En Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina a los 7 días de junio de 2012, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en autos: «Ferrocarriles Argentinos (P.L) y otro c/ América Latina Logística Mesopotámica S.A. s/ proceso de conocimiento», respecto de la sentencia de fs. 395/398 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:

l-Que la juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por la empresa Ferrocarriles Argentinos (en liquidación)) y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (en liquidación), contra la empresa Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza S. A. (con posterioridad denominada América Latina Logística Mesopotámica S. A.), tendiente a obtener el reconocimiento y pago del crédito de 402,302, 61 pesos, más intereses, correspondiente a la prestación de los servicios de personal dependiente de aquellas en beneficio de la última, que había sido instrumentado en las facturas 0201-00000055;; 02101-00000062; 0201- 00000094; 0201-00000112; 0201-00000122; y 0201-00000001, emitidas en agosto, octubre y noviembre de 1993, y en febrero de 1994.

Como fundamento, señaló que la empresa demandada había resultado adjudicataria del Contrato de Concesión para la explotación de la Línea General Urquiza, con exclusión del tramo Federico Lacroze – General Lemos, celebrado el 15 de enero de 1993, y aprobado por medio de la resolución 78/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y el decreto 504/93 (agregado en copia como «Anexo A y B»). En el Anexo 6.1.2 de ese contrato se había previsto el Régimen de Compensación entre Empresas, en el que se acordó el modo en que se liquidarían y pagarían las prestaciones recíprocamente realizadas por cada una de las partes en beneficio de la otra. A tal efecto, en la cláusula Décima de ese convenio se había previsto que la parte acreedora presentaría la factura correspondiente, y que la parte deudora podría observarla dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación; y, en caso de mora en el pago, se devengarían intereses según la tasa prevista en el punto 32. 11. 2. del Pliego de Bases y Condiciones al amparo del cual se había llevado a cabo la licitación.

Destacó que, del examen de la prueba pericial caligráfica ofrecida por la parte actora y llevada a cabo por el perito en documentología, cuyo informe está agregado a fs. 375/380, surgía que ninguna de las firmas insertas en las primeras cinco facturas enumeradas pertenecía a las personas señaladas por Ferrocarriles Argentinos para realizar el cotejo de firmas; y que la sexta factura carecía de firma. Agregó que las partes no habían impugnado las conclusiones del perito y concluyó que en el caso no () había sido acreditada la autenticidad de las facturas, que constituían la base de la pretensión.

Impuso las costas a la vencida y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales, hasta que se practicase la liquidación respectiva.

II- Que la parte actora apeló y expresó sus agravios a fs. 417/419 vta., que no fueron replicados (cfr. Fs. 421).

En cuanto interesa, sostiene que en la sentencia apelada se prescindió de considerar de manera conjunta el resultado de la prueba pericial reunida en la causa. En particular, se omitió considerar la prueba pericial contable, cuyo informe está agregado a fs. 240/241 vta., del que resulta que los créditos correspondientes a las facturas en cuestión se hallaban asentados en la contabilidad de Ferrocarriles Argentinos, y de la minuta individualizada por el perito contador surgía que los importes en cuestión, no cancelados, aparecían en la cuenta N° 25.405, perteneciente a Ferrocarriles Mesopotámicos S.A.. En tal sentido, expresa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Código de Comercio, los libros de comercio constituyen prueba «a favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario», y destaca que la parte demandada no ofreció como prueba los libros de su propia contabilidad, ni produjo ninguna otra prueba tendiente a demostrar la inexistencia de la deuda reclamada. Añade que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces no tienen el deber de pronunciarse sobre todas las pruebas producidas, pero sí respecto de las que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa; tal como en el caso es la prueba pericial contable, que demuestra la existencia de los créditos discutidos.

III- Que, en primer término, cabe señalar que la parte demandada no contestó la expresión de agravios y, por tanto, no mantuvo ante esta instancia las defensas que había opuesto al contestar la demanda. En tales condiciones, y de conformidad con la doctrina de Fallos 300:1117; 315:2125; 334:95, consids. 7º, 8º y 9, entre otros, no corresponde tratar la defensa de prescripción opuesta en primera instancia. No obstante, al respecto cabe destacar que también se ha entendido (en sentido contrario al de la referida doctrina) que las defensas, argumentos o motivos alegados por el vencedor en primera instancia, y que no han sido considerados por el tribunal a quo quedan, mediante el recurso concedido al vencido, implícitamente sometidas al conocimiento del tribunal de segundo grado; que se halla facultado para resolver todas las cuestiones que integran la relación procesal (cfr. Lino Enrique Palacio: «Derecho Procesal Civil». Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1977. Pág. 466 y sus citas; E.D. 4-939, consid. 4, y sus citas; L-L 63-202). Por consiguiente, corresponde tratar la defensa de prescripción opuesta por la parte demandada a fs. 162/165, con fundamento en que los créditos reclamados nacieron en 1993 y, hasta el momento de interposición de la demanda, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2002, ya había transcurrido en exceso el plazo de cuatro años previsto en el artículo 847 del Código de Comercio. Al respecto cabe destacar que ese plazo no resulta de aplicación al caso, debido a que la acción deducida en la causa no tiene por objeto el cobro de las deudas aceptadas, liquidadas, o que se presumen liquidadas, a las que se refiere el artículo citado. En tal sentido, la parte demandada negó haber recibido y aceptado las facturas y en el informe pericial caligráfico de fs. 375/380 se concluyó que las firmas insertas en ellas no pertenecían a las personas a las que habían sido atribuidas. En la especie, la parte actora demandó el cumplimiento del contrato celebrado entre las partes, contenido en el Anexo 6.1.2 del Contrato de Concesión, relativo al «Régimen de Compensación entre Empresas» y, por tanto, resulta de aplicación al caso el plazo de prescripción decenal previsto en el artículo 4023 del Código Civil y en el artículo 846 del Código de Comercio; de modo que la acción respectiva no se halla prescripta.

IV- Que, en segundo lugar, corresponde destacar que la parte actora no se agravia de las conclusiones a las que se llegó en la sentencia apelada, con respecto la falta de autenticidad de las facturas comerciales presentadas por su parte al promover la demanda, individualizadas en los Anexos C, D, E, F, G, y H de la prueba documental, agregada a la causa (cfr. sobre con la documentación reservada). Sin embargo, al respecto cabe observar que a fs. 326 la demandante propuso que se realizara la prueba pericial caligráfica, a fin de cotejar las firmas insertas en tales facturas con las firmas de los señores Jorge Horacio Acosta (Jefe del Departamento de Recursos Humanos Línea Urquiza), Rubén Carlos Chandler (Gerente de Equipo Personal), Carlos Raúl Boccardo (Subgerente Nivel II Recursos Humanos), José Buccella (Subgerente Nivel III del Departamento Contabilidad) y Carlos Guzzetti (Gerente del Departamento Contabilidad).-

En su informe, el perito dio las explicaciones técnicas en virtud de las cuáles concluyó que las firmas insertas dentro del sello impreso en el centro de cada una de las facturas en cuestión (que en su parte superior dice «BAPSA» y en su parte inferior «recibido sujeto a revisión»), no habían sido puestas por las personas ya indicadas.

Sin embargo, de las notas emanadas de Ferrocarriles Argentinos adjuntadas a las facturas presentadas en los Anexos C, D, E, F, G, y H, de la prueba documental ofrecida por la parte actora surge que los señores Jorge Horacio Acosta, Rubén Carlos Chandler, Carlos Raúl Boccardo, José Buccella, y Carlos Guzzetti eran dependientes de Ferrocarriles Argentinos y, en consecuencia, no hubieran podido ser los firmantes de la recepción o aceptación de esas facturas. En tales condiciones, la prueba pericial caligráfica solamente demuestra la falta de recepción de las facturas por la demandada o sus dependientes, y su falta de aceptación por parte de ésta (cfr. fs. 326, 328, 375/380, y las notas agregadas sin foliar a los Anexos referidos).

IV- Que, con prescindencia de la prueba pericial caligráfica, es menester considerar que en la referida prueba documental individualizada en los Anexos C, D, E, F, G, y H, se da cuenta de que, en ejercicio de sus respectivas funciones, los mencionados señores Horacio Acosta, Rubén Carlos Chandler, Carlos Raúl Boccardo, José Buccella, y Carlos Guzzetti, refiriéndose al asunto denominado como «Personal Solicitado Por Las Concesionarias», procedieron a anexar las planillas de personal de Ferrocarriles Argentinos que desempeñaba funciones «en comisión» en la empresa Ferrocarriles Mesopotámicos S.A., y expresaron que lo hacían a los fines de «resarcirnos de los gastos correspondientes». Así resulta de las notas del 16 y del 19 de agosto, del 29 de septiembre, y del 3 y 18 de noviembre de 1993, a las que el señor Jorge Horacio Acosta adjuntó a las planillas con el detalle del personal que prestaba servicios para la empresa concesionaria, y el importe de los sueldos respectivos, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 1993. En similar orden de consideraciones, en la nota del 22 de setiembre de 1993, el señor Rubén Chandler informó que el concesionario Ferrocarriles Mesopotámicos había solicitado los servicios del agente Eduardo Jesús Prat, y en la nota del 5 de octubre de 1993 el señor Carlos Guzzeti solicitó información sobre los sueldos devengados a favor de ese agente, también requerida en la nota del 30 de noviembre de 1993, suscripta por el señor José Bucella. En la nota del 23 de diciembre de 1993, el señor Carlos Raúl Boccardo detalló los salarios a percibir por ese agente, que prestaba servicios en comisión para la empresa concesionaria.

De acuerdo con el texto de esas notas, y lo expresado en las facturas impugnadas, tales servicios correspondían a la realización de entrevistas al personal y de exámenes médicos. Por otra parte, de los Anexos I y J de la prueba documental ofrecida por la parte actora, agregados a la causa, surge que el 12 y el 20 de junio Ferrocarriles Argentinos remitió a Ferrocarriles Mesopotámicos General Urquiza S.A. dos cartas documento, reclamándole el pago de esos créditos; y que la empresa intimada las rechazó por considerar que, según el artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones, que integra el Contrato de Concesión, todas las remuneraciones adeudadas al personal de Ferrocarriles Argentinos, motivadas en hechos ocurridos antes de la fecha de la toma de posesión, se hallaban a cargo de esa empresa (cfr. fs. 158).-

Sin embargo, corresponde tener en cuenta que en la Cláusula Segunda del convenio relativo al Régimen de Compensación Entre Empresas, que forma parte, como Anexo 6.1.2, del Contrato de Concesión agregado en copia, las partes estipularon que «….en casos excepcionales las partes podrán solicitarse mutuamente prestaciones de personal…», como así también que «…las prestaciones serán liquidadas por las horas realmente trabajadas…», de acuerdo con el valor allí establecido. Las obligaciones emergentes de ese convenio son distintas de las asumidas por la empresa concesionaria en cuanto a la obligación de incorporar, previa evaluación de las condiciones médicas y de la capacidad técnica, a 960 agentes pertenecientes a la dotación de personal de Ferrocarriles Argentinos de la Línea Urquiza o del organismo central, y a la consiguiente obligación de pagarles a estos últimos los salarios y cargas sociales a partir de la fecha de la toma de posesión, que tuvo lugar el 22 de octubre de 1993 (cfr. Anexo 9.5 del Contrato de Concesión, agregado en copia por separado; y la copia del Acta de Toma de Posesión, agregada a fs. 115/1117). Antes bien, del referido convenio incorporado como Anexo 6.1.2. del Contrato de Concesión se desprende que cada parte podía solicitar los servicios del personal de la otra; y los créditos reclamados corresponden a la prestación de los servicios del personal de Ferrocarriles Argentinos en beneficio de la empresa concesionaria, en concepto de entrevistas, exámenes médicos y demás prestaciones que no se detallan.

V- Que, en tales condiciones, cobra relevancia lo expuesto por la apelante con relación a que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63, tercer párrafo, del Código de Comercio «… También harán prueba los libros de comercio a favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba concluyente…». Al respecto, en el informe pericial contable agregado a fs. 240/241 el perito sostiene que en el Libro Diario N° 1, correspondiente al ejercicio económico de 1993, y de la minuta contable N° 141250, correspondiente a las operaciones del mes de diciembre de 1993, surgía un saldo deudor de 436.155, 64 pesos a cargo de Ferrocarriles Mesopotámicos; saldo que se hallaba registrado en el Folio 1301 de ese Libro Diario. Por otra parte, también informó que del Libro Diario N° 1, correspondiente al ejercicio económico de 1999, ese saldo alcanzaba a 402.093, 62 pesos, a favor de Ferrocarriles Argentinos. Además, el perito afirma que ese saldo corresponde a los servicios del personal prestados en beneficio de la empresa concesionaria. Cabe destacar que el artículo 63 del Código de Comercio se refiere a los asientos contables, y la exigencia de que la documentación que les sirve de respaldo esté reconocida como auténtica no constituye una interpretación razonable de ese artículo, pues desnaturaliza el principio del Código de Comercio sobre la eficacia probatoria de los libros (cfr. S.C.B.A, J.A.-1985 III-465; en contra, S.C.B.A 1976-D-338).

Por otra parte, es del caso añadir que, al contestar la demanda, a fs. 162/165 vta., la interesada se limitó a formular una negativa genérica sobre el incumplimiento de su parte al contrato en cuestión, y a desconocer la prueba documental. Sin embargo, al demandado le incumbe la carga de exponer en forma explícita, clara y circunstanciada su posición acerca de cada uno de los hechos contenidos en la demanda, en la medida en que resulten esenciales para la solución del pleito. Esa carga no queda cumplida mediante la negativa genérica, sino que exige exponer manera concreta y fundada uno o varios hechos contrarios o incompatibles con los afirmados por la parte actora, o relativos a la inverosimilitud de esos hechos (Lino Enrique Palacio: «Derecho Procesal Civil». Abeledo-Perrot. 1977. T° VI. Págs. 158 y 159; y artículo 163, inciso 5o, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En particular, no negó de modo concreto y circunstanciado haber recibido la prestación de los servicios por parte del personal detallado en las planillas aludidas, ni la cantidad e importes precisados en ellas; ni expuso en qué términos las partes habían dado cumplimiento al Régimen de Compensación Entre Empresas, incorporado como Anexo 6.1.2. del Contrato de Concesión.

VI- Que, en virtud de lo expuesto, corresponde admitir la demanda por el importe de 402.302,61 pesos, concretamente reclamado en el escrito inicial (cfr. fs. 1), más intereses a partir del momento de la notificación de la demanda. Tal conclusión se impone en virtud de que, al haber sido desconocida la recepción de las facturas, y corroborada esta circunstancia por medio del informe pericial caligráfico de fs. 375/380, no resulta posible considerar que la parte actora las hubiera presentado, y la demandada recibido, dentro de los términos previstos a tal efecto en la Cláusula Décima del convenio relativo al «Régimen de Compensación Entre Empresas» incorporado como Anexo 6.1.2, del Contrato de Concesión, o en otro momento ulterior al previsto en aquélla.

VII- Que, en distinto orden de ideas, corresponde poner de relieve que los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la demandada, respectivamente, concedidos en efecto diferido a fs. 287 y 314, no han sido fundados; por lo que las resoluciones correspondientes deben considerarse firmes (art 260, inciso 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto que antecede.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:

Que adhiero al voto del Dr. Alemany y a la solución que propone. Sin perjuicio de ello, en cuanto al análisis de la prescripción (considerando III), estimo que el examen de dicha defensa resulta innecesario.

En efecto, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el litigante que resulta vencedor -y por lo tanto carece de agravio para apelar ante el hecho de que no se consideraron algunos de sus planteos Efectuados en la instancia anterior-, puede plantear, al contestar el memorial de su contraria, los argumentos y defensas desechados en la sentencia de grado (Fallos 334:95, considerando 7º y sus citas). Por ello, la circunstancia de que en el sub lite la demandada no haya contestado la expresión de agravios de su contraria implica un abandono de aquellas defensas, pues esa era la oportunidad idónea para mantenerlas y manifestar su desacuerdo con ese aspecto de la sentencia de grado (Fallos 334:95, considerando 8o).

Atento a dicho principio general, las consideraciones sobre la defensa de prescripción contenidas en el considerando III del voto al que adhiero, deben considerarse efectuadas a mayor abundamiento, en la medida en que no varía la solución final que corresponde dar al planteo recursivo de la actora. ASÍ VOTO.

Por el resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, y admitir la demanda; condenando a la parte demandada al pago de los importes determinados en el considerando VI de la presente.
2) Imponer las costas del pleito por su orden, en ambas instancias, con fundamento en la complejidad del asunto desde el punto de vista probatorio y, además, en virtud de que la cuestión debatida se decide con fundamentos que, solamente de modo parcial, coinciden con los expuestos en la respectiva expresión de agravios (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;; y Fallos 312:2519 y 322:3034).
ASÍ SE DECIDE- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Firman Guillermo F. Treacy – Pablo Gallegos Fedriani – Jorge Federico Alemany