SALA II – Nro.: 1860/2010 (Juzg. Nº 7)

VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 31 de agosto 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.-
Miguel Ángel Maza dijo:
La sentenciante de grado declaró inaplicable a los actores lo dispuesto en el art. 41.2 del CCT 462/06 – en cuyo ámbito se encuentran comprendidos- por considerar que la cuota de solidaridad allí establecida para ser aplicada con exclusividad a los no afiliados resultaba excesiva y, por tanto ilegítima. Contra tal decisorio se alza la entidad sindical demandada en los términos y con los alcances que explicta en su memorial de fs. 340/348.-
En el caso bajo examen del análisis conjunto de las previsiones contenidas en los arts. 41.1., 41.2. y 41.3 del CCT 462/06 se extrae con claridad que si bien la contribución de solidaridad se estableció para todos los trabajadores amparados en el CCT (es decir, afiliados y no afiliados), en el art. 41.3. se eximió a los afiliados al sindicato del pago de dicha contribución y que el porcentaje que debía retenerse a unos y a otros por tales conceptos (cuota sindical para los afiliados y contribución de solidaridad para los no afiliados) originariamente resultó ser idéntico (luego se elevó en un 0,50% el porcentaje a retener en concepto de cuota sindical).-
La cuestión en debate me lleva a recordar aquí la aguda reflexión formulada por el Dr. Jorge G. Bermúdez al emitir su voto en el debate plenario in re «Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/cobro de aportes y contribuciones» (Plenario CNAT, N° 305 del 22/10/03) en el que, completando el razonamiento desarrollado por el Dr. Héctor Scotti en su planteo liminar, señaló que el establecimiento de cuotas de solidaridad como las que motivan el presente reclamo pueden encubrir una fórmula compulsiva de cotización que sólo cabría descartar si existe una distinción relevante en el alcance y contenido económico de la obligación. En dicha ocasión se debatía en torno a una contribución especial para fines especificos (asistenciales) que la Federación de Empleados Ceramistas había pactado para ser retenida del salario de todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo, por lo que se verificaba una real diferencia entre la situación de unos y otros ya que los afiliados, además de la cuota sindical, debían abonar la contribución especial para fines sociales que allí se pactara en el marco de lo dispuesto en el art. 9 de la ley 14.250.-
Es cierto que, como lo enfatiza la recurrente, las llamadas cuotas «de solidaridad» son aquellas que se han previsto como una suerte de retribución del servicio prestado por el sindicato para la concreción del convenio, actividad que supone estudios previos, gestiones, negociaciones, etc. que benefician a los trabajadores, tanto a los afiliados como a los que no lo son. Por ello nada hay de cuestionable en que los trabajadores no afiliados tengan la obligación de contribuir al pago de tales servicios en su calidad de beneficiarios de la convención (ver, entre otros, Etala, Carlos A. en «Derecho Colectivo de Trabajo», La Ley, Buenos Aires, 1996 pág. 266 y sigts.). Sin embargo, en el caso, se le ha pretendido dar el carácter de contribución para el financiamiento de beneficios o servicios especiales dirigidos tanto a afiliados como a no afiliados a efectos de justificar su cuantía y permanencia en el tiempo; y lo cierto es que, pese al esfuerzo argumental desplegado por la recurrente, ningún elemento de juicio se ha aportado a fin de demostrar la implementación de tales alegados beneficios y su operatividad real respecto de trabajadores no afiliados a la asociación gremial.-
Desde dicha perspectiva, cabe considerar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del que intenta valerse la recurrente («Potenze, Pablo c/Federación de Empleados de Comercio» del 12/4/72, Fallos 282:269) declaró la validez de las cuotas de solidaridad en tanto abarquen tanto a trabajadores afiliados como a los no afiliados (ver en este sentido, lo sostenido por Julio C. Simón en «Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo»-Julio C. Simón, dir; Leonardo Ambesi, coord- La Ley, T. I, Buenos Aires, 2012, págs. 229 y 955) y, en el caso bajo exámen, la incidencia práctica de la norma establecida en el art. 41.2 de la CCT 462/06 afecta exclusivamente a los trabajadores no afiliados a la entidad sin límite temporal y en una medida primero idéntica y luego muy aproximada a la cuota sindical de quienes voluntariamente asumieron dicha carga y a cambio de otros y mayores beneficios.-
Evidentemente, como se dejó expuesto, la cuestión central en la materia no se ubica en la procedencia o validez de este tipo de cláusulas sino en la importancia económica que éstas puedan revestir ya que podría implicar de hecho casi una afiliación forzada respecto de quienes no se han asociado voluntariamente al sindicato, lo que resulta atentatorio contra la libertad sindical individual en su faz negativa (ver con similar criterio, CNAT, Sala III, «Federación Obrera Ceramista de la República Argentina FOCRA c/Cerámica Pilar» del 29/9/97 e íd., Sala VIII, «Comisión Interna del Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional» del 13/3/09; y Sala V, «Martinez Buizan Christian Roberto c/Sindicato Argentino de Televisión» del 28/12/09). Por lo demás, si la incidencia económica de la contribución (medida en base a porcentuales del salario o por su duración en el tiempo) resultara de alguna forma asimilable a la obligación asumida voluntariamente por los afiliados al sindicato, se estaría desalentando por vía indirecta la eventual afiliación de los trabajadores a otras entidades gremiales que, en tal caso verían casi duplicado el costo de su participación en la vida sindical.-
Es verdad que, como lo puntualiza el Dr. Eduardo O. Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos comparto y doy por reproducidos en mérito a la brevedad) en el presente conflicto confluyen dos líneas de interpretación prudentes y restrictivas en tanto si bien no es posible desactivar con alcance general desde la función judicial disposiciones que, en principio son válidas, no se adecúa al principio de libertad sindical la legitimación de una suerte de afiliación compulsiva a través de cláusulas de solidaridad irrazonables o excesivas, por lo que frente a la disyuntiva expuesta se impone valorar con especial rigor que, en el particular caso bajo examen, los afiliados y no afiliados han tenido que contribuir en idéntica medida durante el primer período y que durante el extenso período corrido desde julio de 2007 hasta la fecha la contribución de los no afiliados fue escasamente inferior al valor de la cuota sindical (apenas un 20% menos).-
En el contexto expuesto, aún tomando en consideración los logros obtenidos por la entidad sindical en las negociaciones celebradas en los últimos seis años, considero irrazonable la contribución impuesta a los no afiliados en tanto no se ha demostrado que realmente se encontrara destinada a solventar servicios a ellos dirigidos que resulten ajenos al mero beneficio obtenido por la gestión negocial, y su incidencia económica no resulta ser ostensiblemente disímil a la que asumieran quienes voluntariamente se afiliaron al sindicato con otras expectativas, posibilidades, derechos, ventajas y/o beneficios.-
A mi juicio, es deber del Poder Judicial como parte del Estado Nacional republicano controlar la existencia de la aludida razonabilidad de este peculiar instrumento jurídico denominado cuota de solidaridad puesto que, como ya señalé, un uso irrazonable por las parte del CCT pone en riesgo la libertad sindical garantizada por el Convenio núm. 87 de la OIT y esto es especialmente peligroso en un modelo de unicidad gremial como el que ipera en nuestro país, bajo el reglamento de la ley 23551.-
No obstante lo expuesto soy de opinión de que en la especie no medió una indebida retención por parte de la empresa ni el sindicato ha incurrido en una práctica ilegal al perseguir el cobro de la contribución en cuestión durante la totalidad del tiempo transcurrido desde el establecimiento de la obligación (julio de 2006) sino sólo en cierta proporción o medida , por lo que propicio mantener la sentencia de grado en cuanto ordena el cese de las retenciones para el futuro y la devolución de los importes deducidos por tal concepto desde el mes de julio de 2008 pero sin el cómputo de los intereses compensatorios desde dicha fecha puesto que, a mi juicio, la emplazada no ha incurrido en mora en el cumplimiento de una obligación ni medio privación indebida del capital, sino que esto se produjo al notificarse la accionada de la demanda entablada por los actores en su contra. Por lo que, de prosperar mi voto, corresponde que, en la etapa prevista en el art. 132 LO, el perito calcule intereses sólo por el período corrido desde marzo de 2010 -fecha de notificación de la demanda- hasta el momento de practicarse la liquidación de autos de conformidad con la tasa dispuesta en la sentencia de grado.-
Consecuentemente, por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General a fs. 369/370, propicio confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y reducir el monto de condena en la medida dispuesta en el presente pronunciamiento en función de computarse intereses únicamente desde el mes de marzo de 2010 (inclusive)
En atención a la índole de la cuestión debatida y al modo de resolverse, propicio imponer las costas de la Alzada en un 80% cargo de la parte demandada y en el 20% restante a cargo de la parte actora. En tal sentido corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y de la parte demandada por las tarea de Alzada en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.-
La Dra. Graciela A. González dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.-
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir el monto de condena en la medida dispuesta en el presente pronunciamiento en función de computarse intereses únicamente desde el mes de marzo de 2010 (inclusive) hasta su efectivo pago, 2) Declarar las costas de la Alzada en un 80% a cargo de la parte demandada y en el 20% restante a cargo de la parte actora, 3) Regular los honorarios profesionales de segunda instancia en la forma dispuesta en el considerando pertinente.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Graciela A. González Miguel Ángel Maza – Juez de Cámara

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 DE JUNIO DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:
El doctor Héctor C. Guisado dijo:
I) El COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES inició acción declarativa contra la UNIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), con el objeto de que se resolviera: a) «que la personería gremial de UTEDYC no habilita a ese sindicato para representar al personal dependiente del Colegio» y b) «que el convenio colectivo 426/06 no rige las relaciones entre el Colegio y su personal dependiente» (fs. 8/22).-
El Sr. Juez a quo declaró su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el presente caso, pues entendió que éste involucraba una cuestión de encuadramiento sindical, que debía ventilarse con arreglo al procedimiento previsto en el art. 59 de la ley 23.551. Agregó que, conforme lo dispuesto en el art. 62, inc. «b» de la misma ley, corresponde a esta Cámara conocer en los recursos que se deduzcan contra las resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre el encuadramiento. Concluyó entonces que la cuestión planteada resultaba ajena a la competencia del Juzgado de Primera Instancia.-
La actora apela esa decisión a mérito de los agravios que expresa a fs. 28/30. Posteriormente invoca como «hecho nuevo» el dictado de una resolución de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo que la obliga a negociar colectivamente con UTEDYC en el marco del mencionado CCT 426/06 (fs. 37/43).
A solicitud del Sr. Fiscal General el Tribunal ordena la producción de prueba informativa a fin de obtener copia del expediente administrativo en cuyo marco se dictó la referida resolución.-
Cumplida esa medida, y corrida vista de las actuaciones al Sr. Fiscal General (que la contesta a fs. 58/59), quedan las actuaciones en estado de dictar sentencia.-
II) Como se desprende de la reseña que antecede, la acción intentada persigue que se declare, por un lado, la falta de aptitud de UTEDYC para representar a los empleados de la demandada y, por otro lado, la inaplicabilidad respecto del Colegio de Escribanos de un convenio colectivo.-
Esta segunda petición resulta claramente inadmisible, pues el pronunciamiento pretendido está referido a un encuadramiento convencional sin que medie la intervención de los trabajadores afectados, que deben ser necesariamente oídos en razón de que la materia propuesta a decisión incide directamente en el marco normativo de los respectivos contratos de trabajo (CNAT, Sala VI, 28/02/11, S.I. 32.901, «Falabella S.A c/ Sind. de choferes de camiones obreros y empleados del Transp. Autom. Serv. Logística y dist. de CABA y PBA y otro s/ medida cautelar»).-
Es por eso que el encuadramiento convencional no puede ser resuelto en forma genérica y abstracta sino que sólo puede ser examinado y decidido frente a conflictos planteados por uno o más trabajadores con su empleador y con efectos sólo proyectables a cada pleito, dado que no se trata de una decisión que ataña a todo el colectivo laboral (CNAT, Sala II, 14/5/10, S.D. 98.009, «Consorcio de Propietarios del Edificio Alicia Moreau de Justo 1100/88 c/ American Guard SRL y otros s/ encuadramiento convencional»).
En el mismo orden de ideas se ha resuelto que los conflictos de encuadramiento convencional son contiendas pluriindividuales de derecho, que hacen al convenio colectivo aplicable a determinados trabajadores en función de su categoría o actividad. La cuestión entonces relativa a la evaluación del meollo fáctico de las tareas que llevan a cabo cada uno de los trabajadores, está llamada a concluir en una eventual acción ordinaria de cumplimiento de normas emergentes de la autonomía colectiva que los trabajadores consideran que rigen su contrato (CNAT, Sala III, 23/03/07, S.I. 57.841, «Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión Técnicos Telefónicos Argentinos FOPSTTA y otro c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo»).-
Por ello y lo expresado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General en los párrafos quinto, sexto y séptimo del dictamen que antecede, cuyos términos comparto y hago míos, sugiero confirmar el pronunciamiento en cuanto desestima la declaración pretendida respecto del convenio colectivo 426/06.-
III) Distinta solución corresponde, a mi juicio, en relación con el otro aspecto de la pretensión.-
Ello es así, pues si bien comparto la tesis expuesta por el Sr. Fiscal General acerca de que las contiendas de encuadramiento sindical deben ser encauzadas por el trámite establecido por los arts. 59 y concordantes de la ley 23.551, lo cierto es que –como también lo destaca el Dr. Eduardo Álvarez en su dictamen- este caso «presenta un matiz diferenciador relevante, frente a todo lo dicho, que ha sido destacado por la parte actora y que hace a su afirmación referida a que no existe organización sindical constituida llamada a representar a los trabajadores del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, hecho que podría incidir en la conceptualización misma del conflicto de encuadramiento que, …está pensado para la disputa entre dos o más sindicatos».-
Contrariamente a lo sugerido por el Sr. Fiscal, considero que esa particularidad no resulta menor, porque, según una clásica definición, el encuadramiento sindical consiste en un conflicto intersindical, planteado entre dos o más asociaciones con personería gremial, sobre la capacidad jurídica emana de sus respectivas personerías, para representar a los trabajadores de uno o más establecimientos (Álvarez, Eduardo, «El encuadramiento sindical», en «Tratado de derecho colectivo del trabajo» dirigido por Julio C. Simón, t. I, p. 734; López, Guillermo A., «Derecho de las asociaciones sindicales, ley 23.551 y su reglamentación», p. 105; Etala, Carlos A., «Derecho colectivo del trabajo», 2ª edición, p. 156), y se resuelve mediante un acto que importará una declaración que establecerá cuál de aquellas asociaciones en pugna es la más apta para representar a ese grupo de trabajadores (Etala, ob. y lugar citados; Rodríguez, Enrique y Recalde, Héctor, «Nuevo régimen de asociaciones sindicales», p. 277).-
Pues bien, esas características esenciales no se verifican en el caso de autos, ya que, por un lado, no existe (al menos, prima facie), una pluralidad de asociaciones que se disputen la representación de los empleados del Colegio de Escribanos, y por otro lado, la acción entablada no persigue que se determine cuál asociación sería potencialmente la más apta para ejercer esa representación, sino tan sólo una declaración negativa de certeza: que la asociación demandada carecería de esa aptitud representativa.-
Por eso considero que la acción declarativa del art. 322 del Código Procesal resulta, en las particulares circunstancias del caso, una vía potencialmente idónea para satisfacer el interés de la actora.-
En consecuencia, voto por: 1) Revocar parcialmente la resolución apelada estableciendo la aptitud jurisdiccional del Sr. Juez de primera instancia para entender en el reclamo individualizado en el punto «a» del apartado I del presente voto. 2) Confirmar el pronunciamiento en cuanto desestima la declaración pretendida respecto del convenio colectivo 426/06.-
La doctora Graciela Elena Marino dijo:
Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.-
Por ello, el Tribunal RESUELVE:

1) Revocar parcialmente la resolución apelada estableciendo la aptitud jurisdiccional del Sr. Juez de primera instancia para entender en el reclamo individualizado en el punto «a» del apartado I del presente voto.

2) Confirmar el pronunciamiento en cuanto desestima la declaración pretendida respecto del convenio colectivo 426/06.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

GRACIELA ELENA MARINO – HÉCTOR C. GUISADO

ANTE MI: SILVIA SUSANA SANTOS – Secr