JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 38ª NOMINACIÓN DE CÓRDOBA –  AUTO NÚMERO: Setecientos noventa y cinco (795)

Córdoba, veintiuno de Noviembre de 2013

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «Ch. C., L. E. SUMARIAS. Expte. 2230355/36», de los que resulta que a fs. 01/05, con fecha once de noviembre de dos mil once (11/11/2011), comparece el señor L.E.Ch. C., D.N.I. N° ….., con el patrocinio letrado de la señora Asesora Civil de Décimo Turno, Dra. E. del V. S., en razón de encuadrar su situación en las previsiones de la ley 7982 de asistencia jurídica gratuita, en ejercicio del derecho de optar que emana de la ley de nombre (art. 5 y 15 de la ley 18.248), solicitando autorización judicial para preservar el apellido materno.

Hechos: Manifiesta que conforme surge del Acta N° 732, Tomo 1°, Serie B, año 1993, labrada por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Córdoba, su nacimiento se encuentra inscripto como ocurrido en esta Ciudad, el día 30/04/93, consignándose su filiación materna y paterna, esto es hijo de S.A.Ch., D.N.I. N° 13.821.143 y L.M.C. D.N.I. N° 13.681.169.

Que así, por imperativo legal, corresponde lleve apellido paterno en razón justamente de haberse determinado tal filiación (ley 18.248). Hace suyo el fundamento de derecho establecido en el art. 5 de la aludida ley, que permite mantener el apellido materno a una persona cuando ésta se ha desarrollado en los medios sociales y en su mundo de relación con el apellido materno y en el art. 15 que dispone que después de asentados en la partida de nacimiento, el nombre y el apellido no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos. Dice que sin duda, esa es su situación pues se identifica públicamente con el apellido de su madre y generaría en su persona, graves y serios inconvenientes modificar tal situación. Hace presente que cuando era pequeño, su padre se retiró de su hogar sustrayéndose totalmente de sus responsabilidades como tal, en el aspecto económico, espiritual y afectivo, siendo su madre quien satisfizo sus necesidades, razón por la cual siempre uso el apellido materno, con el que se identifico y es conocido en el ámbito familiar, social y escolar. Continúa exponiendo que la falta de identificación con su apellido paterno refleja el sentimiento de «no pertenencia a ese grupo familiar» y el hecho de tener que usar un apellido que nada significa en su vida, le afecta causándole un serio agravio moral y espiritual, además de aparejarle graves problemas de relación y de personalidad, en razón de asociar el apellido que debe usar con un mal padre o con un padre ausente. Cita doctrina en respaldo de su postura. Aclara que no es su intención alterar su identificación, solo desea preservar el derecho al uso de su apellido materno. Hace presente que su madre inició con fecha 12/05/11 por ante el Juzgado de Primera Instancia y 30° Nominación, los autos caratulados: «C.,N.V.- Sumarias» (Expte N° 2169241/36), en representación de su hermano N.V., destacando que en su particular situación opera el principio de unidad o uniformidad en la denominación de la prole, cuya protección y preservación también solicita. Adita que el uso del apellido materno durante su vida, por el cual ha sido conocido e insertado en su núcleo familiar quedará acreditado en forma en la etapa procesal pertinente a fin de demostrar fehacientemente que la supresión del mismo generaría consecuencias disvaliosas en su personalidad. Solicita que tal situación sea valorada personal y directamente por S.S a esos efectos pide se fije día y hora de audiencia a fin que mantenga entrevista con el compareciente. Destaca la existencia de nuevos paradigmas en materia de nombre de los hijos frente a las nuevas realidades familiares. Cita jurisprudencia. Transcribe el art. 42 de la ley 26.618. Destaca que existen más que «justos motivos» para hacer lugar a lo peticionado, de conformidad al art. 15 de la ley 18248. Concluye que la conservación del apellido pretendida es nada más y nada menos el peticionar la tutela jurisdiccional de un derecho de raigambre constitucional, Derecho a la Identidad en su faz dinámica. Ofrece prueba documental, testimonial e informativa.

Impreso el trámite de ley (fs.13), a fs. 14 toma intervención la señora Fiscal Civil de Primera Nominación.

A fs. 17 comparece la señora Nancy Moreno, Directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y manifestado que deja librado al elevado criterio del juzgador la valoración de los motivos esgrimidos.

A fs. 21/23 obra oficio debidamente diligenciado ante el Registro General de la Provincia de cual surge que a nombre del peticionante no se registran anotadas medidas precautorias.-

A fs. 24/25 obra constancia de publicación de edictos.

Proveídas las pruebas ofrecidas (fs. 27), se incorporan en autos las diligenciadas

A fs. 40/51 obra el Dictamen de la Señora Fiscal Civil de Primera Nominación que concluye que no se han acreditado, a su criterio, la existencia de los justos motivos aludidos, ya que no se ha acompañado documental pública o privada que indique que el peticionante es conocido en su vida civil únicamente con el apellido materno.

Que en cuanto a la ausencia de sustento económico, solo consta la manifestación del peticionante, lo que resulta insuficiente, más no obra actuado alguno persiguiendo el requerimiento del mismo. Dice que el hecho de que sería vergonzante socialmente mantener el apellido paterno, no deja de ser nada más que una expresión de sentimiento afectivo personal hacia su padre, no habiéndose acompañado ninguna prueba acerca que el mismo haya cometido delito doloso o existencia de acto que implique mancha para el apellido en el aspecto social, ni haber incurrido en un reconocimiento tardío del hijo (o por sentencia judicial) extramatrimonial, lo cual hubiera justificado soslayar el apellido del padre claudicante. Por ello, dictamina que se debe rechazar la presente sumaria información.

A fs. 62 certifica el Actuario que tuvo lugar la entrevista personal de la Titular del Juzgado con el peticionante de la sumaria, señor L.E.Ch.C. con la presencia de la Asesora letrada del Décimo Turno, no compareciendo la señora Fiscal interviniente, quien se notificó en forma (conf. fs. 57/58).

Dictado el decreto de autos (fs. 64) y firme el mismo, queda la presente en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I) Que el joven L.E.Ch.C., D.N.I. N° ….. con el patrocinio letrado de la señora Asesora Civil de Décimo Turno, Dra. E. del V. S., solicita autorización judicial para preservar el apellido materno, ejerciendo el derecho de opción que emana de la ley de nombre (art. 5 y 15 de la ley 18.248), pues entiende que existen justos motivos, ya que se identifica públicamente con el apellido de su madre y generaría en su persona graves y serios inconvenientes modificar tal situación; agregando que la falta de identificación con su apellido paterno refleja el sentimiento de «no pertenencia a ese grupo familiar», con más el hecho de tener que usar un apellido que nada significa en su vida, todo lo cual le afecta, causándole un serio agravio moral y espiritual, además de aparejarle graves problemas de relación y de personalidad, aclarando que no es su intención alterar su identificación; sólo desea preservar el derecho al uso de su apellido materno. Ello es resistido por la señora Fiscal Civil de Primera Nominación quien por los fundamentos que desarrolla en profundidad, entiende que los motivos relatados por el impetrante no enancan en los justos motivos aludidos.

Producida la prueba ofrecida, llevada a cabo la entrevista personal del solicitante con la suscripta, se dicta el decreto de autos. Firme el mismo queda la causa en condiciones de ser resuelta, a cuyos efectos se dejan reproducidos, en aras a la brevedad, los términos vertidos en los Vistos de la presente resolución

II) La cuestión traída a resolución por L.E.Ch.C., consiste en el pedido de supresión del apellido paterno «Ch.», para poder mantener el materno «C.», planteo que queda atrapado en las previsiones de la ley n° 18.248. Así el art. 1º establece: «Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponda de acuerdo con las disposiciones de la presente ley». Por su lado el art. 5º dispone: «El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. […] Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese conocido públicamente conocido por éste.» y el art. 15° reza: «Después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y el apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediare justos motivos».-

Como primera aproximación, calificada doctrina sostiene que el derecho a la identidad personal es de carácter personalísimo y constituye un aspecto de la personalidad que está en profunda renovación en estos tiempos, tal como lo refleja Fernández Sessarego, en su obra «Derecho a la identidad personal». Es que todo ser humano, por el hecho de ser tal, tiene el derecho personalísimo de vivir y ser conocido en la sociedad en la que interactúa con su verdadera identidad, que no es sino, el derecho a ser si mismo, con las características propias que refieren a su patrimonio cultural, político, social, religioso e ideológico, y a ser conocido y valorado así por la sociedad. En sentido conteste, la jurisprudencia ha expresado que, partiendo de la concepción del nombre como un derecho humano, debe considerarse que el principio de inmutabilidad no tiene carácter absoluto y ha de ser interpretado a la luz del principio «pro homine» lo cual lleva a valorar con mayor indulgencia el real interés y sentimiento de la persona.

Tal concepción ha sido recogida por la reforma constitucional de 1994, se consagra el derecho a la identidad en los arts. 43, 75 incs. 12, 17, 19 a más del inc. 22 de la Const. Nacional, por el que integran nuestro plexo normativo fundamental los Tratados Internacionales.

Con acierto, en la hora presente se reconoce que cada persona una ostenta una identidad estática o biológica propia del nacimiento, y una identidad dinámica que permite la incorporación de determinados elementos culturales al ser personal, y que hacen a su equilibrio psico-social; y en esta inteligencia se coloca el impetrante para procurar la autorización de supresión de su apellido paterno, sin que ello implique afectar su identificación

Es esa calidad dinámica de la identidad la que le permite al ser humano desarrollarse en sus relaciones interpersonales, y es precisamente allí donde adquieren cabal sustento las disposiciones de los arts. 5 y 15 de la ley 18.248, en tanto permiten entre otros supuestos, la adición del apellido materno e incluso el cambio de nombre, cuando existen justos motivos.

De tal modo, el carácter inmutable que reconoce el nombre de un sujeto -que lo individualiza y le aporta seguridad a sus relaciones con los terceros, resguardando los derechos-, debe estar en consonancia con la identidad personal y la construcción del psiquismo de cada sujeto, todo lo cual le permite integrar adecuadamente su personalidad

Es por ello que al examinar el cambio de nombre –entendido en sentido lato, esto es nombre y/o apellido-, la mirada habrá de ser de manera multidisciplinaria, teniendo especialmente en cuenta las concretas consecuencias jurídicas que de dicha situación pudieren derivarse.

En este sentido, el Dr. Armando Segundo Andruet (h) en su obra La Politicidad del Derecho, El Ethos y el Estado de Derecho en Occidente, Academia Nacional de Derecho, pag. 118, afirma que la justicia, como arte de la ciencia del Derecho, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, no debe ser sustraída de la meditación de los jueces, en cuanto conocimiento «estimativo». Así, la aplicación de la norma jurídica que involucra una decisión judicial, requiere valorar los hechos del caso planteado, comprendiendo su especial sentido, calificándolos jurídicamente y juzgando la regla pertinente para la solución que mejor consulte en cada supuesto.

En consecuencia, le incumbe a la juzgadora conjugar de la manera mas equilibrada posible, tanto los valores jurídicos, como el paradigma esencial de justicia. De allí, que el proceso de su razonamiento debe estar presidido por la prudencia para poder lograr una razonable y prudente interpretación de la ley al caso concreto.

III) Bajo tales directrices se ingresa al examen de la cuestión traída a resolución, a cuyos efectos se verifica que en el sublite el joven L.E.Ch.C., persigue en definitiva la supresión del apellido paterno, para poder mantener sólo el materno, para lo cual se impone examinar si dado que el nombre reviste además de un carácter biológico, uno dinámico e integra el equilibrio psico-social de la persona, el impetrante ha logrado acreditar que existen justos motivos que abonen su pretensión.

En tal dirección, la jurisprudencia ha sostenido que la inmutabilidad del nombre es un principio del que el juzgador no debe apartarse sino en supuestos de excepción y cuando las circunstancias lo justifiquen, pero aquel principio no es absoluto, ya que, frente a razones de orden social y seguridad que inspiran la regla, pueden hallarse otras no menos atendibles, que respondan a intereses particulares y merecedoras de la tutela del orden jurídico en tanto no comprometan aquéllas (vide Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, Morales Paulino J.E., fallo del 26/04/1989).

En el caso de autos, el impetrante se ha valido de los siguientes elementos probatorios, a saber: 1) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad, copia de la Partida de Nacimiento y Certificado de Nacimiento del peticionante, de los que surge como su apellido, el compuesto paterno-materno, es decir Ch.C. (vide fs. 08/10). 2) Informe psicológico elaborado por el Lic. José E. Fernández, con fecha tres de Noviembre de dos mil nueve (03/11/09) –siendo en ese momento solicitante menor de edad y cursando 5to. año del colegio secundario- en el que destacan las siguientes afirmaciones: «Motiva la intervención profesional, la decisión explícita del menor de modificar su apellido, teniendo como anhelo conservar solamente el apellido materno y excluir el de su padre. Al momento de la valoración, al joven se lo observa lúcido, conciente y orientado temporoespacialmente. Al momento de la valoración, la decisión del joven se basa en los siguientes aspectos: 1. El joven refiere que su progenitor, Sr. Ch.,S.A., no se hizo cargo del rol esperable como tal. 2. Tampoco su padre, se ocuparía económicamente de apoyarlo ni a él y ni al resto del grupo familiar. 3. Refiere asimismo que no lo une a su padre vínculo afectivo de ningún tipo. 4. Tener el apellido de su padre, terminaría siéndole vergonzante en el orden social y el sistema educativo formal, frente a sus pares y otros compañeros, ya que no lo siente como propio. 5. No se infiere identificación positiva con la imagen parental masculina. 6. Se infiere Disforia Generalizada en relación a la figura representativa del progenitor. Por otra parte, la progenitora, Sra. L. M. C., apoyaría tal gestión por parte del menor de referencia.». (conf. fs. 11). 3) Testimoniales de las que surge que: A) La señora M.E.T. a la pregunta Segunda de su pliego de interrogación obrante a fs. 05, que reza: «Para que diga… cómo está integrado el núcleo familiar del peticionante», respondió: «Que conoce a los hermanos, hermana y hermano, dos sobrinitas y a la mama. Que viven todos juntos. Que no conoció que viviera alguien más con ellos.»; a la pregunta Tercera: «Para que digan… cómo identifican al actor en el ámbito social y estudiantil», dijo: «Que sabe que el peticionante se llama L., no le conoce el apellido. Sólo sabe que el apellido de la madre es C.»; y a la pregunta Cuarta: «Para que digan qué nivel de vinculación y/o trato mantiene con su progenitor», manifestó: «Que no lo conoce al padre de él. Que hace seis años que conoce a L. y nunca lo vio al padre. Que es vecina de la familia C. y nunca escuchó hablar del padre.» (ver fs. 34). B) Y el señor V.DC., a la pregunta Segunda declaró: «Por la mamá, dos hermanos, un varón y una mujer y dos sobrinitas. Que viven todos juntos.»; a la pregunta Tercera, dijo: «Que lo conoce como un chico muy estudioso y con ganas de avanzar. Dijo que se llama L.C. Que L. es L.»; y a la Cuarta respondió: «Que no lo conoce al padre de él. A la mamá sí y al papá no. Que desde el 2003 conoce a la mamá y a ellos y nunca vio al padre, que no sabe el apellido del padre. Que desde la mencionada fecha los conoce porque eran compañeros de trabajo y se visitan.» (vide fs. 38). 4) Entrevista Personal de la suscripta con el peticionante, con la presencia de la señora Asesora Letrada patrocinante, y en ausencia de la señora Fiscal quien estuvo citada en legal forma, conforme da cuenta la certificación del Actuario de fs. 62; 5) Informe del Registro General de la Provincia, en el que dicha repartición indica que a nombre del señor L.Ch.C. D.N.I. N° 37.476.660 no figura anotada inhibición; 6) Auto Número Seiscientos cincuenta y dos (652) dictado por el titular del Juzgado de 1° Instancia y 30° Nom. Civil y Comercial de ésta Ciudad, en el proceso caratulado «C., N.V.- Sumarias» N° 2169241/36, por el que se admitió el pedido efectuado por la señora L.M.C., y en consecuencia se resolvió «ordenar las autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Córdoba que el menor N.V.C. (DNI 42.640.849) hijo de la Sra. L.M.C. y del Sr. S.R.C., preserve el apellido materno tal cual originariamente se le asignara, debiendo en consecuencia quedar inscripto definitivamente como N.V.C….», glosado en copias por la Asesora Letrada interviniente a fs. 68/71, y que refiere a similar pretensión del hermano de L.E.Ch., conforme explicita el peticionante a fs. 2 vta.

Ahora bien, no obstante la calificada opinión vertida por la señora Fiscal Civil interviniente en su enjundioso dictamen de fs. 40/51, y aún admitiendo la escasa prueba aportada por el impetrante en esta causa, luce dirimente la Entrevista Personal solicitada y llevada a cabo con L.E. en audiencia designada al efecto, quien fue extensa y profundamente interrogado por su historia de vida personal, su relación con su madre, con sus hermanos y demás familiares maternos, como así también con su padre y su familia paterna; logra extraerse como relevante que se trata de un joven con gran madurez y autonomía, poco común a su edad; que estudia y trabaja. En particular y en lo que aquí interesa, cabe poner de relieve que relata con mucho dolor, emotividad y marcada sinceridad la afectación que a su persona le causa las negativas experiencias en los escasos contactos vividos con su padre, los reiterados gestos de burla recibidos, como las actitudes humillantes y despectivas hacia la familia materna y comentarios injuriosos respecto de sus integrantes, lo cual ha traspuesto los límites de su hogar, llegando a ser trasmitidos a algunos vecinos en épocas pasadas y en las pocas ocasiones en que se ha acercado. Relata con mucha consternación sus reiterados intentos de entablar una conversación, aún telefónica, con su papá, recibiendo como respuesta el corte de la llamada. Igual frustración expresa en su voluntad de establecer trato con la familia paterna, sin obtener respuestas positivas. Desde otro costado, describe con detalle cómo lo ha afectado tener que identificarse, por ejemplo mientras era escolar, con el apellido de su progenitor con quien no se reconoce, reitera que no es nada para él y se emociona hasta las lágrimas al verse obligado a portar su apellido en los ámbitos donde debe informar sus datos filiatorios.

Es dable aclarar que, no se ha advertido que la cuestión pase por la ausencia de provisión de alimentos, esto es una visión meramente económica, sino que se trata de la afectación que le ha producido el abandono afectivo y de relación de su padre durante toda su vida.

Cuadra destacar que la iudex, según las reglas de la experiencia que integran la sana crítica racional, ha logrado despejar la duda que existía en torno a la influencia materna en esta decisión, aventando toda sospecha al efecto, esta es, la posible disuasión de su progenitora, resaltando que todo este derrotero judicial lo ha efectuado solo, lo cual fue corroborado por su Asesora Letrada patrocinante.

Obiter dictus cobra singular relevancia el principio de unicidad familiar por parte de todo su núcleo parental, el cual amerita ser adecuadamente atendido, y prueba de ello es la resolución favorable que su hermano N.V. ha obtenido en los autos «C., N.V.- Sumarias» N° 2169241/36, ya referenciados.

Todo ello conduce a persuadir a la suscripta que, mangüer la limitada prueba emergente de la causa, existen en la persona del impetrante justos y razonables motivos para obtener la supresión del apellido paterno que tanto lo angustia y afecta. Aquí, no se trata en el sub lite de desconocer su identificación con su padre, sino de la indeseable afectación de llevar su apellido, con el que en modo alguno se reconoce, ni identifica.

No resulta baladí, el verificar que el padre señor S.A.Ch. habiendo sido citado por Edictos de ley, pues el impetrante refiere que desconoce su paradero, según dan cuenta las publicaciones obrantes a fs. 24/25, no ha comparecido al proceso, con lo cual no ha resistido en modo alguno la petición de su hijo.

Como se observa, en este especial caso traído a resolución, no existe ninguna duda en orden a la individualización del joven L.E.Ch.C. D.N.I. N° 37.476.660, toda vez que a la luz del marco teórico tan bien desarrollado por la señor Fiscal Civil -no obstante no compartir en esta hora su conclusión denegatoria-, y según una clara máxima de experiencia y un abordaje multidisciplinar del psiquismo que construye la identidad del peticionante, luce legítimo el pedido de autorización de la supresión del apellido paterno. A estos efectos, los justos motivos invocados, se enmarcan en la opinión del Informe Psicológico glosado a fs. 11, el cual constituye un criterio calificado por su conocimiento técnico, sobre las implicancias disvaliosas que la utilización del apellido Ch. impactan sobre L.E.

Es que de lo que se trata, es de desentrañar la verdad jurídica objetiva, más allá de la dogmática jurídica, la cual, contrariamente, debe ser puesta al servicio del ser humano que requiere de una decisión jurisdiccional que le permita ser «él mismo»; en una palabra, construir «soy yo», elementos todos constitutivos del ser personal sin la cual el ordenamiento jurídico queda vacío de contenido.

En tal sintonía la jurisprudencia (vide Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G. Dziewzo Polski, Daniel c. Bass, Adrián, del 22/04/1998) ha considerado que los justos motivos determinados por el art. 15 de la ley del nombre de las personas naturales N° 18.248, son aquellos que derivan en un serio agravio material o espiritual para los interesados, o por lo menos aquellos en los que la dificultad alegada reúne tanta razonabilidad que a simple vista es susceptible de comprobación. Este precedente, rescata que las posibles excepciones tienden a que cumpla correctamente con sus fines de individualización e identificación de las personas a través del tiempo, a lo cual, contribuye el prudente arbitrio judicial, en la medida que la ley no enumera -siquiera a título ejemplificativo- los justos motivos para sustituir o suprimir el nombre.

Desde otro costado, tampoco se avizora razonablemente que en el caso bajo examen, -y dado la temprana edad del impetrante (entonces 18 años ) hoy 20 años, a más del Certificado negativo del Registro de la Provincia obrante a fs. 21/23 relativo a la Sección Inhibiciones-, pueda verse comprometido el poder de policía público que ejerce el Estado en el ámbito civil, donde es factible presumir que el impetrante no ha tenido hasta el presente un ámbito de actuación en el mundo de las relaciones civiles, creditorias o patrimoniales que razonablemente tornen verosímil la sospecha que con la supresión de su apellido paterno, persiga interferir negativamente o sustraerse de sus obligaciones o responsabilidades en el marco de sus relaciones con los terceros, todo lo cual abona la tesitura de que luce oportuno disponer favorablemente lo solicitado en esta etapa de su vida.

Por lo demás, la juzgadora entiende que es ésta una excelente oportunidad no sólo para L.E., sino para evolucionar en nuestro derecho patrio y no desarrollar todo un marco teórico para mantener «atrapada» a una persona en una realidad biopsicosocial que no la identifica; cuanto más si advertimos el avance logrado en los derechos de personas del mismo género, por caso con la sanción de la Ley Nacional N° 26.618. En estas circunstancias, luce oportuno recordar y traer a colación la cita de Freitas al Esbozo del Código Civil Brasileño, en cuanto afirmara sin hesitación alguna, que la ley es un instrumento al servicio del hombre.

En síntesis y, reiterase, sin menoscabo de la valiosa fundamentación que realiza la señora Fiscal Civil de Primera Nominación, la suscripta se expide, en el particular caso traído a resolución, en favor de la existencia de entender como «justos motivos» los invocados por el impetrante, para obtener la autorización judicial de supresión del apellido paterno «Ch.», con el alcance de excepción contemplado en la normativa especialmente implicada, en especial arts. 5 y 15 de la ley nacional n° 18.248, lo que así se decide

IV) Por todo lo cual, corresponde hacer lugar a lo peticionado a fs. 01/05 por L.E.Ch.C. D.N.I. N° ……., y en consecuencia ordenar a las autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Córdoba que el peticionante, hijo de S.A.Ch. D.N.I. N° 13.821.143 y L.M.C. D.N.I. N° ….., preserve el apellido materno, debiendo en consecuencia quedar inscripto definitivamente como L.E. C. D.N.I. N° ……; a cuyo fin ofíciese al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de ésta Provincia, y a todos los organismos e instituciones que resulte necesario.

V) Con relación a las costas, se imponen al peticionante L.E.Ch.C. D.N.I. N° 37.476.660, en los términos del art. 34 de la Ley 7982.

A tal fin los honorarios profesionales correspondientes a la Asesora Letrada Dra. E. del V.S., se establecen en el mínimo lo dispuesto en el art. 77 inc. 3° del C.A., esto es veinte (20) Jus, su valor actual ($ …), es decir en la suma de pesos …..($ ….), ello en los términos de los art. 34 y 35 de la ley 7982.

Por lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por los arts. 1, 5, 15 y cc. de la ley 18.248, art. 408, 878 y concordantes del C.P.C.C.,–

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la sumaria información solicitada por L.E. Ch. C. D.N.I. N° ….. y en consecuencia ordenar a las autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Córdoba que el peticionante, hijo de S.A.Ch. D.N.I. N° …..y L.M.C. D.N.I. N° ….., preserve el apellido materno, debiendo en consecuencia quedar inscripto definitivamente como L.E.C. D.N.I. N° ….; a cuyo fin ofíciese al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de ésta Provincia, y a todos los organismos e instituciones que resulte necesario.

2) Imponer las costas a L.E.Ch. C. D.N.I. N° ……., en los términos del art. 34 de la Ley 7982.

3) Regular los honorarios profesionales correspondientes a la Asesora Letrada Dra. E. del V. S., en la suma de pesos …. ($ ……), en los términos de los art. 34 y 35 de la ley 7982.

Protocolícese, hágase saber y expídase copia. Fdo.: María del Pilar Elbersci

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 38ª NOMINACIÓN DE CÓRDOBA –  AUTO NÚMERO: Setecientos noventa y cinco (795)

Córdoba, veintiuno de Noviembre de 2013

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «Ch. C., L. E. SUMARIAS. Expte. 2230355/36», de los que resulta que a fs. 01/05, con fecha once de noviembre de dos mil once (11/11/2011), comparece el señor L.E.Ch. C., D.N.I. N° ….., con el patrocinio letrado de la señora Asesora Civil de Décimo Turno, Dra. E. del V. S., en razón de encuadrar su situación en las previsiones de la ley 7982 de asistencia jurídica gratuita, en ejercicio del derecho de optar que emana de la ley de nombre (art. 5 y 15 de la ley 18.248), solicitando autorización judicial para preservar el apellido materno.

Hechos: Manifiesta que conforme surge del Acta N° 732, Tomo 1°, Serie B, año 1993, labrada por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Córdoba, su nacimiento se encuentra inscripto como ocurrido en esta Ciudad, el día 30/04/93, consignándose su filiación materna y paterna, esto es hijo de S.A.Ch., D.N.I. N° 13.821.143 y L.M.C. D.N.I. N° 13.681.169.

Que así, por imperativo legal, corresponde lleve apellido paterno en razón justamente de haberse determinado tal filiación (ley 18.248). Hace suyo el fundamento de derecho establecido en el art. 5 de la aludida ley, que permite mantener el apellido materno a una persona cuando ésta se ha desarrollado en los medios sociales y en su mundo de relación con el apellido materno y en el art. 15 que dispone que después de asentados en la partida de nacimiento, el nombre y el apellido no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos. Dice que sin duda, esa es su situación pues se identifica públicamente con el apellido de su madre y generaría en su persona, graves y serios inconvenientes modificar tal situación. Hace presente que cuando era pequeño, su padre se retiró de su hogar sustrayéndose totalmente de sus responsabilidades como tal, en el aspecto económico, espiritual y afectivo, siendo su madre quien satisfizo sus necesidades, razón por la cual siempre uso el apellido materno, con el que se identifico y es conocido en el ámbito familiar, social y escolar. Continúa exponiendo que la falta de identificación con su apellido paterno refleja el sentimiento de «no pertenencia a ese grupo familiar» y el hecho de tener que usar un apellido que nada significa en su vida, le afecta causándole un serio agravio moral y espiritual, además de aparejarle graves problemas de relación y de personalidad, en razón de asociar el apellido que debe usar con un mal padre o con un padre ausente. Cita doctrina en respaldo de su postura. Aclara que no es su intención alterar su identificación, solo desea preservar el derecho al uso de su apellido materno. Hace presente que su madre inició con fecha 12/05/11 por ante el Juzgado de Primera Instancia y 30° Nominación, los autos caratulados: «C.,N.V.- Sumarias» (Expte N° 2169241/36), en representación de su hermano N.V., destacando que en su particular situación opera el principio de unidad o uniformidad en la denominación de la prole, cuya protección y preservación también solicita. Adita que el uso del apellido materno durante su vida, por el cual ha sido conocido e insertado en su núcleo familiar quedará acreditado en forma en la etapa procesal pertinente a fin de demostrar fehacientemente que la supresión del mismo generaría consecuencias disvaliosas en su personalidad. Solicita que tal situación sea valorada personal y directamente por S.S a esos efectos pide se fije día y hora de audiencia a fin que mantenga entrevista con el compareciente. Destaca la existencia de nuevos paradigmas en materia de nombre de los hijos frente a las nuevas realidades familiares. Cita jurisprudencia. Transcribe el art. 42 de la ley 26.618. Destaca que existen más que «justos motivos» para hacer lugar a lo peticionado, de conformidad al art. 15 de la ley 18248. Concluye que la conservación del apellido pretendida es nada más y nada menos el peticionar la tutela jurisdiccional de un derecho de raigambre constitucional, Derecho a la Identidad en su faz dinámica. Ofrece prueba documental, testimonial e informativa.

Impreso el trámite de ley (fs.13), a fs. 14 toma intervención la señora Fiscal Civil de Primera Nominación.

A fs. 17 comparece la señora Nancy Moreno, Directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y manifestado que deja librado al elevado criterio del juzgador la valoración de los motivos esgrimidos.

A fs. 21/23 obra oficio debidamente diligenciado ante el Registro General de la Provincia de cual surge que a nombre del peticionante no se registran anotadas medidas precautorias.-

A fs. 24/25 obra constancia de publicación de edictos.

Proveídas las pruebas ofrecidas (fs. 27), se incorporan en autos las diligenciadas

A fs. 40/51 obra el Dictamen de la Señora Fiscal Civil de Primera Nominación que concluye que no se han acreditado, a su criterio, la existencia de los justos motivos aludidos, ya que no se ha acompañado documental pública o privada que indique que el peticionante es conocido en su vida civil únicamente con el apellido materno.

Que en cuanto a la ausencia de sustento económico, solo consta la manifestación del peticionante, lo que resulta insuficiente, más no obra actuado alguno persiguiendo el requerimiento del mismo. Dice que el hecho de que sería vergonzante socialmente mantener el apellido paterno, no deja de ser nada más que una expresión de sentimiento afectivo personal hacia su padre, no habiéndose acompañado ninguna prueba acerca que el mismo haya cometido delito doloso o existencia de acto que implique mancha para el apellido en el aspecto social, ni haber incurrido en un reconocimiento tardío del hijo (o por sentencia judicial) extramatrimonial, lo cual hubiera justificado soslayar el apellido del padre claudicante. Por ello, dictamina que se debe rechazar la presente sumaria información.

A fs. 62 certifica el Actuario que tuvo lugar la entrevista personal de la Titular del Juzgado con el peticionante de la sumaria, señor L.E.Ch.C. con la presencia de la Asesora letrada del Décimo Turno, no compareciendo la señora Fiscal interviniente, quien se notificó en forma (conf. fs. 57/58).

Dictado el decreto de autos (fs. 64) y firme el mismo, queda la presente en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I) Que el joven L.E.Ch.C., D.N.I. N° ….. con el patrocinio letrado de la señora Asesora Civil de Décimo Turno, Dra. E. del V. S., solicita autorización judicial para preservar el apellido materno, ejerciendo el derecho de opción que emana de la ley de nombre (art. 5 y 15 de la ley 18.248), pues entiende que existen justos motivos, ya que se identifica públicamente con el apellido de su madre y generaría en su persona graves y serios inconvenientes modificar tal situación; agregando que la falta de identificación con su apellido paterno refleja el sentimiento de «no pertenencia a ese grupo familiar», con más el hecho de tener que usar un apellido que nada significa en su vida, todo lo cual le afecta, causándole un serio agravio moral y espiritual, además de aparejarle graves problemas de relación y de personalidad, aclarando que no es su intención alterar su identificación; sólo desea preservar el derecho al uso de su apellido materno. Ello es resistido por la señora Fiscal Civil de Primera Nominación quien por los fundamentos que desarrolla en profundidad, entiende que los motivos relatados por el impetrante no enancan en los justos motivos aludidos.

Producida la prueba ofrecida, llevada a cabo la entrevista personal del solicitante con la suscripta, se dicta el decreto de autos. Firme el mismo queda la causa en condiciones de ser resuelta, a cuyos efectos se dejan reproducidos, en aras a la brevedad, los términos vertidos en los Vistos de la presente resolución

II) La cuestión traída a resolución por L.E.Ch.C., consiste en el pedido de supresión del apellido paterno «Ch.», para poder mantener el materno «C.», planteo que queda atrapado en las previsiones de la ley n° 18.248. Así el art. 1º establece: «Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponda de acuerdo con las disposiciones de la presente ley». Por su lado el art. 5º dispone: «El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. […] Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese conocido públicamente conocido por éste.» y el art. 15° reza: «Después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y el apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediare justos motivos».-

Como primera aproximación, calificada doctrina sostiene que el derecho a la identidad personal es de carácter personalísimo y constituye un aspecto de la personalidad que está en profunda renovación en estos tiempos, tal como lo refleja Fernández Sessarego, en su obra «Derecho a la identidad personal». Es que todo ser humano, por el hecho de ser tal, tiene el derecho personalísimo de vivir y ser conocido en la sociedad en la que interactúa con su verdadera identidad, que no es sino, el derecho a ser si mismo, con las características propias que refieren a su patrimonio cultural, político, social, religioso e ideológico, y a ser conocido y valorado así por la sociedad. En sentido conteste, la jurisprudencia ha expresado que, partiendo de la concepción del nombre como un derecho humano, debe considerarse que el principio de inmutabilidad no tiene carácter absoluto y ha de ser interpretado a la luz del principio «pro homine» lo cual lleva a valorar con mayor indulgencia el real interés y sentimiento de la persona.

Tal concepción ha sido recogida por la reforma constitucional de 1994, se consagra el derecho a la identidad en los arts. 43, 75 incs. 12, 17, 19 a más del inc. 22 de la Const. Nacional, por el que integran nuestro plexo normativo fundamental los Tratados Internacionales.

Con acierto, en la hora presente se reconoce que cada persona una ostenta una identidad estática o biológica propia del nacimiento, y una identidad dinámica que permite la incorporación de determinados elementos culturales al ser personal, y que hacen a su equilibrio psico-social; y en esta inteligencia se coloca el impetrante para procurar la autorización de supresión de su apellido paterno, sin que ello implique afectar su identificación

Es esa calidad dinámica de la identidad la que le permite al ser humano desarrollarse en sus relaciones interpersonales, y es precisamente allí donde adquieren cabal sustento las disposiciones de los arts. 5 y 15 de la ley 18.248, en tanto permiten entre otros supuestos, la adición del apellido materno e incluso el cambio de nombre, cuando existen justos motivos.

De tal modo, el carácter inmutable que reconoce el nombre de un sujeto -que lo individualiza y le aporta seguridad a sus relaciones con los terceros, resguardando los derechos-, debe estar en consonancia con la identidad personal y la construcción del psiquismo de cada sujeto, todo lo cual le permite integrar adecuadamente su personalidad

Es por ello que al examinar el cambio de nombre –entendido en sentido lato, esto es nombre y/o apellido-, la mirada habrá de ser de manera multidisciplinaria, teniendo especialmente en cuenta las concretas consecuencias jurídicas que de dicha situación pudieren derivarse.

En este sentido, el Dr. Armando Segundo Andruet (h) en su obra La Politicidad del Derecho, El Ethos y el Estado de Derecho en Occidente, Academia Nacional de Derecho, pag. 118, afirma que la justicia, como arte de la ciencia del Derecho, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, no debe ser sustraída de la meditación de los jueces, en cuanto conocimiento «estimativo». Así, la aplicación de la norma jurídica que involucra una decisión judicial, requiere valorar los hechos del caso planteado, comprendiendo su especial sentido, calificándolos jurídicamente y juzgando la regla pertinente para la solución que mejor consulte en cada supuesto.

En consecuencia, le incumbe a la juzgadora conjugar de la manera mas equilibrada posible, tanto los valores jurídicos, como el paradigma esencial de justicia. De allí, que el proceso de su razonamiento debe estar presidido por la prudencia para poder lograr una razonable y prudente interpretación de la ley al caso concreto.

III) Bajo tales directrices se ingresa al examen de la cuestión traída a resolución, a cuyos efectos se verifica que en el sublite el joven L.E.Ch.C., persigue en definitiva la supresión del apellido paterno, para poder mantener sólo el materno, para lo cual se impone examinar si dado que el nombre reviste además de un carácter biológico, uno dinámico e integra el equilibrio psico-social de la persona, el impetrante ha logrado acreditar que existen justos motivos que abonen su pretensión.

En tal dirección, la jurisprudencia ha sostenido que la inmutabilidad del nombre es un principio del que el juzgador no debe apartarse sino en supuestos de excepción y cuando las circunstancias lo justifiquen, pero aquel principio no es absoluto, ya que, frente a razones de orden social y seguridad que inspiran la regla, pueden hallarse otras no menos atendibles, que respondan a intereses particulares y merecedoras de la tutela del orden jurídico en tanto no comprometan aquéllas (vide Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, Morales Paulino J.E., fallo del 26/04/1989).

En el caso de autos, el impetrante se ha valido de los siguientes elementos probatorios, a saber: 1) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad, copia de la Partida de Nacimiento y Certificado de Nacimiento del peticionante, de los que surge como su apellido, el compuesto paterno-materno, es decir Ch.C. (vide fs. 08/10). 2) Informe psicológico elaborado por el Lic. José E. Fernández, con fecha tres de Noviembre de dos mil nueve (03/11/09) –siendo en ese momento solicitante menor de edad y cursando 5to. año del colegio secundario- en el que destacan las siguientes afirmaciones: «Motiva la intervención profesional, la decisión explícita del menor de modificar su apellido, teniendo como anhelo conservar solamente el apellido materno y excluir el de su padre. Al momento de la valoración, al joven se lo observa lúcido, conciente y orientado temporoespacialmente. Al momento de la valoración, la decisión del joven se basa en los siguientes aspectos: 1. El joven refiere que su progenitor, Sr. Ch.,S.A., no se hizo cargo del rol esperable como tal. 2. Tampoco su padre, se ocuparía económicamente de apoyarlo ni a él y ni al resto del grupo familiar. 3. Refiere asimismo que no lo une a su padre vínculo afectivo de ningún tipo. 4. Tener el apellido de su padre, terminaría siéndole vergonzante en el orden social y el sistema educativo formal, frente a sus pares y otros compañeros, ya que no lo siente como propio. 5. No se infiere identificación positiva con la imagen parental masculina. 6. Se infiere Disforia Generalizada en relación a la figura representativa del progenitor. Por otra parte, la progenitora, Sra. L. M. C., apoyaría tal gestión por parte del menor de referencia.». (conf. fs. 11). 3) Testimoniales de las que surge que: A) La señora M.E.T. a la pregunta Segunda de su pliego de interrogación obrante a fs. 05, que reza: «Para que diga… cómo está integrado el núcleo familiar del peticionante», respondió: «Que conoce a los hermanos, hermana y hermano, dos sobrinitas y a la mama. Que viven todos juntos. Que no conoció que viviera alguien más con ellos.»; a la pregunta Tercera: «Para que digan… cómo identifican al actor en el ámbito social y estudiantil», dijo: «Que sabe que el peticionante se llama L., no le conoce el apellido. Sólo sabe que el apellido de la madre es C.»; y a la pregunta Cuarta: «Para que digan qué nivel de vinculación y/o trato mantiene con su progenitor», manifestó: «Que no lo conoce al padre de él. Que hace seis años que conoce a L. y nunca lo vio al padre. Que es vecina de la familia C. y nunca escuchó hablar del padre.» (ver fs. 34). B) Y el señor V.DC., a la pregunta Segunda declaró: «Por la mamá, dos hermanos, un varón y una mujer y dos sobrinitas. Que viven todos juntos.»; a la pregunta Tercera, dijo: «Que lo conoce como un chico muy estudioso y con ganas de avanzar. Dijo que se llama L.C. Que L. es L.»; y a la Cuarta respondió: «Que no lo conoce al padre de él. A la mamá sí y al papá no. Que desde el 2003 conoce a la mamá y a ellos y nunca vio al padre, que no sabe el apellido del padre. Que desde la mencionada fecha los conoce porque eran compañeros de trabajo y se visitan.» (vide fs. 38). 4) Entrevista Personal de la suscripta con el peticionante, con la presencia de la señora Asesora Letrada patrocinante, y en ausencia de la señora Fiscal quien estuvo citada en legal forma, conforme da cuenta la certificación del Actuario de fs. 62; 5) Informe del Registro General de la Provincia, en el que dicha repartición indica que a nombre del señor L.Ch.C. D.N.I. N° 37.476.660 no figura anotada inhibición; 6) Auto Número Seiscientos cincuenta y dos (652) dictado por el titular del Juzgado de 1° Instancia y 30° Nom. Civil y Comercial de ésta Ciudad, en el proceso caratulado «C., N.V.- Sumarias» N° 2169241/36, por el que se admitió el pedido efectuado por la señora L.M.C., y en consecuencia se resolvió «ordenar las autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Córdoba que el menor N.V.C. (DNI 42.640.849) hijo de la Sra. L.M.C. y del Sr. S.R.C., preserve el apellido materno tal cual originariamente se le asignara, debiendo en consecuencia quedar inscripto definitivamente como N.V.C….», glosado en copias por la Asesora Letrada interviniente a fs. 68/71, y que refiere a similar pretensión del hermano de L.E.Ch., conforme explicita el peticionante a fs. 2 vta.

Ahora bien, no obstante la calificada opinión vertida por la señora Fiscal Civil interviniente en su enjundioso dictamen de fs. 40/51, y aún admitiendo la escasa prueba aportada por el impetrante en esta causa, luce dirimente la Entrevista Personal solicitada y llevada a cabo con L.E. en audiencia designada al efecto, quien fue extensa y profundamente interrogado por su historia de vida personal, su relación con su madre, con sus hermanos y demás familiares maternos, como así también con su padre y su familia paterna; logra extraerse como relevante que se trata de un joven con gran madurez y autonomía, poco común a su edad; que estudia y trabaja. En particular y en lo que aquí interesa, cabe poner de relieve que relata con mucho dolor, emotividad y marcada sinceridad la afectación que a su persona le causa las negativas experiencias en los escasos contactos vividos con su padre, los reiterados gestos de burla recibidos, como las actitudes humillantes y despectivas hacia la familia materna y comentarios injuriosos respecto de sus integrantes, lo cual ha traspuesto los límites de su hogar, llegando a ser trasmitidos a algunos vecinos en épocas pasadas y en las pocas ocasiones en que se ha acercado. Relata con mucha consternación sus reiterados intentos de entablar una conversación, aún telefónica, con su papá, recibiendo como respuesta el corte de la llamada. Igual frustración expresa en su voluntad de establecer trato con la familia paterna, sin obtener respuestas positivas. Desde otro costado, describe con detalle cómo lo ha afectado tener que identificarse, por ejemplo mientras era escolar, con el apellido de su progenitor con quien no se reconoce, reitera que no es nada para él y se emociona hasta las lágrimas al verse obligado a portar su apellido en los ámbitos donde debe informar sus datos filiatorios.

Es dable aclarar que, no se ha advertido que la cuestión pase por la ausencia de provisión de alimentos, esto es una visión meramente económica, sino que se trata de la afectación que le ha producido el abandono afectivo y de relación de su padre durante toda su vida.

Cuadra destacar que la iudex, según las reglas de la experiencia que integran la sana crítica racional, ha logrado despejar la duda que existía en torno a la influencia materna en esta decisión, aventando toda sospecha al efecto, esta es, la posible disuasión de su progenitora, resaltando que todo este derrotero judicial lo ha efectuado solo, lo cual fue corroborado por su Asesora Letrada patrocinante.

Obiter dictus cobra singular relevancia el principio de unicidad familiar por parte de todo su núcleo parental, el cual amerita ser adecuadamente atendido, y prueba de ello es la resolución favorable que su hermano N.V. ha obtenido en los autos «C., N.V.- Sumarias» N° 2169241/36, ya referenciados.

Todo ello conduce a persuadir a la suscripta que, mangüer la limitada prueba emergente de la causa, existen en la persona del impetrante justos y razonables motivos para obtener la supresión del apellido paterno que tanto lo angustia y afecta. Aquí, no se trata en el sub lite de desconocer su identificación con su padre, sino de la indeseable afectación de llevar su apellido, con el que en modo alguno se reconoce, ni identifica.

No resulta baladí, el verificar que el padre señor S.A.Ch. habiendo sido citado por Edictos de ley, pues el impetrante refiere que desconoce su paradero, según dan cuenta las publicaciones obrantes a fs. 24/25, no ha comparecido al proceso, con lo cual no ha resistido en modo alguno la petición de su hijo.

Como se observa, en este especial caso traído a resolución, no existe ninguna duda en orden a la individualización del joven L.E.Ch.C. D.N.I. N° 37.476.660, toda vez que a la luz del marco teórico tan bien desarrollado por la señor Fiscal Civil -no obstante no compartir en esta hora su conclusión denegatoria-, y según una clara máxima de experiencia y un abordaje multidisciplinar del psiquismo que construye la identidad del peticionante, luce legítimo el pedido de autorización de la supresión del apellido paterno. A estos efectos, los justos motivos invocados, se enmarcan en la opinión del Informe Psicológico glosado a fs. 11, el cual constituye un criterio calificado por su conocimiento técnico, sobre las implicancias disvaliosas que la utilización del apellido Ch. impactan sobre L.E.

Es que de lo que se trata, es de desentrañar la verdad jurídica objetiva, más allá de la dogmática jurídica, la cual, contrariamente, debe ser puesta al servicio del ser humano que requiere de una decisión jurisdiccional que le permita ser «él mismo»; en una palabra, construir «soy yo», elementos todos constitutivos del ser personal sin la cual el ordenamiento jurídico queda vacío de contenido.

En tal sintonía la jurisprudencia (vide Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G. Dziewzo Polski, Daniel c. Bass, Adrián, del 22/04/1998) ha considerado que los justos motivos determinados por el art. 15 de la ley del nombre de las personas naturales N° 18.248, son aquellos que derivan en un serio agravio material o espiritual para los interesados, o por lo menos aquellos en los que la dificultad alegada reúne tanta razonabilidad que a simple vista es susceptible de comprobación. Este precedente, rescata que las posibles excepciones tienden a que cumpla correctamente con sus fines de individualización e identificación de las personas a través del tiempo, a lo cual, contribuye el prudente arbitrio judicial, en la medida que la ley no enumera -siquiera a título ejemplificativo- los justos motivos para sustituir o suprimir el nombre.

Desde otro costado, tampoco se avizora razonablemente que en el caso bajo examen, -y dado la temprana edad del impetrante (entonces 18 años ) hoy 20 años, a más del Certificado negativo del Registro de la Provincia obrante a fs. 21/23 relativo a la Sección Inhibiciones-, pueda verse comprometido el poder de policía público que ejerce el Estado en el ámbito civil, donde es factible presumir que el impetrante no ha tenido hasta el presente un ámbito de actuación en el mundo de las relaciones civiles, creditorias o patrimoniales que razonablemente tornen verosímil la sospecha que con la supresión de su apellido paterno, persiga interferir negativamente o sustraerse de sus obligaciones o responsabilidades en el marco de sus relaciones con los terceros, todo lo cual abona la tesitura de que luce oportuno disponer favorablemente lo solicitado en esta etapa de su vida.

Por lo demás, la juzgadora entiende que es ésta una excelente oportunidad no sólo para L.E., sino para evolucionar en nuestro derecho patrio y no desarrollar todo un marco teórico para mantener «atrapada» a una persona en una realidad biopsicosocial que no la identifica; cuanto más si advertimos el avance logrado en los derechos de personas del mismo género, por caso con la sanción de la Ley Nacional N° 26.618. En estas circunstancias, luce oportuno recordar y traer a colación la cita de Freitas al Esbozo del Código Civil Brasileño, en cuanto afirmara sin hesitación alguna, que la ley es un instrumento al servicio del hombre.

En síntesis y, reiterase, sin menoscabo de la valiosa fundamentación que realiza la señora Fiscal Civil de Primera Nominación, la suscripta se expide, en el particular caso traído a resolución, en favor de la existencia de entender como «justos motivos» los invocados por el impetrante, para obtener la autorización judicial de supresión del apellido paterno «Ch.», con el alcance de excepción contemplado en la normativa especialmente implicada, en especial arts. 5 y 15 de la ley nacional n° 18.248, lo que así se decide

IV) Por todo lo cual, corresponde hacer lugar a lo peticionado a fs. 01/05 por L.E.Ch.C. D.N.I. N° ……., y en consecuencia ordenar a las autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Córdoba que el peticionante, hijo de S.A.Ch. D.N.I. N° 13.821.143 y L.M.C. D.N.I. N° ….., preserve el apellido materno, debiendo en consecuencia quedar inscripto definitivamente como L.E. C. D.N.I. N° ……; a cuyo fin ofíciese al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de ésta Provincia, y a todos los organismos e instituciones que resulte necesario.

V) Con relación a las costas, se imponen al peticionante L.E.Ch.C. D.N.I. N° 37.476.660, en los términos del art. 34 de la Ley 7982.

A tal fin los honorarios profesionales correspondientes a la Asesora Letrada Dra. E. del V.S., se establecen en el mínimo lo dispuesto en el art. 77 inc. 3° del C.A., esto es veinte (20) Jus, su valor actual ($ …), es decir en la suma de pesos …..($ ….), ello en los términos de los art. 34 y 35 de la ley 7982.

Por lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por los arts. 1, 5, 15 y cc. de la ley 18.248, art. 408, 878 y concordantes del C.P.C.C.,–

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la sumaria información solicitada por L.E. Ch. C. D.N.I. N° ….. y en consecuencia ordenar a las autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Córdoba que el peticionante, hijo de S.A.Ch. D.N.I. N° …..y L.M.C. D.N.I. N° ….., preserve el apellido materno, debiendo en consecuencia quedar inscripto definitivamente como L.E.C. D.N.I. N° ….; a cuyo fin ofíciese al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de ésta Provincia, y a todos los organismos e instituciones que resulte necesario.

2) Imponer las costas a L.E.Ch. C. D.N.I. N° ……., en los términos del art. 34 de la Ley 7982.

3) Regular los honorarios profesionales correspondientes a la Asesora Letrada Dra. E. del V. S., en la suma de pesos …. ($ ……), en los términos de los art. 34 y 35 de la ley 7982.

Protocolícese, hágase saber y expídase copia. Fdo.: María del Pilar Elbersci