera perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se hubiera aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere si se hubieran dado facilidades y se hubiera realizado la tradición del bien al comprador”, indicó el fallo a continuación.

Los miembros de la Corte declararon válidos los argumentos esgrimidos por la recurrente en torno a que no ha variado la situación procesal de la causa del coacreedor, quien en concordancia con lo informado por el agente fiduciario en respuesta a la medida para mejor proveer sobre la vigencia del contrato de mutuo suscripto con la deudora, formaron la certeza de que no había “obstáculos insalvables para la aplicación de la Ley 26.167”.

Por lo tanto, los magistrados determinaron que las cuestiones planteadas que se vinculan con la aplicación de las normas de emergencia económica, resultaban “sustancialmente análogas a las examinadas por el Tribunal en el precedente ‘Rinaldi’”.

Asimismo, dejaron en claro que “no obsta a la solución propuesta las objeciones formuladas por el acreedor al carácter de vivienda única y familiar del inmueble hipotecado, efectuadas solo en esta instancia al tiempo de contestar el traslado del informe emitido por el ente fiduciario”.

Ello, debido a que, además de que se presentaron “como fruto de una reflexión tardía y de que tanto en el contrato de mutuo suscripto con el agente fiduciario como en la contestación del traslado de la demanda, la ejecutada denunció que se domiciliaba en el inmueble en cuestión, el examen del cumplimiento de los requisitos para el ingreso al sistema que efectúa el referido agente es extraño al conocimiento de esta Corte”.

Por lo tanto, se declaró formalmente admisible el recurso, y  se revocó el fallo apelado en cuanto dispuso la inaplicabilidad de la Ley 26.167.