Nulidad y falsedad ideológica del testamento público otorgado por una persona de edad avanzada y con demencia senil, internada en la época de testar.

En la ciudad de Azul, a los tres días del mes de Noviembre del año Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose excusada a fs. 1699 la Doctora María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “P., M. S. c/ M., R. JORGE; M. DE BARZOLA, VICTORIA; P., M. ÁNGEL; P., VIVIANA MARTA; P., PATRICIA BEATRIZ; P., CLAUDIA GABRIELA; P., GABRIEL S. A. y PACHO, OSMAR ARIEL s/ NULIDAD DE TESTAMENTO. REDARGUCIÓN DE FALSEDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO” (CAUSA Nº 59.419), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

– C U E S T I O N E S –

1ª.- ¿Procede declarar la deserción del recurso de apelación interpuesto a fs. 1614 por el codemandado Osmar Ariel Pacho?.

2ª.- ¿Es nula la sentencia definitiva dictada a fs. 1577/1597?.

3ª.- Caso contrario, ¿es justa la sentencia apelada de fs. 1577/1597?.

4ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

– V O T A C I Ó N –

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS dijo: Contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 1577/1597, la parte codemandada Osmar Ariel Pacho deduce a fs. 1614 recurso de apelación, habiendo sido concedido el mismo libremente por el Sr. Juez “a-quo” a fs. 1615.

Elevados los autos a la Alzada se dicta la providencia de fs. 1633, por la que se manda expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del Código de Procedimiento.

El informe de Secretaría que obra a fs.1694, da cuenta del vencimiento del término legal en el cual el apelante debía dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho.

Sentado lo expuesto, atento a lo normado por el art. 261 del C.P.C.C., no habiendo presentado el recurrente el escrito de expresión de agravios dentro del plazo legal (conf. informe fs. 1694), corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte codemandada Osmar Ariel Pacho.

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes adhiere al voto precedente, votando en el mismo sentido por idénticos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS dijo:

I.- 1.- Los codemandados R. M. y Victoria Mabel M. en el escrito de expresión de agravios de fs. 1650/1656 plantearon la nulidad de la sentencia aduciendo la omisión de tratamiento de una cuestión esencial: que el actor incurrió en contradicción con sus propios actos porque con anterioridad a la promoción de la demanda celebró actos jurídicos con la causante que importan reconocimiento de su capacidad, la que ahora impugna. Dicen que la sentencia incurre en omisión constitucional en los términos de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires porque al contestar la demanda plantearon de modo autónomo -e independiente de su defensa sobre el discernimiento de la causante- que M. P. contradijo su buena fe y se opuso a sus actos precedentes, ya que planteó la nulidad del testamento desconociendo que había celebrado actos jurídicos con la testadora. En subsidio manifiestan que para el caso de entenderse que la sentencia rechazó ese planteo se advierte su ausencia de fundamentos por lo que solicitan se dicte una nueva sentencia. También afirman que el pronunciamiento incurre en incongruencia al declarar abstracta la cuestión atinente a la redargución de falsedad de la escritura

2.- El recurso de nulidad interpuesto con invocación en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial es inadmisible (art.253 C.P.C.), por lo que corresponde rechazarlo. “La nulidad a la cual se refiere el art. 253 del C.P.C.C. es la originada por los vicios de juzgamiento no susceptibles de ser corregidos por el recurso de apelación, no correspondiendo decretar la nulidad del fallo, cuando los defectos que se le atribuyen pueden ser reparados a través de la apelación común” (Cám. 2ª Civ. y Com. Sala 3, La Plata B-71.397, RSD-147-91, 18/7/91, “Jaurena de Vivas, Amalia c/ Freyre de Murganti, María s/ Daños y Perjuicios”).- “El recurso de nulidad se relaciona ‘exclusivamente’ con los vicios de que adolece la sentencia y que hacen a la estructura del pronunciamiento o sea cuando se ha dictado en violación o apartamiento de las formas o con omisión de los requisitos indispensables para su validez (arts. 156 y 159 de la Const. de la Prov. de Buenos Aires) y nada tiene que ver con los aparentes o reales errores que hagan o no a la justicia del fallo en sustento de equívocos o de dispar razonamiento del juzgador a criterio de quien recurre, pues estos últimos son precisamente los fundamentos de los agravios que sostienen la apelación” (Cám. 1ª Civ. y Com. Sala 2, La Plata, causa nº 215.504, RSI 530-93, 16/9/93; Fenochietto, Carlos Eduardo, “Código Procesal civil y Comercial de la Nación”, T. 2, p. 48; esta Sala, causas nº 39.578, 11/08/98, “Visconti .”; nº 41.449, 09/03/2000, “Forgue .” y nº 43.942, 15/08/02, “Cerealera Azul S.A. .” y nº 38.701, 26/08/97, “Municipalidad de Azul .”). Ello así porque “si el agravio puede ser reparado por la Cámara, corresponde modificar el decisorio antes de decretar su nulidad. Debe estarse por el principio de validez del acto jurisdiccional, como unánimemente lo viene decidiendo la jurisprudencia” (cf. doct. y jurisp. cit.supra y este Tribunal, causa nº 44.784, 05/11/02, “Banco de la Provincia de Buenos Aires .”).

Es doctrina de esta Cámara que “el medio de impugnación del art. 253 C.P.C. -comprendido en el de apelación- abarca sólo los defectos extrínsecos formales de la sentencia o los vicios en las solemnidades de la misma, supuesto que no es el de autos. En efecto, en el régimen del Código Procesal el recurso intentado queda limitado a los defectos formales extrínsecos de la sentencia o en cuanto a las solemnidades prescriptas para la misma” (L.L., T.139, p.813; Morello, Augusto – Sosa, Gualberto – Berizonce, Roberto, “Códigos Procesales.”, T.IV, p.413; esta Cámara, Sala I, causa Nº34159, 10/6/93, “Gómez c/a Suárez – Suc. Escrituración”; esta Sala, causa Nº37697, 8/8/96 “Ané, M. Ángel – Siciliano de Ané, Antonio – Conc. Prev. Hoy su Quiebra”). En definitiva, y con palabras de Morello: “los motivos del recurso de nulidad se circunscriben a la infracción en la sentencia “en sí misma” de las formas y solemnidades estatuidas por ley, que la descalifican como acto jurisdiccional” (aut. y ob. cit., 2ª ed., Tº III, p. 238; esta Sala, causas nº 41.644, 7/11/00, “Sanz, Alberto V. c/Sanz, Néstor H. y otra. Reconocimiento de deuda. Cobro de Pesos”; nº 41.833, 17/12/00, “Visconti Pedro E. c/Visconti Adelaida – Incidente Rendición de Cuentas” y nº 44.784 del 05/11/02 “Banco .” cit. anteriormente).

Por lo expuesto, y sin perjuicio de analizar los agravios al tratar el recurso de apelación, corresponde rechazar por inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por los codemandados R. y Victoria Mabel M. (art. 253 C.P.C.).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS dijo:

I.- 1.- A fs. 136/153 los Dres.Nicolás Egyptien y Alfredo Victorino Callejo, en su carácter de apoderados del Sr. M. S. P. (heredero ab intestato y testamentario de Amelia P.), promovieron demanda de nulidad y de redargución de falsedad de la Escritura Pública Nº 170 otorgada en la ciudad de San Carlos de Bolívar, el 12 de Julio de 2006, por el Escribano Osmar Ariel Pacho, titular del Registro Notarial nº 12 de ese Partido y que fue presentada en los autos “P., Amelia s/ Sucesión Testamentaria y Ab – Intestato”, en trámite ante el Juzgado de Paz de Bolívar, por los primos del poderdante y sobrinos de la causante, R. Jorge M. y Victoria Mabel M. Solicitan se notifique la promoción del juicio a todos los beneficiados en el testamento impugnado -como demandados- a saber: R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P. y Comas, Viviana Marta P. y Comas, Patricia Beatriz P. y Comas, Claudia Gabriela P. y Alfano, y Gabriel S. Alejandro P. y Alfano; como así también al escribano interviniente Notario Sr. Osmar Ariel Pacho. Expresan que la Sra. Amelia P. era una persona de avanzada edad (95 años al momento del fallecimiento), se hallaba afectada por la enfermedad Mal de Alzheimer y con demencia senil y que, tal como lo había diagnosticado su neurólogo -Dr. Insúa-, presentaba (desde el mes de marzo de 2002) desorientación temporo espacial con desconocimiento de personas, dismnesia y pérdida de la memoria. Luego, y a raíz de una tomografía axial computada del cerebro, con fecha 25 de Octubre de 2005, se descubrieron signos de atrofia cerebral. En dicha fecha también se le realizó un mapeo cerebral computarizado dando como resultado un registro compatible con la enfermedad de Alzheimer.Después de realizar una pormenorizada explicación sobre las características de las personas que padecen de esta enfermedad y de las consecuencias que trae aparejada, analizan las constancias obrantes en su historia clínica para concluir que la testadora el día que realizó el acto impugnado (12/7/2006) no tenía la capacidad que se requiere para celebrarlo ni para tomar las decisiones a tal fin, pues carecía de una perfecta o completa razón. La causante carecía de discernimiento, intención y libertad y el acto jurídico celebrado es anulable. Dicen que los sobrinos demandados de la causante tenían conocimiento de su notorio estado de salud agonizante, que era notoria su disminución psicofísica, de fecha muy anterior a su fallecimiento, y que los accionados se aprovecharon de esas circunstancias para captarle su voluntad. Estas enfe rmedades-agregan-no tienen remisión ni ocasionan estados lúcidos en el paciente por lo que el testamento está viciado de nulidad. Luego redarguyen por falsedad ideológica la escritura pública celebrada por Pacho ya que, en atención al precario estado de salud de la causante, presenta una serie de irregularidades y el escribano dio fe pública de actos inexistentes. Cuestionan la participación como testigo médico de un profesional (Dr. Martínez Pérez), formulan reserva de accionar por indignidad contra aquellos que forzaron fraudulentamente a la Sra. Amelia P. a otorgar el testamento el 12 de Julio de 2006; fundan en derecho; y -en lo principal- solicitan que se decrete la nulidad del testamento y la falsedad de la escritura pública Nº 170 del 12/07/06 pasada ante el Escribano Osmar Ariel Pacho, del Registro Nº 12 del partido de Bolívar, condenándose en costas a los demandados.

2.- La demanda fue resistida por el escribano Pacho (quien la contestó a fs. 445/451), por R. Jorge M. y Victoria Mabel M. (quienes respondieron a fs. 459/466), por M. Ángel P. (quien hace lo propio a fs. 484/491). A fs. 493 Viviana Marta P.sostiene que carece de elementos de juicio para oponerse a la acción, como así también para allanarse, por lo que habrá de estar a lo que resuelva judicialmente. Los restantes codemandados se allanaron en los términos del art. 307 del C.P.C.C., solicitando su eximición de costas: Claudia Gabriela P. de Murachelli a fs. 496/497; Patricia Beatriz P. a fs. 499/500 y Gabriel S. Alejandro P. a fs. 502/503.

A fs. 1572 dictaminó el Sr. Agente Fiscal.

3.- La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda por nulidad de testamento promovida por M. S. P. contra R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. e invalidó el testamento otorgado mediante acto público el día 12 de julio de 2006 por Amelia P. Rodrigo, plasmado en la escritura pública número ciento setenta pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar e inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006 (arts. 3613, 3615, 3616 y concds. del Código Civil). Tras ello impuso las costas a los codemandados R. Jorge M., Victoria Mabel M. y M. Angel P., en virtud de su condición de vencidos (art. 68 del C.P.C.) y en el orden causado en relación a los codemandados Viviana Marta, Patricia Beatriz, Claudia Gabriela y Gabriel S. Alejandro P.; en virtud de los allanamientos oportunamente formulados (arts. 68, 69, 70 y concds. del C.P.C.). También dispuso “que una vez que la presente pase en autoridad de cosa juzgada y que se hayan cumplido la totalidad de las cargas arancelarias y fiscales, deberá insertarse nota en los autos caratulados “P., Amelia s/ Sucesión testamentaria” (expte. nº 44.431) y comunicarse la decisión adoptada al Registro de Testamentos de la Provincia de Buenos Aires”. Paso seguido declaró abstracta la redargución de falsedad formulada por M. S. P. contra el notario Osmar Ariel Pacho, en relación a la escritura pública número ciento setenta, inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006 e impuso las costas en el orden causado (arts. 68 y 69 primer párrafo del C.P.C.); finalmente difirió la regulación de los honorarios de la totalidad de los profesionales intervinientes para su oportunidad (arts. 26, 27, 51 y concordantes de la ley arancelaria 8.904) .” (sic. fs. 1577/1597 vta.). El Sr. Juez de Grado dividió en tres tópicos las cuestiones relativas a la nulidad del testamento: que la causante no tenía capacidad para otorgarlo; si fue o no captada su voluntad por todos o algunos de los beneficiarios; si se incumplieron las formas esenciales al tiempo del otorgamiento del acto o se incurrió en falsedad ideológica. Sostiene que en materia testamentaria no se aplica el régimen general de anulación de los actos del demente no interdicto, sino el especial diseñado en los arts. 3615 y 3616 del Código Civil y alude a la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires por lo que a lo fines de considerar el estado de salud es necesario efectuar una reseña cronológica que arroje la mayor claridad posible sobre el marco circunstancial por el que atravesó la causante antes, durante y posteriormente al otorgamiento del testamento objetado. Para ello, analiza la declaración testimonial del Dr. Raúl Insúa de la que se puede extraer que trató a la testadora desde el 15 de Marzo de 2002 hasta el 25 de octubre de 2005, siendo el motivo de la consulta presentar episodios de desorientación temporoespacial, alteraciones de la memoria y por momentos desconocimiento de personas, cuatro años antes de que otorgara el testamento cuestionado.Continúa expresando que el médico manifestó que la evolución a lo largo del tiempo fue desfavorable y que luego de diversos test se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer y le prescribió una serie de estudios que arrojaron como resultado el equivalente a demencia, lo que se verificó nueve meses antes de que suscribiera a ruego el testamento por acto público. Seguidamente analiza las restantes pericias -post mortem- por parte de los médicos intervinientes y los testimonios brindados por las personas que la cuidaron tanto en el Hospital de Bolívar como en su domicilio particular (testigos Eva Ezcurra, Silvia Britos, Cristina García y Ana Reyes), todo lo que le permite concluir que la causante el día 12 de julio de 2006 carecía de la perfecta o completa razón requerida por los artículos 3613, 3615, 3616 y ccs. del Código Civil. Se detiene en el estudio de las referidas pruebas científicas y sostiene que de ellas se desprende claramente que P. no tenía lucidez en la época que testó. Descarta el valor probatorio del certificado presentado por Dr. Felipe Martínez Pérez, médico que también intervino como testigo del acto, no sólo porque fue expedido por quién no es especialista sino también porque resulta contradictorio con las contundentes conclusiones a las que arribaron todos los peritos designados en autos, especialistas en neurología, psiquiatría y psicología médica, además de la prueba de testigos. Por último, y con relación a la redargución de falsedad de la escritura pública 170 del 12/07/06 pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, considera que su tratamiento devino abstracto al haberse declarado inválido el testamento por acto público otorgado por Amelia P. Rodrigo, por lo que no resulta necesario analizar ni pronunciarse sobre esa cuestión que -de ese modo- resulta secundaria y accesoria de la primera. Como consecuencia de la declaración de abstracción impuso las costas por su orden.

4.- Contra dicho pronunciamiento se dedujeron los siguientes recursos de apelación: a fs.1604, por los codemandados Viviana Marta P. y M. Ángel P.; a fs. 1612 por R. Jorge M. y Victoria Mabel M.; a fs. 1614 por Osmar Ariel Pacho y a fs. 1616 por M. S. P. contra el fallo de fs. 1577/1597 vta. A fs. 1639/1649, fs. 1650/1656 y fs. 1657/1666 vta. se glosan las respectivas expresiones de agravios.

5.- Los agravios de Viviana Marta P. y M. Ángel P. atacan que se haya resuelto la falta de capacidad de la causante y critican la omisión del fallo en pronunciarse sobre pretensiones expresamente introducidas por las partes, por lo que consideran que es nulo. Sostienen que el Sr. Juez de Grado valoró incorrectamente la prueba producida, habiendo dado preeminencia a algunas declaraciones testimoniales por sobre otras; sobreestimó la prueba pericial y desechó elementos probatorios conducentes. Consideran que ninguno de los testimonios tiene relevancia porque los testigos no vieron a la testadora en el momento de realizar el acto; que el Dr. Insúa dejó de tratar a la causante en octubre de 2005; que se dio preferencia a testimonios de personas que tenían una vinculación afectiva y laboral y que se expresaron sobre la capacidad de la testadora cuando su función sólo comprende deponer sobre hechos presenciales. Se disconforman porque se descartaron los testimonios de Porcaro e Iroz, relativos al estado de salud mental y porque se dio tratamiento desigual a los testigos, considerando sólo los de la actora. Añaden que el decisorio se fundó en una experticia psiquiátrica confeccionada “post mortem”, lo que tiene un aire de conjetura a la luz de la opinión de la doctrina y que el valor probatorio del dictamen pericial debe interpretarse en forma restrictiva, puesto que de la historia clínica surge que P. registró tanto estados de lucidez mental, los que no fueron ponderados, y que debe respetarse su última voluntad . Remarcan que una prueba de importancia que el juez no consideró es la del Dr. Felipe Martínez Pérez, calificado por su profesión de médico.La queja siguiente recae en la falta de consideración de la conducta del actor que incurrió en contradicción con sus propios actos anteriores, ya que dedujo la nulidad del testamento luego de venir celebrando durante varios años contratos de locación con la causante. Por eso el actor conocía desde antes el estado de su tía y en todo caso debió promover un juicio de insana. Expresan que no se tuvo en cuenta la emisión de la factura en concepto de alquileres Nº 0000-00000020 de fecha 2 de Julio de 2006 (a sólo diez días del testamento) por la suma de $ 10.000.- extendida en el talonario de la causante cuando estaba internada en el hospital de Bolívar, supuestamente incapacitada y con demencia notoria. La otra queja recae en la declaración de abstracción de la pretensión de la redargución de falsedad del testamento, lo que -dicen- acarrea la nulidad del fallo. Aducen que si no se declara la falsedad del instrumento el testamento mantiene su validez , lo que constituye una contradicción de la sentencia puesto que hace lugar a la pretensión de nulidad de un testamento y deja subsistente la veracidad de las actuaciones incluidas en él. El último agravio está dirigido a la imposición de las costas ya que no reviste el carácter de vencido porque no estuvo presente en el acto y confió en la presunción de autenticidad derivada de la actuación del escribano, la que hace de buena fe hasta tanto sea declarada falta.

Los codemandados R. M. y Victoria M. (cf. fs. 1650/1656) plantean la nulidad de la sentencia por la omisión del tratamiento de la aplicación de la teoría de los actos propios y el principio de la buena fe, ya que el actor sabía cual era el estado de P.Dicen que cuando al actor le convenía que la testadora tuviera plena capacidad mental contrató con ella como con cualquier otra persona, pero cuando vio afectados sus derechos como legatario no dudó en acusar que padecía demencia senil pese a que anteriormente había celebrado diversos actos jurídicos. En lo relativo a la nulidad del testamento la contradicción del fallo es evidente al declarar la falta de razón de la causante y dejar subsistente el acto notarial, pues la falta de lucidez de la testadora está en franca oposición a lo insertado en la escritura pública testamentaria de que estaba lúcida, que dictó el testamento a viva voz, que expresó su voluntad, que dijo quién era y quienes eran sus parientes, etcétera, todo lo cual sí entran dentro de la esfera de la fe pública. Por ende, no se pueden descalificar los hechos insertos en el testamento, referidos a la lucidez de la persona, sin expedirse sobre la redargución de falsedad. Manifiestan que esta contradicción conlleva a la descalificación del fallo y peticionan se declare su nulidad.

Los agravios de la parte actora recaen sobre tres aspectos: la declaración de abstracción de la cuestión relativa a la redargución de falsedad planteada en el escrito de demanda respecto a la escritura nº 170 del 17 de Julio de 2006 del Escribano Osmar Ariel Pacho; en la imposición de costas por su orden; y también por la imposición por su orden de las costas por la actuación de Viviana Marta P. Alega que la declaración de falta de discernimiento no desplaza la redargución de falsedad sino que la complementa y si bien ello no constituye una omisión en los términos del el art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, debe mediar pronunciamiento sobre el punto ya que también se ve privado de accionar por daños y perjuicios contra quienes intervinieron en la escritura pública atacada, obligándolo a promover el presente proceso y, a su vez, también se ve impedido de disponer libremente del inmueble rural respecto del cual fuera instituido heredero por la causante mediante el testamento otorgado el 28 de Agosto de 1998, a través de la Escritura nº 61 en la ciudad de Daireaux, por ante el Registro nº 3 del Partido de Daireaux a cargo de la Escribana María de los Ángeles Rivero, el cual cobra plena vigencia con la invalidez del testamento posterior. Agrega que de la profusa prueba diligenciada en el proceso se desprende que la testadora el día 12 de Julio de 2006 no estaba en condiciones físicas y psíquicas de llamar a un escribano para que se apersonara al Hospital de Bolívar, dictarle un testamento, recordar el nombre de sus parientes, etcétera, razón por la cual la escritura es falsa. Analiza los testimonios y pericias y concluye en la falsedad de las atestaciones o afirmaciones del escribano sobre los hechos anunciados como pasados en su presencia o cumplidos por el mismo. Con relación a las costas en el orden causado (punto 6º de la sentencia apelada), manifiesta que deben ser impuestas a los demandados, que se opusieron a la nulidad del testamento y lo compelieron a litigar, exceptuándose a quienes se allanaron a la demanda en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva: Patricia Beatriz P., Gabriel S. Alejandro P. y Claudia Gabriela P. Finalmente, en el último agravio referido a la imposición de costas en el orden causado con relación a coaccionada Viviana Marta P., expresa que las costas deben serle impuestas en su totalidad a la nombrada, puesto que ésta no se allanó al progreso de la acción en los términos del art. 70 del C.P.C.C.como sí lo hicieron los codemandados mencionados y que se se presentó a fs. 493 manifestando que carecía de elementos para oponerse al progreso de la demanda, como asimismo para allanarse y que estaba a lo que resolviera la Justicia, lo que no importa allanamiento, máxime que luego a fs. 1604 apeló la sentencia.

A fs. 1668/1671 vta., fs. 1672/1682, a fs. 1683/1690 y a fs. 1691/1693 vta. se glosan las piezas de contestación de los agravios; a fs. 1696/1697 vta. se agrega el dictamen del Sr. Fiscal General reemplazante quien propicia el rechazo de las impugnaciones intentadas.

Llamados autos para sentencia y firme el resultado del sorteo del orden de votación, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (conf. fs. 1701 y fs. 1702).

II.- 1.- Para lograr mayor claridad procederé a describir resumidamente los hechos y a sintetizar las pretensiones jurídicas sometidas a consideración.

M. S. P. dedujo demanda de nulidad de testamento y de redargución de la escritura pública número 170, otorgada el día 12 de julio de 2006, en la ciudad de Bolívar por el Escribano Osmar Ariel Pacho, Titular del Registro Notarial Nro. 12 de esa ciudad, contra sus primos Jorge M. y Victoria Mabel M., quienes presentaron el referido testamento celebrado por acto público en los autos caratulados: “P., Amelia s/ Sucesión testamentaria y ab intestato”. El actor demandó al escribano interviniente -Osmar A. Pacho-, a sus primos (Jorge y Victoria Mabel M.) y a los restantes beneficiarios, sus otros primos, M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. Ambas pretensiones están encaminadas a: 1) La declaración de invalidez del testamento otorgado por la tía de todos ellos, Amelia P. Rodrigo, en el que instituye como legítimos herederos de todos sus bienes, muebles e inmuebles, a todos los hijos de sus hermanos (María Encarnación, M. S.y Gabriel Perduelo) y en partes iguales para cada uno de ellos (33,33%), revocando disposiciones testamentarias anteriores y por ende un testamento anterior otorgado a su favor. 2) La falsedad ideológica de la escritura pública que instrumenta el testamento ya que no son ciertos los hechos que el escribano Pacho denuncia cumplidos por el mismo o celebrados en su presencia, ya que el precario estado de salud (enfermedad de Alzheimer, alteración de la memoria, demencia senil) y la avanzada edad de Amelia P. Rodrigo (95 años y que se encontraba internada) imposibilitó total y absolutamente que los hechos sucedieran del modo que se describe en el testamento.

La sentencia de grado hizo lugar a la demanda y acogió la primera pretensión y declaró abstracta la segunda. Por ende, y en lo sustancial:

A) hizo lugar a la demanda por nulidad de testamento promovida por M. S. P. contra R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. e invalidó el testamento otorgado mediante acto público el día 12 de julio de 2006 por Amelia P. Rodrigo, instrumentado en la escritura pública número ciento setenta pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar e inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006. Impuso las costas a los vencidos R. Jorge M., Victoria Mabel M. y M. Ángel P. y en razón del allanamiento oportuno y total impuso las costas en el orden causado a Viviana Marta, Patricia Beatriz, Claudia Gabriela y Gabriel S.Alejandro P.

B) Declaró abstracta la redargución de falsedad deducida contra el escribano Osmar Ariel Pacho, en relación a la escritura pública número ciento setenta, inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006, con costas en el orden causado.

Para decidir la nulidad del testamento el juez de grado entendió que la prueba producida acreditaba de modo categórico que el 12 de Julio de 2006 la testadora carecía de lucidez y de discernimiento, y por lo tanto no tenía completa o perfecta razón, toda vez que Amelia P. presentaba desde hacía algún tiempo demencia senil y se encontraba “no lúcida” el día que otorgó el testamento, desorientada en tiempo y espacio, en mal estado general, de alienación mental con un proceso tóxico infeccioso crónico de origen traumatológico que a los pocos días le provocó la muerte.

La pretensión de redargución de falsedad de la escritura pública nº 170 otorgada por el escribano Pacho fue desestimada porque entendió que la declaración de nulidad del testamento tornaba abstracta la cuestión por sustracción de la materia litigiosa que queda desplazada al declararse que la testadora carecía de lucidez. Por lo demás, la manifestación del escribano de que la testadora se encontraba con “visible lucidez” es jurídicamente irrelevante porque su misión no es comprobar el estado de las personas.Por lo tanto, resultando abstracta esa pretensión principal corre igual suerte el aspecto accesorio, la imposición de costas, que por tal motivo se fijaron por su orden.

La sentencia fue apelada por la parte actora que se queja por el rechazo de la redargución de la escritura que adolece de falsedad ideológica y por la imposición de las costas, y por los demandados (los beneficiarios del testamento condenados en costas) quienes, en lo sustancial y en lo que es común para todos, se disconforman con la declaración de invalidez ya que alegan que la testadora estaba lúcida.

2.- Anticipo mi opinión en el sentido de que debe ser confirmada la declaración de nulidad del testamento y revocada la sentencia en cuanto no se pronunció sobre la falsedad ideológica de la escritura pública, pretensión que debe prosperar. Por ende los agravios deducidos por los codemandados Viviana Marta P. y M. Ángel P. (fs. 1639/1649) y por R. M. y Victoria Mabel M. (que a fs. 1650/1656 controvierten la inaplicabilidad de la doctrina de los actos propios por parte del actor) deben ser desestimados por improcedentes.

3.- En primer lugar cabe destacar que la regla de la aplicación inmediata del nuevo Código Civil y Comercial, que prevé el art. 7 CCCN, importa juzgar este caso en base a la normativa vigente en el momento de otorgamiento del testamento y de la muerte del testador, como lo prevén expresamente dos normas de derecho transitorio (arts. 2466 y 2472 CCCN).

En consecuencia rigen las disposiciones del Código derogado, lo que conduce a determinar si Amelia P. se encontraba en estado de “perfecta razón”, en los términos del art. 3615 CC al “tiempo de otorgar el testamento”, como lo expresan los arts. 3613 y 3616 CC, es decir el día 12 de Julio de 2006, por lo que a los fines probatorios resulta de importancia la determinación del estado de salud mental de la testadora en “la época” de su otorgamiento (arts. 473, 3615, 3616 y concs.CC). La referencia al “tiempo” (el día 12/7/2006) y a la “época” (los períodos de tiempo más cercanos a esa fecha) procuran precisar la interpretación de los arts. 3613, 3615, 3616 CC ya que la doctrina legal provincial sostiene que “desde la perspectiva que marca la norma del art. 3613 del Código Civil, para calificar la capacidad de testar debe atenderse sólo “al tiempo” en que se otorga el testamento. De la misma manera el art. 3616 ha consignado que la prueba de que el testador no se encontraba en su completa razón debe serlo al tiempo de hacer sus disposiciones. Es decir, que la falta de perfecta o completa razón debe ser, en sentido estricto, al momento en que se otorga testamento. . No obstante, parece indudable que ante la imposibilidad habitual de poder contra con una prueba tan apropiada, se admita la acreditación de la falta de capacidad en época bien proxima al momento en que se testa” (cf. S.C.B.A. LP C 112075 S, 23/10/2013, “González, Emilia c/ Martín, Mario y otra s / Nulidad de actos jurídicos”, Sumario Juba B24694; en reenvío a Trib. cit., Ac. 54519 S, 04/08/1998, “Marioli, José Osmar c/ Bacaloni, Hugo Abel s/ Nulidad de testamento”, en Sumario Juba B24694 cit.). Esta doctrina casatoria fue aplicada antes por este Tribunal cuando, analizando esta cuestión, recordó que en anterior composición (S.C.B.A., Ac. 28.348, 6/5/80, “L. y L. G. R. y otros c/ Suc. T. de H. H. L. y otra. Nulidad de Testamento y petición de herencia”, voto Dr. Gnacco, en D.J.J., Tº 119, p. 413 y A.y S., 1980-I-613), y remontándose incluso a la opinión de autores extranjeros, se sostuvo que ante la imposibilidad fáctica por las obvias dificultades probatorias de acreditar la ausencia de razón del testador en la fecha, oportunidad o ‘momento’ de otorgamiento del acto, cabe acudir -en subsidio y a modo de arbitrio facilitador de la prueba- al criterio que exponía Demolonbe: ‘si el demandante probara que, sea antes y sobre todo poco tiempo antes de la disposición, sea después, y sobre todo poco tiempo después, -el disponente no estaba sano de espíritu, nuestro criterio es que el espacio intermedio quedará comprendido, ya que, en fin, no se debe tampoco exigir lo imposible y la verdad es que le será a menudo imposible al demandante probar la insania de espíritu del disponente en el momento preciso y riguroso en que hizo la disposición” (cf. esta Sala, causa nº 38.794, 13/03/1998, “Gaute, Domiciana y López Lospice, María Paz c/ Bona, María Gladys. Nulidad Escrituras Públicas”). En ese precedente, en consideraciones aquí aplicables, se concluyó que “en definitiva: la ‘época’ de la falta de discernimiento es un arbitrio probatorio al que se acude cuando es dudosa o imposible la precisa determinación del ‘momento’ de celebración del acto .” (cf. esta Sala, causa nº 38.794 del 13/03/98 cit.). Por lo demás esta es -también- la solución que prevé el art. 2467 inc. c CCCN que se refiere al supuesto de nulidad del testamento por “haber sido otorgado por persona privada de razón al momento de testar”.

Otra importante aclaración preliminar radica en aclarar que “la idea de perfecta o completa razón es más amplia que el concepto de demencia en sentido estricto, pudiendo comprender todos aquellos casos en que por diversos motivos quien ordena un testamento no está en condiciones de comprender el alcance del acto: estados fronterizos o de semialienación, casos de senectud, estados accidentales de pérdida de la razón” (cf. S.C.B.A. LP, Ac.54702, 29/08/1995, “Bucich, Nora y otro s/ Incidente de redargución de falsedad”, Sumario Juba B23439).

4.- La prueba producida es contundente y categórica en el sentido de que Amelia P. “no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacerse sus disposiciones testamentarias”, el día 12 de julio de 2006 (arts. 3613, 3615, 3616 y concs. C.C.).

Se glosaron varios y concurrentes informes y dictámenes médicos que se elaboraron sobre la base de la historia clínica obrante en el Hospital Municipal de Bolívar, nosocomio en el que estuvo internada durante el último tiempo y hasta su deceso, incluso en la fecha de otorgamiento del testamento (fs. 12/57 y copia de fs. 165/354); en los estudios neurológicos y clínicos, tomografía computada y mapeo cerebral practicados tiempo antes, a partir del año 2005, por el neurólogo que la atendía habitualmente Dr. Raúl Insúa y en función de su informe escrito requerido extrajudicialmente y glosado, y de su posterior declaración testimonial (cuadernillo fs. 11, estudio fs. 58, informe escrito fs. 59/72, copia del mapeo cerebral computarizado obrante a fs. 73/83); en el dictamen pericial glosado por la actora, y sustanciado, presentado Dr. Fernando Cabello con el título de “Informe del Estado mental de la Sra. Amelia P.” (conf. fs. 8/10; y copias agregadas a fs. 86/88); en los dictámenes periciales del médico psiquiatra Dr. Guillermo A. Moreira (fs. 1246/1248 y fs. 1263) y de la perito médica neuróloga Diana Olga Cristalli (fs. 1201/1204 y explicaciones de fs. 1217 y 1219); a todo lo que debe añadirse con eficacia probatoria corroborante las declaraciones testimoniales de otros médicos que asistieron a la paciente y del personal doméstico.Me apresuro en destacar que, por razones prácticas y metodológicas, abordaré aquí también y de modo simultáneo la prueba que acredita la falsedad ideológica de la escritura labrada por el escribano Osmar Pacho, por consignar como reales hechos que material y fácticamente no pudieron existir (arts. 979, 989, 993, 994, 995 y concs. CC).

Insisto en que el estado de salud de la causante fue reconstruido mediante la ingente actividad probatoria de la representación procesal de la demandante y a partir de los informes escritos y de la declaración testimonial del Dr. Raúl Insúa, especialista en neurología que atendía a la paciente, y que prescribió -mucho antes de la fecha del testamento- una batería de estudios médicos y complementarios que determinaron el diagnóstico y tratamiento posterior de P. (cuadernillo agregado a fs. 11 que contiene: Informe Nº 17.862, del 25/10/2005 de Tomografía Computada Pehuajó; y copias de fs. 68/83 del Mapeo Cerebral Computarizado; fs. 58 declaración testimonial del Dr. Insúa de fs. 1101/1104).

Esos antecedentes permitieron concluir, según las expresiones de uno de los especialistas, que “todos los antecedentes volcados . demuestran en forma indubitable . que la Srta. Amelia P. Rodrigo el día 12/07/06 no estaba en condiciones físicas para firmar, leer acta testamentaria y por supuesto tampoco estaba en condiciones psíquicas para hacerlo, pues su estado de demencia senil o pre-senil, no lúcida, no podía comprender y/o dirigir sus acciones. Su estado psíquico era de alienación mental, con un proceso tóxico-infeccioso crónico de origen traumatológico que 16 días después la llevaría a la muerte. Por lo tanto, de ninguna manera la Srta. Amelia P.Rodrigo al momento de testar gozaba de “perfecta razón”: estaba en agonía y con una demencia instalada desde hace 5 a 7 años de curso, “notoria” desde el irreversible y sin intervalos lúcidos (pues era evidente que no tenía lucidez ni siquiera el día anterior a la firma); sin tratamiento de fondo, sin posibilidades de remisión, evolucionando hacia la demencia total, en este caso tipo Alzheimer. Resalto que durante las últimas semanas de internación hasta su muerte, el grado de conciencia y de lucidez de la Srta. Amelia P., ya limitado por la enfermedad de base más la enfermedad infecciosa, la colocaba en situación de no poder comprender ni dirigir sus acciones, dando la posibilidad de aceptar o rechazar sin conciencia ni juicios de valor adecuados cualquier propuesta, por no comprenderla, no poder elaborarla, dimensionarla ni proyectarla” (sic., fs. 1246/1248 y explicaciones de fs. 1263; arts. 384 y 474 C.P.C.). Esas conclusiones del informe sobre el estado mental efectuado por el Dr. Fernando Cabello (conf. fs. 8/10), fueron transcriptas por el perito médico Dr. Guillermo A. Moreira, quién adhirió a ellas y las amplió (fs. 1246/1248, fs. 1263; arts. 384 y 474 C.P.C.).

En el primer resultado de los estudios practicados, nueve meses antes de la fecha de otorgamiento del testamento, se advierte que la tomografía computada de la causante revela “signo de atrofia cerebral”, compatible con “una enfermedad de Alzheimer”. En el estudio del 25 de Octubre de 2005 el Dr. Insúa dejó constancia clínica documentada de que se trata de una “paciente de 94 años a la que atiendo desde marzo de 2002 por presentar desorientación temporo espacial con desconocimiento de personas, dismnesia y pérdida de la memoria. Se realizó tomografía axial computada de cerebro que mostró signos de atrofia cerebral. Realizó a lo largo de estos años controles neurológicos, medicada con vasodilatadores cerebrales y antiagregantes.En la fecha se repite la tomografía computada que muestra importantes signos de atrofia cerebral”. “Se realiza mapeo cerebral computarizado -añadió- cuyo registro es compatible con una enfermedad de Alzheimer” (sic., fs. 72). A modo de conclusión final puede decirse que el “mapeo cerebral computarizado indica que no se halla dentro de l ímites normales para la edad de la paciente en el momento actual” (sic. fs. 75).

En función de esos estudios, del tratamiento y evolución posterior del paciente, el médico tratante -Dr. Insúa- informó, primero por escrito y luego como testigo, que “teniendo en cuenta los antecedentes de historial, estudios médicos y el diagnóstico emitido el 25 de Octubre de 2005, una persona con tal cuadro no puede ser considerada en pleno uso de sus facultades mentales, en condiciones de realizar actos jurídicos con pleno discernimiento, intención y libertad”. Máxime, agregó a otro requerimiento, que por la naturaleza de la enfermedad no es habitual su evolución favorable, agravado en el caso porque la causante sufrió “una fractura de cadera, una operación de colocación de prótesis y posterior rechazo y una internación de más de cuarenta y cinco días”. En tales casos “el reposo obligado, dada la edad, termina ocasionando dificultades en la oxigenación cerebral, agravando el cuadro mental preexistente. En esta situación los pacientes se vuelven indiferentes a sus alrededores, y sucumben a la neumonía o a otra infección intercurrente. Hasta tanto, en general, se presentan totalmente desconectados de su ambiente, sin reaccionar, mudos e incontinentes” (arts. 384, 456 y 474 C.P.C.). Por consiguiente “al 12 de Julio de 2006 la paciente se encontraba internada en el hospital a la espera de reemplazo de prótesis por el rechazo sufrido. En tal fecha la Srta.P.” (y lo que sigue es decisivo para la declaración de nulidad de la escritura pública por falsedad ideológica) “no pudo haberse encontrado con pleno discernimiento, perfecta razón, visible lucidez mental y de espíritu, para requerir la presencia de un escribano, dictarle de viva voz y sin interrupciones disposiciones testamentarias”. El cuadro de la salud expuesto -concluye- es compatible “con la demencia en sentido jurídico” (cf. fs. 161/164).

Más adelante, y en ocasión de prestar declaración testimonial el Dr. Insúa ratificó ese informe, reconoció la autenticidad de toda la documentación acompañada y aportó otros datos de importancia al ser preguntado y repreguntado por las partes. Allí destacó que atendió a la paciente desde marzo de 2002 “porque presentaba episodios de desorientación temporoespacial, alteraciones de la memoria y por momentos desconocimiento de personas”, hasta el 25 de Octubre de 2005. Explicó también, con sustento en los estudios que describió y como fundamento de la medicación y tratamiento prescripto, que P. padecía “en marzo de 2002 (1ª entrevista) por los síntomas y signos que presentaba una insuficiencia circulatoria cerebral global . La evolución a lo largo del tiempo fue desfavorable empeorando su estado mental por lo cual en octubre de 2005 diagnosticó, en base a los test realizados y el mapeo cerebral que la paciente presentaba la enfermedad de Alzheimer .”. Al preguntársele en que estadío de la enfermedad de Alzheimer se encontraba expresó que “la Srta. Amelia P. al 25/10/05 cuando realizó los estudios médicos en el test MMSE (mini mental state) presentaba un score de 18 ptos. Equivalentes a demencia .” (cf. fs. 1101/1104; arts. 384 y 456 C.P.C.C.). Luego el testigo respondió otras muchas interrogaciones, y se le preguntó puntualmente si “la Srta. Amelia P.pudo haber estado en condiciones mentales como para mantener una conversación larga y coherente con un escribano, dictarle de viva voz y en forma ininterrumpida sus disposiciones testamentarias, recordar sus datos personales y los nombres de sus hermanos al 12/07/06”. Contestó que “si bien no examinó a la paciente en esa fecha puede colegir que, a tenor de la evolución de la enfermedad, eso es prácticamente imposible” (fs. 1101/1104). Ante otras preguntas de la demandada se pronunció por la escasa posibilidad de que el día 12/07/06 P. tuviera un intervalo lúcido, y que en tal caso el mismo “sería de una manifiesta brevedad” (sic. fs. 1104 vta.; arts. 384 y 456 C.P.C.). La precitada declaración testimonial, que complementa el informe médico escrito y las conclusiones diagnósticas, da cuenta también y de modo claro y preciso que P. -y lo enfatizo- no tenía lucidez mental y su estado no le permitía convocar a un escribano y dictarle de modo espontáneo y de corrido sus declaraciones de última voluntad (arts. 384, 456, 474 C.P.C.).

El informe privado (agregado como prueba por la parte actora) del perito psiquiatra Dr. Fernando Cabello coincide totalmente con el diagnóstico y pronóstico del Dr. Insúa (conf. fs. 8/10). Destaco que en éste otro informe del Dr. Cabello se sostiene que “de los antecedentes neurológicos es necesario resaltar que las TAC hablan de importante atrofia cerebral, concordante con la demencia evolutivamente irreversible dirigida hacia el estado de ‘alienación mental’, como consecuencia psiquiátrica. El Mapeo Cerebral Computarizado realizado en octubre de 2005, confirma el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que evoluciona hacia la ‘alienación mental’” (cf. fs.8/10). Para dictaminar tuvo en cuenta la historia clínica obrante en el hospital municipal, en la que se consignó que se estaba frente a una “paciente no lúcida”, “en mal estado general”, “no se alimenta, se niega a que se le coloque S.N.G.”. Luego dice que “quiero destacar de la lectura de esta HC, que de ningún informe médico diario o en resúmenes de epicrisis se destaca que la paciente estuviera lúcida en algún momento, por lo contrario, descripto por varios médicos, se habla de su estado de “no lúcida”. Sobre todo el día anterior a la firma donde el Dr. Suárez especifica su estado de “no lucidez”. Otro antecedente a tener en cuenta de su HC con fecha 3/5/06, al examen neurológico se habla de demencia senil pre-quirúrgico”. “Este documento demuestra y testifica -finaliza-que no sólo está impedida físicamente de firmar en forma normal, sino también lo está en forma psíquica, debido al gran deterioro clínico que hasta le impedía sentarse en la cama por su grave estado” (fs. citadas). “De ninguna manera la Sra. Amelia P. Rodrigo al momento de testar gozaba de ‘perfecta razón’: estaba en agonía y con una demencia instalada desde hace 5 a 7 años en curso, ‘notoria’ desde el 2002, cuando es diagnosticada y tratada por el Dr. Insúa, con pronóstico evolutivo irreversible y sin intervalos lúcidos (pues era evidente que no tenía lucidez ni siquiera el día anterior a la firma); sin tratamiento de fondo, sin posibilidades de remisión, evolucionando hacia la Demencia total, en este caso tipo Alzheimer” (cf. fs. 10). Se ratifica, de nuevo, la falta de completa razón de la causante y el grave estado de salud físico y mental que no le permitía llevar adelante un acto testamentario con discernimiento, intención y libertad (arts. 499, 896, 897, 898, 899, 900, 921, 993, 994 y concs.CC).

Las conclusiones precedentes y los fundamentos que la sustentan fueron ratificados y ampliados por los dos peritos médicos, de distintas especialidades (neurólogo y psiquiatra), que intervinieron en autos. En efecto el Dr. Guillermo A. Moreira (fs. 1246/1248 y 1263), en lo esencial sostuvo que: -“la enfermedad que padecía al 25/10/2005 ‘da como resultado atrofia cerebral y un mapeo cerebral, con banda alfa de baja potencia, con mala relación alfa-theta posterior y bandas lentas de ambos hemisferios sobre todo en regiones frontales por lo que lo informa como compatible con la enfermedad de Alzheimer’”; -“considero que a la fecha 12-07-2006 no se encontraba en pleno discernimiento perfecta razón, lucidez mental ni equilibrio emocional y espiritual”; -“la Srta. Amelia P. no era capaz de movilizarse por si misma, era dependiente físicamente, no se alimentaba voluntariamente y su actitud era indiferente ante la vida”; -“este perito considera que la paciente no pudo tener plena conciencia en esos momentos para tomar decisiones de la trascendencia de un acto voluntario determinado por ella misma. No podía comprender y dirigir sus acciones”; -“este perito considera que en los días anteriores y posteriores al 12-07-06 la paciente no se hallaba en condiciones psíquicas y físicas para realizar por sí sola un acto volitivo”.

Dice, concluyentemente, y ponderando también que la testadora padecía una enfermedad clínica traumatológica e infectológica, que “el estado terminal de la enfermedad de Alzheimer permiten aseverar que la paciente no podía comprender y dirigir sus acciones. No se encontraba en uso de perfecta razón y menos de visible lucidez mental” (arts. 384 y 474 C.P.C.).

De modo igualmente concordante la perito neuróloga, la Dra. Diana O. Cristalli (fs. 1201/1204, 1217 y 1219) destacó que: -“acorde a las patologías que sufría, el estado mental previo diagnosticado como enfermedad de Alzheimer, no es posible que se hallara en estado de pleno discernimiento y razón como para articular distintos actos, planificarlos y ordenarlos correctamente.Reitero que se hallaba en mal estado general y el día previo se encontraba no lúcida, no existiendo en la evolución del día mencionado una aclaración con respecto a si ese día se encontraba distinta”; -“se encontraba en un estadío de enfermedad de Alzheimer moderada severa en octubre de 2005, más el agregado de una patología traumática que provocó una lesión traumatológica que requirió cirugía, complicada con infección, con alteraciones de su lucidez en el día previo, por lo que es improbable que se encontrara en pleno uso de sus facultades mentales y por tanto de plena consciencia”; -“la voluntad de Amelia P. estaba notoriamente disminuida, hasta el punto que no tenía voluntad ni aún de mantener las funciones más básicas como alimentarse para poder sobrevivir, en esas condiciones de debilidad de la esfera volitiva es difícil considerar que pueda tener una expresión verdadera de su voluntad consciente” (fs. 1201/1204, 1217 y 1219; arts. 384 y 474 C.P.C.). Finalmente y aún a riesgo de extenderme demasiado, creo que es también importante mencionar que la perito sostuvo que “considero que en el mal estado general que se encontraba el 12 de Julio de 2006 y el compromiso de sus funciones, no era compatible con la realización de toda una planificación de actos” tendientes a otorgar testamento por lo que no “pudo dictar su nombre, fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, su estado civil y sus disposiciones testamentarias, haber llamado al escribano, llamar a los testigos y mandarlo a buscar”(sic., fs. cit.; arts. 384 y 474 C.P.C.).

En suma, sin soslayar el rigor probatorio y científico con el que se debe ponderar el estado de salud mental de una persona fallecida (cf. Solari, Néstor E., “Pericia médica ‘post mortem’ y testamento por acto público”, L.L. 2009-A, 21, en comentario a fallo de la C. N. Civ., Sala G, 09-10-2007, “D. M., A. J. c. D., M.N.”; Mourelle de Tamborenea, María, “Testamento. Discernimiento del testador. La relación de amistad de los testigos con el escribano interviniente en el acto”, L.L. 2012-F, 364, en comentario a fallo de la Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Junín, 06/09/2012, “Biollay, Nora Beatriz, Nélida Teresa y Di Chiave, Rita c. Cuchetti, Juan Modesto y Otro s/ nulidad de testamento” y Ferrer, Francisco, “La nulidad de testamento por incapacidad del testador e inhabilidad de los testigos”, en D.J., 14/11/2012, 5; D. F. y P., 2013 (abril), 181), lo cierto y decisivo es que, en el caso, los informes médicos y los dictámenes periciales son concluyentes y coincidentes y se fundan en estudios médicos y complementarios y en la historia clínica de la paciente cuando se encontraba internada en un hospital público, en el que falleció al poco tiempo de testar, por lo que revisten pleno valor probatorio (arts. 384 y 474 C.P.C.).

La demandada recurrente cuestiona la pericia señalando que no se tuvo en cuenta que en una atención médica de la causante en el hospital de Bolívar, el 17 de Junio de 2004, el médico de guardia Dr. Oscar Ibáñez consignó en la historia clínica que se encontraba lúcida y que en el año 2006 la Dra. Marcela Laborde también informó en otra ocasión que su estado general era regular pero de lucidez. Sin dejar de remarcar el tiempo transcurrido entre esas atenciones médicas y ocasionales y la fecha del otorgamiento del testamento ni que son coincidentes las conclusiones médicas acerca de la evolución general desfavorable que presenta la enfermedad de Alzheimer, la respuesta contundente la proporciona el propio perito Dr. Guillermo Moreira quien justifica aquéllos informes en la falta de especialidad del médico de guardia (en neurología o psiquiatría médica), lo que es extensible a la restante profesional cuya especialidad no se individualizó (conf. explicaciones dadas a fs. 1263 y vta. a requerimiento de la demandada; arts.384 y 474 C.P.C.).

5.- A la prueba científica analizada también debe añadirse con eficacia probatoria el cóngruo aporte testimonial que, integrado y armonizado con aquella, conforman plena prueba compuesta (arts. 384,456 y 474 C.P.C.). En tal sentido revisten valor complementario acerca del mal estado general de la paciente las declaraciones de las personas cercanas que la atendieron en la intimidad y de otros profesionales médicos, todos los que fueron detenidamente interrogados en presencia de los letrados de las partes quienes además ampliaron los interrogatorios y repreguntaron. En general, todos son coincidentes en afirmar que Amelia P. no estaba lúcida y que no estaba en condiciones físicas y psicológicas, a sus 95 años, internada, y en estado de gravedad, para afrontar y concretar la libre decisión de testar. Son elocuentes los dichos de Ana Claudia Reyes, María Cristina García, Silvia Evangelina Britos y Eva Ezcurra quienes asistieron a la paciente y describen minuciosamente el deterioro en su salud (fs. 1071/7073 vta.). Así durante los últimos veinte días de su vida (P. falleció a los 16 días de testar) “se lo pasaba durmiendo, no conocía, no comía, no decía nada porque no sabía donde estaba en realidad”, no “era capaz de expresarse normalmente, pedir cosas o dar indicaciones” comunicándose sólo mediante un “che vení o vos” (sic., declaraciones de Ana Claudia Reyes, fs. 1071/1073 vta. emplazadas en un contexto muy descriptivo de las relaciones personales y familiares de la causante; arts. 384 y 456 C.P.C.). De modo parecido se expidió María Cristina García: “no comía, le daba gelatina, agua con bombilla, no hablaba, no hacía preguntas, se encontraba postrada en la cama” (sic., fs. 1097/9098) Eva Ezcurra, quién la cuidó hasta que falleció, es igualmente categórica: “había que cuidarla porque estaba con suero, estaba inconsciente, tenía poca lucidez.La cuidaban que no se sacara el suero, le pasaban un algodón húmedo por la boca, por la sed . en los últimos dos meses anteriores a su fallecimiento ella estaba siempre mal, había veces que tenía un poco de lucidez y a veces no, se perdía totalmente, confundía a las personas . en las últimas tres semanas anteriores a su fallecimiento estaba muy mal, ahí ya no conocía a nadie, estuvo postrada en la cama de su habitación, no movía ni los brazos ni nada. No estaba consciente para nada, no hablaba ni se alimentaba. Tenía suero . estaba como dormida, lo único una mirada y nada más . estaba inconsciente . la Sra. P., desde que entró al Hospital por segunda vez, ya no reconocía a las personas . estaba como dormida, que no sabía donde estaba” (sic. fs. 1080/1082; arts. 384 y 456 C.P.C.). Destaco que los testimonios analizados muestran absoluta concordancia y coherencia entre ellos, tanto en la descripción de los hechos que narran como en las restantes circunstancias personales, familiares y de tiempo, revelando congruencia intrínseca y extrínseca (vgr. al describir cómo se reemplazaban entre sí las personas que la cuidaban, los horarios, internaciones y tratamientos médicos, etc). Dijo Ezcurra, por caso, que “la declarante estaba lo más que podía en el Hospital, estaba todos los días, se turnaban con las chicas, Silvia Britos, Cristina García y Anita Reyes, siempre de día, hasta las nueve y media de la noche. Los turnos lo arreglaban entre ellas” (sic., fs. 1081). Concluyó descartando que dieciséis días antes de morir haya podido estado “despierta, lúcida, dictado en voz alta a un escribano cómo quería disponer de sus bienes y haber alzado el brazo por si sola para estampar su dedo en un papel” (fs. 1082; en el mismo sentido, Silvia E. Britos, fs. 1089/1090).

El agravio también cuestiona que no se hayan tenido en cuenta los testimonios que dan a entender que P. pudo estar lúcida.Ello no es de recibo, no sólo porque no se individualizan y precisan los dichos omitidos ponderar (entiendo que el recurrente se refiere a las declaraciones de Sara Porcado y Marcela Laborde, fs. 1310/1311 y fs. 1050/1052) sino porque no controvierte idónea y suficientemente las consideraciones argumentales del decisorio para restarles credibilidad (arts. 260 y 261 C.P.C.). Además -y lo digo obiter dicta- esos testimonios carecen de idoneidad probatoria intrínseca cotejándolos con los otros analizados (arts. 384 y 456 C.P.C.).

6.- Dos médicos que también atendieron profesionalmente a la causante efectuaron aportes significativos. El traumatólogo Dr. Leandro Suárez operó a Pedruello de fractura medial de cadera el 3 de Mayo de 2006 y los días 7 y el 28 de Junio de 2006 le hizo limpiezas quirúrgicas de las heridas, siendo nuevamente operada el 26 de julio de 2006 en el que se le retiró la prótesis. Explica que si bien es traumatólogo y no perito, por lo que no puede pronunciarse técnicamente, según surge de la historia clínica el día 11 de Julio de 2006 la paciente “estaba en mal estado general (lo que significa) como lo dice la palabra, no lúcida, no se alimenta se niega a colocar zonda nazogástrica, curación con secreción”. Acota que “no lúcida es una persona que está desorientada en tiempo y espacio, que no recuerde que día es, que no recuerde sus familiares, ni cosas de su entorno habitual .” (sic., fs.1041 vta.). Y con relación puntual al día de celebración del acto, el 12 de Julio de 2006, manifestó que “ese día la paciente estaba grave, pero al no colocarlo en la historia clínica no lo puede asegurar. Es probable que ese día estuviese desorientada”. Más adelante describe de modo general la salud de P. el mes anterior a su fallecimiento “la paciente se encontraba en mal estado general, con deterioro progresivo, no se alimentaba, algunos días no estaba lúcida.Tenía la herida con secreción y el último tiempo no recuerda si estaba abierta o no. El día 26 de Junio estaba con curaciones con gazas iodoformadas que se colocan dentro de la herida o en una herida abierta” (sic., fs. 1042 vta.). Concluyendo: “el día 11 de Julio estaba en mal estado general y no estaba lúcida y el 12 de Julio estaba en mal estado general” (fs. 1041/1043; arts. 384 y 456 CPC). El Dr. Julián Tessari atendió a P. y antes de su internación concurrió a su domicilio en el que, con dificultades, se comunicó con ella y no puede precisar si estaba o no “en uso de sus facultades mentales” porque los pacientes añosos pueden tener cuadros de desorientación temporo espacial que a veces revierte y en cambio otros con enfermedad de base (como Alzheimer) siguen igual. Ante otras preguntas y para lo que aquí interesa, al ser interrogado específicamente cual era el estado de salud el 12 de Julio de 2006 contestó que “como médico de ella, no lo sabe porque no la vio. Si tuviera que decidir por lo que lee en la historia clínica, el día anterior no estaba lúcida, no se alimentaba y al no modificarse la historia clínica se supone que seguía en ese estado” (fs. 1061/1063; arts. 384 y 456 CPC).

En síntesis conclusiva: la nulidad del testamento otorgado por Amelia P., con la intervención del escribano Osmar Ariel Pacho, se desprende clara e indubitable de su precario estado de salud en la época y al momento de testar, ya que adolecía de demencia senil o presenil, no lúcida, lo que importa alienación mental, internada con un proceso infeccioso de origen tr aumatológico, estando física y psicológicamente imposibilitada de requerir y preparar su manifestación de última voluntad con discernimiento, libertad e intención (arts. 499, 896, 897, 898, 899, 900, 921, 993, 994, 3606, 3607, 3611, 3612, 3613, 3615, 3616, 3622, 3625, 3627, 3651, 3654, 3658 y concs.CC).

7.- No es acogible el argumento de los demandados de que la pretensión debe rechazarse porque el actor conocía el estado de salud de P. ya que le administraba sus bienes y liquidaba los alquileres. Para ello traen como ejemplo la factura de alquileres nº 0000-00000020, de fecha 2 de Julio de 2006, extendida en su talonario por la causante, diez días antes de testar. Se aduce que si la causante estaba con demencia senil se le debió promover el proceso de insana y todo ello impide la promoción de la acción instaurada. El fundamento, más allá de su infundabilidad, no es admisible. Aún para el caso de que sea cierto que el actor contrató mucho tiempo antes con su tía con demencia senil, conociendo su estado y omitiendo promover un juicio de insania, ello por si sólo no constituye un comportamiento contractual con entidad cómo para impedir luego la promoción de una demanda por nulidad del testamento y por falsedad de la escritura. Si bien nadie puede vulnerar la confianza suscitada, ni incurrir en el ámbito negocial en conductas o comportamientos contradictorios que afecten la apariencia y la buena fe (los arts. 961, 991 y 1061 a 1068 CCCN se ocupan especialmente de la tutela de la buena fe y del principio de confianza), no advierto que se configuren los presupuestos de la mentada doctrina de los actos propios con eficacia impeditiva de la acción promovida. Es que los demandados no sólo estarían habilitados para plantear las ineficacias contractuales que correspondieran, sino que además resulta muy dudoso que pueda acudirse al instituto de la doctrina de los actos propios (el que desaprueba contravenir actos precedentes, con eficacia jurídica anterior, procurando desandar sus propios comportamientos) en el ámbito de los derechos sucesorios, de la validez de los testamentos y de la falsedad de las escrituras públicas.

Pero aparte de ello, que hace a la inadmisibilidad del planteo, la demandada no acreditó el presupuesto de hecho que lo sustenta (art. 375 CPC). A fs.1347/1372 Luis Zubiria agregó todos los recibos suscriptos por la causante desde el año 2001 al año 2006 en concepto de arrendamiento del campo, de los cuales ninguno anterior a su deceso está suscripto por el actor (conf. fs. 1351) y fueron otorgados a nombre de distintos beneficiarios y el aquí impugnado a favor de Sucesión de M. S. P. S. H. Por lo demás, y como lo resalta la actora en su contestación de la expresión de agravios, la coaccionada Viviana P. al absolver posiciones reconoció que su madre Marta Comas de P. se ocupaba desde el fallecimiento de su padre (el hermano de la causante) de todos los asuntos personales y de arrendamiento, siendo ella la que suscribió el recibo cuestionado (conf. confesional fs. 942 posiciones 9ª y 10ª, y sus ampliaciones; arts. 384 y 421 CPC). El aporte testimonial de los empleados domésticos también da cuenta que la cuñada administraba desde Daireaux cuestiones de la testadora (testimonial Sra. Ezcurra, fs. 1080/1082).

III.- Por todo lo expuesto hasta aquí procede mantener en lo sustancial la sentencia recurrida y modificarla en lo atinente a la imposición de costas por lo que corresponde: 1) admitir la demanda de nulidad de testamento promovida por M. S. P. contra R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. e invalidó el testamento otorgado mediante acto público el día 12 de julio de 2006 por Amelia P. Rodrigo, instrumentado en la escritura pública número ciento setenta pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar e inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006; 2) Eximir de las costas de Primera Instancia en razón de su allanamiento oportuno y total a los codemandados Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. (arts.68 y 70 CPC); 3) imponer las costas de Primera Instancia, y de la Alzada y en razón del progreso de las pretensiones a los apelantes perdidosos, R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P. y Viviana Marta P., conforme lo dispone el art. 68 CPC. porque se resistieron y se opusieron a la pretensión deducida, incluso recurriendo la sentencia de grado, por lo que no es admisible su agravio de que deben ser eximidos por no conocer los hechos (art. 68 C.P.C.).

IV.- 1.- El agravio de la parte actora que cuestiona la declaración de abstracción de la nulidad de la escritura pública celebrada por el escribano Pacho por adolecer de falsedad ideológica debe prosperar. El estado de salud y la falta de lucidez de P. conllevan a la nulidad del testamento (arts. 3613, 3615, 3616 y concs. C.C.) pero la afectación de sus funciones volitivas y cognitivas también incide en la validez material del instrumento público que resulta falso al consignar como existentes hechos que no pudieron suceder (arts. 993, 994, 995 y concs. C.C.). Se trata de dos pretensiones (nulidad de testamento y falsedad ideológica) que, aunque vinculadas entre sí, son independientes: en la falsedad ideológica se incorpora como legitimado pasivo el escribano Pacho, cuya conducta antijurídica es susceptible de producir otros efectos jurídicos. Además la nulidad del testamento versa sobre el acto jurídico de disposición de última voluntad, el que no siempre y necesariamente involucra y compromete la intervención del oficial público. En cambio la falsedad material de la escritura que lo instrumentó atenta contra la fe pública e involucra al notario. Se sostiene en doctrina que “el bien jurídico tutelado es la fe pública, y la falsedad ideológica se consuma cuando en un instrumento público el oficial falta a la verdad al narrar los hechos con fuerza probatoria ocurridos en su presencia o cumplidos por él (art. 993 C.C.)” (cf. Cám. Nac. Apel. Civ., Sala A, 10-09-2014, “K. C. y otro c/ A.E. y otro. Nulidad de acto jurídico”, en MJ-JU-M-89866-AR; MJJ89866). “El art. 993 del C. Civ. -dice un precedente- establece que el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiere anunciado como cumplidos por el mismo o que han pasado en su presencia. Estos hechos gozan de plena fe respecto de las partes, el oficial público, los terceros, los sucesores, etc., y su fuerza probatoria no puede desconocerse por simple prueba en contrario. La plena fe que goza el instrumento público se extiende a lo que el oficial público ha hecho, visto u oído por suceder en su presencia y en ejercicio de sus funciones. La inexactitud material o intelectual de esos hechos sólo puede demostrarse mediante redargución de falsedad. Esa fuerza probatoria se refiere a la existencia material de esos hechos, pero puede probarse libremente al insinceridad de ellos. Con respecto a los actos percibidos a través del oído por el funcionario público, lo declarado queda autenticado en cuanto al hecho de haber percibido el oficial la declaración. De ahí que resulte esencial distinguir entre el hecho de la declaración que como tal es objeto de autenticación, y su contenido o sinceridad, que no es objeto de la fe pública. El hecho de la formulación de la declaración es objeto idóneo por ser pasible de percepción, pero no lo es su contenido” (cf. Cám. Nac. Apel. Civ., Sala D, 12-02-2009, “Madina, Roberto Adolfo c/ Moreno Kiernan, Federico y otros s/ cobro de sumas de dinero”, MJ-JU-M-42636-AR; MJJ42636; MJJ42636).

Como corolario de lo dicho juzgo que debe revocarse la sentencia que declaró abstracto el tratamiento de esta cuestión relativa a la alteración material de los hechos narrados por el escribano Pacho como pasados en su presencia o celebrados por él.Es que dado el estado de salud general del causante resulta imposible fáctica y jurídicamente que haya ejecutado los hechos, actos y manifestaciones que el escribano dio fe que se cumplieron y ocurrieron en su presencia. Un moribundo no puede llamar al escribano, convocar testigos y disponer de sus bienes del modo que se consigna -falsamente- en la escritura pública. Insisto: una cosa es la validez del testamento como acto jurídico de disposición de última voluntad, y otra cosa es la autenticidad intelectual de la escritura pública que lo instrumenta. Bien puede haber testamento nulo y escritura válida o, como en autos, testamento nulo y escritura falsa (arts. 993, 995 y concs. C.C.). 2.- Aún a riesgo de ser demasiado extenso resulta ilustrativo confrontar el estado y situación vital y vivencial de la causante, el 12 de Julio de 2006, con los hechos, actos y manifestaciones de voluntad que el escribano Pacho dice se ejecutaron en su presencia. La escritura 170 del 12 de Julio de 2006 expresa: “. a doce días del mes de Julio de dos mil seis, ante mí, Osmar Ariel Pacho, Notario Titular del Registro Doce del Partido de Bolívar, comparece: Doña Amelia P. Rodrigo, . hábil de mi conocimiento, doy fe, y expone: Que tiene el propósito de testar por acto público, solicitándome me constituya en el Hospital Sub-Zonal de Bolívar Dr. M. Capredoni, sito en Avenida Calfucurá s/n de ésta Ciudad de Bolívar, como consecuencia de encontrarse internada en el mismo por una dolencia que la aqueja, y ante el requerimiento me constituyo en el lugar mencionado y a cuyo efecto procede a dictarme sus antecedentes personales y su última voluntad con visible lucidez en la forma que sigue: primera: Que se llama Amelia P.Rodrigo, Libreta Cívica número 3.526.507, que tiene 95 años de edad y que nació en la Ciudad de Bolívar, el día 18 de Mayo de 1911, y que actualmente vive en la calle Güemes número 123 de la Ciudad de Bolívar.- Segunda: Que es hija de don S . P. y de doña Francisco Rodrigo, (ambos fallecidos).- Tercera: Que es de estado civil soltera y que no ha tenido hijos durante su vida.- Cuarta: Que en uso de sus facultades que le otorga la ley viene a instituir como únicos y universales herederos de la totalidad de bienes inmuebles, muebles, semovientes en su totalidad existentes, que integran o que integren a futuro su patrimonio, en la siguientes proporciones: a favor de los hijos de su hermana María Encarnación P., el 33,33%; a los hijos de su hermano M. S. P., el 33,33% y a los hijos de su hermano Gabriel P., el 33,33%.- Quinta: Que como queda expresado en la cláusula anterior ésta es su última voluntad, y que por lo tanto el presente revoca cualquier disposición que hubiera realizado con anterioridad. Sexta:Yo él Notario autorizante, hago constar que el presente testamento ha sido dictado por la testadora en viva voz, en un solo acto ininterrumpido, asimismo viendo su escritura en éste Registro a mi cargo, y que tanto el dictado como la redacción han sido presenciados por la testadora y los testigos .”. Más adelante agregó: “Leída que le fue a la compareciente no firma por la inseguridad de su pulso atento el estado de salud lo cual impide que físicamente pueda firmar normalmente, por no poder incorporarse en su cama para estampar su rúbrica como habitualmente lo hace, estampa su impresión dígito pulgar derecha, verificándolo a su pedido el doctor Felipe Martínez Pérez, además de dejar estampada sus huellas dactilares en la presente escritura, en prueba de total y expresa conformidad, con todo lo hasta aquí señalado por ser ello su último y deliberado arbitrio”. Sin desconocer ni soslayar el criterio riguroso con el que deben examinarse las cuestiones relativas a las falsedades materiales de las escrituras públicas, por el fuerte interés estatal en garantizar la seguridad pública notarial, no tengo dudas de la inexistencia de los hechos y secuencias que Pacho detalló en la escritura. En tal sentido doy aquí totalmente por reproducidas todas las consideraciones médicas, neurológicas y psiquiátricas expuestas anteriormente (supra Cap. II puntos 4 a 6).

3.- Deben añadirse otros argumentos probatorios. La actora acreditó que el compromiso cognitivo y volitivo que supone dictar un testamento se integra con las etapas de ideación, elaboración y ejecución de tal decisión las que nunca pudo realizar P. el día 12 de Julio de 2006, en la forma expuesta por el escribano Pacho. Citando jurisprudencia médica, el Dr. Insúa explicó que “los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en un estado avanzado, carecen de capacidad para tomar decisiones, entendido esto como la capacidad de entender, apreciar, razonar y elegir.Entender es la capacidad de comprender el significado de la información transmitida; la apreciación es la capacidad de identificar la manera de aplicar la información a la propia situación personal; razonar es la capacidad de comparar opciones (razonamiento comparativo), y la elección es la capacidad de dar a conocer de forma coherente una decisión” (sic. fs. 70/71). Y agregó que “una distinción clave es la que se observa entre los conceptos comprensión y apreciación. Entender hace referencia a la capacidad de saber que es lo que significa la información. Al contrario, la apreciación hace referencia a la capacidad de aplicar esta información a una situación personal. Mientras que la comprensión evalúa la capacidad de una persona para conocer hechos, la apreciación valora la capacidad para integrar estos hecos en sus objetivos, valores y creencias” (arts. 384 y 474 C.P.C.).

Del mismo modo el perito médico psiquiatra Dr. Moreira descarta que P. “pudiera estar en condiciones psíquicas y físicas, aptas y equilibradas” para actuar en la etapa elaborativa propia de todo acto volitivo y que tampoco podía concluir la ‘etapa ejecutiva’” (fs. 1246/1248; arts. 384 y 474 C.P.C.). Agrega la perito neuróloga Dra. Diana Cristalli que “el mal estado general de la testadora y el compromiso de sus funciones no es compatible con la planificación de los actos, de dictar su nombre, fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, su estado civil y sus disposiciones testamentarias, haber llamado al escribano, llamar a los testigos y mandarlo a buscar” (cf. fs. 1201/1204; arts. 384 y 474 C.P.C.). Parecidas consideraciones efectúa el Dr. Cabello al expresar que “el estado de salud de un individuo requiere de que los dos aspectos constitutivos, cuerpo y alma, estén en equilibrio y consustanciados en armonía. Nadie puede gozar de buena salud si uno de estos factores está descompensado. Si la Sra. Amelia P.Rodrigo no estaba en condiciones físicas de firmar, cómo es posible (se pregunta) que estuviese en condiciones psíquicas de hacerlo, en estado crítico, pre-mortem, síndrome tóxico infeccioso, se negaba a comer, estaba agresiva, ¿podía decidir libremente si agregamos la demencia en curso, que en este caso da lo mismo que fuera senil o tipo Alzheimer?. Lo que verdaderamente importa, es que su estado era de alienación mental en el sentido jurídico y psiquiátrico. En su estado físico: no pudo sentarse en la cama para firmar, algo tan importante en la vida de todo ser humano, como es su legado. En la Escritura Testamentaria nº 170 -prosigue- destaca el notario que “no firma por la inseguridad de su pulso atento el estado de salud lo cual impide que físicamente pueda firmar normalmente, por no poder incorporarse en la cama para estampar su rúbrica como habitualmente lo hace, estampa su impresión dígito pulgar derecha”. Y concluye manifestando que “resalto que durante las últimas semanas de internación hasta su muerte, el grado de conciencia y de lucidez de la Sra. Amelia P., ya limitado por la enfermedad de base más la enfermedad infecciosa, la colocaba en situación de no poder comprender ni dirigir sus acciones, dando la posibilidad de aceptar o rechazar sin conciencia ni juicios de valor adecuados cualquier propuesta, por no comprenderla, no poder elaborarla, dimensionarla ni proyectarla. Por lo tanto, podía aceptar situaciones incluso contra ella misma, y estaría propensa a la captación de voluntad como figura jurídica”. La manifestación del escribano Pacho de que la causante tenía “visible lucidez” denota contundentemente la insinceridad de sus dichos. Esa referencia de Pacho a la lucidez “visible” de P., como sinónimo de evidente, notoria, palpable no tiene incidencia en lo relativo a la nulidad del testamento, adquiriendo en cambio mucha significación para demostrar la falsedad de sus dichos. P.no estaba lúcida, carecía de razón, no conocía, ni siquiera podía moverse.

Este sólido plexo probatorio -claro, preciso y coincidente- descarta totalmente la importancia probatoria que los demandados recurrentes pretenden asignar a los tres testigos que intervinieron en el acto: los hermanos M. Ángel Manghi y Armando Humberto Manghi y el médico Dr. Felipe Martínez Pérez, quien firmó a ruego. La intervención como testigo del acto del Dr. Martínez carece de importancia: no intervino como profesional, ya que la escritura no dice nada acerca de ninguna condición especial suya. Su relación profesional es ajena al hospital público en el que estaba internada P., lo que resulta del informe de la Municipalidad de Bolívar, en el que se consigna que “en el mes de Julio/2006, el doctor Felipe Martínez Pérez, no pertenecía al Personal del Hospital de Bolívar, no poseía ningún aval a nivel hospitalario para asistir a pacientes. Como médico de cabecera de PAMI, tiene la obligación verificar la evolución, diagnóstico y tratamiento de sus pacientes, cuando se encuentren internados en el mencionado nosocomio” (sic., fs. 1013). En el referido informe se expresa que “desde el 09/06/1978 se desempeñó como médico de Planta Permanente en el mencionado Hospital, en el Servicio de Clínica Médica, hasta el 09/06/1982 fecha en que se lo declara cesante por transgresión a lo preceptuado por el Artículo 60 – Inciso e) y g) de la Ordenanza General 207 y su modificatoria 233/78” (sic. informe fs. cit.). Además de que está inscripto en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires “con dedicación en clínica médica y cardiológica” (informe fs. 945) y la historia clínica que expidió de la paciente, cuando tenía 92 años, está fechado en el año 2007.

Los testimonios de los hermanos Manghi fueron escuetos, pese a la amplitud y extensión del interrogatorio. M. Ángel Manghi aclaró que fueron requeridos por “Jorge M.(es decir el coheredero codemandado) (que) es conocido (de ellos) . estaba la mujer ésta que estaba operada . escucha que la Sra. hace un relato que quiere dejar los bienes para todos los sobrinos y el señor Pacho escribía, tenía un computadora Notbook. Después le lee a la mujer, esta escucha, asiente y pone el dedo en forma de firmar. Ella está acostada. . El declarante escucha a la señora hacer un relato de todo lo que pretendía en ese momento hacer . La vio bien, propio de una operación, acostada, bien. Estaba acostada, hablaba bien, estaría dolorida. Habló sobre el tema de lo que habló con Pacho. Fue una cosa rápida, no recuerda bien, unos quince minutos o unos veinte minutos. Lo que tardó en acomodar los papeles, hizo el relato, lo preguntó Pacho como se encontraba, no sabe que tiempo puede generar eso . Cuando llegó el declarante el Dr. Martínez Pérez ya estaba allí, no recuerda si la revisó o si habló con ella . No vio si tenía alguna herida. No recuerda si estaba con suero tampoco . No puede describir físicamente a la Sra. Amelia P. . Estaba postrada, no la ve como es ella . No recuerda si la Sra. P. leyó, voluntariamente el papel aludido precedentemente . La Sra. P. se expresaba bien, normal .” (sic. fs. 1022/1024).

Parecidas contradicciones e inconsistencias le son atribuibles a Armando Humberto Manghi, quién declaró que “al declarante lo convocó Jorge M., sobrino de Amelia P., diciéndole que precisaba a dos testigos por lo que el declarante le dijo a su hermano. Porque había hablado con el escribano, Osmar Pacho, de que la Sra. Amelia quería pasar sus bienes y este le pidió dos o tres testigos. Fue alrededor de la tardecita . Ella no nombró a los sobrinos . Estaba en la cama, lúcida, bien . Estaba acostada, estaba bien, lúcida . El escribano redactó lo que le dijo la mujer en la portátil.Luego se lo leyó a la mujer y ésta puso el dedo . El escribano Pacho imprimió dentro de la habitación lo que había leído anteriormente . El declarante no recuerda si era una Notbook o una máquina de escribir . La Sra. P. no leyó, voluntariamente el documento aludido precedentemente . El escribano Pacho leyó a viva voz, el documento aludido precedentemente, antes que la Sra. P. imprimiera su dedo en el mismo documento . No recuerda si tenía suero, la causante ‘lo sabía’ y lo conocía y lo reconoció (sic. fs. 1032/1034).

Todo lo precedentemente expuesto, es decir los hechos narrados por los Sres. Manghi y por Martínez Pérez y consignados por el escribano Pacho como ciertos y existentes y pasados en su presencia confrontados y enfrentados al real estado de privación de la razón de P. (art. 2667 inc. c CCCN) y su situación vital y existencial (postrada en la cama, sin alimentarse ni moverse, sin lucidez) pone de relieve la falsedad ideológica de la escritura pública celebrada por el escribano Pacho (arts. 979 inc. 1, 988, 989, 992, 993, 994, 995 y concs. C.C.). Dice Medina que “‘la falsedad ideológica’, intelectual o inmaterial existe cuando se comprueba que el testamento es formalmente válido pero no es veraz su contenido; este es el caso cuando las enunciaciones hechas en él no son verdaderas; por ejemplo, cuando el oficial público dice haber presenciado algo que nunca ocurrió” (cf. Medina, Graciela, “Nulidad de Testamento”, pág. 312). “La falsedad intelectual tendrá lugar cuando es escribano dé fe de formalidades que no cumplieron o de manifestaciones que no se hicieron o de fecha que no son reales” (conf. Azpiri, Jorge O., “Derecho sucesorio”, pág. 858; Pelosi, Carlos A., “El documento notarial”, pág.313). Fassi dice que “así por ejemplo, habrá falsedad intelectual, si se insertó una fecha que no es verdadera, o figuran como cumplidas formalidades que no se cumplieron, o se atribuyen al testador declaraciones que éste no hizo . se incurrirá en falsedad si el escribano insertó enunciaciones inconciliables con los hechos constatados por él ex propriis sensibus, como si los herederos afirmaran y probaran la sordera del testador, mientras el testamento atesta que interpelado para firmar, contestó no saber hacerlo” (cf. Fassi, S. C., “Tratado de los Testamentos”, Volumen 2, págs. 339/341). Por consiguiente debe prosperar la demanda de nulidad por falsedad ideológica de la escritura contra el escribano Osmar Ariel Pacho, con costas en ambas instancias al vencido (art. 68 C.P.C.).

V.- Por todo lo expuesto corresponde decretar la deserción del recurso de apelación interpuesto a fs. 1614 por el codemandado Osmar Ariel Pacho, yconfirmar y modificar la sentencia apelada del modo siguiente: 1) admitir la demanda de nulidad de testamento promovida por M. S. P. contra R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. que invalidó el testamento otorgado mediante acto público el día 12 de julio de 2006 por Amelia P. Rodrigo, instrumentado en la escritura pública número ciento setenta pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar e inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006; 2) eximir de las costas de Primera Instancia en razón de su allanamiento oportuno y total a los codemandados Patricia Beatriz P. , Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. (arts. 68 y 70 C.P.C.); 3) imponer las costas de Primera Instancia, y las de la Alzada en razón del progreso de las pretensiones a los apelantes perdidosos, R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P.y Viviana Marta P., conforme lo dispone el art 68 C.P.C.; 4) disponer que una vez que la presente pase en autoridad de cosa juzgada y que se hayan cumplido la totalidad de las cargas arancelarias y fiscales, deberá insertarse nota en los autos caratulados “P., Amelia s/ Sucesión testamentaria” (Expediente número 44.431) y comunicarse la decisión adoptada al Registro de Testamentos de la Provincia de Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 del C.P.C.); 5) admitir la demanda promovida por M. S. P. contra Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar declarando la nulidad por su falsedad ideológica de la escritura pública número ciento sesenta de fecha doce de Julio de 2006 correspondiente a la actuación notarial GAA09982155 y GAA09982156 que instrumenta el testamento por acto público otorgado por Amelia P. e inscripto en el Registro de Testamentos con fecha 25/07/2006 bajo el número 1588994, con costas en ambas instancias al demandado perdidoso; 6) atento lo actuado y pudiendo resultar -prima facie- la eventual comisión de un delito penal, en orden a lo prescripto por los artículos 277 inc. 1º y 292 Código Penal y 288 Cód. Proc. Penal y art. 40 ley 9020, por Secretaría expídanse piezas fotocopiadas de estos autos y dese intervenciónal Sr. Agente Fiscal que corresponda y al Sr. Juez Notarial, a sus efectos; 7) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por iguales fundamentos.

A LA CUARTA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS dijo: Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, correspondedecretar la deserción del recurso de apelación interpuesto a fs.1614 por el codemandado Osmar Ariel Pacho, y confirmar y modificar la sentencia apelada del modo siguiente: 1) admitir la demanda de nulidad de testamento promovida por M. S. P. contra R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. que invalidó el testamento otorgado mediante acto público el día 12 de julio de 2006 por Amelia P. Rodrigo, instrumentado en la escritura pública número ciento setenta pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar e inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006; 2) eximir de las costas de Primera Instancia en razón de su allanamiento oportuno y total a los codemandados Patricia Beatriz P. , Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. (arts. 68 y 70 C.P.C.);3) imponer las costas de Primera Instancia, y las de la Alzada en razón del progreso de las pretensiones a los apelantes perdidosos, R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P. y Viviana Marta P., conforme lo dispone el art 68 C.P.C.; 4) disponer que una vez que la presente pase en autoridad de cosa juzgada y que se hayan cumplido la totalidad de las cargas arancelarias y fiscales, deberá insertarse nota en los autos caratulados “P., Amelia s/ Sucesión testamentaria” (Expediente número 44.431) y comunicarse la decisión adoptada al Registro de Testamentos de la Provincia de Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 del C.P.C.); 5) admitir la demanda promovida por M. S. P.contra Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar declarando la nulidad por su falsedad ideológica de la escritura pública número ciento sesenta de fecha doce de Julio de 2006 correspondiente a la actuación notarial GAA09982155 y GAA09982156 que instrumenta el testamento por acto público otorgado por Amelia P. e inscripto en el Registro de Testamentos con fecha 25/07/2006 bajo el número 1588994, con costas en ambas instancias al demandado perdidoso; 6) atento lo actuado y pudiendo resultar -prima facie- la eventual comisión de un delito penal, en orden a lo prescripto por los artículos 277 inc. 1º y 292 Código Penal y 288 Cód. Proc. Penal y art. 40 ley 9020, por Secretaría expídanse piezas fotocopiadas de estos autos y dese intervención al Sr. Agente Fiscal que corresponda y al Sr. Juez Notarial, a sus efectos; 7) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes adhiere al voto antecedente, votando en sentido análogo por iguales fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

– S E N T E N C I A –

Azul, de Noviembre de 2015.-

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 254, 260, 261, 266, 267 y concs. del C.P.C.C., DECRÉTASE LA DESERCIÓN del recurso de apelación interpuesto a fs. 1614 por el codemandado Osmar Ariel Pacho, y CONFÍRMASE y MODIFÍCASE la sentencia apelada del modo siguiente: 1) ADMÍTESEla demanda de nulidad de testamento promovida por M. S. P. contra R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P., Viviana Marta P., Patricia Beatriz P., Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. que invalidó el testamento otorgado mediante acto público el día 12 de julio de 2006 por Amelia P.Rodrigo, instrumentado en la escritura pública número ciento setenta pasada ante el notario Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar e inscripta en el Registro de Testamentos bajo el número 158.994 el 25 de julio de 2006; 2) EXÍMESE de las costas de Primera Instancia en razón de su allanamiento oportuno y total a los codemandados Patricia Beatriz P. , Claudia Gabriela P. y Gabriel S. Alejandro P. (arts. 68 y 70 C.P.C.); 3) IMPÓNENSE las costas de Primera Instancia, y las de la Alzada en razón del progreso de las pretensiones a los apelantes perdidosos, R. Jorge M., Victoria Mabel M., M. Ángel P. y Viviana Marta P., conforme lo dispone el art 68 C.P.C.; 4) DISPÓNESE que una vez que la presente pase en autoridad de cosa juzgada y que se hayan cumplido la totalidad de las cargas arancelarias y fiscales, INSÉRTESE nota en los autos caratulados “P., Amelia s/ Sucesión testamentaria” (Expediente número 44.431) y COMUNÍQUESE la decisión adoptada al Registro de Testamentos de la Provincia de Buenos Aires. A tal fin, LÍBRESE oficio por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 del C.P.C.); 5) ADMÍTESE la demanda promovida por M. S. P. contra Osmar Ariel Pacho, titular del registro número doce del Partido de Bolívar declarando la nulidad por su falsedad ideológica de la escritura pública número ciento sesenta de fecha doce de Julio de 2006 correspondiente a la actuación notarial GAA09982155 y GAA09982156 que instrumenta el testamento por acto público otorgado por Amelia P. e inscripto en el Registro de Testamentos con fecha 25/07/2006 bajo el número 1588994, con costas en ambas instancias al demandado perdidoso; 6) atento lo actuado y pudiendo resultar -prima facie- la eventual comisión de un delito penal, en orden a lo prescripto por los artículos 277 inc. 1º y 292 Código Penal y 288 Cód. Proc. Penal y art. 40 ley 9020, por Secretaría EXPÍDANSE piezas fotocopiadas de estos autos y DESE INTERVENCIÓN al Sr. Agente Fiscal que corresponda y al Sr. Juez Notarial, a sus efectos; 7) DIFIÉRESE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). 8) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.

JORGE MARIO GALDOS – PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II

VICTOR MARIO PERALTA REYES – ante mí: CLAUDIO M. CAMINO – SECR