Buenos Aires, Agosto 11 de 2010.
Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: «KOLDOBSKY LILIANA ESTELA C/ KOLDOBSKY CARLOS DAVID S/ ORDINARIO”, Expte. 044562, de trámite en la SECRETARIA Nº 52, de este JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 26, de cuyo estudio:

I. RESULTA:
1. A fs. 33/45 se presentó la Sra. Liliana Estela Koldobsky, por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Sr. Marcelo Horacio Cangueiro, promoviendo demanda contra Carlos David Koldobsky por cobro de la suma de $ 192.000 en concepto de alquileres adeudados por el período Diciembre 2000 a Marzo 2006 correspondientes al inmueble sito en la calle Sarmiento 501/25, con más el ajuste previsto en el artículo 11 de la ley 25.561.
Para el caso que el demandado afirmara haber actuado por “Cambio América S.A.”, demandó a la sociedad.
Dijo que el 1.6.99 el demandado suscribió el documento que acompañó, en el que se obligaba a pagar a la actora la suma de U$S 3000 mensuales, por el plazo de 60 meses, por la locación del citado inmueble.
Que dicho documento se firmó en el contexto de un acuerdo más amplio entre la actora y su hermano demandado, que involucró la venta a su hermano de las acciones que la actora poseía en la sociedad “Cambio América S.A.”, y la firma de un contrato de opción de compra a favor de su hermano respecto del 50% del paquete accionario de la sociedad “Democra S.A.”.
Que el 8.6.99 se firmaron los contratos de compraventa de acciones de “Cambio América S.A.” y el de opción de compra, los que agregó.
Que aunque el instrumento base del presente pleito tiene fecha 1.6.99 se firmó el 8.6.99, y su causa fue la salida de la actora de la sociedad “Cambio América S.A.” que ocupa el inmueble en cuestión, que es un local donde ésta desempeña su actividad.
Que este local involucra varios inmuebles cuya titularidad es de “Democra S.A.”, sociedad propiedad de ambos hermanos, más allá de quienes figuren como accionistas.
Que el instrumento base de este proceso, tiene una manifestación respecto a que el inmueble es propiedad de “Democra S.A.” y que existe un contrato de locación entre esa sociedad y “Cambio América S.A.”
Que de las 3 unidades que componen el local en cuestión, dos están a nombre de “Democra S.A.” y una a nombre de “Cambio América S.A.”.
Que la actora tiene derecho a percibir el alquiler que le fuera reconocido en el documento base del proceso, ya que el local quedó en uso exclusivo del demandado, más allá que esa utilización la haga efectiva a través de la sociedad “Cambio América S.A.”, ya que la actora es titular indirecta del inmueble a través de participaciones societarias en “Democra S.A.” y en las sociedades accionistas que la controlan.
Efectuó una reseña de “Democra S.A.” y “Cambio América S.A.”
Que los hermanos Koldobsky manejaron durante varios años en forma conjunta ambas sociedades, como vehículos para la administración y explotación de los bienes en común que tenían, hasta la separación que deciden en el año 1999.
Relató luego lo ocurrido en el pleito incoado a raíz del ejercicio de la opción de compra por el demandado respecto del 50% del paquete accionario de la actora en “Democra S.A.” en pesos y no en la moneda pactada.
Ofreció prueba.
2. A fs. 184/92 se presentó el Dr. Fernando Daniel Landaburu, como letrado apoderado del Sr. Carlos David Koldobsky, contestando la demanda y solicitando su rechazo con costas.
Luego de una negativa los hechos invocados en la demanda, dio su versión.
Que ambos hermanos se vincularon contractualmente a lo largo de muchos años, y fueron accionistas y miembros del directorio de “Cambio América S.A.”
Que la actora decidió retirarse el 8.6.99 y le vendió a su hermano todas las acciones en dicha sociedad, y como condición se firmó la oferta irrevocable de venta del paquete accionario de “Democra S.A.”
Que su mandante abonó un precio alto por la compra de las acciones de “Cambio América S.A.” sabiendo que luego podría adquirir las de “Democra S.A.”, propietaria del inmueble donde funciona la casa de cambios.
Que el 14.5.02, esto es dentro del plazo de 3 años previsto en la opción de venta, su mandante comunicó que optaba por hacer efectiva la opción de compra del 50% del paquete accionario de “Democra S.A.”, intimando a la actora a transferirlo contra el pago del precio convenido, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 214/02 y normas complementarias.
Que la Sra. Liliana Kodobsky se negó a formalizar la transferencia de acciones de “Democra S.A.”, por lo que promovió acción por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios.
Que cuando se encontraba preparando la promoción de dicho pleito, la actora inició una acción meramente declarativa, referida al 50% de la deuda que frente al fisco tenía “Cambio América S.A.” y a cuyo pago afirma se había obligado frente a su mandante la actora.
Efectuó una reseña de lo acontecido en el pleito referido al tributo.
Dijo que la accionante obstaculizó en todo momento el funcionamiento de “Democra S.A.”, que efectuó denuncias infundadas ante el B.C.R.A., y pidió la intervención de la sociedad, lo que le fue denegado.
Que promovió una acción penal en contra de su representado, la que fuera rechazada por inexistencia de delito.
Hizo una reseña de la actuación de la actora en “Democra S.A.” hasta la asamblea impugnada –Agosto 2006-, afirmando que su postura respecto de los alquileres es contradictoria, ya que en los autos “Koldobsky, Liliana c. Democra S.A. y otros s.ordinario” en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 20, Sec. Nro 39, afirma que la sociedad habría sufrido daños por el bajo valor locativo de los inmuebles, mientras que en el presente sostiene ser ella la dueña de los inmuebles.
Sostuvo que los hermanos Koldobsky suscribieron simultáneamente diversos instrumentos, mediante los cuales contrajeron obligaciones recíprocas, todas ellas vinculadas a una misma relación contractual.
Que la actora no cumplió con una de las obligaciones a las que se obligó: el pago del 59% del impuesto a la posición neta de cambios, cumplimento que le fuera retiradamente reclamado mediante interpelaciones fehacientes, razón por la cual su mandante debió abonar el 100% del impuesto.
Que por esa razón interpone la defensa prevista en el art. 1201 y cc. del Código Civil.
Efectuó una reseña doctrinaria y jurisprudencial del instituto.
Acompaña documentación de donde dice puede extraerse que cuando se suscribieron los diversos documentos la actora asumió como una obligación esencial la del pago del 50% del impuesto en cuestión.
Para el caso de que no se hiciese lugar a la defensa planteada, afirma de todas formas la improcedencia de pretender cobrar dos veces el mismo alquiler –en este pleito y en aquél contra “DEMOCRA S.A.”-, debiendo la accionante recurrir exclusivamente a las vías societarias a fin de percibir los dividendos de “DEMOCRA S.A.” a los que se considere con derecho, destacando que las únicas utilidades que percibe esta sociedad derivan de dichos alquileres.
Que aún cuando se declare la procedencia del reclamo, deberán deducirse las sumas que la accionante perciba por utilidades de “DEMOCRA S.A.”, ya que no puede justificarse que la actora cobre dos veces el mismo alquiler.
Que si la Corte decide que su mandante ejerció correctamente la opción de compra del 50% del paquete accionario de “Democra S.A.”, la acción carece aún más de justificación.
Que asimismo el instrumento acompañado por la actora hace referencia a un reconocimiento de pago mensual “por un lapso de 60 meses contados a partir del 1° de Junio de 1999” el que concluyó el 1 de Junio de 2004, por lo que el reclamo hasta Marzo de 2006 con derecho a ampliar no se entiende.
Máxime cuando su mandante no es el ocupante del inmueble, ni la actora la titular dominial.
Fundó su postura en derecho y ofreció prueba.
3. A fs. 218 se abrió la presente causa a prueba la que se produjo en la medida que da cuenta el informe actuarial de fs. 440/1.
4. A fs. 455/61 y 463/73 obran agregados los alegatos de la actora y demandada respectivamente.
5. A fs. 482 fueron llamados los autos a dictar sentencia, providencia que se encuentra firme.
II- Y CONSIDERANDO:
1. Reclama la actora el cobro de la suma de $ 192.000 más CER e intereses, por el período Diciembre 2000 a Marzo 2006, en concepto de alquileres adeudados correspondientes al inmueble sito en la calle Sarmiento 501/25.
Hizo efectiva la reserva y amplió la demanda por la suma de $ 120.000 más CER e intereses, por alquileres correspondientes al período Abril 2006 a Julio 2009.
2. A su turno la demandada se opuso al reclamo de la actora, oponiendo en primer lugar la excepción prevista en el art. 1201 del Código Civil. Para el caso que no se hiciese lugar a la defensa afirmó la improcedencia de pretender cobrar dos veces el mismo alquiler –en este pleito y en aquél contra “DEMOCRA S.A.”-, sosteniendo que la accionante debía recurrir exclusivamente a las vías societarias a fin de percibir los dividendos de “DEMOCRA S.A.”; y que aún cuando se declarase la procedencia del reclamo, deberían deducirse las sumas que la accionante perciba por utilidades de “DEMOCRA S.A.”, ya que no puede justificarse que la actora cobre dos veces el mismo alquiler. Finalmente destacó que el instrumento acompañado por la actora hace referencia a un reconocimiento de pago mensual “por un lapso de 60 meses contados a partir del 1° de Junio de 1999” el que concluyó el 1 de Junio de 2004, por lo que el reclamo hasta Marzo de 2006 con derecho a ampliar no se entiende.
3. No ponderaré todas y cada una de las argumentaciones, sino sólo aquellas susceptibles de incidir en la decisión final de la cuestión propuesta (Conf. CSJN 13.11.96 in re “Altamirano Ramón v. Comisión Nacional de Energía Atómica”; id. 12.2.87 in re “Soñes Raúl v. Administración Nacional de Aduanas”; CNCom. Sala B 15.6.99 in re “Crear Comunicaciones S.A. v. Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión”; CNCom. Sala B in re Consarting S.A. v. Arlon S.A.” del 6.12.2002).
Destaco en forma liminar, que no siendo obligación del juzgador valorar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se tomarán los hechos “jurídicamente relevantes” (Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal” p. 971), o “singularmente trascendentes” como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil” en “Estudios sobre el proceso civil” págs. 369 y ss).
En primer lugar quiero destacar, que si bien ambas partes sostienen que la venta del paquete accionario de la actora de “Cambio América S.A.”, la opción de compra otorgada por ésta al demandado respecto de su tenencia accionaria en “Democra S.A.” –que la Excma. Cámara del Fuero tuvo por caída, decisorio que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó, conforme resoluciones de fs. 135/40 y 230 de los autos caratulados “Koldobsky Liliana E. c/Koldobsky Carlos s/diligencia preliminar” venidos ad effectum videndi et probandi y que en este acto tengo a la vista-, y el reconocimiento base del presente pleito son parte de una misma operatoria, su instrumentación no permite bajo ninguna forma arrimar a dicha conclusión.
En efecto, el reconocimiento de fecha 1 de Junio de 1999 de fs. 1, contrato de venta de fs. 1 bis/2, y opción de compra de fs. 3, carecen de un hilo conductor, de todo tipo de conexión –salvo aquellos de fs. 1bis/2 y fs. 3 que coinciden en la fecha- o referencia, y estoy convencida que las partes sabrán bien el porqué, pero lamentablemente sólo ellas lo saben pues ningún elemento han aportado a estos actuados para arrojar luz sobre la cuestión.
Y creo que justamente la falta de ese hilo conductor es lo que las ha llevado a la promoción de hasta el momento 3 pleitos: 1) el presente, 2) aquél referido al ejercicio de la opción que ya tiene sentencia firme tal como lo refiriera precedentemente, y 3) aquél en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 20, Sec. 39, “Koldobsky Liliana Estela c. Democra S.A. y otros s. ordinario”, del que si bien obran copias certificadas en autos, del chequeo que acabo de efectuar por Internet observo que se ha celebrado una segunda audiencia en los términos del artículo 360 (la primera en el año 2007 y la segunda el mes pasado), por lo que el expediente se encuentra lejos de una sentencia.
Por otro lado no puedo dejar de señalar que mas allá que actora y demandada sean los socios junto con “Pacific Star S.A.” de “Democra S.A.”, nos encontramos frente a personas distintas; si bien es una verdad de perogrullo vale la pena recordar que los socios y la sociedad son personas distintas, por lo que la sociedad “Democra S.A.” es una persona en los términos del art. 33 del Código Civil.
Ello así, no cabe afirmar como lo hace la accionante que como los verdaderos titulares y accionistas controlantes de “Democra S.A.” son actora y demandada, son los titulares del inmueble por cuyo alquiler reclama.
Si lo que pretendía la actora era demostrar la existencia de una sociedad –“Democra S.A.”- formada para disfrazar la verdadera titularidad del local, la acción a promoverse era otra y no la presente.
4. Todas estas aclaraciones resultan necesarias a los efectos de poder precisar exactamente el eje del debate.
En efecto, el tema societario referido a “Democra S.A.” se está ventilando en el pleito por ante el Juzgado del Fuero Nro. 20 Sec. 39, y no cabe que este Tribunal se inmiscuya en cuestión alguna que pueda incidir en el mismo.
En autos sólo puede analizarse la cuestión referida a la obligación o no del accionado de abonar los alquileres cuyo cobro persigue la actora.
Ello así, corresponde en este estado avocarme al análisis de la defensa opuesta por el demandado en los términos del art. 1201 del Código Civil.
Cabe recordar que la “exceptio non adimpleti contractus”, sólo funciona en los contratos bilaterales, en los cuales las prestaciones de ambas partes se encuentran en relación de interdependencia, y si quien se excepciona sostiene la inejecución de la contraparte, debe invocar y demostrar la inexistencia de una obligación contractual a su cargo. Desde otro ángulo, es por propia naturaleza inoponible si no se demanda el cumplimiento de un contrato y sí solo las consecuencias de la resolución (CNCom. Sala A “S.A. Gral Guido c/Conaxis S.A. s/sum.” Del 30.8.95).
Así se ha dicho que, para que proceda la exceptio, es necesario que se reúnan varios requisitos: que se trate de un contrato bilateral; que las obligaciones sean de cumplimiento simultáneo; que la prestación a cargo de la contraparte no esté cumplida; que el incumplimiento sea grave y que la excepción sea opuesta de buena fe; que quien la opone no se encuentre en mora y finalmente que cumpla u ofrezca cumplir la prestación a su cargo (Conf. Lavalle Cobo Jorge E en Belluscio Augusto C “Código Civil y Leyes Complementarias” T. 5 pág. 951).
Ello así, en tanto el instrumento de fs. 1 no constituye un contrato bilateral, ni existe entre los 3 instrumentos antes apuntados un hilo conductor que permita tenerlos como un contrato único bilateral, con contraprestaciones recíprocas, se impone el rechazo de la excepción, ya que no se dan en autos los requisitos supra descriptos.
Si el demandado entendía que la actora había asumido algún compromiso de pago de la deuda impositiva que afirma haber abonado personalmente, debió haberla reclamado por la vía que corresponde, amén de señalar que nuevamente se intenta mezclar deudas sociales con deudas personales entre socios, lo que resulta inaudible.
5. Ahora bien y yendo al objeto del pleito:
¿Porqué el Sr. Koldobsky le reconoció a su hermana el pago mensual de U$S 3000 por un lapso de 60 meses a contar desde la firma de ese reconocimiento 1-6-99- por la locación de un inmueble propiedad de un tercero, cuya verdadera locadora era “Cambio América S.A.”?
Creo que la respuesta sólo ellos dos la saben y no ha salido a la luz en estos actuados, pero estoy persuadida que me encuentro frente a un reconocimiento que evidentemente no es por alquileres –el Sr. Koldobsky no es “locatario” y la Sra. Koldobsky no es “locadora”- sino por alguna otra cuenta pendiente que tendrían entre los hermanos, y que por alguna razón prefirieron catalogar como “alquileres”.
Por ello y porque –tal como lo señalara supra- no cabe entrar en cuestiones referidas a “Democra S.A.”, no corresponde ni aún tangencialmente discutir la razonabilidad o no de los alquileres pactados entre “Cambio América S.A.” y “Democra S.A.”, siendo por ello inconducente la prueba de tasación producida; ello así en tanto como ya quedara dicho sólo debo avocarme a decidir si corresponde o no y en su caso con que alcance el reclamo fundado en el instrumento de fs. 1.
Por lo que puedo advertir de la lectura de los presentes actuados, el Sr. Koldobsky es un empresario avezado por lo que sabía perfectamente lo que hacía cuando firmó el instrumento de fs. 1, y porqué se redactaron los 3 instrumentos de la forma en la que se hicieron.
La actora también es una persona que se ha dedicado a los negocios, y también sabía porqué firmaba los 3 instrumentos de la forma en la que lo hizo.
Esto es, no nos encontramos frente a neófitos que simplemente no supieron o no pudieron redactar un convenio claro, lo hicieron así porque quisieron.
Y por ello deben asumir las consecuencias de su conducta, por aplicación del principio que impone la buena fe recíproca y la imposibilidad de invocar la propia torpeza (C. Nac. Com., sala C, 6/6/1974, «Grimberg de Waimberg v. El Mundo», LL 156, p. 127).
Destaco que la buena fe exige a los contratantes recíproca lealtad, y ésta debe apreciarse objetivamente, aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos partes estimando los parámetros brindados por el honor y la razonabilidad (conf. Messineo, Francesco, «Doctrima General», t. II, p. 110; conf. C. Nac. Com., Sala B in re: «Banesco Banco Shaw S.A. v. Dominutti, Cristina», 20/9/1999, in re: «Fernández Sivori, Alfredo J. y otro v. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales», del 25/8/2003).
Este principio exige una conducta diligente en la concertación y cumplimiento de los actos jurídicos y en el establecimiento de pautas coherentes: la buena fe es trasfondo y superficie de las relaciones de las partes celebrantes del contrato.
Ello así aparece reñido con la buena fe admitir la postura de la accionante de pretender cobrar una suma mayor a la convenida -60 meses- y la de la demandada de pretender descontar una deuda impositiva de “Cambios América S.A.”, y utilidades percibidas en “Democra S.A.”.
Es por todo ello, que frente al reconocimiento de fs. 1, que no fuera desconocido por el demandado, y a la ausencia total de prueba que permita desvirtuar su validez actual, que haré lugar al reclamo sólo por los 60 meses allí reconocidos, rechazando los restantes períodos pretendidos.
6. Ello así el reclamo prosperará por la suma de $ 180.000 (convertido por aplicación de lo establecido por la ley 25.561 art. 3 y conversión fijada en el dec. 214/02 art. 1).
Fijo la fecha de mora y el dies a quo de los intereses el 01-12-2000 que es la fecha pretendida por la actora en la demanda (fs. 45).
Por tratarse de un capital pesificado (art. 3 ley 25.561, dec. 214/02 art. 1 y ley 25713, arts. 1 y 2) a partir del 3/02/02 y hasta el momento del pago se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia previsto en dicha norma.
A partir del 01-12-2000 y hasta la fecha del efectivo pago, el capital de condena devengará un interés equivalente al de la tasa de descuento que perciba el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones corrientes (conf. C.N.Com. en pleno in re «Sociedad Anónima La Razón», del 27-10-94).
7. Las costas se impondrán al demandado sustancialmente vencido (Cpr. 68).
III. Por todo ello FALLO:
1. Haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada por LILIANA ESTELA KOLDOBSKY contra CARLOS DAVID KOLDOBSKY y, en consecuencia, condenando a este último a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente, la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000), que devengará intereses en los términos y con los alcances establecidos en el considerando II-6, que a tal fin doy por reproducido, y desestimándola en lo demás pretendido.
2. Imponiendo las costas al demandado sustancialmente vencido (cód. proc. art. 68).
3. Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que se practique liquidación que permita contar con base cierta y definitiva para la aplicación de los pertinentes coeficientes arancelarios.
4. Cópiese, regístrese, notifíquese por secretaría y, oportunamente, archívese.
MARIA CRISTINA O’ REILLY – JUEZ
—
En Buenos Aires a los 11 días del mes de octubre de dos mil once, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “KOLDOBSKY LILIANA ESTELA C/KOLDOBSKY CARLOS DAVID S/ORDINARIO” (Expediente N° 044562, del Juzgado Comercial N° 26, Secretaría N° 52 y, N° 53.152/2006 del Registro de esta Cámara) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.483/496?
El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:
I. Los antecedentes.
a) Liliana Estela Koldobsky, por derecho propio, promovió demanda contra Carlos David Koldobsky por cobro de $ 192.000 en concepto de alquileres, con más el ajuste previsto en el artículo 11 de la ley 25.561, intereses y costas del juicio.
Relató que el 01.06.99 el demandado suscribió el documento que acompañó, en el que se obligaba a pagar a la actora la suma de U$S 3.000 mensuales, por el plazo de 60 meses, por la locación del inmueble sito en la calle Sarmiento 501/25.
Explicó que el mentado instrumento se firmó en el contexto de un acuerdo más amplio entre la accionante y su hermano demandado, que involucró la venta a aquél de las acciones que la pretensora poseía en la sociedad “Cambio América S.A.”, y la firma de un contrato de opción de compra a favor de su hermano respecto del 50% del paquete accionario de la sociedad “Democra S.A.”.
Denunció que el 08.06.99 se firmaron los contratos de compraventa de acciones de “Cambio América S.A.” y el de opción de compra.
Señaló que el local involucra varios inmuebles cuya titularidad es de “Democra S.A.”, sociedad propiedad de ambos hermanos, más allá de quienes figuren como accionistas.
Explicó que de las 3 unidades que componen el local en cuestión, dos están a nombre de “Democra S.A.” y una a nombre de “Cambio América S.A.”.
Así las cosas, afirmó que tiene derecho a percibir el alquiler que le fuera reconocido en el documento base del proceso, ya que el local quedó en uso exclusivo del demandado, más allá que esa utilización la haga efectiva a través de la sociedad “Cambio América S.A.”.
Fundó en derecho su pretensión y ofreció pruebas.
b) Carlos David Koldobsky, por derecho propio, contestó la acción incoada en su contra con la presentación de fs. 184/192.
Por imperativo procesal negó todos y cada uno de los hechos relatados por la actora en el libelo inaugural y solicitó su rechazo con costas.
Manifestó que ambos hermanos se vincularon contractualmente a lo largo de muchos años, y fueron accionistas y miembros del directorio de “Cambio América S.A.”
Explicó que la accionante decidió retirarse el 08.06.99, le vendió todas las acciones de dicha sociedad y, como condición, se firmó la oferta irrevocable de venta del paquete accionario de “Democra S.A.”.
Señaló que abonó un precio alto por la compra de las acciones de “Cambio América S.A.” sabiendo que luego podría adquirir las de “Democra S.A.”, propietaria del inmueble donde funciona la casa de cambios.
Dijo que el 14.5.02, le comunicó a la pretensora que optaba por hacer efectiva la opción de compra del 50% del paquete accionario de “Democra S.A.”, intimándola a transferirlo contra el pago del precio convenido, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 214/02 y normas complementarias.
Continuó diciendo que la accionante se negó a formalizar la transferencia de acciones, por lo que promovió acción por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios.
Explicó que cuando se encontraba preparando la promoción de dicho pleito, la actora inició una acción meramente declarativa, referida al 50% de la deuda que frente al fisco tenía “Cambio América S.A.”.
Efectuó una reseña de lo acontecido en el pleito referido al tributo.
Aseveró que la accionante obstaculizó en todo momento el funcionamiento de “Democra S.A.”, que efectuó denuncias infundadas ante el B.C.R.A., y pidió la intervención de la sociedad, lo que le fue denegado.
Hizo una reseña de la actuación de la actora en “Democra S.A.” hasta la asamblea impugnada –Agosto 2006-, afirmando que su postura respecto de los alquileres es contradictoria, ya que en los autos “Koldobsky, Liliana c/ Democra S.A. y otros s/ Ordinario” en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 20, Sec. Nro 39, afirma que la sociedad habría sufrido daños por el bajo valor locativo de los inmuebles, mientras que en el presente sostiene ser ella la dueña de los inmuebles.
Sostuvo que los hermanos Koldobsky suscribieron simultáneamente diversos instrumentos, mediante los cuales contrajeron obligaciones recíprocas, todas ellas vinculadas a una misma relación contractual.
Manifestó que la actora no cumplió con una de las obligaciones a las que se obligó: el pago del 59% del impuesto a la posición neta de cambios, cumplimento que le fuera reiteradamente reclamado mediante interpelaciones fehacientes, razón por la cual su mandante debió abonar el 100% del impuesto.
Por esa razón interpone la defensa prevista en el art. 1201 y cc. del Código Civil. Efectuó una reseña doctrinaria y jurisprudencial del instituto.
Para el caso de que no se hiciese lugar a la defensa planteada, sostuvo que resulta improcedente pretender cobrar dos veces el mismo alquiler –en este pleito y en aquél contra “DEMOCRA S.A.”-, debiendo la accionante recurrir exclusivamente a las vías societarias a fin de percibir los dividendos de la mentada sociedad a los que se considere con derecho, destacando que las únicas utilidades que percibe la sociedad derivan de dichos alquileres.
Señaló que aún cuando se declare la procedencia del reclamo, deberán deducirse las sumas que la accionante perciba por utilidades de “DEMOCRA S.A.”.
Asimismo, sostuvo que el instrumento acompañado por la actora hace referencia a un reconocimiento de pago mensual “por un lapso de 60 meses contados a partir del 01.06.99”, el que concluyó el 01.06.04, por lo que el reclamo hasta Marzo de 2006 con derecho a ampliar resulta improcedente.
Fundó en derecho su defensa y ofreció prueba.
II. La sentencia recurrida.
En la sentencia de fs. 483/496 la Señora juez a quo acogió parcialmente la demanda y en consecuencia condenó a Carlos David Koldobsky a abonar a Liliana Estela Koldobsky la suma de $ 180.000, más intereses y costas.
En primer lugar, desestimó la defensa opuesta por el accionado en los términos del art. 1201 del CCiv.
Para así decidir, meritó que no se encuentran acreditados en autos los requisitos necesarios para que proceda la exceptio non adimpleti contractus.
Asimismo, juzgó que el demandado incumplió con las obligaciones contractuales que tenia a su cargo. Ponderó para así resolver que no medió desarrollo de actividad probatoria eficaz dirigida a demostrar las circunstancias sobre las que hizo reposar su argumento defensivo.
Por tal motivo, juzgó que el demandado debe abonar a la actora la suma de $ 180.000 (convertidos por aplicación de lo establecido por la ley 25.561 art. 3 y el dec. 214/02 art. 1).
Fijó la fecha de mora y el dies a quo de los intereses el 01.12.00.
Concluyó que por tratarse de un capital pesificado, a partir del 03.02.02 y hasta el momento del pago se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia. Asimismo, resolvió que desde el 01.02.00 y hasta la fecha del efectivo pago, el capital de condena devengará un interés equivalente al de la tasa de descuento que perciba el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones corrientes.
Las costas del proceso, fueron impuestas íntegramente al demandado vencido.
III. Los recursos.
Ambos contendientes se alzaron contra la sentencia definitiva dictada en fs. 483/496.
Liliana E. Koldobsky apeló en fs. 507. Concedido libremente el recurso en fs. 508, la expresión de agravios fue glosada en fs. 528/535 y su responde en fs. 560/562.
Carlos D. Koldobsky interpuso recurso de apelación en fs. 499.
Proveído que fuera por el Tribunal en fs. 508, se fundó en fs. 538/546 y, la respuesta a las mencionadas críticas se incorporó en fs. 549/558.
A). Dos fueron las quejas que plasmó la actora en el escrito de fs. 528/535.
La primera, refiere al rechazo por parte de la a quo de su pretensión de percibir alquileres más allá del plazo de 60 meses establecido en el documento suscripto por el Sr. Koldobsky el 1.6.99.
Entiende que la solución no es correcta pues la magistrada: (i) sin fundamento alguno se apartó de los claros términos del documento de fs. 1 y afirmó que lo adeudado por el demandado no “eran alquileres”, (ii) concluyó que la actora no era locadora del inmueble porque el titular dominial es Democra SA. Mas, ello es errado desde que no es requisito ser titular del dominio para darlo en locación. En igual sentido, el hecho de que Cambio América sea quien utiliza el inmueble no obsta su derecho a reclamar al Sr. Koldobsky (obligado a título personal) la suma acordada, (iii) aduce que los u$s 3.000 mensuales reconocidos por el demandado responden a la parte proporcional que le correspondería por el uso que el accionado –a través de la sociedad Cambio América- hace del inmueble en cuestión y, (iv) en razón de todo ello, postula se mantenga la obligación de pago asumida por el demandado mientras éste ocupe el inmueble de la calle Sarmiento.
La segunda se relaciona con la desestimación de la petición dirigida a obtener el reajuste del precio del alquiler, en los términos del art. 11 de la Ley 25.561.
Sostiene que la prueba rendida en la causa corrobora que el valor real de alquiler del inmueble es muy superior al precio pesificado con más el CER.
B) Las quejas levantadas por el demandado pueden sintetizarse del modo siguiente: (i) no procedió rechazar la excepción de incumplimiento contractual que hubo planteado en los términos del cciv: 1201. Ello pues, el instrumento base de esta demanda se encuentra íntimamente ligado al resto de los firmados el mismo día. Además, la actora incumplió con su obligación de mantener la oferta
irrevocable de venta de las acciones de Democra SA y, con la de abonar el 50% de cierta deuda impositiva, (ii) la juez a quo no analizó importante prueba arrimada a la causa que demuestra acabadamente la estrecha vinculación de las distintas operaciones celebradas entre Democra SA, Cambio América SA, Carlos y Liliana Koldobsky (v.gr. la pericia contable da cuenta de los pagos del impuesto a la posición de cambios efectuados por Cambio América SA, de la causa “Koldobsky, Liliana c/ Democra SA, s/ ordinario” surge una clara contradicción con el reclamo que la actora efectúa en este pleito), (iii) no pudo la juez argumentar que sólo las partes conocen el motivo o la causa del instrumento firmado pues, si la actora no produjo prueba debió rechazar la demanda. Así, ha fallado ultra petita dándole al instrumento un valor que las partes no le atribuyeron, (iv) no procedió fijar la mora y el dies a quo de los intereses el 1.12.2000 (tal como se peticionó en el escrito de inicio) porque el período de 60 meses se inició el 1.6.99 y finiquitó en mayo de 2004. Además, si se reclamaron alquileres desde diciembre de 2000, los meses adeudados serían 42 hasta mayo de 2004; (v) no correspondió fijar intereses desde diciembre de 2000 pues, tratándose de prestaciones periódicas, la mora se produce al vencimiento de cada período, (vi) no pudo fijar la a quo de oficio la tasa activa sobre la suma ajustada por el CER desde que tal cosa no fue pedida y, (vii) se queja de la imposición de las costas. Es que, no fue ponderado que el actor reclamó alquileres por 60 meses cuando en todo caso debieron ser 42 y, de otro lado, amplió su pretensión por el período que corre entre abril de 2006 y julio del 2009, la que fue desestimada. En la descripta situación, entonces, las costas debieron distribuirse (50% a cada parte) conforme a lo establecido en el cpr: 71.
IV. La solución.
El tenor de las quejas sintetizadas en el apartado precedente, denota la conveniencia de atender con carácter prioritario, las vertidas por la parte demandada quien, en sustancia, pretende la revocación del decisorio dictado por la juez de grado. Es que lo que se resuelva al respecto incidirá –en buena medida- en la suerte del recurso interpuesto por la Sra. Koldobsky.
Sin embargo debe señalarse que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en cada una de las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN, fallos 272:225; 274:113; 276:132; 200:320).
[1] La excepción de incumplimiento.
a) Recuérdese que frente a la pretensión material incoada por la actora; esto es, que el Sr. Koldobsky cumpla con el compromiso de pago que hubo asumido en el instrumento suscripto el 1.6.99, el requerido en el escrito de responde –luego de señalar que el documento en cuestión se firmó en el contexto de un acuerdo más amplio, circunstancia ésta última reconocida por la accionante- opuso al progreso de la misma excepción de incumplimiento contractual.
Así afirmó: (i) que su contendiente no cumplió con el pago del 50% del impuesto a la posición neta de cambios y, (ii) que tampoco cumplió con su obligación de mantener una oferta irrevocable de venta de las acciones de Democra SA. En subsidio, y para el caso de que no se haga lugar a la excepción, sostuvo que el reclamo era improcedente en tanto resulta contradictorio con el que la Sra. Koldobsky efectuó en el marco de las actuaciones caratuladas “Koldobsky, Liliana E. c/ Democra SA y otros, s/ ordinario”, en trámite ante el Juzgado Nro. 20, Secretaría Nro. 39 del fuero.
b) Así las cosas, a fin de esclarecer la cuestión planteada es menester precisar que el Código Civil en su artículo 1201 dispone “En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo”.
La mentada disposición legal se funda en la reciprocidad e interconexión de las prestaciones, que es el aspecto típico de los contratos bilaterales y que lleva a la necesidad de que, salvo disposición expresa en contrario del contrato, el cumplimiento sea simultáneo.
En opinión general, la excepción de incumplimiento sólo funciona en los contratos bilaterales, en los cuales las prestaciones de las partes se encuentran en relación de interdependencia. Esa conexión y la ausencia de un plazo fijado para el cumplimiento de la obligación, suponen la necesidad de cumplimiento simultáneo (Messineo, Doctrina General II, pág. 432, Trigo Represas, ¿Excepción de incumplimiento o derecho de retención?, LL, 1983-B-440, CNCiv, Sala D, 9.9.69, LL139-765, Belluscio – Zannoni, Código Civil…, T. 5, pág. 948 y ss, editorial Astrea, Buenos Aires, año 2002).
Para la procedencia de la excepción de incumplimiento, se deben reunir varios requisitos: que se trate de un contrato bilateral; que las obligaciones sean de cumplimiento simultáneo; que la prestación a cargo de la contraparte no esté cumplida; que el incumplimiento sea grave y que la excepción sea opuesta de buena fe; que quien la opone no se encuentre en mora y, finalmente, que cumpla u ofrezca cumplir la prestación a su cargo.
El fundamento del instituto en estudio reside –como se indicó antes en el nexo de interdependencia que existe en los contratos bilaterales que exhiben la simultaneidad en el cumplimiento de las prestaciones reciprocas (cfr. Trigo Represas, Félix A., Excepción de incumplimiento contractual, en «Contratos», Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 255), y tiene por finalidad posibilitar al contratante accionado por incumplimiento, abstenerse de ejecutar su prestación hasta tanto no se concrete el cumplimiento de la prestación a cargo de la otra parte (CNCom, Sala B, 06.12.00, «Baffi Pappalardo Della Ninna y Asoc. c/ Valot S.A. s/ ordinario»).
Ha sido juzgado que la sola circunstancia de oponer la exceptio non adimpleti contractus en cualquiera de sus modalidades -incumplimiento total o parcial- como defensa, importa el reconocimiento de aquella interdependencia. Se trata de una excepción sustancial o de derecho sustantivo, toda vez que el derecho del pretensor no es negado, sino que queda subsistente, pero se le opone otro derecho que lo torna total o parcialmente ineficaz. De allí su carácter de excepción en sentido estricto o excepción dilatoria (CNCom, Sala A, 28.11.03, «Automóviles Saavedra c/ Fiat Concord S.A. s/ ordinario», acumulado a «Automóviles Saavedra c/ Fiat Concord S.A. s/ ordinario»).
b) Descriptos en lo principal los caracteres de la defensa ensayada por el demandado, adelanto mi opinión en el sentido de que corresponde confirmar –en este punto- la decisión adoptada por la juez de grado.
Paso de seguido a fundar mi parecer.
(i) Cierto es que el 8.06.99 la Sra. Koldobsky suscribió el documento que en copia obra glosado en fs. 167, a través del cual le otorgó al demandado una opción irrevocable –en las condiciones allí establecidas- de compra del 50% del paquete accionario de la sociedad Democra SA.
Empero, a mas de no apreciarse interdependencia con el instrumento que diera origen al presente reclamo, ni reciprocidad entre las obligaciones que emanan de los mismos (v. copia en fs. 61), no puede achacarse a la actora incumplimiento alguno.
Es que, conforme surge de las copias de las resoluciones dictadas en la causa caratulada “Koldobsky Liliana E. c/ Koldobsky Carlos, s/ diligencia preliminar” (cuya existencia fue reconocida por el Sr. Koldobsky en fs. 190, quinto párr.), la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el decisorio de la colega Sala D y declaró caída la opción de compra otorgada por la actora a favor del
demandado (v. fs. 198/204).
En la situación descripta, el argumento sostenido por el Sr. Koldobsky para repeler la pretensión material incoada en su contra aparece a más de inadmisible, incognoscible para esta Sala desde que, con la decisión de Alto Tribunal, se selló toda posibilidad de discusión.
(ii) También es cierto que el mismo 8.06.99 Liliana Koldobsky, en su carácter de tenedora del 50% de las acciones de Cambio América SAC y de T., asumió frente al ahora demandado el compromiso de abonar el 50% de lo que la AFIP (DGI) reclame a la mentada sociedad en concepto de impuesto a la transferencia de divisas.
Pues bien, tal como ocurre con el documento examinado en el apartado precedente, el que aquí se trata tampoco guarda interrelación alguna con el que pretende hacer valer la Sra. Koldobsky en estos actuados.
Véase que la actora se ha obligado de manera personal y sin que ello importe o conlleve contraprestación a cargo del Sr. Koldobsky. No existe además reciprocidad entre el reconocimiento del pago del importe proporcional del impuesto a la transferencia de divisas, con aquél que realizó el demandado derivado de ciertos contratos de locación.
Las obligaciones entonces, son distintas, no se asemejan en cuanto al importe, ni tienen una causa en común. Es evidente que los instrumentos firmados – aún cuando lo fueron en idéntica o próxima fecha- tuvieron por objeto resolver cuestiones diversas que de ninguna forma pueden entenderse como un negocio bilateral. No existe, como bien lo ha afirmado la juez a quo, un hilo conductor que permita relacionarlos ni deducir que a través de los mismos se hubiera articulado un negocio único.
Pero, además, existe otro dato que obstaculiza la procedencia de la excepción regulada por el cciv: 1201, esto es: el demandado no invocó ni demostró a lo largo de este pleito haber cumplido con la obligación a su cargo, ni ofreció tal cosa.
En síntesis, en las condiciones apuntadas, el rechazo de la queja en examen se impone como única solución posible.
[2] El planteo subsidiario referido a la pretensión de la actora de cobrar dos veces el mismo alquiler.
Es menester recordar que en estas actuaciones la actora basó su pretensión en el instrumento suscripto por el demandado el 1.06.99.
No ignoro que en el escrito de inicio la Sra. Koldobsky indicó que la suma reclamada era en concepto de alquileres. Mas, frente a tal aserción es dable precisar que conforme surge de la carta antes referida, el demandado dejó “…expresa constancia de mi reconocimiento del pago mensual de u$s 3.000…derivados de la locación del inmueble de propiedad de Democra SA…”.
En rigor, la lectura de esta causa y de aquélla venida “ad effectum videndi” ilustran con acabada suficiencia acerca de la resquebrajada relación no sólo personal sino también comercial –en tanto accionistas de dos sociedades- de los hermanos Koldobsky. Y, dentro de ese complejo marco en el que han interactuado los ahora contendientes, frente al reconocimiento por parte del demandado del instrumento del 1.6.99 y, en consecuencia del compromiso asumido a título personal, no puede sino interpretarse que en realidad lo debido es un pago adicional más allá de los contratos de alquiler suscriptos entre Democra SA y Cambio América SA. Lo contrario, dejaría sin explicación la suscripción de los convenios que en copia obran glosados en fs. 1005/1060 de las actuaciones caratuladas “Koldobsky Liliana E. c/ Democra SA y otro, s/ ordinario”, Expte. nro. 054010, del registro de la Secretaría Nro. 39 del Juzgado 20 del Fuero.
Pero, aún cuando no se comparta esta apreciación, lo cierto es que la pretensión deducida en este proceso no es una dúplica de la incoada en el juicio ordinario antes referido –que, acoto, aún se encuentra en plena etapa probatoria-. En efecto, allí la actora solicitó se declare nula la asamblea general ordinaria de Democra SA de fecha 23 de agosto de 2005 y, en subsidio, se declaren nulas las decisiones adoptadas al considerar los puntos 2, 3, 5, 6 y 8 del orden del día.
En prieta síntesis –y en cuanto aquí interesa referir-, la Sra. Koldobsky a más de cuestionar la participación en la mentada asamblea de Pacific Star SA – sociedad extranjera accionista con una participación que alcanza al 99% del capital y votos-, enfáticamente sostuvo que la gestión del director –el Sr. Carlos Koldobsky- en atención a cierta anomalías que reflejan los estados contables, resultaba perjudicial a la sociedad. Y, para sustentar tal tesitura, entre otras cosas refirió al bajo valor por el cual se firmaron los contratos de locación.
De modo que, si bien es cierto que buena parte de su minucioso discurso (concretamente en aquello que concerniente al uso que Cambio América SA hace del inmueble de propiedad de Democra SA), se reeditó en este pleito, no lo es menos que el interés perseguido en uno y otro difiere sustancialmente. Ello pues, aquí se pretende hacer efectivo un reconocimiento de pago efectuado por el demandado a título personal, en tanto que en el incoado contra Democra SA, Carlos D. Koldobsky, Pacific Star SA, Patricia Inés Magdalena y, los síndicos Juan Angel Ratto y Carlos Mariano Villares la acción de impugnación de las decisiones tomadas en la asamblea no comprendió pretensión de cobro de alquileres alguna. Insisto, la actora acudió en dicha ocasión a las vías que le confiere la ley 19.550 para defender sus derechos como accionista.
Por todo ello y sin que sea menester efectuar mayores consideraciones, la crítica en análisis será desestimada.
[3] La fecha de mora. Como se indicó precedentemente, el accionado se agravió porque la primer sentenciante fijó la fecha de mora el 01.12.00.
En este marco, cuadra comenzar señalando -a modo de introducción que las obligaciones que nacen sucesivamente prorrata temporis, en función de períodos de tiempo diferenciales, tales como los créditos por alquileres, alimentos, rentas periódicas, etc., cada deuda conserva su individualidad, porque no se trata de una obligación única que se haya dividido en cuotas, sino de varias obligaciones que van germinando o brotando con el correr del tiempo. De ahí que por cada lapso transcurrido nazca una obligación, lo que hace que el deudor pueda pagar la deuda de un período dejando impaga la correspondiente a otro lapso (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Buenos Aires, 1970, t. II, p. 805; Busso, E., Código Civil Anotado, Buenos Aires, 1955, t. V, p. 479; Salvat, R. y Galli, E., Tratado de Derecho Civil Argentino, Buenos Aires, 1953, t. II, p. 266; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1981, t. 3, p. 505, coment. art. 746; Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2006, t. 2-B, ps. 95/96).
Bajo tales lineamientos conceptuales, la queja bajo examen tendrá favorable acogida.
Ello pues, el derecho del acreedor es el de exigir “cada deuda” con todos los accesorios que le sean inherentes; y puesto que cada entrega parcial tiene su propio plazo de cumplimiento y es considerada como una obligación independiente de las demás, el atraso del deudor respecto de una de ellas no supone mora con relación a las otras, ni puede decirse que haya mora parcial; por el contrario, la situación de mora es total con respecto a la prestación periódica incumplida (conf. Wayar, E., Tratado de la mora, Buenos Aires, 1981, p. 253).
Consecuentemente, juzgo que el capital de condena genere intereses desde el vencimiento de cada período y hasta la fecha del efectivo pago.
[4] El capital de condena:
Ambos litigantes se alzaron contra el quantum otorgado en la anterior instancia en concepto de capital.
Así mientras la parte actora criticó el rechazó de su pretensión de cobrar una suma mayor a la convenida -60 meses-, la demandada solicitó su reducción, toda vez que sostiene que la accionante sólo reclamó alquileres desde el mes de diciembre de 2000 hasta mayo de 2004.
Entonces, dada la necesaria vinculación de sendos planteos, razones netamente prácticas imponen su análisis simultáneo.
(i) La cantidad de meses reclamados por la demandante:
En el caso, ambas partes son contestes en que el Sr. Koldobsky suscribió el instrumento que se encuentra glosado -en copia- a fs. 81.
Vale reiterar que el demandado afirmó allí lo siguiente: «….Por intermedio de la presente, dejo expresa constancia de mi reconocimiento del pago mensual de U$S 3.000.-, (Tres mil dólares estadounidenses) por un lapso de 60 meses contados a partir del 1° de Junio de 1999…».
Ahora bien, de la lectura del libelo inaugural, se observa –con meridiana claridad- que la actora reclama el pago de la deuda desde el mes de diciembre de 2000 (v. fs.1).
Así las cosas, simple es concluir –atendiendo al plazo total en que el demandado asumió su compromiso- que la cantidad de meses adeudados desde diciembre de 2000 hasta el mes de mayo de 2004 es de 42 y, por cada uno de ellos la suma de u$s 3.000.
Ello pues, cuando se trata, como en el caso, de un reclamo por obligaciones que nacen sucesivamente, en función de períodos de tiempo diferenciales, no procede el pago de interregnos temporales que no fueron solicitados en la demanda, como aquí sucedió, porque ellos deben ser expresa, necesaria e inequívocamente peticionados.
Ello así, juzgo que procede la queja y aconsejaré revocación de este aspecto del fallo apelado.
(ii) La pretensión de la actora de cobrar períodos más allá del plazo de 60 meses. Adelanto que la crítica esbozada por la recurrente no merece ser atendida favorablemente.
Paso de seguido a fundar mi parecer.
En primer término recordaré que conforme surge de la nota que dio fundamento al presente reclamo, el pago del precio adicional se estipuló por un período de 60 meses. Y, siendo claro su texto no hallo motivos para extender la obligación más allá de ese lapso. Máxime si se tiene en cuenta que la cuestión referida a la adecuación –o falta de ella- de los alquileres que percibe Democra SA, es materia de debate en otro pleito.
En segundo término, considero que el compromiso asumido por el demandado Koldobsky no escapa a la regla general de buena fe que consagra el cciv 1198. En nuestro derecho, como es sabido, esa norma se aplica no sólo a la interpretación del alcance del contrato, sino también a la ejecución de las obligaciones que de él emanan. Ello significa que las partes deben adoptar un comportamiento leal en toda la fase de constitución de las relaciones, y que deben también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya constituidas entre ellos. Este deber de comportase según buena fe, se proyecta a su vez en dos direcciones en que se diversifican todas las relaciones jurídicas: derechos y deberes; los derechos deben ejercitarse de buena fe; las obligaciones tienen que cumplirse de buena fe (CNCom, Sala D, “El Sombrerito SAAC c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”, 7.9.84).
Así las cosas, coincido plenamente con la «a quo» en el sentido de que resulta contrario a la buena fe admitir la postura de la accionante de pretender cobrar una suma mayor a la convenida en el instrumento base del presente reclamo.
Por ello, debe rechazarse lo manifestado por la quejosa en este aspecto y confirmar lo decidido en la sentencia de grado.
[5] La aplicación de la tasa activa sobre la suma ajustada por el CER y el segundo agravio de la actora referido al reajuste del precio del alquiler, serán tratados de seguido en forma conjunta.
Recuérdese que en el escrito de inicio la Sra. Koldobsky reclamó la suma de $ 192.000, más el CER, más intereses y, que en el apartado X –al practicar liquidación-, estimó los réditos en un 6% anual a la tasa pasiva del BNA.
Además, solicitó el reajuste previsto por el art.11 de la ley 25.561 en la medida en que el valor real del alquiler supere el que surgiría de la aplicación del CER.
Tal como fuera reseñado en el apartado II, en el punto 6. del decisorio atacado la magistrada dispuso “el reclamo prosperará por la suma de $ 180.000 (convertido por aplicación de lo establecido por la ley 25.561 en su art. 3 y conversión fijada en el dec. 214/02)”.
Indicó además que “…Por tratarse de un capital pesificado…a partir del 3/2/02 y hasta el momento de pago se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia previsto en dicha norma…”.
Finalmente, “a partir 1.12.00 y hasta la fecha del efectivo pago, el capital de condena devengará un interés equivalente al de la tasa de descuento que perciba el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones comunes de descuento (CNCom, en pleno in re “SA La Razón”, del 27.10.94)”.
Así las cosas, debo señalar que lleva razón el demandado pues, ciertamente, la magistrada ha fijado una tasa de interés distinta de la expresamente peticionada por la Sra. Koldobsky.
Y como el pronunciamiento no puede exceder los limites de las pretensiones deducidas en el juicio, pues ello implicaría vulnerar el principio de congruencia (cpr: 163, 6°), consistente en la exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definitorios del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de total correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso (CNCom, Sala B, 20.5.05, «Banca Nazionale del Lavoro S c/ Deisernia, Ernesto s/ejec.»; Sala E, 26.12.05, «Bime Electromecánica SA c/ Aycacyp ente coop. Ley 23979 – Reg. Nac. De armas s/ ord.»; Sala B, 1.6.06, «Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Zanca, Carlos s/ ejecutivo»; Sala D, 2.5.07, “Yuasa Inc. SA c/Compañía de Teléfonos del Interior SA s/ ord.»); corresponde acoger la tesis sostenida por el Sr. Koldobsky.
En consecuencia, el capital de condena devengará intereses a la tasa pasiva del 6% anual, que se computarán desde la fecha de vencimiento de cada período adeudado y hasta el 03/02/02.
A partir de ésta última fecha se seguirá el procedimiento indicado en el art. 4° del decr. Ley 214/02 de conformidad con lo establecido por el art. 6° de la ley 25.561, modificado por el art. 17° de la ley 25.563, hasta su efectivo pago.
En relación a los réditos a aplicar por el período que corre a partir de la vigencia del Dec. 214/02 y hasta el efectivo pago, frente a la falta de previsión específica para el supuesto de acreedores que no sean entidades financieras –puesto que en este supuesto se aplican las disposiciones de la ley 25.713 y Comunicación A 3507 BCRA-, estimo razonable –en el caso- mantener la tasa del 6% anual pretendida en el escrito de inicio.
Ello pues, los intereses devengados por el capital adeudado y el CER son conceptos bien distintos. El CER está destinado a la actualización del crédito luego de la abrupta devaluación de la moneda nacional, mientras que los intereses compensan el costo del dinero adeudado por el tiempo transcurrido a partir de la fecha de la mora. De modo que, «como principio», no hay razón para considerar que se trata de conceptos excluyentes entre sí.
De otro lado, es preciso recordar que en la época en que los tribunales establecían habitualmente mecanismos de actualización de deudas originadas antes del dictado de la ley 23928, constituía temperamento sistemático establecer la indexación de la deuda más intereses puros calculados a una tasa del 6% anual. Y, ello no obstruye lo antes mencionado, porque es notorio que el CER no compensa de suyo la depreciación monetaria producida en el crédito objeto de ejecución por la inflación habida a partir del dictado de la ley 25.561 y normas concordantes. Por ende, resulta acumulable ese coeficiente con los intereses devengados por el capital adeudado (en igual sentido, CNCom, Sala E, 28.10.05, «Tesone, Nilda c/ Rimbano, Mónica s/ ejecutivo»; Sala A, 4.5.06, «Ted Sam SA s/ conc. Prev. -Conversión- s/inc. de revisión por Madariaga, Guillermo»; Sala D, 23.3.06, «Trucal SA s/ conc. prev. s/ inc. de revisión por la conc. al crédito de Lucia A. Versace»; Sala E, 14.7.06, «Francisco Luis Gerardo c/ Faga, Roberto s/ ejec.»; Sala B, 15.12.06, «ABN Amor Bank NV -suc. Argentina- fid. del fid. Laverc c/ Carrara, Roberto s/ ejec.»; Sala D, 12.09.03, “Ishihara Argentina SA, c/ Hudson Walter, s/ ejecutivo”).
Entonces, con el alcance señalado, serán acogidos los agravios del demandado.
En cambio, la crítica de la actora enderezada a obtener el reajuste equitativo previsto en el art. 11 de la ley 25.561, no será admitida.
Ello así por los motivos siguientes: (i) el compromiso asumido por el Sr. Koldobsky, consistió en el pago mensual de un importe adicional al estipulado en concepto de alquileres. De allí, no se advierte que necesariamente deba guardar alguna relación directa con las variaciones que sufran los precios de los alquileres en el mercado inmobiliario. Además, el valor de los alquileres, como se dijo en el precedente apartado [2] es materia que debe ser resuelta en el marco de las actuaciones caratuladas “Koldobsky Liliana E., c/ Democra SA y otros, s/ ordinario” y, (ii) la doctrina emergente del fallo plenario del Fuero del 13 de abril de 1977 (L.L. 1977–B–186, E.D.72–566), extendida también por plenario a los títulos cambiarios y a los procesos ejecutivos (“Papelera Alsina S.A. c/Arnedo José A.” del 22.12.1977, L.L. 1978–A–267) reconoce la posibilidad de revalorizar el importe de las obligaciones dinerarias, a título de reparación del daño ocasionado al acreedor, siempre que: a) El deudor se encuentre constituido en mora; b) el perjuicio sufrido por el acreedor no resulte suficientemente compensado a través de los intereses previstos en el art. 622 Cód. Civil; c) no corresponda aplicar una distinta solución en los casos concretos en que así lo imponga la aplicación de las normas particulares.
Así, la incidencia del perjuicio provocado por el envilecimiento del signo monetario puede ser encarada desde dos perfiles, a saber, la revalorización del capital y la corrección introducida por vía de intereses (C.S.J.N. 16.8.77 “Gobierno Nacional c/ Rodríguez de Maldes, Ernesto y otro” Rev. La Ley, T 148, p. 191; 30.8.72 “La Razón S.A. c/Gobierno Nacional”).
De esta manera, se configura un régimen que posibilita –a los fines reparatorios– la contemplación de intereses en un sistema flexible y dinámico, adaptable a las variaciones circunstanciales de las políticas económicas, desde que no existe óbice alguno para que dicha tasa refleje aproximadamente la incidencia del fenómeno del deterioro monetario.
Es que las tasas de interés real buscan su nivel en consonancia con la incidencia de la inflación, por lo que la reparación al acreedor ya puede encontrar adecuada solución también a través de intereses que tengan estos caracteres. El mercado financiero asume así, una transparencia que permite encontrar dentro de él una solución adecuada (CNCom. Sala D, 8.8.77, “Cilinderex S.A.I.C. c/Offset Gramma S.R.L. s/sumario”).
En tal sentido, se aprecia en este estado, que no ha resultado acreditado que la aplicación de la tasa que ha de fijarse en la sentencia, no compense la desvalorización de nuestra moneda de modo tal que torne irrisoria la cifra a cancelar por el Sr. Koldobsky.
Ergo, como se dijo antes, el agravio no puede prosperar.
[6] Las costas del proceso.
1. A los efectos de lograr mayor claridad expositiva en este pronunciamiento, resulta conveniente tratar por separado las quejas del recurrente.
2. Las costas por el progreso de la demanda:
Las costas devengadas por la actuación en primera instancia serán soportadas por el demandado pues, como quedó demostrado a lo largo del pleito ha resistido enfáticamente y sin razón la existencia de la deuda reclamada. Entonces, en la descripta situación, no corresponde apartarse del criterio objetivo de la derrota.
Es que la condena en costas al vencido, constituye un resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.
Por ello, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierte en daño (CNCom, Sala B, 28.3.89, “San Sebastián c/ Lande, Aron”); es decir, es una institución determinada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom, Sala B, 12.10.89, “De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA”).
3. Las costas por la ampliación de la demanda.
La ampliación de la pretensión contenida en el escrito de inicio implicó bilateralidad y controversia. Por ello, en tanto no fue admitida, corresponde imponer las costas a la demandante perdidosa. Es que no se aprecia en el caso circunstancia alguna que justifique un apartamiento del criterio objetivo de la derrota, en virtud del cual procede que la actora soporte las costas (arg., cpr. 68/9).
4. Los honorarios del perito tasador.
Sostuvo el recurrente que no le corresponde abonar los honorarios del auxiliar tasador, habida cuenta que la actora fue la que ofreció la prueba y que la misma no aportó absolutamente nada al resultado del pleito.
En este marco decisivo, resulta útil recordar que si bien los auxiliares judiciales tiene derecho a cobrar sus honorarios a cualquiera de las partes, sin perjuicio de las acciones de repetición que entre ellas hubiere, el art. 478 del Cpr concede al litigante desinteresado en que la prueba se produjera, el medio para eximirse de soportar el costo de diligencias superfluas, impugnando su procedencia en tiempo propio.
En el presente caso, el demandado en ningún momento expresó su desinterés en la pericia de tasación.
Por lo tanto, resulta improcedente que el accionado pretenda que los honorarios del perito sean soportados por la accionante.
Destaco a todo evento, que la solución anticipada no se modifica si, por vía de hipótesis, el demandado hubiese manifestado desinterés en la producción de la prueba.
Ello pues, el supuesto desinterés fue desvirtuado por una posterior presentación de la misma parte, que impugnó el informe pericial (v. fs. 289/290).
A partir de esa conducta procesal, debo concluir que no le resultó inocua al Sr. Koldobsky la prueba pericial y que no es aplicable al presente caso la exención prevista por el art. 478, in fine del Cpr. Es que, si se analiza el tenor de la impugnación, se aprecia un detallado elenco de observaciones al informe, que predica acerca de un interés en el resultado de la información pericial, que excede lo que podría considerarse un mero control de legalidad de la producción de la prueba.
Así las cosas, la decisión apelada no se evidencia pasible de reproche alguno, por lo que ha de rechazarse el agravio ensayado sobre el particular.
5. Las costas de alzada.
A tenor del modo en que ha sido resuelta la cuestión, corresponde que sea la actora la que cargue con las costas devengadas por las actuaciones en alzada.
Es que, no hallo motivos para sustraer al presente de la aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el cpr: 68.
V. Conclusión.
Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas propongo al Acuerdo: a) acoger parcialmente las quejas de la demandada vertidas en fs. 538/546 y, consecuentemente: (i) fijar el capital del condena en la suma de $ 126.000, sobre el que se devengarán intereses y el CER conforme las pautas vertidas en el apartado [5] y, (ii) imponer las costas por lo actuado en la instancia de grado del modo indicado en el acápite [6]; b) desestimar los agravios de la parte actora y, c) imponer las costas de alzada a la actora vencida. Así voto.
Por análogas razones los señores Jueces de Cámara Doctores Ojea Quintana y Tevez adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara doctores:
Rafael F. Barreiro – Juan Manuel Ojea Quintana – Alejandra N. Tevez
María Florencia Estevarena
Secretaria
Buenos Aires, octubre 11 de 2011.
Y VISTOS:
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se resuelve: a) acoger parcialmente las quejas de la demandada vertidas en fs. 538/546 y, consecuentemente: (i) fijar el capital del condena en la suma de $ 126.000, sobre el que se devengarán intereses y el CER conforme las pautas vertidas en el apartado [5] y, (ii) imponer las costas por lo actuado en la instancia de grado del modo indicado en el acápite [6]; b) desestimar los agravios de la parte actora y, c) imponer las costas de alzada a la actora vencida.
Notifíquese. Rafael F. Barreiro. Juan Manuel Ojea Quintana. Alejandra N. Tevez.
Ante mí: María Florencia Estevarena.
Es copia del original que corre a fs. de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.
María Florencia Estevarena
Secr