La carrera para remplazar al juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Herman Salvini ya tiene un candidato firme de la terna que adelantó Diario UNO y que estaba en manos del Poder Ejecutivo.

La primera novedad es que no será una mujer quien ocupe la silla del octogenario juez cuya renuncia fue aceptada el martes pasado

Altas fuentes de la Unión Cívica Radical filtraron, sin llamarlo por su nombre y apellido, quién es el postulante que será propuesto al Senado en cuanto se habilite la salida formal de Salvini.

La afirmación, en estricto off the record, dice: «El elegido saldrá de la terna que ya se conoce, tendrá un perfil relacionado con la seguridad y no será una mujer».

El mensaje no deja lugar a dudas y basta desgranarlo para revelar al candidato: el elegido es el juez de la Segunda Cámara del Crimen José Valerio.

La terna en cuestión está integrada por el constitucionalista Gustavo Castiñeira de Dios, la jueza penal de Garantías María Alejandra Mauricio y el juez penal camarista José Valerio.

La primera pista del mensaje recalca que el elegido a suceder a Salvini sale de esta terna, descartando cualquier otra incorporación y dejando fuera de carrera a la jueza y abogada constitucionalista Gabriela Ábalos, de fuerte ascendencia en el radicalismo y que este jueves era impulsada como candidata por el entorno de la vicegobernadora, Laura Montero.

La segunda pista dice que el perfil del seleccionado estará relacionado con la seguridad, es decir la lucha contra el delito.

Ahí se puede descartar a uno de los incluidos en la terna. Hablamos del constitucionalista Gustavo Castiñeira de Dios, subsecretario de Justicia de Julio Cobos y quien hoy en día está como asesor en políticas de Seguridad en la UNCuyo.

Si bien Castiñeira de Dios está actualmente involucrado en el tema de la seguridad ciudadana, correría en desventaja respecto de los otros dos competidores, que son jueces con trayectoria penal.

La tercera y última pista da un dato certero: «No será una mujer». Esto deja fuera de carrera a la jueza Alejandra Mauricio.

Así, el candidato es el juez penal camarista José Valerio, quien capitaneó en los últimos años varias propuestas para agilizar el Poder Judicial y mejorar el combate contra el crimen desde la Justicia.

También fue uno de los principales asesores del Gobierno en el nuevo paquete de leyes contra el delito, de carácter más restrictivo, que recientemente aprobó la Legislatura de Mendoza.

Valerio, además, fue diputado de la Unión Cívica Radical antes de ser juez, con lo cual se descuenta que habla y entiende los códigos de la política.

Su rol en la Corte es además lo que posiciona su candidatura. Para el Gobierno sería un cortafuego en la sala penal contra el garantismo que según la óptica del oficialismo representa hoy el supremo Omar Palermo.

Y por último, aseguran que están los votos para que oportunamente el pliego de Valerio sea aprobado.

A la espera de Salvini para proponer el nuevo candidato

La renuncia ya presentada por el juez de la Corte Herman Salvini y aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo aún no abrió oficial y formalmente la sucesión en el cargo, lo que podría demorarse unos meses.

Es que el supremo que deja la Corte nunca había iniciado su trámite jubilatorio. Si éste no está concluido con el retiro otorgado el cargo no puede ser ocupado.

De hecho, Salvini ha renunciado pero su dimisión se hará efectiva una vez que su jubilación se concrete. Por lo tanto todavía sigue siendo ministro de la Corte aunque está de licencia por razones de salud.

Mientras tanto, ya se hacen gestiones en la ANSES para que el trámite jubilatorio salga cuanto antes

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina (www.diprargentina.com) el 02/02/11

http://fallos.diprargentina.com/2011/02/c-v-y-otro.html
Mendoza, 9 de Noviembre de 2010.-
Y vistos: Los presentes autos arriba intitulados, puestos en estado de resolver a fs. 171 de los que:
Resulta:
Que a fs. 73/78 se presentan los Sres. C. A. V. y D. A. P. y solicitan el reconocimiento de la sentencia de adopción de su hija adoptiva R. B. P. nacida en Haití. Juntamente peticionan que se transforme el tipo de adopción a fin de equiparar a todos sus hijos adoptivos.
Manifiestan que tramitaron por ante este mismo Juzgado la información sumaria a fin de ser declarados idóneos para adoptar, cuya sentencia les permitió acceder a la adopción de la niña en Haití para fecha 4 de Enero del corriente.
Recuerdan el doloroso momento que vivió ese país unos días mas tarde, que dejó como saldo mas de 300.000 personas muertas, entre la que se encuentra el mismo juez que autorizó la adopción de R.; como asimismo la angustia que sintieron por no saber si su hija estaba con vida.
Señalan que la documentación original relativa a la adopción de su hija quedó sepultada bajo los escombros del orfanato y juzgado de paz que sufrieron las consecuencias del terremoto que es de público y notorio conocimiento.
Agregan que la niña fue evacuada junto a otros niños y trasladada a EEUU por razones humanitarias, donde pudieron reencontrarse con ella, y cuyas autoridades identificaron para permitir su salida del país y poder reunirse con sus otro cuatro hermanos, todos hijos adoptivos del matrimonio presentante, de allí que soliciten, además, la conversión de la adopción simple otorgada a plena.
Acompañan copias simples de la sentencia de adopción de la pequeña R., acta de nacimiento y resolución de custodia a favor de los presentantes, debidamente traducidas; y copias de los ejemplares de diarios y revistas que dan cuenta de los crudos sucesos que devastaron Haití y en especial, de la realidad que vivió y vive hoy la niña R..
Que a fs. 82 y 144/145 emite sus dictámenes el DeCI.
Que, atento la cuestión debatida en autos, el Tribunal a fs. 162 dispone la realización de medidas para mejor proveer consistentes en diagnósticos psico sociales por parte de los profesionales del Equipo Interdisciplinario de Adopción (E.I.A.) de nuestros Juzgados de Familia, cuyo informe se agrega a fs. 164/166.
A fs. 168 y 170 emiten sus dictámenes los representantes de los Ministerios Públicos Pupilar y Fiscal, respectivamente.
Y considerando:
I. Que se ha sometido a juzgamiento la habilidad de la sentencia acompañada por los actores a fin de proceder a su inscripción en el registro de las personas en nuestra provincia y poder reconocerse los efectos en nuestro país.
Sabido es que por razones de conveniencia y de solidaridad, casi todas las leyes procesales vigentes en el mundo, reconocen, bajo ciertas condiciones, la eficacia de sentencias pronunciadas en el extranjero, y autorizan a promover su ejecución dentro de los respectivos territorios. Pero, de acuerdo con el sistema generalmente aceptado, a la ejecución de las sentencias extranjeras antecede un trámite preparatorio, que culmina con el exequátur, que es la declaración en cuya virtud se acuerda a aquellas la misma eficacia que revisten las sentencias dictadas por los jueces nacionales. Ese previo juicio de reconocimiento no versa
sobre la relación sustancial controvertida en el proceso que motivó la sentencia cuya ejecución se solicita. Su objeto, por el contrario, consiste en verificar, por un lado, si el contenido del pronunciamiento se ajusta a las reglas fundamentales de orden público y si el procedimiento seguido en el extranjero ha respetado las garantías del debido proceso (requisitos intrínsecos); y, por otro lado, si la sentencia reúne los recaudos de legalización y autenticación de todo instrumento extranjero (requisitos extrínsecos).
II. Que resulta de aplicación la normativa del CPCMza cuyos arts. 278 y ss. prescriben, en lo pertinente, que:
Art. 278.- EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS.- Las sentencias dictadas
en países extranjeros, tendrán en la Provincia la fuerza obligatoria que establezcan los tratados existentes entre la República Argentina y esos países. A falta de tratados, podrán ejecutarse si se reúnen los siguientes requisitos: 1°) Que la sentencia haya sido pronunciada por tribunal competente en el orden internacional. 2°) Que haya pasado en autoridad de cosa juzgada en el Estado en el cual fue dictada. 3°) Que haya sido pronunciada en virtud de una acción personal o de una acción real mobiliaria, si la cosa mueble objeto de la demanda, fue trasladada al país durante o después de la tramitación del proceso. 4°) Que el condenado haya sido legalmente citado y haya asistido al proceso personalmente o por medio de mandatario o haya sido declarado rebelde, conforme a la ley del país donde se dictó la sentencia. Salvo en este último caso, que el condenado, domiciliado en la República no hubiese sido debidamente citado en ésta. 5°) Que la obligación que haya dado lugar al proceso, sea válida
según nuestras leyes. 6°) Que no contenga disposiciones contrarias al orden público de
nuestro país.
Art. 279.- REQUISITOS FORMALES.- La sentencia extranjera, cuya ejecución se pida,
deberá venir íntegramente transcripta, en copia fehaciente, debidamente legalizada. Deberá
expresar además, que existen los requisitos establecidos en el artículo precedente y
acompañarse traducción suscripta por traductor matriculado. (NOTA: El artículo anterior se
refería a los requisitos internos de la sentencia, vale decir, a su contenido y al procedimiento
mediante el cual fue dictada. El presente se refiere a las condiciones externas, es decir, a la
sentencia como documento o título ejecutorio. Debe venir íntegramente trascripto y no
fragmentariamente o sólo la parte dispositiva. Debe estar autorizada por el funcionario
judicial encargado de dar testimonio de las sentencias y legalizado. Debe expresarse, en el
mismo documen
legalizaciones correspondientes, vale decir que se cuestiona el cumplimiento de los recaudos
del art. 279 de nuestro código de rito.
III. Que no obstante lo cual, es necesario analizar la cuestión a la luz de la realidad para que
este trámite no se convierta en una ficción, ya que, como lo ha sostenido el máximo Tribunal
argentino “ queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales
especializados en asuntos de familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos
mediante la aplicación de una suerte de fórmulas, o modelos prefijados, desentendiéndose
de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar “ (CSN
15/2/2000).
Así como cuando el legislador, al interpretar la Constitución para dictar una ley, no realiza
una pura y mecánica operación lógica de formulación de esa ley (conclusión) en base a una
premisa menor (circunstancias del caso) subsumida en la norma constitucional (premisa
mayor); así tampoco la interpretación del juez constitucional que reexamina esa ley consiste
en un puro raciocinio lógico. Juez constitucional y legislador efectúan “política-jurídica”,
determinando dentro de un marco de posibilidades que deja el género constitucional como
arbitrio, al órgano intérprete, la especie del caso. Esa política jurídica se realiza en base a las
vivencias con que, en el espíritu de dichos órganos, se da el sentido de Justicia y demás
valores bilaterales en que la conducta jurídica consiste. La interpretación (lato sensu) de la
ley no es pura subsunción lógica; no es una luz intelectual que revela el unívoco sentido de
la norma; es una “creación de derecho dentro de la subsunción” (conf. Kelsen, Hans: “La
teoría pura del Derecho”, ed. Losada, Buenos Aires, 1941, p. 127; Cossio, Carlos: “La
valoración jurídica y la interpretación judicial de la ley”, Rev. de la Universidad, Santa Fe,
1941, p. 110; Justo, Alberto M.: “La actitud del juez frente a las transformaciones del
derecho”, Rev. LA LEY, t. 9, sec. doct., p. 14; Aftalión, Enrique: “La escuela penal técnicojurídica y la teoría pura del derecho”, en Rev. LA LEY, t. 23, sec. doct., p. 5).
De allí que pretendo evaluar la cuestión del reconocimiento traído a análisis desde la óptica
constitucional y a la luz de la realidad.
Veamos: el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos han
incorporado en sus textos numerosas normativas que, por influencia del derecho romano,
tradicionalmente se reputaban confinadas al derecho privado, tales como el derecho al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la mujer y de los niños, normas relativas al matrimonio, a las uniones de hecho, a la determinación de la filiación, a la responsabilidad parental, etc..
En palabras de Bidart Campos, la trama temática que puede tejerse en la relación de los derechos humanos con la familia ha cobrado últimamente tal amplitud y elasticidad que caso no queda fuera ningún área del mundo jurídico ni de las interdisciplinariedades que lo ligan a otros campos y ciencias (conf. Bidart Campos, Germán “Familia y derechos humanos” en Derecho de Familia y nuevos paradigmas, Ediar, Bs. As., Pág. 29).
Aída Kemelmajer señala como causas de esta evolución dos razones fundamentales: a) el mundo se ha hecho cada vez mas pequeño y los sujetos se desplazan de un lugar a otro; estas transferencias generan un aumento cualitativo y cuantitativo de las relaciones, incluidas las familiares, y obviamente, también de los conflictos, y b) el revolucionario avance de las
comunicaciones ha favorecido la universalización de las pautas familiares; en todos lados ha
perdido vigencia el significado patrimonial clásico, ligado a la antigua idea autoritaria,
limitándose a consolidarse como una comunidad de vida solidaria. En este contexto, hay un
redimensionamiento de los poderes familiares, que se conceden en el exclusivo interés del
quienes están sujetos a ellos (conf. Kemelmajer, Aída. “Derechos humanos y Familia” –
Aspectos constitucionales y derechos fundamentales de la familia. Univ. Externado de
Colombia. Bogotá, 2001 pág. 59).
A la altura de estas ideas, nuestro art. 75 inc. 22 CN introduce en el campo de la legalidad
constitucional una fuente externa, de la cual debe aceptarse tal como viene dada, sin poder
modificarla o reinterpretarla. Pero a la vez, dicha fuente externa junto con la Constitución
textual conforman el parámetro de validez de las reglas secundarias que oportunamente se
produzcan.
Es que las normas jurídicas no se encuentran aisladas entre si, sino que se interrelacionan en un sistema coherente y legitimado denominado sistema jurídico, que contiene normas materiales sustantivas y normas destinadas a regular la producción de normas.
Dicho ordenamiento está presidido por la Constitución que es la fuente básica y creadora, o
sea, establece cuáles son los actos o hechos a los que atribuye la capacidad para producir
normas jurídicas (conf. Gil Domínguez, Fama, Herrera. “Derecho Constitucional de familia”,
Ediar, Bs. As. Pág. 16 y ss).
Así las cosas, la Constitución, como norma jurídica, no consiste en un mero consejo o
recomendación hacia los poderes constituidos y los particulares, sino que tiene fuerza
normativa en toda su integridad, en todas sus partes, en todos sus contenidos también en sus
implicancias.
En este sentido, como norma fundante del orden jurídico del Estado, es el eje obligatorio e
imperativo de todo el ordenamiento jurídico político.
Sostiene Bidart Campos que la expansión de la fuerza normativa de la Constitución no se
conforma con la existencia de un orden normológico. Por el contrario, las normas deben ser
proyectadas a la vigencia sociológica, para que la fuerza normativa alcance una real
encarnadura social. El examen permanente entre Constitución formal y Constitución material
posibilita detectar coincidencias entre aambas, o desigualdades, o bien mutaciones
constitucionales, etc. (conf. Bidart Campos, Germán. “El derecho constitucional y su fuerza
normativa”, Ediar, Bs. As., 1995, pág. 55).
Como adelanté, la reforma constitucional de 1.994 ha marcado un hito en la historia de
nuestra Carta Magna, trayendo consigo cambios fundamentales en el ordenamiento jurídico
vigente, entre los cuales, sin hesitación alguna, el mas importante ha sido la jerarquización
de varios instrumentos de derechos humanos (conf. Gil Domínguez, Fama, Herrera.
“Derecho Constitucional de familia”, Ediar, Bs. As. Pág. 18 y ss).
Esta modificación ha significado un notable avance que ha dado lugar a que buena parte de
la doctrina constitucional argentina haya acuñado el concepto de “bloque de
constitucionalidad”, que puede entenderse como un conjunto normativo que contiene
disposiciones, principios, valores materialmente constitucionales, que no forman parte del
texto de la Constitución, sino que permanecen fuera de el compartiendo con aquél su misma
supremacía, y erigiéndose en parámetro para el control de constitucionalidad de las normas
infraconstitucionales.
Los derechos humanos reconocidos a raíz de este nuevo orden resultan, entonces, principios
de derecho fundamental (conf. Alexy, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales en el
Estado constitucional democrático”, AAVV, Trotta, Madrid, 2003 pág. 62 y ss., citado por
conf. Gil Domínguez, Fama, Herrera. “Derecho Constitucional de familia”, Ediar, Bs. As.,
Pág. 21), que forman parte de la regla de reconocimiento constitucional y resultan
vigentes para la sociedad en su conjunto porque han sido delineados por los
representantes del pueblo a través de las convenciones constituyentes. Conforman, en
síntesis, un mínimo fundamental, común y abarcativo para toda la comunidad, que no
puede ser desconocido por reglas secundarias infraconstitucionales, la cuales sólo serán
válidas en la medida que emanen de los derechos fundamentales contemplados en la
regla de reconocimiento. (conf. Gil Domínguez, Andrés. “Cuando de swinger se trata la
Constitución es la manda” en LL, 2003-E-501).
Tengo para mí, que la responsabilidad del Estado a través de cualquiera de sus poderes, se
ve comprometida si no se privilegia la jerarquización normativa que propone la Constitución.
Frente a las normas inferiores, emerge con toda su fuerza este bloque de normas superiores
que conforman, además, un sistema garantista de legalidad por el que las normas secundarias
se deben adecuar o condicionar para no perder eficacia.
Es que “las normas constitucionales y las contenidas en los tratados no están en la periferia,
como si fueran externas; no son decorativas, ni adornos de conveniencia para ingenuos.
Deben ser apreciadas como categorías ontológicas en cuanto son los sólidos cimiento de un
edificio” (Salerno, Marcelo “Las relaciones familiares en los tratados con jerarquía
constitucional”, en Anuario de Derecho N° 4, Univ. Austral, Abeledo Perrot, Bs. As., 1998,
pág. 117).
Como dejé sentado mas arriba, a la luz de estas normas, ideas rectoras y principios analizaré
la cuestión en el entendimiento de que el punto neurálgico de la labor judicial reside en la
ponderación o evaluación del “peso” de los derechos fundamentales que entran en
colisión en un caso concreto de acuerdo con las condiciones fácticas que lo definen.
IV. Es un hecho ampliamente conocido por su difusión universal, el trágico episodio ocurrido
a nuestros hermanos haitianos en Enero de este año, un sismo de características destructivas
que dejó un penoso saldo de cientos de miles de muertos y consecuencias posteriores tan
dañosas que su cuantificación aún hoy es imposible de precisar.
Es que el 12 de Enero de este año, el mundo entero se despertó con una terrible noticia:
edificios destruidos, muchos muertos, gente perdida, enfermedades era el resultado de un
terremoto en un pequeño país pobre de Centroamérica; destrucción y desolación ocupaban
los títulos de todos los diarios del mundo que presenciaba impávido un triste espectáculo.
La pequeña R., una niña abandonada en un orfanato de ese país salvó su vida después que el
mismo se desplomara, mientras los documentos de la adopción que la emplazaba como hija
del matrimonio presentante eran sepultados bajo los escombros del Juzgado cuyo destino fue
tan dramático como el de aquél.
Estos hechos no requieren prueba en un expediente judicial, desde que son conocidos por
todos, y requerir el cumplimiento de las legalizaciones que, dicho sea de paso, emergen de
las autoridades que emiten los documentos originales, en nuestro caso resulta un rigorismo
que puede constituirse en una injusticia.
Resulta clara la imposibilidad material de contar con las legalizaciones de la sentencia cuyo
reconocimiento se pretende. Se trata de una sentencia sepultada entre los escombros juntos a
miles de vidas.
V. De allí la necesidad de armonizar la normativa, para su subsunción en el caso concreto, a
la luz de normas de mayor jerarquía, ya que “la comprensión y aplicación de la ley implica
su abordaje como componente del orden jurídico y no como un elemento lógicamente
aislado. En consonancia con ese postulado, al realizar esta labor, ha de evitarse atribuir a
las normas un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, haciendo prevalecer unas a
expensas de las otras; por el contrario, cabe adoptar como correcto el criterio que las
concilia y da efectos a todas” (CSN Fallos: 329:5266).
No debemos perder de vista que los Tratados Internacionales incorporados a nuestro Derecho
Interno con jerarquía constitucional hacen expresa mención a que debe reconocerse el
derecho de todo niño a crecer en el seno de una familia, grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros y lo dispuesto por los arts.
240, 321, 339, 340 y cc. del C. Civil y arts. 3, 6, 20 y 21 de la ley 23.849 ratificatoria de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
En aplicación de las normas fundamentales que rigen en nuestro país, la Convención de los
Derechos del Niño, la Constitución Nacional, nuestro Código Civil y demás leyes, estimo
necesario en el caso, atemperar los requisitos de exequátur en relación a las legalizaciones de
la sentencia cuyo reconocimiento se pretende.
Lo contrario implicaría cometer una injusticia en el solo beneficio de la ley, del cumplimiento
de una formalidad legal ajena a la realidad.
En ese sentido tiene[n] dicho nuestros tribunales: “Los recaudos procedimentales tienen por
fin cuidar ciertas exigencias de orden externo pero no para que los derechos se vean
vulnerados, sino por el contrario, para que su realización resulte en todos los casos
favorecida; de otro modo, ese orden deviene en ritualismo, es decir, en una forma vacía de
contenido, siendo la doctrina pretoriana del exceso ritual manifiesto aplicable en aquellos
en que la decisión sobre el fondo entronaría con lo injusto si no razones formales se
desconocen evidencias expedientales que se tiene a la vista “. (conf. Cuarta Cámara en lo
Civil, fecha 11-05-2.000, ubicación LS155, FS. 063).
En definitiva, la realización de la justicia no se alcanza con la mera y fría aplicación de una
norma procesal; por el contrario requiere una armonización entre la ley, la realidad y los
valores en juego. Pretender alcanzar semejante valor jurídico dándole la espalda a la realidad,
a los hechos consumados importa la negación misma de la justicia y, por definición, una
injusticia.
Lo mismo importaría si se le exigiera a los presentantes de autos cumplir a rajatabla con las
exigencias procesales frente a los hechos ocurridos en Haití en Enero de ese año.
VI. En estrecha vinculación con lo expuesto, cabe destacar la doctrina inspiradora de nuestro
máximo Tribunal de Justicia que ha sentado claramente las bases de una noción que funciona
como un stándard jurídico: el exceso ritual.
La noción de exceso ritual manifiesto debe buscarse en la jurisprudencia de los Tribunales.
La primera manifestación la encontramos en el caso “Colalillo”, de la Corte Suprema de la
Nación (Fallos: 238:550) del 18 de septiembre de 1957, cuya doctrina ha sido mantenida por
la Corte invariablemente (Corte Suprema de Justicia de la Nación – Monastirsky Salomón y
otro c. Falconi, Sergio y otro – 1992-04-07, sobre facultades de los jueces y esclarecimiento
de los hechos; Corte Suprema de Justicia de la Nación – Luque, Mauricio c. Servi Chaco S.A.
– 2002-05-14 en relación a cuestiones sobre exceso ritual manifiesto; Corte Suprema de
Justicia de la Nación – Superintendencia de Seguros de la Nación c. ITT Hartford Seguros de
Retiros S.A. y otros – 2003-04-24 por arbitrariedad y excesivo rigor formal; Corte Suprema
de Justicia de la Nación – Farias, Helvecia c. ANSES – 1999-08-10 por idénticos temas; Corte
Suprema de Justicia de la Nación – Chan, Queenie c. Klein, Edgardo A. – 1999-02-23, entre
varios).
Sobre el tema, en aquél caso testigo, la Corte consideró que: “Que el caso presenta
ciertamente características singulares. Y es propio de tales circunstancias la obligación de
los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes,
a fin de no incurrir, con daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica de esos
principios… Que con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, es condición de validez de
un fallo judicial que él sea conclusión razonada del derecho vigente con particular
referencia a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 236:27 y otros)… Que laEn la interpretación de normas procesales debe preferirse la que mejor concuerde con las
garantías y principios establecidos en la Constitución Nacional; y no debe efectuarse de
modo tal que ellas prevalezcan sobre la verdad jurídica objetiva que es concorde con un
adecuado servicio de justicia y compatible con la defensa en juicio —art. 18 de la Carta
fundamental — (obra cit., p. 107).
Es facultad de los jueces valorar la realidad fáctica y subsumirla en el derecho vigente que
interpreta y aplica a esa realidad, por cuanto la función de hacer justicia no es otra cosa
que la recta determinación de lo justo in concreto, o sea, la solución justa del caso, porque,
de lo contrario, la aplicación de la ley se convertirá en una tarea mecánica reñida con la
naturaleza misma del derecho (Bidart Campos, Germán J., “La Corte Suprema”, 1982, p.
44.)
Toda solución justa ha de estar presidida por el espíritu de la Constitución que fluye de los
fines y valores que la articulan. De allí la relevancia hermenéutica del Preámbulo, a cuya
frase “afianzar la justicia” ha remitido la Corte Suprema con frecuencia, para apoyar sus
decisiones (Bidart Campos, Germán J., ob. cit. p. 45), como así también ha dicho que nadie
puede sustraer a los jueces la atribución y obligación inalienable de hacer respetar la
Constitución y, en particular, las garantías personales que reconoce (Fallos 267:215, 1967).
Se destaca en este mismo sentido, el dictamen de la Sra. Agente Fiscal de fs. 170.
VII. Que la Sra. Asesora de Menores, en su dictamen de fs. 168 entiende, por el contrario,
que tratándose del desplazamiento de un menor de edad fuera de su lugar de vida deben
extremarse los recaudos que garanticen la legalidad y regularidad del proceder.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, surge con la claridad del mediodía que no
comparto la opinión de la distinguida representante del Ministerio Pupilar desde que la
realidad de la niña R., su historia, su vida y sus “circunstancias” ameritan un tratamiento
diferenciado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que “El sistema procesal es
un medio para realizar la justicia, la cual no puede ser sacrificada en aras de meras
formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones
o retrasos en la observancia de los procedimientos pueden ser dispensados si se conserva
un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica” (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, enero 30-996; Castillo Páez, Ernesto R.).
Entiendo, pues, que el interés superior del niño debe ser analizado en el caso concreto, y
como tal ese principio rector del derecho me inspira a buscar una solución diversa a la
propuesta por el Departamento de Colaboración Internacional de la SCJMza, como
organismo especializado en la materia.
Por lo demás, no se presenta en el caso

PROVINCIAL UNIDIVERSIDAD Especial Constitución / por Verónica Gordillo / Publicado el 08 DE ABRIL 2016

Hace 17 años, Aída Kemelmajer de Carlucci escribió y firmó el fallo que frenó la reforma de la Constitución provincial que impulsó el entonces gobernador José Octavio Bordón, y que algunos dirigentes consideraron un cerrojo jurídico para los intentos posteriores de modificación. Al cumplirse cien años de la Carta Magna, la exministra de la Suprema Corte de Justicia ratificó lo expuesto en la sentencia de 1989 y dijo que hoy la volvería a hacer igual.

La especialista en Derecho de Familia fue una de las disertantes en el Coloquio sobre el Centenario de la Constitución de 1916, que se realizó en la Legislatura. Antes de iniciar su exposición, agradeció la invitación a la vicegobernadora, Laura Montero, porque fue justamente del ámbito de la Casa de las Leyes desde donde provinieron las críticas más duras cuando se conoció el fallo de 1989.

Incluso, en 2014, la Suprema Corte pidió al Senado una sanción para el entonces presidente provisional del cuerpo, el radical Mauricio Suárez, quien aseguró que el fallo fue “una interpretación tramposa que impulsó la doctora Kemelmajer de Carlucci y que ha impedido introducir cambios en los últimos años”, según publicó diario Los Andes.

La interpretación de las mayorías

La historia de ese fallo comenzó en 1987, cuando el entonces gobernador Santiago Felipe Llaver, antes de terminar su mandato, envió a la Legislatura un proyecto de reforma total de la Constitución, que fue sancionado en abril de ese mismo año. Tal como lo establece el artículo 221 de la Carta Magna, en las siguientes elecciones se realizó un referéndum, en el que el 55 % de los votantes efectivos apoyó la reforma y el 48 % no lo hizo. Frente a este resultado, el Ejecutivo, en manos de José Octavio Bordón, convocó –a través de un decreto– a la elección de convencionales constituyentes, pero el partido Unión de Centro Democrático acudió a la Suprema Corte de Justicia, aduciendo que la consulta popular no arrojó los votos afirmativos necesarios para continuar con el proceso de modificación.

El nudo de la discusión se centró en la interpretación del artículo 221, que determina cómo debe ser el referéndum popular ante un proyecto de reforma. El artículo dice textualmente: “Si la mayoría de los electores votase afirmativamente por la reforma, entonces el Ejecutivo convocará a una Convención”. Pero mientras unos entendían esa mayoría como las personas que efectivamente acudieron a sufragar, otros –entre los que estaban quienes presentaron la acción judicial– aseguraban que debía votar por el Sí la mayoría de las personas incluidas en el padrón electoral.

Kemelmajer de Carlucci fue el miembro preopinante –es decir, que redactó el fallo–, que luego fue acompañado por los integrantes de la Sala I de la Suprema Corte. El mismo determinó la interpretación vigente del artículo en cuestión y resolvió: que el cómputo de la mayoría debía hacerse sobre el total de los empadronados y no sobre los que efectivamente votaron, que para la reforma se necesitaba de la mitad más uno, y que en los casos en que los ciudadanos no introducían boleta por el Sí o por No, el voto debía considerarse negativo. En el mismo fallo, el máximo tribunal provincial declaró la nulidad del decreto firmado por Bordón, por medio del cual llamó a la convención constituyente, por lo que el proceso de reforma quedó estancado.

Ratificación de la sentencia

Luego de participar en el “Coloquio sobre los cien años de la Constitución Provincial”, Kemelmajer de Carlucci ratificó el espíritu de la sentencia de 1989 y dijo que hoy volvería a fallar del mismo modo.

A pesar de las críticas, ¿ratifica el fallo de 1989?

Sí. Creo que es una sentencia que conmueve a la sociedad para que participe y, especialmente, el compromiso y la responsabilidad de los partidos políticos, que cada vez que quieren reformar una constitución tienen que informar a la población. Cuando nosotros resolvimos, verificamos que, por ejemplo, en los medios periodísticos nadie sabía que se llamaba a reformar la Constitución. Cuando los legisladores han querido hacer la reforma y han tenido interés, como por ejemplo fue el caso de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, hicieron una campaña de información con la que uno podía o no estar de acuerdo, no importa; lo cierto es que informaron a la población qué es lo que querían reformar y la sociedad fue y votó. Yo, si tuviese que volver a hacer esa sentencia, hoy la haría igual que en 1989, porque fue nada más que la interpretación de una cláusula que dice cómo se computan las mayorías.

Muchos dirigentes criticaron y critican esa interpretación, por entender que es una traba que no se puede sortear, que imposibilita cualquier reforma. ¿Cuál es su opinión?

No es cierto. Tanto no es cierto que después de aquella sentencia hubo varias reformas constitucionales.

¿Hace falta reformar la Constitución Provincial?

Creo que es necesario reformarla, porque la visión que teníamos de los derechos fundamentales en 1916, no obstante que era gente de avanzada, no es la misma que hoy. No son los mismos derechos, hay derechos fundamentales que hoy tenemos y que reconocemos y que no son los de aquella época. Por ejemplo, el texto de 1853 en Argentina decía que el Poder Legislativo tenía la atribución de dictar leyes para la conversión de los indios; eso hoy nos parece una locura, porque entendemos el derecho a la libertad religiosa y un derecho incluso al laicismo, que en esa época no se tenía. Lo dice muy bien un filósofo italiano: no tenemos que creer que los derechos fundamentales son inamovibles; al contrario, cambian con el tiempo y esos derechos tienen que estar en la Constitución, entonces tenemos que modificarla para incorporarlos. Por ejemplo, nuestra Constitución es fantástica respecto del derecho al agua, pero está más bien destinada a la administración del agua. Hoy se habla del derecho del habitante al agua. Eeso está en tratados internacionales, en tratados de derechos humanos, ¿por qué no en nuestra Constitución, que fue tan de avanzada?

Desde el retorno de la democracia, la mayoría de los gobernadores impulsó una reforma de la Constitución. ¿Cuál es el mejor camino para lograr este objetivo?

Creo que el camino es el que está señalando la vicegobernadora (Laura Montero, quien organizó un coloquio sobre los cien años de la Constitución). Tiene que empezar por un debate público, que la gente se informe, se interese en una reforma constitucional. Mientras no haya ese interés por la reforma constitucional, mientras no mostremos qué queremos reformar y sea simplemente un problema de coyuntura, es decir, si el gobernador puede ser o no reelecto, no avanzaremos.

El artículo de la discordia

En 1989, frente a una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la provincia interpretó el artículo 221 de la Constitución Provincial, en el que se determina el mecanismo de la consulta popular. La interpretación que ratificaron los jueces de la Sala I es la que persiste hasta hoy.

El artículo en cuestión dice: “Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial de la Constitución, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de diputados se vote en todas las secciones electorales en pro o en contra de la convocatoria de una Convención Constituyente. Si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una Convención que se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que componen la Legislatura. Los convencionales serán elegidos en la misma forma que los diputados”.