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Objeto: promovemos acción de inconstitucionalidad.

SEÑORA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

            IRMA ROSANA BARRIENTO, argentina, ama de casa, D.N.I. nº 24.836.099, domiciliada realmente en Base Esperanza y El Resero, ADRIANA MARA GUADALUPE GONZALEZ, argentina, D.N.I. 25.684.083, domiciliada realmente en Don Segundo Sombra 2860, constituyendo domicilio legal en México 449, todos de Paraná, por derecho propio, con patrocinio letrado, ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:

            I.- OBJETO

            Que venimos a interponer demanda por INCONSTITUCIONALIDAD del Decreto nº7560 GOB dictado en el Expediente nº 596.281, contra el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA, con domicilio en Casa de Gobierno, Fernández de la Puente s/nº de la ciudad de Paraná, por violación de los arts. 81 inc. 19), 135º, 139º, 23º, 4º, 5º, 14º, 15º y 33º de la Constitución Provincial y arts. 5º, 14º y 33º de la Constitución Nacional,  art. 2341° del C.C., arts. 4º inc. c), d) y e) y 7º de la Ley 7296 de Fiscalía de Estado, peticionando se decrete su NULIDAD y la de todos los actos cumplidos por la FISCALIA DE ESTADO en su consecuencia en los autos caratulados “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS C/ MUNICIPALIDAD DE PARANA Y OTROS S/ SUMARIO POR NULIDAD Y REIVINDICACIÓN” (Expte. nº 11704 Año 2003) y “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS C/ LIFSCHITZ, SERGIO GREGORIO Y OTRA S/ MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y CONTRATAR” (Expte. nº 11.836 Año 2003) que tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial nº 4 de Paraná, Secretaría nº 4,, por los fundamentos que a continuación exponemos.

            En relación a las costas, solicitamos a S.S. que, en virtud de lo dispuesto por el art. 23º de la C.P., se condene individualmente a los funcionarios responsables del dictado del Decreto impugnado, Gobernador Dr. JORGE PEDRO BUSTI y Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, Sr. SERGIO DANIEL URIBARRI, por cuanto se trata de un acto dictado con extralimitación y cumplimiento irregular de las funciones públicas de los que sus autores están investidos.

            II.- LEGITIMACIÓN ACTIVA

            Las suscriptas somos vecinas de la Provincia de Entre Ríos, habitantes de la ciudad de Paraná.

            Por la referida condición,  somos titulares del derecho reconocido por el art. 2341 del Código Civil, -constitucionalmente garantizado por los arts. 14º y 33° de la C.M. y 5° y 6° de la C.P.- al libre tránsito, permanencia, ingreso, uso, goce y disfrute del espacio público constituído por la Playa Pública Los Arenales, bien de dominio público provincial ubicado sobre la margen Sureste del Río Paraná, en el ejido del Municipio. Asimismo, somos titulares del derecho de acceso al Río Paraná desde y por la mencionada playa pública “Los Arenales”.

            El decreto que atacamos por su inconstitucionalidad,  ordena a la Fiscal de Estado desistir del proceso en el que la Provincia persigue la nulidad de títulos y la reivindicación de Los Arenales, que pertenecen a su patrimonio público.

            Tal decisión del P.E. permitirá que el particular que indebidamente ocupa Los Arenales, -insusceptible  de apropiación privada- se apropie definitivamente del inmueble, lo que impedirá a los actores en particular y al resto de la población de la Provincia –en general- ejercer los derechos y facultades que nos asisten en relación al mismo por su carácter de bien de dominio público.

            Tal conculcación y menoscabo de concretas facultades y derechos que detentamos como habitantes de esta Provincia de acceder, permanecer, transitar y disfrutar de la mejor playa de la ribera de la ciudad de Paraná, nos legitima individual y colectivamente para interponer la presente demanda. Ello porque la ejecución de la orden contenida en el Decreto n° 7560 GOB implica retirar a la provincia de su justo reclamo y que el particular que indebidamente ocupa Los Arenales pase a ser su único,  y excluyente dueño, lo que enervará con carácter definitivo los derechos invocados de los que somos titulares.

Reiteramos que el desistimiento que ordena el inconstitucional  Decreto, avasallará nuestro derecho, que detentamos individual y colectivamente, ya que impedirá con carácter definitivo el uso, goce y disfrute del bien de dominio público provincial –playa pública Los Arenales- a  nosotras y al resto del pueblo de la Provincia, así como  la libre circulación y su acceso por el río Paraná.

            El ataque a derechos e intereses legítimos individuales y colectivos, concretos, inmediatos y sustanciales de los suscriptos, configurado por el Decreto n° 7560 GOB que manda desistir a la Fiscal de Estado el Juicio por Nulidad de títulos y reivindicación promovido por la Provincia, justifica  nuestra legitimación activa para el ejercicio de la presente acción de inconstitucionalidad.

            Observe V.S. que no estamos invocando la condición de ciudadanas –que también tenemos y sobre la cual nos explayaremos en seguida- sino de vecinas de Paraná y de la Provincia, con legítimo derecho a circular libremente y a  permanecer en el balneario Los Arenales, a acceder por tales playas al Río Paraná y a disfrutar del espacio público que ellas nos ofrecen sin más restricción que el respeto por el derecho de los demás habitantes que en ese mismo sentido y en igualdad de condiciones decidan ejercer tales derechos y facultades, enunciados en el art. 2341° del Código Civil y amparados por los arts. 14° y 33° de la C.M. y 5° y 6° de la C.P.

            La legitimación activa invocada halla sustento en un interés jurídico inmediato, propio y concreto de cada uno de nosotras para que el acceso público, uso y goce de la playa Los Arenales no nos sea privado por la acción de un particular que actúa arrogándose indebidamente el carácter de propietario exclusivo y excluyente del predio, ahora, con la anuencia del Gobernador que manda a la Fiscal de Estado desistir del proceso de reivindicación entablado por la Provincia.

Nuestros derechos y facultades emanados del art. 2341º C.C. que se verán afectados merecen recibir protección jurisdiccional.

            La condición de dominio público de Los Arenales admite también, la legitimación procesal activa de las suscriptas por su condición de ciudadanas.

Si bien esta condición aparece con una generalidad que no es considerada suficiente de manera uniforme por los tribunales para otorgar legitimación activa, su valor fue reconocido por el actual titular del P.E. al dictar el Decreto n° 4627 GOB que convocó a consulta popular voluntaria para la reforma de la Constitución.

En los considerandos del referido Decreto n° 4627 GOB, el P.E. afirmó que la participación ciudadana es un “derecho no enumerado expresamente por el constituyente, pero que nace del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

Emana de tal disposición una interpretación contemporánea del concepto amplio de ciudadanía y del derecho a la participación que cada ciudadano detenta individualmente.

Tal derecho a la participación en las cosas que son de interés público o interés general o en cuestiones en los que está comprometido el interés público, habilita, faculta y legitima al ciudadano a peticionar ante los poderes públicos y en especial ante el Poder Judicial en demanda del restablecimiento de los derechos, bienes o intereses públicos afectados o conculcados.

Las cuestiones atinentes o relativas al destino del patrimonio público provincial,  afectan a cada ciudadano en forma individual y, colectivamente, a la sociedad que conforma con el resto de los ciudadanos de la Provincia.

Cada ciudadano entonces está legitimado para acudir a la Justicia con el fin de peticionar en defensa del patrimonio común, del patrimonio público, por la vigencia plena de la C.P. , de sus derechos y garantías.

            El concepto amplio de legitimación activa deriva del concepto de participación ciudadana directa en asuntos de interés general o interés público y encuentra sus raíces históricas en la antigua Grecia, cuando el demos –pueblo- participaba en el ágora con la palabra y por votación, decidiendo pública y colectivamente sobre el uso, destino y acciones relativas a la cosa pública.

            En el caso del Decreto 7560 GOB que se impugna por inconstitucional, el Gobernador ordena a la Fiscal de Estado desistir sobre un pleito en el que la Provincia reclama sus derechos sobre un bien de dominio público provincial, con sustento en precedentes judiciales firmes que reconocieron el dominio Público de la Provincia en terrenos colindantes al del reclamo, la mencionada Playa los Arenales. Con el desistimiento se elude el pronunciamiento de la justicia que, por esos antecedentes, será seguramente favorable para la Actora (Provincia de Entre Ríos). Asimismo se elude el debate legislativo que debería producirse al tratarse de decisiones que involucran bienes del dominio público del Estado Provincial.

Por lo tanto, la inconstitucional orden de desistimiento constituye una verdadera emboscada del Poder Ejecutivo en perjuicio del patrimonio público provincial. Cuando el supuesto derecho litigioso de la Provincia sobre Los Arenales ya ha sido reconocido a su favor en casos análogos, incluyendo el de la titularidad de dominio Público del terreno que ocupa el Club Náutico, vecino a la playa Los Arenales, -sobre el que volveremos más adelante-  no puede el Gobernador mediante el recurso de un Decreto desistir del proceso, pues carece de facultades para perfeccionar la transferencia a manos privadas de un bien de Dominio Público por la vía procesal del desistimiento, soslayando el mecanismo constitucional de su desafectación mediante Ley que debe sancionar la H. Legislatura.

            Por todo ello, queda suficientemente acreditada nuestra legitimación activa para intervenir como actoras en la presente controversia.

            Si cabe expresarlo, cobra más fuerza la afirmación de nuestra legitimación atendiendo a nuestra condición de personas de escasos recursos  porque, como sucede a decenas de miles de personas humildes vecinas de Paraná, -por no abarcar a las de toda la provincia- somos quienes más necesitamos del ejercicio del derecho al sano esparcimiento y goce sin costos adicionales en la mejor playa pública de la ciudad.

II.- HECHOS

            1°) Antecedentes

 

            Como previo al análisis de la inconstitucionalidad del Decreto n° 7560 GOB hemos de reseñar brevemente los antecedentes que motivaron la interposición de la acción de nulidad y reivindicación y medida cautelar que el Gobernador manda desistir a la Fiscal de Estado, a fin de ilustrar a S.S. sobre el objeto de la controversia y sus consecuencias jurídicas adversas a los intereses de la Provincia y violatorias de derechos e intereses legítimos de las suscriptas.

            Con motivo de una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el Expediente nº 110/2001 que contiene estudio de títulos, pericial de cartografía y planialtimetría, pericial de Agrimensor, antecedentes jurisprudenciales de sentencias firmes y ejecutoriadas dictadas por tribunales de nuestra Provincia y actuaciones administrativas tramitadas ante la Municipalidad de Paraná y Superior Gobierno de la Provincia se concluyó que:

159. Los inmuebles inscriptos en el Registro de la Propiedad de Paraná bajo el dominio privado por el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz, luego cedido a “Paraná Fiduciaria S.A.”, Matrículas nº 159.574, Plano de Mensura nº 127.687 y Matrícula nº 172.355 Plano de Mensura nº 148.275 que constituyeran el ex.-balneario público de la ciudad de Paraná “Los Arenales”, PERTENECEN AL DOMINIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, de acuerdo a la línea de ribera trazada por la autoridad nacional de Puertos y Vías Navegables en 1957, -autoridad administrativa competente-, a los precedentes judiciales de las sentencias dictadas en los autos “Superior Gobierno c/ Annichini Hermanos S.R.L. y otros – ordinario por Nulidad absoluta de convenio, reivindicación, restitución e indemnización” y “Casa Franchini S.R.L. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Reivindicación”, a constancias existentes en la Fiscalía de Estado de la Provincia, Escribanía Mayor de Gobierno, Comisión Interprovincial del Túnel Subfluvial, Municipalidad de Paraná, IAPV y otras reparticiones del Estado Provincial, siendo por lo tanto, objetos materiales fuera del comercio, inalienables e insusceptibles de apropiación privada.

159. Ello es así porque mediante estudio de títulos y antecedentes se llegó a la conclusión de que el inmueble Matrícula nº 159.574, Plano de Mensura nº 127.687 –identificado como Lote n°1 – inscripto actualmente como de dominio privado de Sergio Gregorio Lifschitz que lo cedió en Dominio Fiduciario a “Paraná Fiduciaria S.A.-, integra un inmueble de mayor extensión junto a otros dos lotes (el n°2 sobre el cual se asientan las instalaciones del Túnel Subfluvial, y el n° 3 cedido en comodato por el Gobernador Jorge P. Busti al Club Náutico Paraná, durante la presidencia de éste por el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz) con una superficie total de 16 ha. 65 as. 39cas. 33dm2. El total del inmueble carece de antecedentes dominiales y formaba parte, -conjuntamente con los que fueran reivindicados judicialmente por la provincia a Annichini y Franchini- de la zona de bañados y anegadizos,  inundable por el Río Paraná, cuya línea de ribera fue delimitada por la autoridad administrativa competente con participación de la Fuerza Aérea, con motivo de la construcción del Túnel.

52. La mensura de todo ese terreno fue realizada por Ingeniero Civil Alberto M. Sors, cuyo plano lleva el n° 52.906, fechado en Agosto de A continuación en el mismo año, a pedido del  Intendente Aldasoro fue confeccionada la escritura de este inmueble (Lotes 1, 2 y 3)  sin mediar consentimiento del Estado Provincial por el Escribano Municipal de Paraná Rafael Ruiz, y se inscribió en el Registro de la Propiedad como del Banco Municipal de Paraná, Industrial, Comercial y Agropecuario, en el Registro de la Propiedad Inmueble de Paraná, el 15/10/1965. Cabe destacar en descargo de aquél gobierno municipal –aunque no de la ilicitud cometida- que ese título de propiedad, de por sí nulo, fue obtenido con el fin de capitalizar el Banco ante el eventual peligro de que fuera dispuesto su cierre por las autoridades del Banco Central de la R. A., por estar fuera de las relaciones técnicas exigidas.

172. Luego aparece el Inmueble Matrícula 172.355 Plano de Mensura nº 148.275 de 058,62 metros cuadrados que Sergio Gregorio Lifschitz inscribió por acto gratuito, unilateral, como bien propio en escritura “declarativa de anexión por aluvión”. Este inmueble también corresponde al DOMINIO PUBLICO PROVINCIAL y tal Escritura es nula, por cuanto dichos terreno no se constituyó por aluvión sino que se corresponde a los antiguos bañados y anegadizos del Río Paraná contiguos a la línea de ribera y a los Lotes n° 1 y  n° 2 ya mencionados, que fueron elevados por obras de rellenado y alteo a través del refulado de limo y arena del lecho del río realizado por la empresa que construyó el Túnel Subfluvial, para dar lugar a su instalación en el lecho del río y ulterior cobertura con ese material de manera de evitar su “flotación”.

1. La naturaleza jurídica pública del dominio de los inmuebles constitutivos de Los Arenales, identificados en los parágrafos a),b) y c) precedentes, fue plenamente conocido por Sergio Gregorio Lifschitz.

Recordemos que el inmueble (Lote n° 1) fue adquirido por Lifschitz mediante cesión de acciones litigiosas que le hiciera el Banco Municipal a Sergio Gregorio Lifschitz en los autos “Banco Municipal de Paraná S.E.M. – en Liquidación – Hoy: Sergio Gregorio Lifschitz c/ Los Arenales S. A. s/ ejecución hipotecaria” (Expte. nº 370 Año 1995 – Matrículas nº 159.574, Plano de Mensura nº 127.687) que tramitaron ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial nº 4 Secretaría nº 4 de Paraná, que integraba una mayor superficie con el Lote nº 2 (en el que están las instalaciones del Túnel Subfluvial) y el Lote nº 3, en el que se encuentra la sede del Club Náutico Paraná, actual “comodatario” del contrato de de comodato celebrado con el Superior Gobierno de la Provincia (comodante) por 100 años, que se encuentra vigente.

Con referencia a este último contrato, resulta significativo destacar que en su  condición de Presidente del Club Náutico, el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz repelió una acción promovida contra el Club por el Banco Municipal (“Banco Municipal c/ club Náutico s/ Reivindicación”) e interpuso “incidente de redargución de falsedad” del título de propiedad que esgrimía el Banco con fundamento en la dominialidad pública provincial del Lote n° 3.

Este incidente prosperó, resultando vencido el Banco, con costas y honorarios a favor de los abogados intervinientes, que fueron pagados por el Banco Municipal.

Posteriormente y como resultado de las actuaciones judiciales antedichas –como ya adelantáramos-, quien ejercía el cargo de Gobernador, Dr. Jorge Pedro Busti, celebró con el Club Náutico, presidido por el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz, un contrato de comodato del señalado Lote N° 3 a favor de dicha institución, que fue instrumentado en Escritura nº 463 del 11/12/1991, en la que consta el reconocimiento de la condición de dominialidad pública del referido Lote, que se reconoce como parte de aquel inmueble que a su vez comprendía dentro de sus límites al Lote n° 1 ( Los Arenales) y Lote n° 2 en el que se asientan las instalaciones del Túnel.

Se agrega a tal circunstancia que acredita el pleno conocimiento que tenía Sergio Gregorio Lifschitz y tiene el Sr. Gobernador de la Provincia de la condición jurídica de bien de dominio público de Los Arenales, el hecho de haber otorgado en su oportunidad el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz mandato al Dr. Juan Carlos Brollo para que en su representación formalizara la cesión de acciones que le hiciera la parte actora en el juicio “Banco Municipal – hoy: Sergio Gregorio Lifschitz c/ Los Arenales S. A. s/ Ejecución Hipotecaria” en el que se había pedido el remate del inmueble identificado como Lote n° 1 (parte de Los Arenales).

Sobre este particular merece destacarse que el Dr. Juan Carlos Brollo había intervenido con anterioridad al cumplimiento del mencionado mandato en nombre y representación de Sergio Gregorio Lifschitz en las actuaciones administrativas municipales  nº 26.781/88 – 162.275/58, nº 22.201/93 – 13.256 – 23; nº 17.008/93; n° 29.122/94 – 13.256 – 23; nº 15.216/91 y agregados, referidos a la Licitación Pública Municipal nº 90/88 en las que fundamentó ampliamente que el Lote n° 1 era un bien de dominio público provincial.

Por ejemplo, señala el mencionado profesional a la Municipalidad de Paraná, (a fs. 684/692 del Expte. Administrativo nº 29.122 – índice 13.256 Ficha 23) que: “en efecto, por las características físicas del balneario Los Arenales –zona de playa comprendida dentro de las crecientes normales del Río Paraná- y por la obra pública vinculada a ese predio (Túnel), se trata de un bien de DOMINIO PUBLICO, susceptible de concesionar su uso, -como se ha hecho con el suscripto- pero de ninguna manera susceptible de venderse a un particular. Y menos aún con un título lleno de vicios que lo tornan absolutamente nulo….el Banco Municipal se empeñó en vender el Balneario, invocando ese curioso título que nació allá por el año 1965 sin antecedentes de ningún tipo…No se reparó en el dominio público comprometido y en las consecuencias dañosas que resultarán cuando deba revocarse la irregular venta”.

Cabe concluír, por ello, que el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz ha sido adquirente de mala fe del inmueble identificado como Lote n° 1 (parte hoy de la playa pública Los Arenales) y se ha apropiado de mala fe de la superficie lindera que anexa a dicho terreno por unilateral voluntad que invoca graciosamente como causa un  “aluvión”, cuando en verdad la acrecida ha sido por obra de la empresa constructora del túnel subfluvial, es decir por el hecho del hombre y no por acción del río como prevé la ley.

De ello se desprende que ninguna indemnización por daños y perjuicios cabría a su favor, de reclamarla, y que nada le debería el Superior Gobierno de la Provincia a Sergio Gregorio Lifschitz si se decretara judicialmente la nulidad de tales títulos y se hiciera lugar a la reivindicación a favor de la Provincia de Entre Ríos de todo el terreno de  Los Arenales.

En idéntica situación se encontraría la Municipalidad de Paraná respecto de la nulidad del título comprensivo del Lote n° 1  (recordemos que el N° 2 corresponde al Túnel y el N° 3, hoy afectado en comodato al Club Náutico, ya fue reconocido por sentencia como Dominio Público provincial)

1. f) Ante la ilegítima compra del Lote n° 1 y la anexión del resto del inmueble que los abarca mediante el artilugio de la escritura “declarativa de dominio por aluvión”, los derechos y el patrimonio público de la Provincia de Entre Ríos sobre Los Arenales debían ser defendidos y reivindicados.

Es por ello que se promueven las actuaciones “Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/ Municipalidad de Paraná y otros – Sumario por Nulidad y Reivindicación”  (Expte. n° 11.704 Año 2003) y “Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/ Lifschitz, Sergio Gregorio y otra s/ Medida cautelar de prohibición de innovar y contratar” (Expte. n° 11.826 Año 2003) que tramitan ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de Paraná, Secretaría n° 4., en defensa del patrimonio público de la Provincia

La solución del caso debía darse en los términos de los antecedentes judiciales (casos Annichini y Franchini) en los que la Provincia obtuvo sentencia favorable en todas las instancias, y en los que se declaró a los terrenos linderos a “Los Arenales” inmuebles pertenecientes al dominio público provincial.

1. Operado el cambio de autoridades provinciales y con la asunción del cargo de Gobernador de la Provincia del Dr. Jorge P. Busti y de Fiscal de Estado de la Dra. Claudia Mizawak se pone en evidencia, por diversas declaraciones públicas realizadas por ésta a la prensa en abril y mayo del año 2005 –en las que manifiesta su opinión adversa a la continuidad del juicio y reproduce igual opinión del Gobernador-, un claro propósito de ambos de beneficiar al particular que ha ocupado ilegítimamente Los Arenales en desmedro de los derechos inalienables de la provincia sobre su patrimonio público y del derecho de los suscriptos e interés  de todos los habitantes a su libre ingreso, tránsito, permanencia, uso, goce y disfrute, reconocidos por el art. 2341° del C.C. y garantizados por el art. 14° y 33° de la C.N. y 5° y 6° de la C.P

1. Esta anunciada privatización de lo público se concreta con el dictado del Decreto n° 7560 GOB -cuya inconstitucionalidad pasaremos seguidamente a fundar-, mediante el cual el Gobernador Jorge P. Busti y el Ministro de Gobierno Sergio Daniel Urribarri, utilizando el artilugio del desistimiento del proceso por parte de la Provincia de Entre Ríos) ordena a la Fiscal de Estado hacerlo efectivo, para provocar el apartamiento de la Justicia de un pronunciamiento seguramente similar al que se tuvo en los casos judiciales precedentes (Annichini y Franchini), es decir, adverso para el particular ocupante y favorable a la Provincia de Entre Ríos respecto de Los Arenales.

1. En el Juicio en el que la Provincia reclama sus legítimos derechos sobre un bien de su dominio público, a fs. 176, el Dr. PABLO FRANCO, acompañando copia del Decreto 7560 GOB y en representación de la Fiscal de Estado, el 17/11/2005, presenta una “propuesta de desistimiento”, condicionada a que las costas sean por su orden. De inmediato, a fs. 184, en fecha 21/12/2005, el Dr. JUAN CARLOS BROLLO, en representación de SERGIO GREGORIO LIFSCHITZ acepta el desistimiento en las condiciones planteadas.

El 1º/02/2006, se presenta la Municipalidad  de Paraná, representada por el Fiscal Municipal Dr. Martín Uranga, convalidando con su intervención la gravísima inconstitucionalidad en que incurrió la Fiscal de Estado y su delegado en el juicio, Dr. Pablo Franco.

La propuesta de desistimiento que se hace hacer a la Provincia, originada en una orden inconstitucional y debe declararse nula, así como todos los actos cumplidos en su consecuencia, dado el vicio originario que la invalida.

De este modo, por Decreto que violenta expresas normas constitucionales, el Gobernador ordena a la Fiscal retirar a la Provincia y abdicar de su justo y fundado reclamo privando, como consecuencia de ello, a los suscriptos y al resto de los habitantes, del uso, goce y disfrute del bien de dominio público provincial y único lugar de esparcimiento de los paranaenses, playa de inconmensurable belleza paisajística e innegable utilidad pública.

III.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO N° 7560 GOB

 

Ubicados en el contexto precedentemente reseñado, a mediados del mes de enero 2006  toma estado público el dictado del Decreto n° 7560 GOB refrendado por el ministro de Gobierno Sergio Daniel Urribarri, fechado el 07/11/2005, que dispone:

“Art. 1°) Ordénase a la Señora fiscal de Estado de la Provincia desistir del proceso judicial seguido contra la Municipalidad de Paraná en el juicio caratulado “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS C/ MUNICIPALIDAD DE PARANA Y OTROS – SUMARIO POR NULIDAD Y REIVINDICACIÓN” y su Medida Cautelar “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS c/ LIFSCHITZ, SERGIO GREGORIO y OTRA S/ MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y CONTRATAR” (Expte. n° 11.836 – Año 2003) en trámite por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de Paraná, condicionado a que la Municipalidad de Paraná y todas las demás partes intervinientes en el juicio manifiesten su expresa conformidad al desistimiento, a que las costas del juicio se declaren por su orden y que renuncien a cualquier reclamo de daños y perjuicios por motivo de esta demanda y su medida cautelar”.

Si bien la redacción del Decreto aparece ordenando desistir del proceso respecto de uno de los co-demandados -tanto en el juicio como en la cautelar (Municipalidad)-, luego hace referencia a la aceptación el desistimiento por parte de todos los co – demandados (Municipalidad y Sergio Gregorio Lifschitz) como recaudo para perfeccionar el  acto –art. 292° C.P.C. y C.-. Seguramente que los demandados, en especial Lifschitz, aceptaron gustosos el desistimiento pues  el título nulo confeccionado por la Municipalidad que comprende al Lote n° 1 “adquirido” por aquél mantendrá su presunta “validez”, por lo que el “dominio” sobre el terreno por Sergio Gregorio Lifschitz quedaría indiscutido, así como la también ilegítima anexión que realizó  de más de 28.000 mts2 de arenales invocando un falso “aluvión”.

Es cierto que el Decreto ordena desistir del proceso –no del derecho-. Ello habilita a conjeturar que es posible que futuras gestiones decidieran promover nuevamente la nulidad de los títulos y su reivindicación, ya que el dominio público es imprescriptible e inalienable y está fuera del comercio.

Pero vale más la política el hecho consumado. La construcción de casas suntuosas sobre los Arenales, su cesión o transferencia a terceros adquirentes de buena fe, complicaría las expectativas de reivindicación del predio –hoy absolutamente clara y cierta- ante la posibilidad de tener que hacer frente la Provincia a futuras acciones indemnizatorias de daños y perjuicios de eventuales damnificados adquirentes de buena fe.

Ahora es la oportunidad de dejar a salvo los intereses de la Provincia y de los legítimos derechos de los suscriptos, violentados por la decisión adoptada a través del decreto que se impugna, lo que da fundamento y cabida a la legítima intervención de nuestra parte en la presente y en la incidencia cautelar que paralelamente interponemos.

1°.- Violación del art. 135° y 81 inc. 19) de la C.P.

1.1.- El Decreto n° 7560 GOB funda en el art. 135° de la Carta Provincial la orden dada a la Fiscal de Estado para que desista en el proceso judicial promovido por la Provincia de Entre Ríos contra la Municipalidad de Paraná, Sergio Gregorio Lifschitz y Paraná Fiduciaria S.A., en el que se controviertan sus intereses, patrimonio, bienes y derecho.

La invocación de tal artículo de la Constitución Provincial para dar sustento al Decreto n° 7560 GOB es errónea.

En ninguno de sus 28 incisos el art. 135° de la Constitución Provincial que regula  las atribuciones y deberes del P.Ejecutivo establece que el Gobernador pueda dar  órdenes a la Fiscal de Estado para decidir la suerte de los pleitos en los que se controviertan intereses de la Provincia.

No existe ninguna atribución de tal naturaleza que la Constitución reconozca al  P.E. respecto de las actuaciones e intervenciones de la Fiscalía de Estado.  Sobre este particular debe tenerse en cuenta que la enunciación del artículo 135° debe ser interpretada de manera taxativa pues lo contrario abriría la puerta a una  extensión y concentración de poderes en cabeza del Gobernador incompatible con los principios republicanos rectores de las limitaciones y controles recíprocos de los poderes del estado incorporados en el texto constitucional.

Más aún, en nuestra Constitución se afirma la independencia del Fiscal de Estado. Es por ello que está habilitado para recurrir por ante el Superior Tribunal de Justicia de las resoluciones del Poder Ejecutivo cuando a su juicio sean contrarias a los intereses patrimoniales del Estado (art. 139 C.P. in fine).

Como el Fiscal de Estado tiene atribuciones para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo, y cuando las repute contrarias al interés patrimonial del Estado recurrir a la justicia,  mal podría obedecer “ordenes” del  P.E. , en especial sobre materias vinculadas  al patrimonio del Estado, tal como ocurre con la ilegítima decisión de hacer desistir a la Provincia del juicio reivindicatorio de Los Arenales.

Por este sólo hecho, el Decreto n° 7560 GOB debe caer fulminado de nulidad.

La Dra. Claudia Mizawak , Fiscal de Estado, debió cumplir con el mandato del  art. 139° de la C.P.  por el cual, con total autonomía e independencia de los poderes del Estado, está encargada de defender el patrimonio del Fisco, representar al Estado Provincial en juicio y ejercer el control de la actividad administrativa.

En síntesis, NO EXISTE ni PODRIA EXISTIR, debido a la institución constitucional de la Fiscalía de Estado y sus atribuciones vigente en la Provincia, que refleja  el principio republicano inmanente de la división de poderes,  ninguna norma que permita al Gobernador dar órdenes al Fiscal de Estado.

Por lo tanto, cuando dictó el Gobernador el Decreto n° 7560 GOB excedió sus facultades constitucionales. Al violar los arts. 135° y 139° de la C.P. ha incurrido en abuso de poder.

Ante lo expuesto reiteramos que la norma que impugnamos provoca un gravísimo ataque institucional al violentar la necesaria autonomía que debe mantener el Fiscal de Estado en ejercicio de sus atribuciones de ejercer el control de la actividad de los funcionarios que ocupan cargos administrativos provinciales (Gobernador, Ministros, etc.), representar a la provincia en todas las causas en que se controviertan sus derechos y velar por los intereses patrimoniales del Estado.

1.2.- Extralimitación inconstitucional: implícita desafectación de un bien de dominio público por decisión personal del Gobernador.

 

Como se expresara, por el acto impugnado, el Gobernador de la Provincia ordena a la Fiscal de Estado desistir de un proceso en el que se controvierte la nulidad de títulos de propiedad sobre inmuebles que han sido inscriptos por un particular como de su dominio privado, cuando los mismos constituyen parte del dominio público provincial conocidos  como Playa Pública “Los Arenales”.

Los efectos del desistimiento tendrán como resultado el archivo de las actuaciones y por lo tanto, la libre disponibilidad del particular sobre el territorio que ya no le será disputado a través de la acción de nulidad y reivindicación.

Al mandar abdicar del proceso, el Poder Ejecutivo indirecta pero efectivamente está decidiendo sobre materia expresamente reservada a la legislatura de la Provincia por el artículo 81° inc. 19) de la Constitución Provincial, como es la materia territorial y la que corresponde a tierras públicas y bajo su dominio público.

El desistimiento del juicio por parte de la Provincia operará como una suerte de desafectación de un bien del Dominio Publico provincial y su consolidación como propiedad privada, todo al margen de la H. Legislatura que es el órgano constitucional y legalmente habilitado para decidir sobre su destino.

Observe V.S. que el art. 135° de la C.P., al enunciar taxativamente las atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo no hace mención de ninguna facultad que pudiese, -ni siquiera forzando la interpretación del texto constitucional-, abarcar la materia propia del Decreto que ordena desistir el juicio por nulidad y reivindicación de bienes de dominio público de la Provincia.   

Todo lo referente a la disposición de tierras públicas o del territorio de la Provincia está contemplado entro de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo en el art. 81, en especial en los incisos 19) y 20).

Bajo el imperio de esta norma (art. 81°) deben comprenderse aquellos casos en los que se traten cuestiones que tengan relación con bienes del dominio público provincial o que afecten, modifiquen o suspendan derechos de la provincia sobre su patrimonio público o impidan el libre y pleno ejercicio de derechos reconocidos por normas sustanciales a los habitantes o ciudadanos de la Provincia relativos a bienes de dominio público provincial.

El dominio público de una provincia, para dejar de ser tal y pasar a manos privadas, precisa de un acto específico –ley- es decir, debe existir un previo pronunciamiento de los representantes de la ciudadanía.

El artilugio del desistimiento que ha ordenado formular el Gobernador a la Fiscal de Estado soslaya toda decisión del órgano habilitado, la H. Legislatura. Ha evitado el necesario debate legislativo que por la índole del Juicio que se desiste, debió respetarse.

Todo ello favorecerá únicamente a Sergio Gregorio Lifschtz y al fideicomiso que constituyó (Paraná Fiduciaria S.A.) perjudicando a la Provincia de Entre Ríos y a más de 800.000 entrerrianos (entre los nos encontramos los actores) al menoscabar derechos inalienables constitucionalmente garantizados.

2°.- Violación del art. 139° de la C.P. Prevención ante la actuación de la Fiscal de Estado.

El decreto del Gobernador ordena a la Fiscal de Estado desistir del proceso en el que la Provincia demanda la nulidad de títulos y reivindicación de Los Arenales.

Este Decreto no debó ser  cumplido ni admitido por la Fiscal de Estado. La aceptación de una orden inconstitucionalmente dada por el Gobernador implica por parte de ésta una violación de los deberes de su cargo y un ataque a los intereses, derechos y patrimonio de la Provincia. En tal caso deberá asumir personalmente la responsabilidad por daños y perjuicios que le causará a la provincia la pérdida de Los Arenales (art. 23° de la C.P.).

El Decreto 7560 GOB dictado en el Expediente n° 596.281 menciona que “han tomado la intervención de su competencia la Fiscalía de Estado y la Secretaría Legal y Técnica”.

Al respecto, lo que en dicho expediente administrativo n° 596.281 haya manifestado la Fiscal no la autoriza a declinar los deberes constitucionales de su cargo ni a aceptar las órdenes del Gobernador dictadas en inconstitucional Decreto.

Menos aún, cuando la señora Fiscal conoce con plena certeza –o debiera conocer, ésa es su principal responsabilidad funcional-  que, debido a lo que le indican las múltiples pruebas, constancias, instrumentos, antecedentes administrativos y jurisprudenciales que obran en la causa que se le ordena desistir, la Provincia está en inmejorables condiciones jurídicas y legales para ganar el pleito y reivindicar Los Arenales que ilícitamente anexó y ocupa Sergio Gregorio Lifschitz y/o Paraná Fiduciaria S.A. para el pueblo de la Provincia, por tratarse éstos de terrenos que pertenecen a su dominio público.

En tal sentido, la Suprema Corte ha admitido que el Fiscal de Estado, al responder una acción, despliegue con entera libertad todas las defensas y argumentos que fuesen necesarios para el debido desempeño de su función, “con prescindencia de la opinión o criterio que hubiese expuesto con anterioridad al emitir la vista fiscal en el respectivo expediente administrativo”.  (Tribiño; op. cit., pág. 93).

Por último, la Sra. Fiscal no debió expresar temor sobre el futuro de una acción que claramente defiende los intereses patrimoniales de la Provincia.

Si la Fiscal de Estado siente temor  respecto del resultado del reclamo reivindicatorio de Los Arenales promovido por la Provincia no tiene otra opción que retirarse del cargo, renunciar, dando paso a otro Fiscal que esté imbuido del mandato que le impone la Constitución y se coloque a la altura de las circunstancias privilegiando el interés del Estado por sobre los de algún particular conocido en los ámbitos del poder. Pero nada de esto ha hecho.

“En el desempeño de la función que estamos analizando el Fiscal de Estado debe actuar con absoluta independencia de criterio, no estando obligado a recibir o solicitar instrucciones del Gobernador ni de ningún otro funcionario público. Ello es así, ante todo, por cuanto no está ligado por ninguna relación jerárquica con el Poder Ejecutivo, y, además, porque es evidente que la Constitución ha querido que la defensa en juicio de los intereses patrimoniales del Estado esté a cargo de un órgano independiente –de allí la inamovilidad vitalicia que le garantiza el artículo de ese estatuto fundamental- sustraído a las valoraciones políticas de los funcionarios que deben renovarse por mandato constitucional o legal”.  (Tribiño, Carlos “El Fiscal de Estado”, Editorial Abaco, Bs. As.,  2001, pág. 90).

3°.- Violación del art. 7° de la Ley 7296

 

El Decreto 7560 GOB es contrario y violatorio del art. 7° de la Ley 7296 que reglamenta especialmente la facultad de desistimiento del Fiscal de Estado.

En efecto, esta norma dispone que el Fiscal de Estado únicamente “podrá desistir de los juicios o no iniciar la respectiva acción, cuando el importe del capital reclamado o reclamable fuera inferior al 50% del salario mensual mínimo de los agentes de la administración pública o el interés, condiciones y/o posibilidades del caso así lo aconsejare. Deberá informar al Poder Ejecutivo previo a adoptar la decisión a que lo faculta este artículo, y ajustar su cometido a las instrucciones que de él reciba”.

Lejos está de ser aplicable el art. 7° al caso que nos ocupa, en el que la Provincia persigue reivindicar lo que le pertenece.

El citado artículo de la Ley de Fiscalía, está limitado  por el art. 139° de la C.P.

Admite, por ello, muy acotadamente, que el Fiscal desista de juicios en los que se controvierten reclamos dinerarios de “capital reclamado o reclamable”, por exiguos montos (“50% del salario mensual mínimo de los agentes de la administración pública”) debiendo sola y únicamente, en estos casos, el Fiscal, cumplir con el deber de “informar” la decisión que ha tomado, al Poder Ejecutivo, como previo al desistimiento.

Hasta allí el alcance de esta norma específica que regula la facultad de desistir juicios al Fiscal de Estado.

El art. 4° inc. d) de la Ley 7296 atribuye a la Fiscal de Estado la posibilidad de “recabar” del P.E. –no de recibir órdenes– autorización para desistir en los procedimientos judiciales a su cargo, pero dicho desistimiento debe enmarcarse en lo ordenado por el art. 7° del mismo texto legal, que le pone límites y condiciones expresas, inviolables por la Fiscal y por el Gobernador dado el tenor del texto del art. 139° de la C.P.

El Decreto 7560 GOB no menciona en ninguno de sus párrafos que la Fiscal haya recabado autorización para desistir. Por el contrario “ordena” a la Fiscal desistir, acto impensable para la Constitución Provincial.

El Decreto 7560 GOB menciona, únicamente, en sus considerandos, que, en el Expediente Administrativo n° 596.281 “han tomado intervención de su competencia la Fiscalía de Estado y la Secretaría Legal y Técnica”.

Con ello, está indicando que la Fiscal y el Gobernador recorrieron el camino contrario al que les impone la Constitución Provincial.

En pos de defender al particular a costa de perjudicar los intereses, derechos y patrimonio de la Provincia, el Gobernador y el Sr. Ministro de Gobierno que refrenda el Decreto que impugnamos no han dudado en  tratar a la Fiscal como si fuera una abogada representante del Dr. Busti y no la encargada de defender el patrimonio de la Provincia.

Cualquier interpretación que exceda el marco normativo delimitado por el art. 139° de la C.P. y el art. 7° de la Ley 7296 en materia de desistimiento por la Fiscalía de Estado en juicios en los que se controvierten intereses o derechos de bienes que integran el  patrimonio público de la Provincia, ataca la Constitución y violenta el Estado de Derecho que corresponde a la forma republicana de gobierno y al sistema democrático de control y división de poderes.

4°.- Incumplimiento de los deberes de funcionario, fraude en perjuicio del Estado Provincial y peculado.

4.1.- La arbitrariedad e ilegalidad del Decreto que evita arribar a la Provincia a un fallo judicial favorable e impide debatir a la Legislatura, se revela a través de la propia conducta del Gobernador desplegada en los antecedentes relacionados con el caso.

 Recordemos cómo actuó el Gobernador Dr. Jorge P. Busti en relación al Lote 3 (sede del Club Náutico), que como ya sabemos integra un inmueble de mayor superficie junto al Lote 2 (dependencias del Túnel) y al Lote n°1  (parte de los Arenales)en el recordado plano de mensura N°52.906 confeccionado por el Ing. Civil Alberto M. Sors, en agosto de 1965.

Al final de su gestión anterior ,en 1999, en nombre y representación de la Provincia suscribió contrato de comodato del Lote n° 3 por 100 años a favor del Club Náutico, presidido entonces por Sergio Gregorio Lifschitz.

Ahora, ante el interés del nombrado Lifschitz de consolidar su apropiación del Lote n° 1 (parte de los Arenales) y la anexión a este Lote de los más de 28.000 mts2  de arenales que forman la playa pública por supuesto “aluvión”, el Dr. Jorge P. Busti aparece renunciando encubiertamente –mediante el desistimiento del proceso reivindicatorio que ganaría la Provincia- a la dominialidad pública de dicho  Lote n° 1 y otorgándole valor a un título también nulo por el cual Lifschitz se anexó para sí más de 28.000 mts2 de Los Arenales.

Tal abdicación de los deberes propios del cargo con beneficio para un particular, lo ha llevado al Gobernador  al punto de dar órdenes a la Fiscal a través del Decreto n° 7560 GOB y a fundar tal ilegítima e inconstitucional orden en la peregrina afirmación de que “la resolución del litigio por medio de la sentencia provocará solamente perjuicios para los contribuyentes de toda la provincia y en especial para los de la ciudad de Paraná”.

4.2.- La parte dispositiva del Decreto n° 7560 GOB dictado por el Gobernador se sostiene sobre los considerandos precedentemente transcriptos.

Dichos considerandos expresan falsos hechos y omiten deliberadamente las razones fácticas y jurídicas que sostienen y fundamentan la procedencia y legitimidad de la demanda promovida por la Provincia contra el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz y Paraná Fiduciaria S.A.

El contexto de tales considerandos se apartan de la buena fe que debe regir los actos de los funcionarios públicos.

En efecto, para justificar la orden de desistimiento, los considerandos del Decreto ocultan que la Provincia, al demandar por nulidad y reivindicación en relación a Los Arenales, contaba y cuenta con múltiples e importantes antecedentes que la favorecen,  pruebas documentales, técnicas, de organismos públicos nacionales y provinciales, expedientes administrativos municipales y fallos jurisprudenciales que darían la razón a la Provincia, como ya le fue dada en precedentes judiciales (casos “Annichini” y “Franchini”) Ello permitiría repeler con éxito las pretensiones o las defensas de los co-demandados respecto a Los Arenales.

Se omite también el hecho de que Lifschitz anexó gratuitamente los más de 28.000 mts. cuadrados de la playa pública Los Arenales, haciendo confeccionar un título absolutamente nulo porque está fundado en un aluvión inexistente. Téngase presente, además, que ese terreno no contaba con avalúo fiscal, simplemente por ser de dominio público provincial.

El ocultamiento de la verdad real y la invocación de falsos presupuestos que realiza el Sr. Gobernador de la Provincia para intentar justificar la decisión de desistir del proceso, pretende atemorizar a los contribuyentes  con el riesgo de eventuales indemnizaciones por daños a cargo del erario provincial como consecuencia del juicio.

El engaño y la situación de ignorancia en que deliberadamente el Decreto n° 7560 coloca a los vecinos de la Provincia tiende a impedir la oposición justificada y legítima ante el despojo del patrimonio público provincial, evitando reacciones públicas adversas a la actuación del Gobierno, además de maniatar en total estado de indefensión a la Provincia y a sus habitantes.

El uso del término “contribuyentes” en el texto del malogrado Decreto no es casual y contiene el deliberado propósito de confundir a la población que paga impuestos para que, sorprendida en su buena fe con el agitado fantasma de eventuales pérdidas patrimoniales a favor de Sergio Gregorio Lifschitz o “Paraná Fiduciaria S.A.” se abstenga de reaccionar en defensa de los derechos y patrimonio de la Provincia, es decir de los entrerrianos, frente a la privatización  de Los Arenales por vía del desistimiento del proceso reivindicativo.

Al develarse la ilegitimidad del Decreto N° 7560 GOB y la inconsistencia argumental de sus engañosos considerandos, aparecen prima facie conductas que podrían ser tipificadas penalmente como delitos de  incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, defraudación y peculado en perjuicio de la administración pública cometidos por los autores del Decreto.

Corresponde que esas conductas sean objeto de investigación por el Ministerio Público y ello excede el cometido de esta demanda. Pero amerita su valoración pues podría estarse ante la comisión de delitos contra la Administración Pública Provincial por parte del Sr. Gobernador y el Sr. Ministro que refrenda el decreto n° 7560 GOB.

A todo evento, y sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, si el decreto en sí es resultado de un acto ilícito, mal podría servir de soporte jurídico para el desistimiento del proceso reivindicatorio. Va de suyo, entonces, que el demandado Lifschitz y/o el fideicomiso no podrían consolidar su dominio sobre Los Arenales.

 5°.- Violación del art. 2341° del C.C. y arts. 14°, 16° y 33° de la C.M.

5.1.- El desistimiento que ordena el Gobernador hacer a la Fiscal mediante el Decreto n° 7560 GOB, impediría a la Justicia pronunciarse sobre la dominicanidad pública de Los Arenales, admitiendo derechos exclusivos de un particular para usar, utilizar, lucrar, con el bien, en desmedro del derecho que nos asiste a todos los particulares que conformamos el pueblo de esta Provincia, a ingresar, transitar, permanecer, usar, gozar y disfrutar del mismo por tratarse de un inmueble que pertenece al dominio público provincial.

De esta forma el Decreto n° 7560 GOB además de violentar derechos e intereses legítimos de la Provincia, desbarata, cercena, conculca y limita derechos e intereses legítimos reconocidos por el art. 2341° del Código Civil y garantizados por el art. 14° y art. 33° de la Constitución Nacional a los suscriptos, (particulares, habitantes y ciudadanos del pueblo de la Provincia), sobre un bien de dominio público provincial.

5.2.- Por lo demás, ha tomado estado público que el emprendimiento privado avanza a pasos agigantados destruyendo Los Arenales con obra de acarreo y retiro de arena para la construcción de un canal en el que las futuras construcciones tendrán las amarras con las que sujetarán sus embarcaciones.

El trazado del canal pondría en riesgo la estructura del Túnel Subfluvial.

El refulado de arena que determinó el alteo de aquellos bañados en los que se decidió construír el túnel, tuvieron y tienen una razón de ser, que es la de preservar la estructura de la obra pública mediante el peso de toneladas de arena sobre la misma que permite sujetarla al lecho del río Paraná. No olvidemos que el túnel tiende a “flotar” a causa de la cámara de aire existente en su interior

Todo esto ha sido advertido al Gobernador por las autoridades del Túnel, pero no le ha importado a la hora de beneficiar al particular en perjuicio de los intereses y el patrimonio de la Provincia.

La defensa del Túnel que será probablemente afectado si se perfecciona el desistimiento que manda hacer el Gobernador a la Fiscal y en consecuencia el emprendimiento privado sigue adelante con sus designios, tendrá seguramente su particular planteo judicial.

5.3.- Los efectos del desistimiento del Juicio que promovió la provincia para reivindicar Los Arenales resultarán violatorios del principio de igualdad ante la ley –art. 16 de la C.M. y de la garantía implícita del art. 33, pues el particular beneficiado podrá ejercer en forma exclusiva y excluyente actos de verdadero dueño sobre el predio que pertenece al dominio público provincial, y lucrar con él, de cuyo uso y goce quedaremos excluidas las suscriptas y el resto de los habitantes de la Provincia.

De esta forma, el Decreto n° 7560 GOB afectará, por su objeto, derechos garantizados por los arts. 16° y 33° de la C.M.

6°.- Violación de los arts. 4°, 5°, 6°, 14°, 15° y 23° de la Constitución Provincial

 

6.1.- El Decreto n° 7560 GOB viola el art. 4° de la C.P. por cuanto nos priva a las suscriptas y al resto de los ciudadanos de la provincia del derecho debatir y resolver -a través de nuestros representantes y con arreglo a lo que establece la Constitución- lo atinente al bien inmueble de dominio público provincial “Los Arenales”, materia de exclusivo y excluyente tratamiento por la Legislatura de la Provincia.

6.2.- Viola también los arts. 5° y 6° de la C.P. porque, al ordenar a la Fiscal desistir de un Juicio en el que la Provincia persigue recuperar parte de su territorio que pertenece a su patrimonio público provincial , impide el ejercicio pleno de los derechos y facultades reconocidos por el art. 2341° del C.C. -que garantizan los arts.  14° y 33° de la C.M.- y crea una gravísima desigualdad y discriminación legal a favor del particular beneficiado y en directo perjuicio del resto de los habitantes de la provincia, como se expresara ut supra.

6.3.- Sin perjuicio de todo lo expuesto el Decreto n° 7560 GOB resulta nulo conforme a la doctrina que surge del art. 14 de la C.P., que reputa nula cualquier decisión de magistrado e empleado publico adoptada con exceso de sus atribuciones, es decir sin autorización constitucional o legal.

6.4.- El Decreto 7560 GOB viola la clara disposición constitucional del art. 15° C.P. que prohíbe a las autoridades de la Provincia suspender la observancia de la Constitución Provincial y/o Nacional ni la efectividad de las garantías y derechos establecidos en ambas.

6.5.- El Decreto 7560 GOB incurre además en la nulidad prevista por el art. 23° de la C.P. pues, como se ha dicho, violenta las limitaciones que el art. 135° impone a las atribuciones del Gobernador.

El mencionado art. 23° establece que las atribuciones de los funcionarios (Gobernador, Ministro, Fiscal) están limitadas por la C.P., la C.M., y por las leyes que en su virtud sancione la Legislatura.

Caso contrario, son individualmente responsables de los daños y pérdidas causados al Estado por la extralimitación de sus funciones estando la Provincia eximida de responsabilidad frente a terceros (léase: Sergio Gregorio Lifschitz, Paraná Fiduciaria S.A.) por los actos que los funcionarios públicos practiquen fuera de sus atribuciones.

En consecuencia, en caso de ejecución de esta inconstitucional orden, la Fiscal, el Gobernador y el Ministro, deberán responder por los daños patrimoniales que se ocasionen a la Provincia

            7.- Aplicación al caso del art. 33° C.P.

 

            Hemos detallado las flagrantes violaciones de normas constitucionales y legales en que incurre el Decreto 7560 GOB por el que el Gobernador ordena a la Fiscal de Estado desistir de un proceso en el que legítimamente la Provincia de Entre Ríos reivindica parte de su territorio.

            V.S. deberá declarar la nulidad por inconstitucionalidad de este malogrado Decreto.

            El art. 33° de la C.P. señala que “es de ningún valor toda ley de la Provincia que viole o menoscabe las prescripciones establecidas por la ley suprema de la Nación y por esta Constitución, así como todo acto, contrato, decreto u ordenanza que contravenga las mismas o a las leyes dictadas en su consecuencia, pudiendo los interesados demandar o invocar su inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales competentes”.

            Corresponde pues que S.S. restablezca el orden constitucional provincial y nacional violado por este irregular y perjudicial Decreto que se impugna, imponiendo las costas a cargo exclusivo de los autores del acto anulado.

            IV.- APLICACIÓN DEL ART. 23 DE LA C.P.

 

            Ante la posibilidad de que V.S., siguiendo el camino que traza la Constitución de nuestra Provincia y la Carta Magna, declare la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 7560 GOB y que imponga las costas a cargo de la Provincia, rechazando el pedido que hacemos de imponerlas directamente a los funcionarios responsables, atento a la irregularidad y extralimitación de funciones en que han incurrido, se deberá ordenar a la Fiscal de Estado reclamar la repetición de tales gastos erogados por la Provincia y de todos los daños y perjuicios que se hayan producido a la Provincia como consecuencia de tal acto.

            V.- CASO FEDERAL

 

            Ante la hipótesis de que se rechazara la presente acción, dejamos desde ya formulada expresa reserva de interponer Recurso Extraordinario por ante la S.C.J.N. mediante el planteo del Caso Federal por violación de los arts. 14°, 33°, 5°, 8°, 16° y 18° de la Carta Magna.

            VI.- PRUEBA

 

            A fin de acreditar lo expuesto ofrecemos la siguiente prueba:

1º) Documental:

Acompañamos:

1. Copia del Decreto 7560 GOB.

1. Dictamen de la F.I.A. indicando que sus originales, planos anexos y planialtimetria que estaban en poder de la Fiscalía de Investigaciones se encuentran en poder de la Fiscalía de Estado desde que la derogación de la ley de creación. .

Tal Dictamen y planos fueron ofrecidos como prueba en los autos “Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/ Municipalidad de Paraná y otros s/ Sumario por Nulidad y Reivindicación” (Expte. n° 11.704 Año 2003) que tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 Secretaría n° 4 de Paraná.

Respecto de esta prueba, solicitamos a S.S. certificar las copias que se acompañan, disponiendo se devuelvan los originales a cualquiera de los patrocinantes, bajo recibo en autos.

Eximición:  solicitamos a S.S. eximirnos de presentar copias para traslado debido a su costosa reproducción y a que los originales de la misma obran en su totalidad en poder de la Demandada,  Superior Gobierno de la Provincia.

1. d) Remisión de documental

Solicitamos a V.S., mediante Oficios, requerir se remita la siguiente instrumental que obra en poder de diversas reparticiones públicas y el Juzgado precedentemente mencionado:

1°) Al Archivo Judicial, para que remitan las actuaciones caratuladas:

a.-  “Superior Gobierno de la Provincia c/ Annichini Hnos. S.R.L. y otros s/ Ordinario por Nulidad Absoluta de Convenio, reivindicación, restitución o indemnización” que tramitaron por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial a cargo de la Dra. Haydeé Halle Sain.

b.- “Casa Franchini S.R.L. c/ Superior Gobierno de la Provincia de E. R. S/ Reivindicación” (Expte. n° 656 F° 98 Año 1976, que tramitó ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 de Paraná, Secretaría n° 7.

c.- “Banco Municipal S.E.M. (en Liquidación) c/ Club Náutico – Incidente de redargución de falsedad promovido por Club Náutico”, que tramitó por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 de Paraná, Secretaría n° 7.

d.- “Banco Municipal de Paraná S.E.M. – en liquidación- hoy: Sergio Gregorio Lifschitz c/ Los Arenales S.A. s/ Ejecución Hipotecaria”(Expte. n° 370 Año 1995) que tramitaron ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de Paraná, Secretaría n° 4.

e.- “Rey, Leonidas Nicolás c/ Bunge, Augusto M., y otros s/ Interdicto de retener la posesión” (Expte. n° 98 F° 320 Año 1994) que tramitaron ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 de Paraná, Secretaría n° 7.

2°) Al Superior Gobierno de la Provincia, para que remita:

Contrato de Comodato celebrado entre el Gobernador Jorge P. Busti y el Club Náutico Paraná, presidido por Sergio Gregorio Lifschitz, Escritura n° 463 de fecha 11/12/1991.

3°) A la Municipalidad de Paraná, para que remita:

            Exptes. Administrativos Municipales n° 32.614 – 8 – 241 – 7; n° 22.201/93 – 13.256 – 23;  n° 17.006/93 y n° 26.781/88 – 162 – 275/58.

            Copia certificada de Escritura Pública confeccionada en Paraná, el 05/10/1965 por el Escribano Municipal Rafael Ruiz, Folio 2603.

            4°) A la Dirección del Túnel Subfluvial, para que remitan copia certificada de los siguientes instrumentos:

            a.- Informe, extendido por el Director por E. R. – Nota n° 247/00;

            b.- Planialtimetría – Levantamiento Aéreo Lado Paraná, Lámina 4 Plano L 4-4, aprobado por la Comisión Interprovincial del Túnel Subfluvial y por las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe el día 02/02/1962.

            5°) A la Dirección General de Avaluación y Catastro de la Provincia de Entre Ríos, a fin de que remita copia certificada de:

            Planialtimetría de la Propiedad de Annichini Hnos. S.C. – Plano n° 126 y Planos de Mensura n° 48.733, 9739, 30.720, 3118 y 8722.

            Plano de Mensura n° 52.908 confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto M. Sors, Secretario de Obras Públicas y Urbanística en Paraná, Agosto de 1965 de una superficie total de 16 has. 65 as. 39 cas. 33 dm2.

            Plano de Mensura n° 52.187.

            Plano de Mensura n° 127.687.

            Plano de Mensura n° 148.275.

            Plano de Mensura n° 127.688.

             6°) A la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, para que remita el Plano n° 11.957 P.A. 1.

            7°) A la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables – Dirección Paraná Medio, para que remita: Plano n° 11.963 P.A. 1 – Clas. III – 3 – 04.

            8°) Al Escribano Público Víctor Badano, para que remita copia certificada de la Escritura n° 255 fechada el 02/11/1999 por la cual el Sr. Sergio Gregorio Lifschitz declara anexar “el aluvión” de 28.058,62 mts2 al inmueble principal Plano de Mensura n° 127.687  de 53.191,72 mts.2.

            b.- Testimonial

 

            V.S. citará, bajo apercibimientos de ley, a prestar declaración testimonial a las siguientes personas:

1.- Celia Piñón Avila,  argemtina, domiciliada en calle Laprida nº 169 de Paraná.

2.- Guillermo Mondéjar, argentino, domiciliado en La Rioja 547 de Paraná;

3.- Ingeniero Eduardo Grassi, argentino, domiciliado en Buenos Aires 270 de Paraná;

4.- Dr. Oscar Mario Rovira, argentino, domiciliado en Escalada de San Martín 1381 de Concordia.

5.- Dr. Víctor Manuel Esparza, argentino, domiciliado en Maipú 537 de Paraná.

            Los testigos propuestos deberán contestar a tenor del siguiente interrogatorio:

            1º) Por las generales de la Ley;

            2º) Para que diga el testigo, dando razón, si conoce a quien pertenecen los terrenos comprendidos por la Playa denominada “Los Arenales”.

            3º) De público y notorio.

            Nos reservamos el derecho de ampliar, quitar y/o variar el precedente pliego en oportunidad de producirse la prueba.

            VI.- DERECHO

 

            Fundamos la presente acción en las normas de los arts. 139°, 135°, 81° inc. 19), 4°, 5°, 6°, 14°, 15°, 23°, 33° y concdts. de la C.P., art. 2341 y concdts del C.C., arts. 14°, 16°, 33° y concdts. de la C.M., arts. 7 y concdts. de la Ley 7296, arts. 51º y siguientes de la Ley 8369.

            VII.- PETITORIO

            Por lo expuesto, de S.S. solicitamos:

            1°) Nos tenga por presentadas, en el carácter invocado, con patrocinio letrado, domicilio real denunciado y legal constituido, dándonos la intervención que por derecho nos corresponde y por parte;

            2°) Tenga por entablada demanda de inconstitucionalidad del Decreto 7560 GOB dictado en fecha 07/11/2005 en el Expte. N° 596.281 por el Gobernador de la Provincia contra el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, de domicilio denunciado, corriéndole traslado y a la Fiscal de Estado, por el plazo y bajo apercibimientos de ley.

            3°) De intervención al Ministerio Público:

            4°) Tenga por acompañada la documental que se detalla. Por ofrecida la demás, admítala íntegramente y ordene su producción como se interesa.

            5°) Tenga por formulada reserva del Caso Federal.

            6°)Oportunamente, dicte sentencia, declarando la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto n° 7560 GOB dictado en el Expediente Administrativo nº 596.281 el 07/11/2005 y de todos los actos cumplidos en su consecuencia por la Fiscal de Estado o su delegado en los autos “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS C/ MUNICIPALIDAD DE PARANA Y OTROS – SUMARIO POR NULIDAD Y REIVINDICACIÓN” (Expte. nº 11.704 Año 2003) y “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE  RIOS C/ LIFSCHITZ SERGIO GREGORIO Y OTRA S/ MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE INNOVAR Y CONTRATAR” (Expte. nº 11.836 Año 2003) con costas a cargo de los funcionarios autores del acto.

            7°) Regule honorarios de nuestros patrocinantes.

                                                                                             SERÁ JUSTICIA

Rosana Barriento                                          Adriana Mara Guadalupe González

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ARENALES: NO PUEDEN UBICAR A LA EMPRESA DE LIFSCHITZ Y EL JUICIO ESTÁ TRABADO

 PARANÁ, 15 MAY (APF.Digital)
– La empresa Paraná Fiduciaria no pudo ser aún notificada de la demanda en su contra que realizó el Estado provincial por la propiedad de lo que fuera el balneario municipal “Los Arenales”, debido a que en la dirección que oficialmente posee no pudo ser ubicada · Paraná Fiduciaria es la empresa que había montado el empresario Sergio Lifschitz, titular entre otras empresas de la firma “Esco”, para concretar la obra de un barrio privado en “Los Arenales” · Ahora se buscará y anoticiará de la demanda al presidente de la firma, Federico Lifschitz · La causa en cuestión es por reivindicación provincial de la propiedad del terreno y la nulidad de las escrituras que permitieron a la Municipalidad de Paraná transferirlo 

El abogado Pablo Franco, integrante de la Fiscalía de Estado provincial, informó a APF que “estamos tratando de notificar (de la demanda) a uno de los codemandados, que es Paraná Fiduciaria de la que no se ha podido ubicar el domicilio”.

La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, a través de una notificación firmada por la escribana Martha Rivas de Alarcón, informó a esta Agencia que la firma en cuestión no está registrada ni en los bancos de datos ni en los archivos del Registro Público de Comercio.

Pese a esto, Sergio Lifstchitz había asegurado tiempo atrás a la revista de la Bolsa de Comercio local que los inversores de Paraná Fiduciaria “son gente de Paraná, que confía en la ciudad, en la provincia y en el país”.

“Hicimos un informe a la Dirección General de Justicia en Buenos Aires, y tiene domicilio allí”, indicó Franco. Pero la dirección que figura registrado en esa dependencia, y a la cual se envió la cédula de notificación de la demanda, no correspondía a la firma. “El oficial notificador informó que no pudo dar con la empresa, porque es un edificio, y estaba indicado el piso pero no el número del apartamento. Y en las averiguaciones que hace, el notificador deja constancia que no puede determinar el domicilio de la empresa a notificar”.

Esta cédula traslada el aviso de la demanda que se le ha hecho a Paraná Fiduciaria. “Es la primer notificación” del juicio en marcha, apuntó a su turno la Fiscal de Estado, Claudia Mizawak.

“Se hicieron a la firma tres notificaciones sin éxito – acotó Franco; y como no se pudo, fue ordenada una medida en el juicio que es notificar al presidente de Paraná Fiduciaria (Federico Lifschitz) para que informe cuál es el domicilio de la empresa”.

Según aportó a esto la Fiscal de Estado, fue remitida una cédula “al domicilio real de Federico Lifschitz”.

El titular dominial del inmueble en litigio es esta compañía, cuyos integrantes, al ser una sociedad anónima, los funcionarios desconocen. En una empresa con esta figura jurídica “al único que se puede notificar es al presidente, y que sea él quien conteste la demanda. Al presentarse, deberá está acompañado de estatuto y del poder que acredite su personería. De allí podrá surgir cómo está compuesta la sociedad”, consignó Mizawak a APF.

En una SA, es el presidente el encargado de responder en nombre de la sociedad. La primera de estas notificaciones fue enviada mientras todavía estaba al frente de Fiscalía Sergio Avero, que presentó su renuncia al cargo en diciembre de 2004. Estas últimas medidas tomadas en pos de ubicar al titular de la sociedad se dieron, según dijo Franco “en los últimos 20 días”.

Además, el funcionario mencionó que también resta igual procedimiento de notificación a Los Arenales SA, la firma mediante la cual el empresario Lifschitz adquirió el inmueble en litigio, porque “la Inspección General de Justicia (de la Nación) informó que no está constituída como sociedad. En su momento (1997) cuando compró al Banco Municipal era una SA ‘en formación’ y nunca se constituyó, por lo tanto no existe como persona jurídica”.

Son siete, en definitiva, los demandados: el Banco Municipal (hoy en proceso de liquidación); el empresario Sergio Lifchitz;; Augusto Miguel Ángel Bunge; Los Arenales SA; Paraná Fiduciaria y dos particulares: Víctor Badano y la escribana Mirtha Martino.

Bunge fue el primer comprador privado del inmueble de Los Arenales pero, al no haber pagado lo comprometido al Banco Municipal, éste le quita el terreno y lo saca a remate público en 1997, donde Lifschitz, a través de Los Arenales SA, lo adquiere, presuntamente en $ 200 mil. Este escribano tampoco ha podido ser notificado de la demanda en su contra (también se le remitieron a Buenos Aires tres cédulas) ya que, en el domicilio que figura en los registros electores, “no se logra hallarlo”, puntualizó Mizawak.

Hasta tanto no se terminen de notificar a todas las partes, el avance del juicio iniciado en septiembre de 2003, cuya etapa siguiente sería la apertura a pruebas, está detenido en esto.

El terreno en litigio entre la Provincia y el Municipio de Paraná está lindante con la cabecera del Túnel Subfluvial y formaba parte de un mismo predio con éste y el lugar donde ahora tiene su asiento el Club Náutico de Paraná. En ese inmueble, Lifschitz diseñó la construcción de un barrio privado, hecho que fue cuestionado por la Comisión Asesora del Código Urbano local e incluso por el Túnel. Hubo también una fuerte controversia iniciada por el ex – edil Guillermo Mondejar por el uso privado de un terreno que se consideraba “público”.

Pese a esto, el entonces intendente Sergio Varisco emitió el decreto 641/02 por el cual autorizó a Lifschitz a lotear el terreno y comenzar las obras, actualmente detenidas luego de una medida cautelar interpuesta por la Justicia. La maqueta ofreciendo a potenciales adquirentes lotes en el barrio sigue en exposición, sin embargo, en una inmobiliaria de calle Cervantes de esta capital. (APF.Digital)