A C U E R D O     En la ciudad de La Plata, a 8 de marzo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.056 «Alemany, Claudia M. Recurso de Apelación del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires- Expte. 2307-4766/2013, Resoluciones 13/2014-2/2014». A N T E C E D E N T E S     La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata confirmó las Resoluciones del Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia de Buenos Aires (fs. 48/52 vta.).     Se interpuso, por la escribana Miriam Claudia Alemany, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 57/71 vta.).     Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N     ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N     A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:     I. Se inician estas actuaciones con motivo de la denegatoria por parte del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires del pedido de reconsideración efectuado por la escribana Alemany en relación a los alcances de la inscripción del inmueble matrícula 21.273 del Partido de Escobar (118).     II. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata confirmó la resolución administrativa atacada y, en consecuencia, denegó la inscripción requerida. Lo hizo con los siguientes fundamentos:     a) En materia registral rige el principio de rogación y, en consecuencia, el Registro obró a petición de parte y no de oficio. Como corolario de ello, la rogatoria realizada por la escribana no alcanzó a la matrícula 21.273, además de no incluirse las minutas rogatorias correspondientes a los dos inmuebles objeto de venta en la escritura pública traslativa de dominio. b) Sin perjuicio de ello y aun entendiendo que el pago del timbrado fue realizado por la totalidad de la operación, el pedido de embargo sobre el inmueble operó cuando la eventual inscripción provisional hubo fenecido.     III. Contra ese modo de resolver se alza la escribana interviniente mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que basa en lo siguiente:     a) Que ha enviado carátula rogatoria con expresa constancia de que estaban involucrados dos inmuebles y ella es la portante del resto de la documentación. En consecuencia, el registrador debió haber inscripto en forma definitiva el bien que no se encontraba observado y en forma provisoria al restante.     b) La Disposición Técnico Registral 14/1995 de ningún modo autoriza al registrador a rechazar la documentación cuando faltare el número de matrícula, razón por la cual se debió proceder a la inscripción en forma provisoria.     c) La Carátula Rogatoria implica un principio de rogación, por lo que la Cámara le hizo decir a la Disposición Técnico Registral lo que ella no dice.     d) El registrador se puso en contradicción con sus propios actos en tanto requirió que se pagara la tasa por los dos inmuebles y luego sólo registró uno de ellos.     e) De haber informado el Registro en tiempo y forma de la falta de minuta, su parte lo hubiere subsanado inmediatamente y la inscripción habría sido definitiva. En consecuencia, yerra la Cámara cuando sostiene que de todas formas el embargo se inscribió vencido el eventual plazo de inscripción provisoria.     IV. El recurso debe prosperar.    a. Con fecha 31 de mayo de 2013 la escribana Miriam Claudia Alemany otorgó una escritura traslativa de dominio de dos inmuebles, matrículas 21.272 y 21.273 del Partido de Escobar (118).     Según relata la profesional en su recurso, con fecha 11 de junio de 2012, dentro del plazo establecido en el art. 5 de la ley 17.801, ingresó al Registro de la Propiedad Inmueble el primer testimonio de dicha escritura, en la carátula rogatoria respectiva, en la que consta [ba] en el rubro «cantidad de inmuebles» el número «2». Asimismo, dice, abonó la suma de $ 400, correspondiente al porcentaje de la operación de venta con más $ 10 fijos de tasa de inscripción. Afirma que dentro de la carátula rogatoria envió dos juegos de minutas, una por cada inmueble, solicitando la inscripción de la venta en ambos. Afirma que envió dos certificados de catastro, uno por cada inmueble. Manifiesta que posteriormente (con fecha 26 de junio de 2012) el Registro le hizo una observación en relación a la tasa de inscripción, haciéndole saber que debía integrar una suma faltante determinada. Cumplido con lo intimado reingresa la documental requerida. Dice que nuevamente se le efectúa observación relacionada con la nacionalidad del adquirente en las minutas. Cumplido, reingresa el testimonio.     Denuncia que luego, con fecha 5 de junio de 2013, al notar la «falta de planchado» en el testimonio por la matrícula 21.273 (118) ingresó el título al Registro originando el reclamo 8532/2013, a efectos de que se plasmara en el testimonio el dato de la inscripción oportunamente solicitada, advirtiéndole en tal oportunidad el Registro que no tenía constancia de la minuta 21.273 que -según dice- había ingresado. Efectuado el reclamo del caso, el Registro le hace saber que de las respectivas constancias microfílmicas se desprendía que la profesional había rogado únicamente por una inscripción (matrícula 21.272).     Pidiendo reconsideración de lo definido, mediante Resolución Contencioso Registral 2/2014, el señor Director del Registro de la Propiedad Inmueble decide no hacer lugar a la inscripción definitiva de la escritura 157 con efecto retroactivo a la fecha de presentación en relación a la matrícula 21.273 (118), haciendo saber que «… la notaria debió haber tomado los recaudos necesarios que hacen al estricto cumplimiento de su condición de funcionario público, es decir, debió haber verificado todas las capas del íter inscriptorio hasta la inscripción definitiva del documento por ella autorizado» (fs. 41, expte. adm.; fs. 59/60 vta.).     Lo hasta aquí dicho no se reduce a una simple reciprocidad en la imputación de responsabilidades, pues el dato que surge esencial para la traba de conflicto se suscita cuando con fecha 13 de diciembre de 2012 ingresa en el Registro un oficio de embargo librado en los autos «Banco Credicoop Coop. Ltdo. c/ Santric V O. s/ cobro ejecutivo» inscribiéndose el mismo sobre la matrícula 21.273 (118), es decir sobre aquella matricula sobre la cual se genera la cuestión entre la profesional y el Registro, afirmando aquélla que había solicitado oportunamente la inscripción de venta también sobre esa matrícula y entendiendo por su parte el organismo registral que la rogatoria respecto de dicho inmueble no le había sido ingresada. Por lo tanto, la cuestión viene dada en tanto el Registro dice poder cumplir con tal inscripción pero que a la misma le será oponible el embargo. Por su parte la escribana dice que tal cautelar no puede serle opuesta porque debió procederse a la inscripción oportuna de tal venta y si ello no se dio fue por exclusiva responsabilidad del Registro en el cumplimiento de funciones y cargas propias.     Contra tal resolución desestimatoria la profesional dedujo recurso de apelación ante la Cámara departamental, que rechazó la queja en base a los motivos adelantados en el punto II del presente.     En su recurso extraordinario la escribana pretende que se deje sin efecto la resolución del Director, denunciando la violación de la disposición técnica 14/1995; los arts. 5 y 8 de la ley 17.801 y 8 de la reglamentación del decreto ley 11.643/1963, modificado por las leyes 12.008 y 13.405, decretos 2612/1972 y 5323/1974.     b. El art. 35 inc. 8 del decreto ley 9020/1978 dispone que «Son deberes del notario: … Tramitar, bajo su sola firma la inscripción en los Registros Públicos de los actos pasados en su protocolo».  Por su parte el art. 23 del decreto 3887/98 reglamentario del decreto ley 9020/1978, en su capítulo IX (DEBERES NOTARIALES), prescribe en relación a la «Obligación de los notarios de inscribir los actos autorizados por ellos (Artículo 35 inciso 8 de la Ley)» que «las partes podrán relevar en forma expresa al autorizante de la obligación de inscribir en los registros respectivos el acto que otorgan, con excepción de aquellos casos en que la ley de fondo lo establezca como imperativo».     O sea que el escribano tiene el deber de tramitar la inscripción en el Registro Público de los actos pasados en su protocolo, pudiendo los otorgantes relevarlo en forma expresa de tal obligación, salvo aquellos casos en que imperativamente la ley así lo mande.     Por su parte, echando vista de la disposición técnico registral 14/1995, surge que «VISTO: Los artículos 6 y 9 de la Ley 17.801 y 2 del decreto 5.479/65, y CONSIDERANDO: Que se han presentado dificultades en la calificación, con motivo de escrituras referidas a más de un acto o inmueble, en supuestos que no se acompañan la totalidad de las solicitudes respectivas; Que, dado que la carátula que contiene la documentación de origen notarial (Disposición Técnico Registral N° 13/80) implica un principio de rogación, ello trae aparejado la obligación de registrar el contenido del documento en forma provisional, respecto de los inmuebles o actos cuyas solicitudes no se hubieran acompañado; Que a efectos de evitar situaciones que puedan inducir a error y consecuentemente ocasionar perjuicio al notario, se estima necesario establecer que cuando se pretenda limitar la solicitud de registración respecto de ciertos actos o inmuebles, deberá dejarse expresa constancia en las solicitudes que acompañan al documento».     A su vez en su art. 3 dispone que «En el caso que el notario no hubiera limitado la rogación ni acompañado la totalidad de las solicitudes correspondientes a los actos o inmuebles resultantes del documento éste se registrará en forma definitiva, si no hubiera observaciones, respecto de los que se hubiera rogado y en forma provisional, con relación a aquellos cuyas solicitudes no hubieran sido agregadas al documento respectivo, a efectos que aclare si se pretende su registración parcial».     De las constancias de la presente causa, a fs. 3/4, luce agregada copia del testimonio de la escritura 157 otorgada el 31 de mayo de 2012, formalizada en dos folios de actuación notarial números BAA10146852 al BAA10146853, de la cual se desprende que la operación corresponde a una venta de dos lotes de terreno ubicados en la localidad de Garín, Partido de Escobar, inscriptos en el registro dc la Propiedad Inmueble en las matrículas 21.272 y 21.273 de ESCOBAR (118).     A su vez, de la copia de la carátula rogatoria agregada a fs. 8 del expediente administrativo acollarado surge que si bien donde se precisan cantidades de inmuebles puede leerse «1-2», lo cierto es que a la hora de precisar los datos del antecedente dominial se denuncia tan solo la matrícula 21.272, aunque se es preciso en cuanto a la identificación numérica de la escritura otorgada (157).     Se advierte también que se ha ingresado timbrado por $ 400, y que se intima a completar el sellado integrando otros $ 292,36, carga cumplida el 19 de julio del 2012.     De la minuta de inscripción, cuya copia luce agregada a fs. 10 de esas mismas actuaciones, surge que se denuncia únicamente como antecedente dominial el número de inscripción 21.271.     En el punto, si bien la recurrente denuncia que dentro de la carátula rogatoria envió DOS juegos de minutas, una por cada inmueble, desde el Registro se informa que solo existen minutas rogatorias respecto del Folio Real Matrícula 21.272 (118). En efecto, su copia luce agregada a fs. 10/11.     c. En evaluación de lo impuesto, de la ley 10.295 (y sus modificatorias), de su Capítulo II. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES DE REGISTRACIÓN, surge: A) TRÁMITE SIMPLE: 1. La registración de documentos que contienen actos sobre inmuebles y que no fueren objeto de regulación específica abonarán la tasa del dos por mil (2 o/oo) sobre el monto mayor entre la valuación fiscal ajustada por el coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva, el valor de referencia (V.I.R.), el valor de la operación o el monto de cualquier cesión que integre la operación documentada.     En el caso el monto mayor de la operación es de $ 193.881 (matrícula 21.272, fs. 12) y $ 147.298 (matrícula 21.273, fs. 15) respectivamente. Ello surge también de la propia escritura traslativa de dominio.     Una simple operación matemática nos permite advertir que sumados ambos montos (193.881 + 147.298) surge un total de $ 341.179, y si a esta suma le aplicamos el índice precisado en la norma antes transcripta (2 o/oo), el resultado arroja el importe de $ 682,36. Recordemos que el Registro en su momento intimó a que se integre la suma de $ 292,36 a la ya ingresada de $ 400 (v. fs. 8 expte. adm.). Alega la escribana en su recurso por ante esta sede que a dicha suma correspondía, a su vez, sumarle $ 10 fijos de tasa de inscripción, lo que arroja el monto total y definitivo de $ 692,36 que el registro torna como tasa de registración en su observación a integrar la misma.     En relación a la citada tasa fija de inscripción ($ 10) que denuncia la escribana, las sucesivas reformas introducidas a la ley 10.295 en los distintos períodos fiscales (leyes 12.397, 12.576, 12.879, 13.404, 13.405, 13.472, 13.613, 13.713, 13.850, 14.044, 14.200, 14.333, 14.357, 14.394, 14.553, 14.653 y 14.808) dificulta conocer con precisión dicha suma, aunque en rigor de verdad echando un vistazo a la ley 14.044 el monto de $ 10 que se dice pagado en concepto de tasa fija asoma perfectamente lógico.     Así, visto lo anterior, tenemos que la suma que el Registro ordena integrar se corresponde con los montos propios de la suma de las valuaciones de los DOS INMUEBLES y no el de sólo uno de ellos. Simple resulta comprobar que el porcentaje correspondiente a la tasa de inscripción (2 o/oo) del inmueble matrícula 21.272 es de $ 387,80, más los $ 10 de tasa fija arroja el monto de $ 397,50. La escribana timbró por $ 400.   La simple lectura de los datos que arroja la aplicación de los coeficientes dispuestos para la inscripción de actos traslativos evidencia un contrasentido: la escribana ingresa un monto compatible con la inscripción de uno solo de los bienes (matrícula 21.272) teniendo en cuenta la valuación de dicho inmueble al tiempo del acto ($ 193.881). Ahora si tenemos en cuenta el valor por el que se concretó la operación (sumados ambos inmuebles, $ 195.000), tenemos que la escribana tributó por ambos inmuebles; el Registro, por su parte, intima a que se integre para consolidar un monto únicamente compatible con ambos inmuebles. Esto permite también colegir que el notario o bien impulsó la inscripción del inmueble matrícula 21.272 y no del 21.273 teniendo en cuenta las valuaciones mayores o, por el contrario, tributó por ambos inmuebles teniendo en cuenta los valores formalizados en el acto de venta. En el primer caso, sea por error o inadvertencia, dejó de tributar por la inscripción del inmueble matrícula 21.273, cuando era deber impuesto hacerlo (art. 35 inc. 8 del dec. ley 9020/1978). De lo que no queda duda alguna es que el Registro intimó a que se integre el pago con la suma correspondiente a AMBOS inmuebles.     d. Y es aquí donde el orden normativo ingresa a disponer su fuerza supletoria pues, como vimos, de la disposición técnico registral 14/1995, surge que «VISTO: Los artículos 6 y 9 de la ley 17.801 y 2 del decreto 5.479/65, y CONSIDERANDO: Que se han presentado dificultades en la calificación, con motivo de escrituras referidas a más de un acto o inmueble, en supuestos que no se acompañan la totalidad de las solicitudes respectivas; Que, dado que la carátula que contiene la documentación de origen notarial (Disposición Técnico Registral N° 13/80) implica un principio de rogación, ello trae aparejado la obligación de registrar el contenido del documento en forma provisional, respecto de los inmuebles o actos cuyas solicitudes no se hubieran acompañado; Que a efectos de evitar situaciones que puedan inducir a error y consecuentemente ocasionar perjuicio al notario, se estima necesario establecer que cuando se pretenda limitar la solicitud de registración respecto de ciertos actos o inmuebles, deberá dejarse expresa constancia en las solicitudes que acompañan al documento«. A su vez, en su art. 3 dispone que «En el caso que el notario no hubiera limitado la rogación ni acompañado la totalidad de las solicitudes correspondientes a los actos o inmuebles resultantes del documento éste se registrará en forma definitiva, si no hubiera observaciones, respecto de los que se hubiera rogado y en forma provisional, con relación a aquellos cuyas solicitudes no hubieran sido agregadas al documento respectivo, a efectos que aclare si se pretende su registración parcial» (el resaltado es propio).     De este modo surge incontestable que estando la escritura otorgada referida a más de un inmueble, y no habiéndose acompañado la totalidad de las solicitudes respectivas, el operador del Registro debió haber registrado en forma provisional el contenido del documento en relación al inmueble cuya solicitud no se hubo de acompañar, haciéndole saber al profesional interviniente de su carga de aclarar si se pretendía la registración parcial del acto. Paso omitido por el Registro que habilita, sin más, a ordenar que se proceda a su inscripción.     Vale aclarar que la posición que asumo en el presente de ningún modo supone desconocer los principios expuestos al votar en la causa B. 59.440, «Gorg» (sent. del 5-X-2016), pues en autos la irregularidad habida en el procedimiento administrativo en incumplirse con la disposición técnico registral 14/1995 se erige como una excepción al principio de rogación, comprometiendo la responsabilidad del encargado de la debida toma de razón.     Ello sumado a que en los presentes autos, a diferencia de lo entendido en la causa «Gorg» en la cual se discutían cuestiones esencialmente fácticas, las irregularidades habidas en el procedimiento administrativo de inscripción forman parte de la cuestión litigiosa debatida.     e. Ahora bien, en el punto la alzada sostiene que «en el mejor de lo casos, es decir, de entenderse que el pago del timbrado por la totalidad de la operación resulta un principio de rogación por la totalidad de los inmuebles objeto de la escritura, es lo cierto que a la fecha de ingreso del embargo (13/12/2012) el plazo de 180 días de inscripción provisoria se hubiere encontrado fenecido» (fs. 51 vta./52); frente a esto la recurrente se agravia manifestando que «desconoce este argumento que en caso de habérsele otorgado a la escritura n°157 la inscripción provisional en relación a la Matrícula 21273, el registrador debería haber hecho saber a la Notaria, las observaciones de que adolecía la minuta a efectos de su inscripción definitiva, las que en ese caso hubieran sido subsanadas convirtiendo así la inscripción en definitiva e imposibilitando la entrada del embargo en cuestión» (fs. 69).     En tal sentido la ley 17.801, en su CAPITULO II, De la inscripción. Plazos. Procedimientos y efectos, art. 9, dispone: «Si observare el documento, el Registro procederá de la siguiente manera: b) Si el defecto fuere subsanable, devolverá el documento al solicitante dentro de los treinta días de presentado, para que lo rectifique. Sin perjuicio de ello lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de presentación del documento, prorrogable por períodos determinados, a petición fundada del requirente».     Por ello asiste razón al recurrente cuando afirma que «Rige en este sentido el principio de prioridad registral, consagrado en la Ley 17.801. Y teniendo la escritura 157 como fecha de ingreso al Registro el 11/06/2012 desplaza al Embargo de fecha 13/12/2012» y que «… de haber el registrador cumplido las obligaciones a su cargo, esto es, efectivizado la inscripción provisional y permitido a la autorizante subsanar las observaciones para convertir tal inscripción en definitiva, la prioridad registral la tendría la escritura 157 por fecha de presentación…» (fs. 69).     V. Por todo lo hasta aquí expuesto corresponde disponer la inscripción de la escritura pública 157 otorgada por la escribana Miriam Claudia Alemany con fecha 31 de mayo de 2012 con relación a la matrícula 21.273 (118) y con efecto retroactivo a su fecha de presentación, esto es 11 de junio de 2012, a cuyo fin deberá arbitrar el Registro de la Propiedad Inmueble los medios necesarios para concretar lo ordenado.     En cuanto a la imposición de costas, y sin perjuicio de hacerse lugar al reclamo deducido, entiendo que las mismas deben imponerse por su orden, pues según lo visto la falta de oportuna registración de la escritura pública 157, en relación al inmueble matrícula 21.273 (118), obedeció a errores sucesivos de la escribana otorgante, que omitió solicitar expresamente tal inscripción, y del Registro de la Propiedad Inmueble que omitió hacer saber tal circunstancia como lo manda su propia disposición técnico registral.     Con tales alcances, doy mi voto por la afirmativa.      A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:    Disiento con el colega que me precede en el orden de votación.     1. En efecto, sabido es que la presentación de documentos a registro debe hacerse con una solicitud que señala, en función del principio de rogación, la concreta petición de inscripción y su medida, en tanto bien puede ocurrir que el documento que se presenta contenga más de un acto registrable, pero que aquélla sea por uno solo, razón por la cual es menester estar a lo que la rogatoria exprese, dado que el registro inmobiliario no actúa de oficio -en el impulso inscriptorio- sino a petición de parte (conf. arts. 6 y 7 y concs., ley 17.801; arts. 4, 5, 6, 7 y concs., dec. ley 11.643/1963; art. 5 y concs., dec. 5479/1965; asimismo, Villaro, Felipe, «Derecho Registral Inmobiliario», Astrea, Bs. As., 2010, pág. 89; también Cornejo, Américo, «Derecho Registral», Astrea, Bs. As. 1994, pág. 75 y sigtes.; entre otros).     En dicho marco, la Disposición Técnico Registral 14/1995 referida por el colega preopinante y vigente al tiempo de los hechos, prevé que la carátula que contiene la documentación de origen notarial -expresando el principio de rogación (conf. Disposición Técnico Registral 13/1980)- delimite la competencia del organismo obligándolo a registrar el contenido del documento en forma provisional incluso respecto de los inmuebles o actos cuyas solicitudes no se hayan acompañado, salvo que mediara expresa constancia de la limitación de la rogación (arts. 1 y 3; 31, dec. ley 11.643/1963; 9, 10, 11 y concs; dec. 5479/1965).     Pues bien, la circunstancia de que en este caso la rogación portara en sí misma una inconsistencia (pues en ella se había acompañado un documento notarial conteniendo dos actos registrables sobre dos matrículas distintas, y en la carátula rogatoria se habían detallado dos inmuebles y un único número de matrícula), sumada a la ausencia de toda limitación expresa a la rogación, debieron llevar al registro -aún dentro del reconocimiento del principio rogatorio- a proceder en el marco de la citada Disposición Técnica, proveyendo la registración provisional del acto cuya solicitud (minuta de inscripción) no se había acompañado y requiriendo la debida aclaración respecto de la extensión de la intención registral del rogante.     2. Ahora bien, cierto es también que la Resolución Contencioso Registral 2/2014 del Director Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires fundó asimismo el rechazo del reclamo de la notaria por entender que una vez notificada la registración consignada en el testimonio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la ley 17.801 con relación a un solo inmueble, la escribana había omitido efectuar en esa oportunidad el reclamo pertinente, circunstancia que evidenciaba que la recurrente no había dado cumplimiento al principio de rogación y que por tanto la inscripción definitiva del acto notarial con relación a la matrícula no oportunamente consignada en la carátula rogatoria debía ser requerida a través de un nuevo ingreso de la pertinente escritura, a la cual le resultaba entonces oponible el embargo que ya había sido trabado sobre ella (fs. 37 vta., expte. adm. 2307-4766-2013 acorallado a la presente).     Efectivamente, frente a la inicial solicitud de inscripción del 11 de junio de 2012 (fs. 3 y 8, expte. adm.), y luego de dos reingresos para completar el pago del timbrado y rectificar la nacionalidad del adquiriente (19-VII-2012 y 31-VIII-2012; fs. 8/9 del mismo), el organismo planchó el testimonio respectivo solamente en relación con la matrícula 21.272 (fs. 5), habiéndose expedido constancia del asiento el 18 de septiembre de 2012 (fs. 6, 23, 35/36). Recién nueve meses después, el 5 de junio de 2013, la notaria se presentó nuevamente ante el registro efectuando el reclamo dirigido a la respectiva inscripción del testimonio en la matrícula 21.273 (8532/2013, acompañando en esa oportunidad la pertinente minuta de inscripción sobre la misma, fs. 15/16). En su recurso de apelación ante el a quo (fs. 27/33 de estos autos), la impugnante manifestó que había tomado conocimiento del planchado único del testimonio del título recién tiempo después y por indicación de su cliente fs. 28 de estos autos (fs. 1 vta. del expte. admn.).     Pues bien, cualquier intención que pudiera haber tenido la escribana de incluir en su inicial rogatoria la inscripción del documento en relación con la matrícula no consignada en su carátula (respecto de la cual tampoco había acompañado la correspondiente minuta de inscripción) debió reputarse sobrevinientemente desistida ante su sostenida inacción una vez que hubo recibido planchado el testimonio de la escritura en cuestión (conf. arts. 6, 7 y concs., ley 17.801; 4, 5, 6, 7 y concs., dec. ley 11.643/1963; 5 y concs., dec. 5479/1965; en sentido análogo, Scotti [h], Edgardo, «Derecho Registral Inmobiliario», Bs. As., Universidad, 1983, pág. 108/110). Frente a la confusa declaración precedente (contenida en la rogatoria), el prolongado silencio posterior a la recepción del documento inscripto necesariamente importó -a la luz del mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas que cabía a la profesional (conf. arts. 902, 919 y concs., Cód. Civ.)- el desistimiento de la pretendida inscripción remanente y por ende la pérdida de toda prioridad registral a su respecto (conf. arts. 19, 40 y concs., ley 17.801).     La circunstancia de que el reclamo haya sido canalizado ante el Registro más allá del plazo de 180 días corridos posteriores al último ingreso de la rogatoria (casi 6 meses después de la traba del embargo sobre la matrícula no modificada, ocurrida el 13-XII-2012, fs. 18/19, 24/26, expte. adm.), enerva toda pretensión de conservar o retrotraer la prioridad registral en favor del acto otorgado por la notaria. Es que ante la referida situación, la escribana debió arbitrar los medios adecuados para corroborar la extensión de la inscripción efectuada y,-en todo caso- presentar el reclamo en un plazo razonable, el que por las particularidades del caso cabe asemejar al que hubiera debido recibir de haberse producido la inscripción provisoria del documento sobre la matrícula no identificada en la carátula (conf. arts. 9, 18 y concs., ley 17.801; 7, 17, 31 y concs., dec. ley 11.642/1963; 8, 9, 10, 11 y concs., dec. 5479/1965; 1 y 3, DTR 14/1995).     De otro modo, frente a una actuación como la constatada, la seguridad jurídica de las operaciones y negocios inmobiliarios quedaría seriamente afectada o condicionada por la posible pendencia de registración -por tiempo indeterminado y con prioridad de rango- de actos o documentos no publicitados (conf. arts. 2505 y concs., Cód. Civ., 2, 3, 21 y sigtes., ley 17.801).     Habida cuenta de lo expuesto, doy mi voto por la negativa.     Los señores jueces doctores Soria, Kogan y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.     Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A     Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).     El depósito previo de $ 36.500, efectuado a fs. 55, queda perdido (art. 294, C.P.C.C.).     El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).     Notifíquese y devuélvase.            LUIS ESTEBAN GENOUD   HILDA KOGAN                 HECTOR NEGRI   EDUARDO JULIO PETTIGIANI         DANIEL FERNANDO SORIA                             CARLOS E. CAMPS                             Secretario

46488/2009

FALTRACCO DE VAZQUEZ ADELA C/ VAZQUEZ SACI e I S/ORDINARIO

Buenos Aires, 14 de Abril de 2011.-

Y VISTOS:

1. ) Apeló la parte actora la resolución dictada en fs. 314/323 por la que se hizo lugar al planteo de caducidad de la acción por nulidad de decisiones asamblearias adoptadas en el seno de la sociedad demandada y de falta de legitimación activa, a resultas de lo cual rechazó la demanda entablada.- Para adoptar esta solución, el Sr. Juez de Grado estimó que: i) las decisiones contenidas en la resolución asamblearia atacada -aprobación de balances, gestión del directorio, remuneración de los directores-, así como la falta de admisión de la actora en la asamblea por no hallarse inscripta como sucesora del fallecido socio V. no constituyen cuestiones que violenten el orden público societario y que, en consecuencia, no se hallan sujetas a la nulidad absoluta; ii) el plazo previsto por el art. 251 LSC debe computarse a partir del día que se clausuró la asamblea y que al no tratarse de un término de carácter procesal comprende también los días inhábiles, de tal suerte que habiéndose clausurado la asamblea impugnada el 26.05.09, el plazo para iniciar la acción de nulidad feneció el 26.08.09, caducando ese día el derecho invocado por la actora; iii) la actora es propietaria de las acciones pero no titular del derecho en ellas representado, habida cuenta que no se ocupó de hacer inscribir la transferencia de los títulos mortis causa en los registros de la sociedad, de tal suerte que carecía de la calidad de accionista al tiempo de la celebración de la asamblea y, por ende, tampoco tiene legitimación activa para accionar por vía del art. 251 LSC.-Los fundamentos fueron desarrollados en fs. 333/354, siendo respondidos en fs. 356/371.-
2. ) La recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia, alegando que: a) no se ponderó que, en el caso, se violentó el orden público sucesorio, toda vez que el principal vicio denunciado y que configuró la causa de la presente acción de impugnación, residió en la prohibición de asistencia expresado por quienes gobiernan la sociedad demandada en relación a la accionante, quien ostenta la calidad de cónyuge suspérstite de quien en vida fue titular del 42,37% del paquete accionario de la sociedad demandada, a resultas de lo cual adquirió desde el momento mismo del fallecimiento de V.J.V. la posesión y titularidad del 21,18% del paquete accionario mencionado; b) la calidad de socia de la demandante fue reconocida, además, por la sentencia judicial firme dictada en los autos «Fatracco de V.A. c.V.S. e I s. Examen de los Libros por el Socio»; c) fue violentado el orden público societario (arts. 67, 69, 224,234); d) hallándose involucrado en el sub lite un plazo de caducidad, y dada la naturaleza de los hechos acaecidos, el inicio del plazo debió ser computado a partir de que la accionante tomó conocimiento del acto impugnado, en tanto era fácticamente imposible conocer la fecha en que quedó clausurada la asamblea, teniendo en cuenta que se prohibió expresamente su participación en el acto; e) por aplicación de los arts. 24 y 25 CCiv., el cómputo del plazo legal comienza a la medianoche del día siguiente a la celebración, por lo que el vencimiento operó el mismo día en que fue interpuesta la demanda -27.08.09- y no en la fecha indicada por el Sr. Juez a quo -26.08.09-; f) las costas debieron ser distribuidas en el orden causado, pues existieron razones fundadas para que la actora asumiera la posición desestimada.-
3. ) Cabe referir, en primer lugar, que la actora, invocando la condición de titular del 21,18% del paquete accionario de V.S. e I promovió el presente proceso, con la finalidad de obtener: a) la declaración de nulidad de la asamblea general ordinaria celebrada en el seno de la sociedad demandada con fecha 26.05.09; b) la remoción del actual directorio. En ese marco se dispuso, con carácter cautelar, la intervención judicial del ente societario mediante la designación de un veedor por el término de tres (3) meses y la suspensión de la ejecución del pto. 4° del orden del día de la asamblea impugnada para el caso de que la asignación de honorarios haya sido realizada sin respetar los topes legales en orden a la distribución de ganancias (fs. 40/67 y fs. 72/75).-Conferido el traslado de la demanda, V.S. e I lo contestó en fs. 274/285, oponiendo la excepción de falta de legitimación activa y acusando la caducidad de la acción en los términos del art. 251, útimo párrafo, LSC.-El Sr. Juez de Grado hizo lugar a ambos planteos, por lo que rechazó la demanda, lo que motivó la interposición del recurso bajo examen.-En este contexto, corresponde analizar en primer término la materia referida a la legitimación de Adela Faltracco de V. para accionar contra V.S. e I por nulidad de decisiones asamblearias en los términos del art. 251 LSC, para luego tratar, en su caso, la queja relativa a la declaración de caducidad de la acción.-
4. ) Falta de legitimación activa 4.1. La demandada sostuvo que la actora no acreditó la calidad de accionista que invocó al promover la acción. Explicó que del Libro de Registro de Acciones de la sociedad surge que V.J.V. es titular de acciones nominativas no endosables que representan el 42,37 del capital social y que si bien la accionante reviste el carácter de cónyuge supérstite de aquél, no se cumplimentaron los procedimientos legales pertinentes para que pudiera ser registrada como accionista.-Explicó que cuando un accionista fallece, sus herederos deben tramitar el respectivo proceso sucesorio y obtener del juez interviniente la orden de registrar a los nuevos titulares de las acciones que pertenecían al causante y que este principio también resulta aplicable cuando las ac

JUICIO: “C…… VS. SANATORIO SARMIENTO S.R.L. S/ COBRO EJECUTIVO”.

San Miguel de Tucumán, 05 de Julio de 2.011.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en estos autos caratulados: “C….. MARIA ISABEL VS. SANATORIO SARMIENTO S.R.L. S/ COBRO EJECUTIVO”.

EXPTE. N° 1959/02 – SENT. N°1390

RESULTA:

Que se presenta la actora, Escribana l C…., por intermedio de apoderado, Dr. Martín Abdala e inicia juicio ejecutivo en contra del Sanatorio Sarmiento S.R.L., reclamando la suma de $8.250, con más intereses, gastos y costas.

En fundamento de su demanda, expone que su acreencia deriva de la falta de pago por parte del demandado de los honorarios y gastos correspondientes a los servicios notariales que le fueron prestados, cuyos importes y conceptos se detallan en el estado de cuenta de fecha 31 de octubre de 2.001 que adjunta y que fueron certificados por el Colegio de Escribanos de la Provincia.

Manifiesta, que luego de cumplidas las prestaciones de los servicios notariales a su cargo, fueron requeridas en reiteradas oportunidades al demandado el pago, con resultado negativo y sin que hayan contestado la intimación cursada por la Escribana Norma M de B mediante la carta remitida el 22/11/2.001 con imposición de contenido y recibida el 24/11/2.001.

Sostiene que el monto de la factura emitida, refleja lo convenido con el contrario y se ajusta a los valores normales de plaza y normativa vigente, conforme surge del certificado expedido por el Colegio de Escribanos. Señala que la fuerza ejecutiva de la presente acción deriva del art. 502 inc. 3 procesal y art. 250 de la ley de Escribanos Públicos Nº 5.732.

Intimado de pago el demandado se presenta a fs. 29/40, mediante su apoderada, Dra. Alicia Rivas y opone excepción de pago total.

Presentación a la que no se dio curso por decreto de fecha 15/11/2.002, por no haber acompañado bonos profesionales, tributación fiscal y ley 6.059 (los que fueron repuestos por el accionado con posterioridad al planteo de la excepción). Cuestión que fue recurrida ante la Excma. Cámara del fuero, Sala I, quien revocó el proveído por sentencia del 19/05/2.003 (fs. 75/76), en consecuencia, por providencia del 04/07/2.003 se tuvo por presentado al demandado y se dispuso correr traslado de la excepción deducida.

El demandado en su planteo niega todos y cada uno de los hechos invocados por la accionante que no sean de su expreso reconocimiento, expone que la deuda existió pero fue cancelada totalmente según consta en el Recibo “C” Nº 0000-00004252 del 29/11/2.001 emitido por la misma actora, siendo falaz que la obligación aun subsista, porque ya fue abonada.

Sostiene que la carta fue recibida el 23/11/2.001, y en consecuencia de ella se abonó $8.250, suscribiendo la accionante el recibo mencionado como prueba de pago y cancelación total de la obligación.

Resalta que siendo los honorarios que cobraba la escribana demasiado elevados, se desvincularon profesionalmente de ella, contratando los servicios de otra profesional, sin tener novedades de la escribana Colombo hasta la fecha de la intimación de pago, no habiendo recibido con anterioridad a ello carta documento alguna intimando fehacientemente lo que ahora se pretende.

Señala que la base para justificar la ejecutante su acreencia cuyo original en duplicado acompaña y al cual pretende dar la naturaleza de factura, es un recibo de pago total, supuestamente conformado por el Colegio de Escribanos, a los efectos de cumplir con el art. 250 de la ley 5.732.

Que la escribana en ningún momento hizo uso de la prerrogativa prevista en dicha norma de retener los testimonios hasta que fueran pagados, ni pidió fianza. Que el hecho de que la actora haya tachado el recibo y puesto factura de su puño y letra, no cambia su naturaleza, ni se hizo salvedad de las tachaduras. Además, el recibo otorgado por el acreedor es el medio por excelencia que demuestra la extinción de la obligación.

En respaldo de sus dichos, ofrece como prueba la presentación del recibo original que le fuera entregado a la anterior administración de la sociedad, razón por la cual se compromete a requerir su remisión, aun cuando basta por sí el duplicado reconocido por la demandante, por ser ella quien lo emitió.

A fs. 98/101 la actora contesta la excepción deducida solicitando su rechazo, manifiesta que el instrumento base de esta acción no puede configurar el pretendido recibo que alude el demandado, debido a que el mismo sólo hace una vaga referencia al crédito por el cual se extendió, además el instrumento se encuentra en posesión de su parte y nunca fue entregado al deudor, por lo que mal puede servir de recibo cancelatorio, ya que los instrumentos son entregados al deudor que salda su obligación al momento de perfeccionarse el pago, como prueba del mismo.

Respecto a la prerrogativa de retener los testimonios y poderes que correspondan a la parte deudora, asevera que es una facultad, no un deber, por lo que no ejercerla no implica que no pueda cobrarse la suma adeudada.

Afirma que los escribanos de Tucumán no usan “facturas” sino “recibos”, surgiendo ello de la Resolución General de la AFIP 3419/91, que permite a los notarios optar entre facturas o recibos; por ello para cobrar por la vía ejecutiva se remiten los antecedentes al Colegio de Escribanos quien conforma la “factura” que servirá de título ejecutivo.

En cuanto a que se ha tachado el recibo y puesto factura, sostiene que la naturaleza del instrumento no puede estar dada por la imprenta, sino por quien integra el documento, al expresar su voluntad en el sentido de querer utilizarlo como factura. De manera que el título que se pretende ejecutar se compone de la factura creada por su parte, más la certificación del Colegio de Escribanos que la conforma.

Aduce que adjuntó al iniciar la demanda la factura en su original, impresa en papel blanco, resultando contradictorio lo que sostiene el accionado de que se pretende ejecutar el duplicado y ofrece como prueba el recibo original Nº 0000-00004252 manifestando que fue entregado a la anterior administración, cuando nunca se le hizo entrega del formulario original.

Agrega, que en virtud de la leyes 25.345 y 25.413 el supuesto pago realizado por el demandado carecería de valor y sería nulo, ya que los pagos superiores a $1.000 deben hacerse por depósitos en cuentas de entidades financieras, transferencias bancarias, cheques, tarjetas de créditos, u otros procedimientos que autorice el Poder Ejecutivo, lo que no aconteció.

A fs. 113 se presenta la actora con nuevo apoderado, Dr. Marcelo Fajre.

A fs. 122 se apersona el demandado con nuevo apoderado, Dr. Guillermo Antonio Aracena y por sentencia de fecha 11/05/2.004 (fs. 134/135) se dispuso el cese de la intervención de la letrada Alicia Rivas, debido al conflicto planteado entre los letrados sobre la vigencia del poder general para juicios. Resolución que fue confirmada por la Excma. Cámara del fuero, Sala I, por sentencia Nº 10 del 07/02/2006 (véase incidente de apelación promovido por la Dra. Alicia Rivas, Nº 1959/02-I1)

A fs. 217 se presenta el demandado con nuevo apoderado, Dr. José Santiago Sarmiento.

Abierta la causa a prueba, se producen las que corren glosadas en autos y repuestos los derechos fiscales adeudados, los autos quedan en condiciones para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

Que la parte actora inicia juicio ejecutivo, reclamando la suma de $8.250, más intereses, gastos y costas. Fundamenta su acción en la falta de pago de honorarios y gastos derivados de los servicios notariales prestados al demandado, que constan en una factura por ella emitida y conformada por el Colegio de Escribanos. Mientras que el demandado opone excepción de pago total aseverando que el instrumento que adjunta la actora es un recibo cancelatorio de la deuda.

Así planteada la cuestión, cabe considerar que el juicio ejecutivo es un procedimiento determinado para que pueda hacerse efectivo el cobro de un crédito que viene establecido en el instrumento ejecutado, que debe ser suficiente y bastarse a sí mismo.

El C.P.C. contiene una enumeración de los títulos ejecutivos que no tiene carácter taxativo, pues se integra mediante la remisión a otras normas contenidas en leyes sustanciales. Así el art. 485 inc. 3º dispone “Los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial”. La norma se refiere a aquellos que en virtud de su creación se hallan sometidos íntegramente al juicio ejecutivo común.

En este caso, nos encontramos ante el supuesto de un instrumento que la actora pretende ejecutar, en virtud del ex art. 248 de ley 5.732 (y sus modificatorias), norma que otorgaba vía ejecutiva a la factura conformada por el Colegio de Escribanos y establecía que “siempre que mediare reclamación ante el colegio de escribanos y el cliente deudor no afianzare satisfactoriamente el importe reclamado por gastos y honorarios, el escribano podrá retener en su poder los testimonios y documentos que correspondan a la parte deudora, hasta hacer pago su crédito, el cual podrá ser reclamado judicialmente por vía ejecutiva, bastando para ello la simple presentación de la factura conformada por el Colegio de Escribanos”. Disposición que luego de haberse consolidado el texto por ley 8.240, hoy se encuentra prevista en el art. 227, otorgándose a los notarios la “vía sumaria” para reclamar sus acreencias. No obstante ello, y dado que la ejecución se inició al momento en que la norma anterior concedía vía ejecutiva, así será considerada.

La ley notarial Nº 5.732 en el capítulo I del título IX, referente a la retribución del profesional, contiene varias normas alusivas a la forma en que los actuarios deben proceder para el cobro de sus honorarios y gastos realizados.

El ex art. 246 establecía que antes del acto de la firma de la escritura, el escribano tendrá derecho a exigir el pago de sus honorarios, como el reembolso o entrega de la suma invertida o a invertirse en sellos, derechos, impuestos y demás tasas que sean necesarias para la terminación del acto formalizado. En igual sentido el hoy art. 226 confiere antes del acto de la firma, el derecho a exigir el pago de honorarios, como el reembolso de las sumas invertidas o a invertirse en hojas de actuación, aranceles, derechos y tributos.

Expuesto el tipo de proceso y título que se ejecuta, corresponde analizar la excepción de pago total opuesta por el demandado, quien manifiesta que la actora le extendió un recibo por el total adeudado, por lo que nada adeudaría.

Cabe remarcar, que el excepcionante funda su defensa en la documentación agregada por la actora, y sostiene que el recibo original fue entregado a la anterior administración del sanatorio, comprometiéndose a requerir su remisión. Cuestión que por sí misma debe ser rechazada, ya que la accionante acompaña como documentación respaldatoria de su acción, original y duplicado del recibo Nº 0000-00004252, por lo que mal puede aducir el demandado que lo tiene en su poder.

Y sabido es que para la procedencia de la excepción de pago total prevista en el art. 517 inc. 7º del C.P.C.C., es necesario que se acompañen los recibos que acrediten el pago de una manera clara e inequívoca, sin que sean necesarias otras investigaciones.

Requisitos éstos que no reúne la presentación del demandado, por lo que corresponde el rechazo de su planteo sin que sea necesario efectuar otras consideraciones, ya que en esta clase de juicio de estrecho marco cognoscitivo, no corresponde indagar la causa de la obligación ni efectuar mayores investigaciones con respecto al pago que se invoca, el que debe surgir en forma clara y precisa de los instrumentos en que se sustente la excepción.

Que siendo así, la excepción sólo procede ante la presentación de documento escrito emanado del acreedor con una clara y específica imputación a la deuda que se reclama, lo que torna inviable lo pretendido por el demandado y la excepción planteada debe ser rechazada.

No obstante lo expuesto es obligación de la sentenciante examinar la habilidad o inhabilidad del título en que se pretende sustentar una ejecución judicial, la que puede hacerse al despachar la ejecución o al dictar sentencia de trance. Criterio sentado por nuestra Excma. Cámara del fuero, Sala I, en diversos pronunciamientos “… la habilidad del título puede ser revisada de oficio por el Juez, al despachar la ejecución y también al momento del dictado de la sentencia de trance y remate. La circunstancia de haberse despachado el mandamiento de intimación de pago no es obstáculo para el reexamen de la habilidad del título en el momento de dictar sentencia, aunque el ejecutado no hubiera opuesto excepción alguna y aún en la alzada en caso de apelación. (“Jiménez Juan Carlos C/ Saavedra Héctor Alberto S/ Cobro Ejecutivo” – Expte. nº: 3835/06, Sent. Nº 421 del 01/08/2007).

Y de acuerdo a lo normado en el art. 484 de nuestro digesto adjetivo, del instrumento que se ejecuta deben surgir todos los recaudos o presupuestos legales para admitir esta vía procesal: legitimación activa y pasiva, deuda dineraria líquida o fácilmente liquidable y que tal deuda sea exigible. Este último requisito implica que la obligación debe ser de plazo vencido (sin perjuicio de que pueda pedirse la fijación judicial del plazo), y no debe hallarse supeditada a condición o prestación.

Es decir, el título debe ser completo, suficiente y bastarse a sí mismo, conteniendo todos los elementos necesarios para que el proceso de ejecución sea admisible. Y en este caso, la factura conformada, puede traer aparejada ejecución, en la medida en que se den los condicionamientos legales para que tal efecto se produzca, que son precisamente los enunciados por la ley notarial y nuestra ley adjetiva.

En la especie, el instrumento motivo de la acción, cuya copia obra a fs. 17 de autos, es un “Recibo” C, Nº 0000-00004252 emitido el 29 de Noviembre de 2.001 por la actora a favor del Sanatorio Sarmiento S.R.L., por la suma de $8.250 por certificaciones y escritura desistida. En el que fue tachada la palabra “Recibo” y en el margen superior derecho se consignó la palabra “Factura”, y tachada la palabra “Recibi(mos)” por “Factura” dentro del contenido del instrumento, cuestión reconocida por la propia actora, manifestando que la naturaleza del instrumento no está dada por la imprenta, sino por quien expresa su voluntad en el sentido de querer utilizarla como factura.

En su reverso contiene una inscripción realizada por el Presidente del Colegio de Escribanos, Eduardo Manuel Benedicto, que dice: “Certifico que los importes consignados en el presente comprobante en concepto de honorarios profesional por certificación de firmas y por acta desistida, responde a los valores normales para tal tipo de actos, según detalle adjunto. San Miguel de Tucumán, 05 de Junio de 2.002”.

Asimismo adjunta la actora a fs. 7/8 estado de cuentas del Sanatorio Sarmiento S.R.L., en el que se enumera una serie de certificaciones con sus montos, documentación que no puede ser tenida en cuenta, ni considerada parte integrante del instrumento que se ejecuta, ya que el título que se ejecuta es una “factura conformada”, la que debe bastarse a sí misma y ser completa.

Ahora bien, se observa que el instrumento base de la acción, es un recibo impreso, al que la actora pretendió unilateralmente cambiarle su naturaleza mediante tachaduras, para transformarlo en una factura.

Instrumentos que poseen una naturaleza jurídica distinta y no pueden ser asimilados, ya que exteriorizan relaciones jurídicas y comerciales totalmente opuestas, insusceptibles de equiparación. Mientras la factura es un título no formal emanado por una de las partes, generalmente en formulario o papel con su membrete, en el cual se consigna la fecha y se detalla la cantidad, calidad y precio de los objetos sobre los cuáles recae el negocio. El recibo es un explícito reconocimiento por parte del otorgante de haber percibido la prestación debida, de allí la efectiva convicción que produce dicho medio probatorio con respecto a los hechos extintivos de la pretensión incoada por el demandante. El recibo es, sin duda, el medio más idóneo para acreditar la percepción de una suma de dinero. Es un instrumento mediante el cual quien lo suscribe, en cualquier carácter, presta con su firma la conformidad de haber efectivamente recibido los importes indicados.

Tiene dicho la jurisprudencia que “El recibo consiste en una constancia escrita emanada del acreedor, sea en instrumento público o privado, de haber recibido el pago de la misma obligación que le era debida; constituyendo en definitiva un reconocimiento -acto unilateral de aquel- que el mismo se ha hecho efectivo. Entre acreedor y deudor, el recibo reconocido por su otorgante, constituye una plena prueba de la existencia del pago a que alude; de modo que al acreedor que impugne la validez del recibo le corresponderá probar la causal invocada -error, dolo o violencia en el otorgamiento, la falsificación, etc. que explique por qué el pago no tuvo lugar pese a las constancias del documento respectivo”. (C. Civ. y Com. Especial La Plata, “C., L. B. s/recurso ley 9671. Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires”, 26/09/2.002).

Y en cuanto a las tachaduras que contiene el título, las que no fueron salvadas por la actora luego de su firma, podemos decir que estas existen cuando se ha alterado el texto de un título por haber sido transformado con tachones, borraduras, enmiendas, adiciones, mutilaciones, raspaduras, que importan la modificación de alguno de los elementos esenciales o facultativos de aquél, modificándose su contenido intelectual y efectos jurídicos. Y tratándose de un instrumento «privado» confeccionado como recibo, pesaba sobre la actora que pretende otorgarle otra naturaleza, rebatir la manifestación del contrario, con prueba idónea, carga incumplida por la interesada.

Al respecto ha dicho la jurisprudencia, en circunstancias que si bien se refieren a un pagaré, resultan aplicables a la materia en análisis “Existe alteración en los términos del decreto ley 5965/1963 art. 88 cuando el texto del título ha sido transformado por tachaduras, borraduras, enmiendas, adiciones, mutilaciones que importen la modificación de alguno de los elementos esenciales o facultativos de aquel, en su contenido intelectual y efectos jurídicos. Al respecto, se ha dicho sobre la materia específica que la alteración de un instrumento es un avatar que modifica el contrato en cualquiera de sus partes o en todos sus aspectos, sea cual fuere la modalidad que adquiera: cambiando el número o la relación entre las partes, completando un instrumento en forma distinta de la autorizada o bien, añadiendo algo o quitándole cualquier parte luego de su creación. Y en tal sentido, se ha dicho también que la ley no habla de falsificación sino de alteración en orden a la mayor amplitud que este último concepto posee (conf. Cámara, Héctor, «letra de cambio y vale o pagaré», t. 1, p. 486 y ss.). (C. Nac. Com., Sala A, Zaccarías, Enrique v. Vegas, Juan s/ejecutivo, 05/09/2.006).

“Cuando en el documento original o en su copia aparece con enmendaduras, tachaduras, alteraciones o entrerrenglonaduras, éstas carecen de valor probatorio en tanto y en cuanto no aparezcan salvadas mediante notas puestas al margen o al fin y firmadas por las mismas partes del documento. (C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, “Nocetti, Héctor A. v. Dell´Acqua Luis A. s/ Cobro ejecutivo”, 27/11/1996).

De manera que en la especie se ha alterado la regularidad del instrumento en uno de sus requisitos esenciales, como ser el tipo de título que se ejecuta, porque la ley otorgaba vía ejecutiva a la “factura conformada” y no al “recibo”.

Además se constata que el título está incompleto ya que: 1) Sólo hace una breve referencia al objeto que se pretende cobrar “certificaciones y escritura desistida”, cuando la factura debe detallar la cantidad, calidad y precio de los objetos sobre los cuáles recae el negocio. 2) No contiene fecha de vencimiento, no pudiéndose determinar desde cuando está incurso en mora el deudor. 3) La conformación otorgada por el Colegio de Escribanos es inconsistente, haciendo sólo referencia a que “responde a los valores normales para tal tipo de actos”, cuando es imposible determinar del contenido del instrumento la cantidad de certificaciones o escrituras que otorgó la notaria que pudieran ascender a $8.250.

De manera que el título que se ejecuta, no reúne la totalidad de los requisitos previstos tanto en nuestro digesto procesal como en la ley notarial, ya que contiene tachaduras en uno de sus elementos esenciales las que no fueron salvadas por la actora, no se basta a sí mismo y se trata de un recibo, cuando la ley 5.732 exige que sea una factura.

También, dada la naturaleza del instrumento que se ejecuta, el que es emitido unilateralmente por la actora, sin que el demandado pueda observarlo previo al inicio de la acción, ni siquiera es aplicable en subsidio el régimen de la factura comercial contenida en el art. 474 del Cód. de Comercio, que otorga a aquéllas eficacia probatoria del negocio que instrumentan, cuando dispone que: si el comprador no reclama las facturas dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo, se presume que se trata de cuentas liquidadas y dicha presunción es iuris tantum. Norma jurídica inaplicable en este caso por no tratarse de factura que deba ser aceptada por la contraparte.

Conclusiones que no resultan enervadas con las pruebas producidas en la causa.

Como ser, el informe remitido por el Colegio de Escribanos que se glosa a fs. 424/425, el que nada agrega a la cuestión debatida, por cuanto por un lado se limita a describir la normativa aplicable en la materia, lo que ya es conocido por la suscripta, quien aplica el derecho, y por otro lado expone que el Colegio podrá certificar tanto una factura u otro documento equivalente, lo que resulta inadecuado, por cuanto la ley notarial expresamente dispone que debe tratarse de una “factura”. Además, por supuesto que los notarios pueden emitir facturas y recibos ya que se tratan de dos instrumentos totalmente diferentes utilizados para reflejar distintas clases de operaciones jurídicas o comerciales, lo que no está en discusión.

Respecto a los informes solicitados por la actora en el cuaderno Nº 1, para que distintas entidades bancarias de la provincia informen sobre las cuentas que posee y si figuran registros de algún giro bancario realizado por el Sanatorio Sarmiento S.R.L. a su nombre, informes que se agregan a fs. 293/294, 322 y 324, dicha prueba resulta inidónea para acreditar lo pretendido por la actora, ya que se trata de probar un hecho negativo, como ser la no percepción de suma alguna de dinero. Y los hechos que exceden la simple negativa, deben ser probados por quien los alega, carga que en este caso correspondía al demandado quien aseveró haber abonado la deuda.

En cuanto a la prueba pericial contable ofrecida por la actora en el cuaderno Nº 4, en el dictamen pericial presentado a fs. 392/393 por la CPN Margarita Emilia Leone de González, la experta manifiesta que no se ha podido acceder a ninguna documentación legal, contable y fiscal de la empresa demandada, ya que conforme constancia de denuncia policial del 10/06/2.009, el subsuelo donde se encontraba el archivo de la empresa sufrió una ruptura de cañería, perdiéndose toda la documentación previsional, fiscal y contable de los años 2.000 al 2.008.

Además cabe remarcar, que el demandado en el cuaderno de prueba Nº 3 solicitó se oficie a la AFIP a fin de que informe si el título que se ejecuta cumple con las normativas vigentes y si en la declaración jurada de la actora consta la emisión de la factura, informe que no fue contestado por la institución, ya que según manifiesta el demandado el oficio no pudo ser evacuado, por cuestiones de secreto profesional. No obstante ello, el ejecutado pretendió con la documentación agregada a fs. 407/413 y con el escrito presentado el 19/02/2004, contestarse a sí mismo el informe, (cuestión que por proveído del 26/02/2004 fue reservada para esta oportunidad), lo que resulta contrario a derecho y violatorio de las normas adjetivas previstas en nuestro Digesto Procesal, por cuanto el art. 353 expresamente dispone que los informes deben ser evacuados por oficinas públicas, escribanías, bancos, asociaciones, sociedades, etc. y no por la propia parte que lo solicita, por ello, no puede ser tenido en cuenta.

Asimismo, manifiesta la actora que el demandado ni siquiera contestó las cartas con imposición de contenido, cursadas por la escribana Noemí Mopti de Baumann el 22/11/2001, por las cuales intimó el pago de lo adeudado (véase fs. 9/10). Ahora bien, el silencio en principio no implica manifestación de voluntad, por cuanto el art. 919 del C.C. establece que: “El silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes”, y la situación de autos no queda comprendida en las excepciones expresamente previstas en dicho artículo, por ende, el hecho de que el Sanatorio no haya contestado las misivas no implica conformidad, ni tiene entidad para presumir que haya aceptado tácitamente el importe reclamado.

Atento lo considerado, el instrumento que se pretende ejecutar no reúne los requisitos necesarios para ser considerado título ejecutivo, razón por la cual, se rechaza la presente ejecución.

En cuanto a las costas, resulta prudente y equitativo apartarse del criterio objetivo de la derrota para distribuir las costas por su orden, atento al resultado obtenido, donde existen vencimientos recíprocos (arts. 550 y 108 del C.P.C.)

POR ELLO,

RESUELVO:

I) Rechazar la excepción de pago total opuesta por el demandado.

II) Declarar de oficio la inhabilidad del título obrante a fs. 17 de autos. En consecuencia, se rechaza la presente ejecución seguida por C… en contra del SANATORIO SARMIENTO S.R.L.

III) Costas por su orden.

IV) Reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

DRA. ANA C. PIZZICANELLA BLASI. JUEZ.

*H101814408148*

H101814408148

Provincia de Tucumán

Y VISTO: los autos: «Triviño López José Mauricio y otros vs. Trivitrucks S.A. y otros s/ Simulación«, en el cual se ha producido un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Civil y Comercial Común de la IIIª Nominación y el Juzgado de Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación; y

C O N S I D E R A N D O :

I.- La señora Jueza Civil y Comercial Común de la IIIª Nominación hizo lugar a la excepción de incompetencia interpuesta a fs. 135/137 por la coaccionada, conforme se desprende de la sentencia del 24 de julio de 2020 (ver fs. 275); con base esencialmente en que la demanda tiene por propósito, mediante acción de simulación, hacer ingresar un inmueble al acervo hereditario del sucesorio de José Daniel Triviño que tramita por ante el Juzgado de Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación.

II.- A su turno, el señor Juez de Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación entendió que no opera el fuero de atracción del art. 2336 del CCyC (ex art. 3284 inc. 4 del CC) en relación al juicio sucesorio del causante José Daniel Triviño que efectivamente tramita por ante ese juzgado del fuero de familia y sucesiones (bajo expte. 6587/14); toda vez que, si bien los actores José Mauricio Triviño López y Alexia Sabrina Triviño López y la accionada Alejandra Lahorca revisten el carácter de herederos declarados en el sucesorio aludido (los dos primeros en carácter de hijos y la última en tanto cónyuge supérstite), también ha sido demandado Ariel Alfredo Lahorca, que resulta ser tercero ajeno al proceso universal señalado. Lo mismo cabe predicar respecto de la firma Trivitrucks S.A. y del Escribano Nicolás F. Odstrcil, supuestamente intervinientes en el negocio impugnado por fraudulento. Además, determinaría la incompetencia del Juzgado de Familia y Sucesiones de la IIIª nominación, el hecho de que el inmueble implicado se encuentra en cabeza de un tercero, o sea, no integra el acervo hereditario (ver fs. 277).

III.- La cuestión de competencia suscitada ha sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Ministro Fiscal, por el que se aconseja la competencia del Juzgado en Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación; cuya conclusión se comparte y a cuyos fundamentos se remite (fs. 278 y vta.).

Sucintamente cabe anotar que para llegar a tal consideración, el Ministerio Público relata que se trata de un juicio de simulación y nulidad promovido por los actores en contra de Trivitrucks S.A. y Alejandra Lahorca y Ariel Alfredo Lahorca, por la venta simulada de un inmueble de la Sociedad Anónima Trivitrucks, afectándose de modo fraudulento la legítima que le corresponde a los herederos forzosos.

El codemandado Ariel Alfredo Lahorca planteó excepción de incompetencia, arguyendo que, estando abierto el juicio sucesorio de José Daniel Triviño y de conformidad con el fuero de atracción, corresponde la competencia al Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III nominación, a tenor de lo reglado en el art. 72 inc. 3 de la LOPJ.

El Ministerio Público razona aplicable a la especie lo dispuesto en el art. 3284 inc. 1 del Código Civil, en tanto se trata de una demanda entre coherederos sobre objeto vinculado al acervo hereditario. Tal conclusión -a criterio del Ministerio Fiscal- armoniza con lo prescripto en los arts. 2335 y 2336 del CCyC, en donde se instituyen reglas sobre competencia del fuero de atracción, enfatizándose que el proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores y determinar el contenido de la herencia.

IV.- Recientemente esta Corte juzgó: «Se entiende que la competencia le corresponde al fuero sucesorio, toda vez que concurren en el caso los presupuestos para que opere el fuero de atracción del juicio universalesto es, demanda entre coherederos sobre un bien vinculado al acervo hereditario (cf. art. 3284, inc. 1°,CCiv. derogado y arts. 2335, 2336 y ccs., CCyCN). Y, conforme fuera resuelto por la Corte Provincial, con distinta integración, ‘debe considerarse incluido en este artículo [art. 3284, inciso 1°, CCiv.] las demandas de simulación entre coherederos que llevan como finalidad obtener la colación de un bien’ (CSJT, 30/8/2004, ‘López, Armando Andrés c/ López, César Julio y otros s/ Simulación’, -Sentencia n° 623-)» (CSJTuc., sentencia N° 304 del 29/5/2020, en «Argañaraz Fidel-Costilla Carmen Aquilina-Argañaraz Raúl Sisto-Argañaraz María Esther vs. Argañaraz Fernando Antonio s/ Nulidad»).

V.- En virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, corresponde que el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III nominación del Centro Judicial Capital continúe interviniendo en la presente causa.

Por ello, se

R E S U E L V E :

DECLARAR COMPETENTE al Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación del Centro Judicial Capital para que entienda en los autos del epígrafe, conforme lo considerado. En consecuencia, remítansele a tal fin los actuados por intermedio de Mesa de Entradas. DISPONER que se protocolice, adjunto a la presente, el dictamen del señor Ministro Fiscal.

HÁGASE SABER.

SUSCRIPTA Y REGISTRADA POR LA ACTUARIA/O FIRMANTE EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EN LA FECHA INDICADA EN LA CONSTANCIA DE LA REFERIDA FIRMA DIGITAL DE LA ACTUARIA/O.

SENTENCIA FIRMADA DIGITALMENTE POR: DRA. CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (PRESIDENTA), DR ANTONIO D. ESTOFÁN (VOCAL), DR. DANIEL OSCAR POSSE (VOCAL), DR. DANIEL LEIVA (VOCAL), DRA. ELEONORA RODRÍGUEZ CAMPOS (VOCAL). ANTE MÍ: CLAUDIA MARÍA FORTÉ (SECRETARIA) MEG

INUSUAL especial reconocimiento y felicitación a los funcionarios y personal del tribunal. Tómese nota en el legajo de cada uno de ellos, póngase en conocimiento de la Presidencia de la Cámara –a cuyo fin líbrese oficio– y notifíquese personalmente a los interesados.

1.1.La contabilidad

El contador certificante de la documentación que aportó “Hope Funds” en los términos del art. 72 LCQ expresamente refirió que “…debido a demoras de carácter técnico administrativas, existe un atraso en las registraciones contables que hace que los últimos estados contables emitidos por la Sociedad –en alusión a “Hope Funds”–sean los correspondientes al cierre 31 de diciembre de 2014” (ver fs. 69); esto es, con una antelación de casi dos años de la fecha de cierre utilizada para confeccionar los informes (15/12/2016). Ello guarda relación con lo informado por la IGJ a fs. 545, en punto a que el último balance presentado ante dicho organismo es el correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013.

A fs. 795 obra agregado un informe del Secretario del tribunal (de fecha 20/03/2017) del que se desprende que en oportunidad de proceder a la intervención de los libros traídos por “Hope Funds”, se efectuó una vista preliminar y se advirtió que: i) el último registro del Libro de Sueldos y Jornales es de diciembre del año2012; ii) de los registros de las hojas móviles del libro Sueldo –Ley 20744, art. 52–surge una hoja sin numerar y no se acompañaron las páginas 240/244 de las 500 quela deudora dijo acompañar; iii) las páginas 4/5 del Libro de Actas de Asambleas se encuentran anuladas; iv) en la página 14 del Libro de Actas de Asambleas aparece registrada el acta de asamblea ordinaria N° 7 del 11/03/2013 que se encuentra tachada con la leyenda “ERROSE” en lápiz; v) la página 13 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas se encuentra anulada; vi) en la página 13 del libro de Actas de Directorio figura una reunión celebrada el 27/10/2017 –no solo posterior a la fecha en que “Hope Funds” presentó sus libros y ala de confección del informe sino también ulterior a la fecha de estepronunciamiento–; vii) la registración de la página 23 del Libro Actas de Directorio no aparece cronológicamente; y viii) las operaciones registradas en el Libro Diario son del año 2014 y la rúbrica del libro en cuestión es del 04/01/2016.

Cabe resaltar al respecto que la deudora nada precisó y ni siquiera refirió ni demostró haber efectuado los correspondientes contraasientos de esas anomalías (exigidos por el art. 324 CCCN –Ley 26994–).

Estas irregularidades impiden considerar que la información contenida en el “ESTADO COMPILADO DEACTIVOS Y PASIVOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016” –presentado por “Hope Funds” a fs. 67/79 y que adecuó a fs. 631/647 ante el requerimiento del Tribunal de fs. 539/540– comprenda un “estado del activo y pasivo actualizado” a la fecha de confección del informe en cuestión tal como lo exige el art. 72 inc. 1º LCQ.1.2.

El activo denunciado

En cuanto al activo denunciado en las aludidas certificaciones contables, se advierte que se informó que “Hope Funds” sería propietaria de un solo rodado (verfs. 76), aunque no se acompañó el informe de dominio de la referida unidad –tal como se le requirió a fs. 539/540– sino la copia simple de la cédula verde del vehículo dominio KTQ562 (v. fs. 612/613). Sin embargo, en los autos Casal, María Eugenia c/ Hope Funds SA s/ ejecutivo (COM 16250/2016) –en los que se promovió la ejecución de un reconocimiento de deuda y se solicitó como medida cautelar el embargo de cuatro vehículos que se denunció que serían de “Hope Funds”– se presentaron informes de estado de dominio emitidos el 02/03/2017 de los que surge que “Hope Funds” también es propietaria del 100 % de las unidades identificadas con los dominios LXY308, NDW550 y GRF059 (fs. 57, 63 y 66, respectivamente).Aclaro que las referidas actuaciones tramitan ante el Juzgado N° 29, Secretaría N° 57del fuero pero fueron enviados al Tribunal a mi cargo en los términos del art. 21 LCQ y ya se devolvieron en razón de que la LCQ no prevé el fuero de atracción para el caso del APE.

Se advierte además que si bien “Hope Funds” informó que la participaciónaccionaria permanente que tendría en otras cinco sociedades –Grileon SA,Emprendimiento Recoleta SA, Auditorio de Buenos Aires SA, Pro MerchandisingSA y Hope Funds Perú SA– al 06/02/2017 ascendería a $ 172.081.677, lo cierto esque dichos cálculos se efectuaron en base a estados contables de esas sociedadescerrados el 31/07/2015 –en el caso de Grileon SA– y el 31/12/2014 –en lo querespecta a las demás sociedades– (fs. 75/76). Por otro lado, frente a un requerimientodel tribunal (fs. 539/540), con una certificación contable emitida el 24/02/2017 seamplió esa información e inexplicablemente se modificaron las participacionesrespecto de Emprendimiento Recoltea SA, Pro Merchandising SA y AuditorioBuenos Aires SA (fs. 642) y se denunció la supuesta participación permanente enotras 30 sociedades más. En tercer lugar, llama poderosamente la atención que una compañía como“Hope Funds” que participa en sociedades y emprendimientos que supuestamente enconjunto facturarían por año U$S 72.500.000 y $ 275.300.000 –según lo queexpresamente refirió a fs. 1926/1935– carezca de activo corriente y no hayadenunciado ser titular de cuentas bancarias. Ello se desprende del estado compiladode activos y pasivos presentado (v. fs. 71 y 632). Cabe destacar en este sentido queen varios de los pedidos de quiebra que se promovieron antes de la presentación delacuerdo, la deudora ofreció depositar a embargo considerables sumas de dinero –porejemplo en el pedido de quiebra promovido por María Inés Torres en el que el26/12/2016 ofreció depositar U$S 21.014,50 (COM 19762/2016) y por HaydeeMaría Ponzio en el que el mismo 26/12/2016 ofreció depositar U$S 268.073,68(COM 18881/2016)–. Por último, no puede dejar de observarse que el propio Directorio de “HopeFunds” le reconoció al contador interviniente que podrían existir otros activos quepodrían no estar identificados a la fecha de elaboración del informe (ver fs. 69). Ycuando se le requirió a la deudora que identifique cuáles serían esos activos mediantela providencia de fs. 539/540, ésta nada precisó (ver presentación de fs. 675/676). Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 591.3. El pasivo denunciadoObservo que en el informe contable presentado por la deudora el 15/02/2017tan solo se identificaron 99 acreedores. El tribunal advirtió que solo se habíaninformado aquellos acreedores que suscribieron el acuerdo, por lo que requiriómediante la providencia de fs. 539/540 que –de conformidad con lo establecido porel art. 72 inc. 2° LCQ– identifique la totalidad de acreedores. Frente a ello, el03/03/2017 la deudora presentó otra certificación contable que se habría efectuado el24/02/2017, de la que surge que tendría un total de 393 acreedores de los cuales 323serían acreedores quirografarios (ver fs. 648/674). En infracción a lo exigido por el art. 72 inc. 2° LCQ, el contador certificanteno detalló el respaldo documental en el que basó su afirmación de que no existiríanotros acreedores registrados. Y si bien esa aseveración solo pudo tener como sustentola información contable de la deudora, lo cierto es que, como se señalóanteriormente, no se encuentra actualizada. En este punto cabe resaltar la sustancial discordancia entre los acreedoresdenunciados por la deudora (primero 99 y luego 393) y la cantidad de personas quese presentaron en el caso invocando la calidad de acreedores, tanto para oponersecomo para adherir al acuerdo (más de 1000). Y llama la atención la liviandad conque la deudora, frente a este hecho, ofreció la producción de prueba pericialcaligráfica (para que se determine si las firmas de los contratos invocadoscorresponden a apoderados de su parte, pues no se han podido constatar con susregistros internos) y pericial contable (para determinar la entrega del dinero a suparte), cuando sus registros contables se revelaron totalmente desactualizados. Porende, la información que pueda recabar el perito revelará las mismas falenciasexistentes en la documentación aportada y ello pone en evidencia su inconducencia.Además, respecto de los acreedores que surgen de la aludida certificacióncontable, se destaca que no se acompañó la documentación sustentatoria de esoscréditos y nada precisó en relación al régimen de exclusión previsto por el art. 45LCQ; extremos que le fueron requeridos por el tribunal mediante la providencia defs. 677/679. Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59Se advierte también que en la primer certificación contable referida al“MONTO DE CAPITAL Y DE LOS ACREEDORES CON ACUERDO Y SUPORCENTAJE RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LOS PASIVOS” efectuadael 06/02/2017, a fin de acreditar el cumplimiento de las mayorías exigidas por el art.72 inc. 5° LCQ se informó que el total del pasivo ascendería a $ 176.196.477 (ver fs.96). Sin embargo, en la segunda certificación que acompañó la deudora el24/02/2017 a requerimiento del Tribunal, se informó que la totalidad de su pasivoascendería a $ 451.043.908. De ello se deduce que “Hope Funds” originalmentehabría omitido denunciar cuanto menos $ 274.847.431 que conformarían su pasivo,lo cual no fue explicado ni aclarado.En la certificación contable de fs. 648/674 que –como ya se advirtió a fs.677vta– carece de legalización por parte del Consejo Profesional de CienciasEconómicas de la Ciudad de Buenos Aires, no aparece incluida la totalidad de losacreedores. En efecto, a modo de ejemplo se resalta que no fueron incluidos: i) NoraGilda Cataldi, a pesar de que a fs. 184/185 de los autos Hope Funds SA le pide laquiebra Cataladi, Nora Gilda (COM 16937/2016) se había juzgado –por decisiónque se encuentra firme– que el crédito allí reclamado de U$S 88.240,63 resultabaexigible; y ii) Alejandro César Carassale, respecto de quien en el pedido de quiebracaratulado Hope Funds SA le pide la quiebra Carassale, Alejandro Cesa y otros (COM17734/2016), la deudora reconoció la deuda de U$S 3.033,03 reclamada en concepto devencimiento de la primera y segunda cuota del contrato de mutuo que habían celebrado yofreció su respectivo pago.Se destaca asimismo que durante la tramitación de las presentes actuacionesla propia deudora presentó más acuerdos suscriptos con otros presuntos acreedores.En ese sentido se advierte que el 27/04/2017 acompañó 410 nuevas adhesiones alacuerdo (fs. 43870), las que sumadas a las 99 que había denunciado originalmentesuperan la cantidad total de acreedores que surgen de la información contableaportada –393 acreedores de los cuales 323 serían computables en los términos delart. 73 LCQ–.

Añádase que algunos de los acuerdos arrimados el 27/04/2017 habrían sido suscriptos con sujetos que ni siquiera fueron identificados como acreedores en la certificación contable del 24/02/2017 (ver fs. 648/674). En ese sentido se menciona como ejemplo a Claudia Bellagamba, María Mercedes Martínez Toledo, Alicia Gutiérrez, Fabio Daniel Branca, Federico Joaquín Forns, Horacio Rodolfo Cardieri –entre muchos otros–.Y como si todo ello fuera poco en orden a las omisiones en que incurrió “Hope Funds” al denunciar la conformación de su pasivo, su Directorio también le reconoció al contador interviniente que, además del pasivo denunciado, podrían existir otras deudas no identificadas a la fecha de elaboración del informe (fs. 69).

Y sobre ello nada precisó la deudora frente al requerimiento del tribunal de fs. 539/540.1.4.

Conclusión en cuanto a la información aportada

Lo visto hasta aquí revela que:

i) el estado de activo y pasivo al 15/12/2016 que presentó “Hope Funds” no se encuentra “actualizado” a la “fecha de corte” del instrumento, tal como lo exige elart. 72 inc. 1° LCQ;

ii) el contador certificante no basó su aseveración de que “no existen otros acreedores registrados” en ningún respaldo documental sino simplemente en registros contables absolutamente desactualizados;

iii) se detectaron activos no denunciados (tres automotores); inconsistencias y contradicciones en las participaciones accionarias que detentaría la deudora en otras sociedades; inexistencia de activos corrientes, pero en contraposición se habría ofrecido depositar sumas en efectivo en pedidos de quiebra, así como reconocimiento del propio Directorio de que podrían existir activos no identificados;

iv) existen inconsistencias y contradicciones en la denuncia del pasivo (en un primer momento se identificaron

El régimen del APE afecta la inoponibilidad contractual consagrada en el art.1021 CCCN –Ley 26994– al contemplarse en el art. 76 LCQ los efectos de un contrato a terceros que no participaron en el mismo, sin tener paralelamente un sistema de controles como los que hay en la convocatoria de acreedores

3. Por ello adquiere vital relevancia la información que pueda brindar adecuadamente el deudor, ya que constituye uno de los presupuestos básicos para el buen funcionamiento de este remedio

4. No puede soslayarse que el sistema de información y control que existe en el APE es notoriamente menor que en el caso del concurso preventivo. Véase que no existe compulsa de libros e investigaciones por parte de un síndico, ni insinuación de acreedores bajo el control e impugnación del resto de los acreedores, sino solo un limitado sistema de oposiciones. De ello se deriva su potencialidad para ocultar situaciones graves y fraudulentas, atento el déficit informativo y de control apuntado

5.Por ende, la información aportada por el deudor debe ser verídica y consistente a fin de conocer con la mayor exactitud y transparencia el patrimonio y las actividades que desarrolla en sus negocios, tanto en el pasado como en el presente, así como también en su proyección futura

6. Es por ello que debe exigirse la mayor exactitud y completitividad en la información7. Esto es así ya que a partir de lamisma, por un lado, los acreedores decidirán si prestan su conformidad al acuerdo osi se oponen y, por otro, el juez podrá ejercer el control jurisdiccional y decidir si lohomologa o no el acuerdo.3HEREDIA, P. D.: “El acuerdo preventivo extrajudicial según las reformas introducidas por la ley25.589”, ob. cit., p. 1214/1215.4HEREDIA, P. D.: Tratado Exegético de Derecho Concursal, Ed. Ábaco, Bs. As., T° III, 1998, p.572.5SEGAL, R.: Acuerdos preventivos extrajudiciales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 70;ANCHÁVAL, H.A.: “Deudores sin contabilidad y registros contables ¿Pueden recurrir al APE?”,revista La Ley, 2007-D, p. 739.6 ANICH, J.: “La información en el acuerdo preventivo extrajudicial”, revista La Ley, 2004-A, p. 527;v. también el trabajo de FLORES, F. M.-JUNYENT BAS, F.: “Los deberes informativos del deudorapista y la naturaleza abusiva de la propuesta: dos situaciones que menoscaban el Acuerdo PreventivoExtrajudicial (A.P.E.)”, revista La Ley, 2006-D, p. 2112.7 JNCom. N° 9, 02/08/2004, Acindar Industria Argentina de Aceros SA s/ acuerdo preventivoextrajudicial.Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59Lo hasta aquí expuesto, además de constituir una clara infracción a losrequisitos para la homologación que el art. 72 LCQ exige presentar al deudor,impone concluir que mediaron omisiones y en algunos casos ocultaciones del activoy del pasivo, lo cual priva a los acreedores del ejercicio de sus derechos e impide queel juez pueda ejercer el control que le compete para establecer con precisión lacantidad total de acreedores, el monto de sus créditos y el pasivo quirografario total.Esa falta absoluta de transparencia e información –que quedó evidenciada con lainusitada cantidad de oposiciones registradas– imposibilita comprobar si se verifica(o más bien corrobora que no se alcanzó) el régimen de doble mayoría exigido por elart. 73 LCQ para que el acuerdo preventivo extrajudicial pueda ser homologado. 2. ANÁLISISDELACUERDO2.1. Los términos del acuerdo sometido a homologación judicialSi bien lo juzgado en el apartado precedente es suficiente para desestimar lapretensión homologatoria del acuerdo preventivo extrajudicial presentado por “HopeFunds”, no puedo dejar de señalar algunas particularidades en relación a los términosdel acuerdo suscripto. “Hope Funds” propuso “…la dación en pago o transferencia ocesión de derechos, cuotas partes, porción ideal o condómino del estatuto debeneficiario, o frutos de bienes fideicomitidos, de propiedad del deudor en sucarácter de beneficiario y fideicomisario del FIDEICOMISO DEADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA VERAZUL” (fs. 6vta). Agregó que esosderechos –cuya cesión o dación en pago ofreció– le corresponden según EstatutoConstitutivo de Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Verazul.Explicó en este sentido que en el considerando vi, párrafo ii se estableció“Liquidar y abonar a los BENEFICIARIOS ‘A’ los ingresos dinerarios excedentesgenerados por el EMPRENDIMIENTO en proporción a su participación”. Y agregóque el artículo 1.3 estableció que los Beneficiarios “A” son Hope Funds SA en un50%; Hope Funds Holding SA en un 45%; y Grileon SA en un 5%, o sus cesionarios,quienes luego de adjudicados y/o vendidos la totalidad de los Lotes delFecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59emprendimiento y cancelados la totalidad de los pasivos del Fideicomiso, recibirán elremanente o producido del mismo. Precisó que el fideicomiso aludido fue constituido mediante las escrituras alas que allí aludió y que acompañó en copia certificada. Y resaltó que tanto HopeFunds Holding SA como Grileon SA prestaron su conformidad y adhirieron a lostérminos del acuerdo cuya homologación pretende.2.2. Interpretación en cuanto al alcance de las obligaciones asumidasExtraigo dos posibles interpretaciones en cuanto al alcance de lasobligaciones asumidas en el acuerdo. Por un lado, lo que “Hope Funds” le ofrecería asus acreedores sería transferirles la propiedad de los terrenos que forman parte delproyecto inmobiliario denominado “Verazul”, por su condición de beneficiaria delmismo. O, por otro, que la deudora estaría ofreciendo ceder los derechos que lecorresponden como beneficiario del fideicomiso de administración. En relación a la primer interpretación –esto es, que el acuerdo involucraría latransmisión de la propiedad de los terrenos que forman parte del emprendimientoinmobiliario denominado “Verazul”–, cabe resaltar que si bien con el ejemplar delcontrato de fideicomiso que se acompañó a fs. 99/142 se acreditó la calidad debeneficiarios del fideicomiso de “Hope Funds”, Grileon SA y Hope Funds HoldingSA (ver punto 1.3.a), no se acompañaron las actas de asambleas de Grileon SA yHope Funds Holding SA mediante las que debió aprobarse la cesión de los activos. Pero lo relevante es que esa propuesta resultaría de imposible cumplimiento,en tanto que se contrapone con lo establecido por el art. 1685 del CCCN –Ley26994– que establece que los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonioseparado del patrimonio –en lo que aquí interesa– del beneficiario. En ese contexto,se estaría en presencia de un acto jurídico cuyo objeto constituye un hecho prohibidopor la ley (art. 279 CCCN –Ley 26994–) y que, como tal, no podría ser homologado.En cambio, si el contenido del acuerdo comprendiera la cesión de losderechos que le corresponden a “Hope Funds” como beneficiaria del fideicomiso deadministración inmobiliaria “Verazul” para que con el producido económico de laventa de los terrenos los acreedores salden sus créditos, cobra fundamentalFecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59relevancia el hecho de que la propia deudora haya denunciado en autos que elemprendimiento inmobiliario del “Fideicomiso Verazul” se encuentra paralizado porcarecer de las habilitaciones y permisos necesarios para su desarrollo. Y no puedesoslayarse que no acreditó haber obtenido las autorizaciones gubernamentalescorrespondientes para la continuación de la obra. Sumado a ello, se destaca que ni siquiera demostró haber iniciado algunagestión tendiente a solucionar aquella situación y tampoco aportó elementos quepermitan comprobar el estado en que se encuentra el emprendimiento en cuestióncomo para establecer si es posible que quede algún remanente de dinero en favor delos acreedores. Ello constituye un dato relevante si se tiene en cuenta que en elcontrato de fideicomiso se estableció que el remanente o el producido seríatransferido a “Hope Funds” y los restantes Beneficiarios A –en alusión a Grileon SAy Hope Funds Holding SA– luego de transferidos la totalidad de los Lotes a losBENEFICIARIOS “B” –los compradores de los Lotes– y canceladostodoslospasivosdelFideicomiso (v. punto vii del contrato, a fs. 100).En ese contexto y teniendo particularmente en cuenta que medió ocultacióndel pasivo, no parece descabellado considerar que probablemente no fuera a quedarremanente alguno del fideicomiso en favor de los acreedores. O, eventualmente, queel producido que pudiera quedar sería sumamente escaso en función de la cantidad desujetos que podrían reunir la calidad de acreedores. A la luz de ello, en tanto que laoponibilidad del acuerdo en esas condiciones a todos aquellos que se opusieron a suhomologación bien podría ocasionarles un perjuicio excesivo, cabe considerar queresultaría abusivo y, como consecuencia de ello, tampoco podría ser homologado poresta razón (art. 52 inc. 4° LCQ).2.3. Conclusión en cuanto al contenido del acuerdoDe conformidad con el art. 71 LCQ rige la libertad de contenido para lacelebración de acuerdos que se presenten a la homologación. Por ende, el deudortiene amplias facultades para acordar las modalidades con sujeción a las cualesintentará superar su cesación de pagos o sus dificultades económicas o financieras. Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59Pero, como cualquier derecho, debe ser ejercido de manera regular (art. 10CCCN –Ley 26994–) y sin abuso o fraude (art. 52 inc. 4° LCQ), lo cual cobraespecial relevancia en el caso por los efectos expansivos de los acuerdos alcanzadosa todos los acreedores (arts. 56 y 76 LCQ). Es por ello que el juez cuenta con ampliasfacultades para establecer si ha existido o no un ejercicio abusivo de un derecho, paralo cual debe tener en cuenta, entre otros elementos, si ha existido intención de dañar,si el perjuicio ocasionado es anormal o excesivo, si se ha actuado de manerairrazonable o si la conducta es contraria a la moral y las buenas costumbres8.En este sentido no puede admitirse que una sociedad como “Hope Funds”,que supuestamente participa en sociedades y emprendimientos que en conjuntofacturarían por año U$S 72.500.000 y $ 275.300.000 –según lo que expresamenterefirió a fs. 1926/1935–, a fin de superar las dificultades económicas y financieras decarácter general que atraviesa solo comprometa la cesión de beneficios económicosque aparecen inciertos en atención al estado en que se encontraría el emprendimientoinmobiliario en cuestión. En definitiva, por todo lo expuesto en este apartado, cabe concluir que aunquese soslayen las deficiencias informativas advertidas, así como la falta de mayoríaslegales, de todas formas no pueda convalidarse judicialmente el acuerdo por resultarabusivo para los acreedores que no suscribieron el mismo. 3. CONCLUSIÓNYACLARACIÓNSOBRELACUESTIÓNDECIDIDAComo corolario de lo visto hasta aquí, se admitirán las oposiciones deducidasy se denegará la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial celebrado por“Hope Funds”. Por ende, se declarará concluido el trámite y, una vez firme, cesaránlas medidas dispuestas al inicio en cuanto a la suspensión de las acciones decontenido patrimonial.Cabe aclarar que, en tanto que el litigio se decide de ese modo, es innecesarioingresar en el conocimiento de los planteos formulados por diversos acreedoresvinculados, entre otros, a la designación de una sindicatura ad-hoc, un veedor, un8 CNCom., sala B, 31/10/2005, Romi SRL s/ Acuerdo Preconcursal; BORDA, G.: Tratado deDerecho Civil Argentino, Abeledo Perrot, T. I, 1970, p. 50 y sigs.Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59perito contador o un especialista en lavado de dinero, a la inconstitucionalidad delAPE, la de dar intervención previa al BCRA y a la CNV, la de oficiar a la ANSES, lade decretar la inhibición general de bienes y la interdicción de salida del país de losintegrantes de los órganos de administración, la de declarar la inoponibilidad de lapersonalidad jurídica de “Hope Funds”, la disolución de la sociedad en los términosdel art. 19 de la LGS y la prejudicialidad en los términos del art. 1775 del CCCN –Ley 26994–. Consecuentemente, no me pronunciaré expresamente sobre los mismossin perjuicio de las comunicaciones del presente pronunciamiento a distintosorganismos que se ordenarán seguidamente (apartado IV.3).En efecto, el objeto de este trámite fue exclusivamente el sometimiento ahomologación –en los términos de lo previsto en los arts. 69 a 76 LCQ– de unacuerdo preventivo extrajudicial. Sobre ello recaerá decisión expresa, positiva yprecisa: la denegación de la homologación. Ello trae aparejada la desaparición delpresupuesto fáctico que motivó los planteos –que antes se enumeraron– formuladospor oponentes, pues evidentemente tenían como condición que se homologue elAPE. Dado que ello no sucederá, se torna inoficioso resolver las cuestionesseñaladas, en tanto no existe “caso judicial” que lo habilite (art. 2º Ley 27). Señálaseen ese sentido que reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación haseñalado que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todos y cada unode los planteos, sino solamente en aquellos que estimen pertinentes para la correctacomposición del litigio9. Solo resta dejar aclarado que si bien he analizado y estudiado todas lasconstancias de la causa y todas las oposiciones formuladas, no es necesario expresaren la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de lasque fueren esenciales y decisivas para el fallo (art. 386 CPCCN –aplicable a estetrámite por la remisión efectuada por el art. 278 LCQ–). Por ello, solo hice mérito delas constancias y pruebas que estimé relevantes para fundar la decisión y prescindí deaquellas otras que juzgué inconducentes.IV. CUESTIONES ACCESORIAS9 CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros.Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 591.LACONDUCTADELADEUDORAEn el caso quedó acreditado que mediaron declaraciones insinceras,contradictorias, reticencia en la información, ocultamiento del activo y del pasivo einexistencia de la mayoría exigida para la homologación judicial. Se trata decuestiones que evidentemente no podían ser ignoradas por la deudora de acuerdo conuna mínima pauta de razonabilidad. Para ello tengo en cuenta el carácter profesionalen su actividad y la pauta de valoración emergente del art. 1725 CCCN –Ley26994–, que dispone que es mayor la diligencia exigible al agente cuanto mayor seael deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas.Asimismo, corresponde poner de resalto que durante la tramitación de lacausa mediaron reiterados incumplimientos en lo que respecta al ingreso de lascopias digitales exigidas por la Ac. 3/15 de la CSJN (fs. 539/540, 569, 677/679 y2172) que fueron oportunamente advertidos por el Tribunal (fs. 681 y 2173). Por ende, dispondré la remisión de copia de esta resolución a la JusticiaNacional en lo Criminal y Correccional a efectos de investigar la posible comisión delos delitos de estafa (arts. 172 y sgtes. Código Penal) y desobediencia (art. 239Código Penal).2.COSTAS, HONORARIOSYTASADEJUSTICIAComo la presentante del acuerdo resultó vencida por no haber obtenido lahomologación judicial que solicitó y en tanto no encuentro mérito para eximirla de laresponsabilidad por los gastos del juicio (art. 68 CPCCN –aplicable a este trámite porla remisión efectuada por el art. 278 LCQ–), cabe imponerle íntegramente las costasgeneradas por el trámite principal. De igual modo, cargará con los gastos incurridospor quienes se opusieron.La regulación de los honorarios se efectuará cuando quede firme estepronunciamiento, por lo cual se la difiere para esa oportunidad. En la misma ocasiónse dará vista al señor Representante del Fisco para que se pronuncie sobre el cálculode la tasa de justicia que corresponde tributar.Fecha de firma: 09/05/2017Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez#29399583#178252518#20170509113450342Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 593. NOTIFICACIÓNYCOMUNICACIÓNDELPRONUNCIAMIENTOLa decisión será notificada por cédula electrónica a Hope Funds SA y pornota o tácitamente a los restantes participantes (art. 273 inc. 5º LCQ). Atento el contenido de muchas de las presentaciones de los pretensosacreedores, así como lo que resulta de este pronunciamiento, cabe ponerlo enconocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BancoCentral de la República Argentina (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores(CNV), de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Procuraduría deCriminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio PúblicoFiscal de la Nación, a la Inspección General de Justicia (IGJ), así como al JuzgadoFederal N° 1 de la Provincia de Buenos Aires y al Juzgado Criminal y CorreccionalFederal N° 1, para que actúen conforme estimen corresponder. Dada la gran cantidad de presentaciones (oposiciones, adhesiones, etc.) yteniendo en cuenta la repercusión que cabe presumir tendrá el pronunciamiento, sepublicará un comunicado mediante avisos en la cartelera del tribunal. Ello, en lostérminos de las Acordadas 24/13 y 42/15 de la CSJN mediante las cuales el MáximoTribunal promovió una política comunicacional abierta, orientada a dar transparenciay difusión de las decisiones judiciales para acercar la justicia a la sociedadpermitiendo que la misma tenga acceso a la información y pueda controlarla,ordenando la difusión de las decisiones jurisdiccionales y administrativas emanadasde los distintos tribunales.El contenido del comunicado será el siguiente: Se hace saber que en elexpediente “Hope Funds SA s/ Acuerdo preventivo extrajudicial”, en trámite porante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 30, secretaría Nº59, se resolvió denegar la homologación judicial del acuerdo celebrado por HopeFunds SA con sus acreedores, por no estar cumplidos los requisitos legales. Elloimplica que el acuerdo carecerá de efectos respecto de los acreedores que no lohubieran aceptado expresamente, independientemente de que hayan o no formulado oposiciones. Por ende, estos acreedores conservan las acciones que resultan de sus títulos. Cabe aclarar sin embargo que los acuerdos individuales a los que arribó Hope Funds SA son obligatorios para quienes los firmaron, salvo convención expresa en contrario.

4. EL TRABAJO DEL SECRETARIO Y PERSONAL DEL TRIBUNAL

Tal como ha sido reflejado en los comunicados emitidos con fecha12/04/2017 y 28/04/2017, la tramitación de esta causa produjo un exponencial incremento en las tareas de los funcionarios y empleados del tribunal. En efecto, en un breve lapso ingresaron más de 1500 escritos con planteos de diversa índole, todos acompañados de documentación, que fue necesario recibir, clasificar, ordenar, revisar, y despachar. Todo ello sin desatender las restantes tareas diarias, ya de por si múltiples.

Ello demandó un gran esfuerzo y trabajo en equipo de todo el personal a fin de darle el más adecuado trámite posible a las actuaciones. De forma espontánea se llevaron a cabo tareas fuera del horario laboral para afrontar la situación de emergencia, lo cual ha puesto de manifiesto el compromiso de los funcionarios y agentes con el objeto de brindar el servicio de justicia de la manera más eficaz.

Cabe entonces formular un reconocimiento y felicitación al Secretario Juan Martín Arecha, a la Prosecretaria María José Robledo, así como a los agentes Agustín Crotto, Hernán Miguens, Diego Palermo, Marcela Rueda, Vanina Scarfó, Martín Fullone, Facundo Pierrou, Ignacio Iglesias, Facundo Canosa, Santiago Recio, Facundo Mingorace, Yamila Belviglio Sotelo, Rocío Rivarola, Sofía Casasbellas y Leandro Castro. Dispondré en consecuencia tomar nota del reconocimiento en el legajo de cada uno de ellos, así como que se ponga en conocimiento de la Presidencia de la Cámara.

V.LA DECISIÓN

1. Admito las oposiciones deducidas y deniego la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial celebrado por “Hope Funds SA”.

2.

Doy por concluido el trámite y dispongo que –una vez firme– cesen las medidas dispuestas al inicio en cuanto a la suspensión de las acciones de contenido patrimonial.

3. Ordeno que –también una vez firme– se remita copia de esta resolución a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional a efectos de investigar la posible comisión de eventuales delitos.

4. Impongo las costas a la deudora y difiero la regulación de honorarios hasta tanto quede firme la resolución, en cuya oportunidad se determinará el importe atributar en concepto de tasa de justicia.

5. Notifíquese por cédula electrónica a la deudora, por nota a los restantes participantes y publíquese comunicado en los términos indicados.

6. Una vez firme, líbrese oficio con copia de este pronunciamiento a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Juzgado Federal N° 1 de la Provincia de Buenos Aires y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, para que actúen conforme estimen corresponder.

7. Efectúo un especial reconocimiento y felicitación a los funcionarios y personal del tribunal. Tómese nota en el legajo de cada uno de ellos, póngase en conocimiento de la Presidencia de la Cámara –a cuyo fin líbrese oficio– y notifíquese

personalmente a los interesados. Sebastián I. Sánchez Cannavo

“P. S. G. Y OTRO C/ O. H. A. S/ DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD” (98).-

// nos Aires, Capital de la República Argentina, a los catorce días del mes de agosto de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “P. S. G. Y OTRO C/ O. H. A. S/ DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD”, respecto de la sentencia corriente a fs. 336, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el
siguiente orden:

Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. RACIMO. DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:
En la sentencia de fs. 336/41, el señor juez de primera instancia, luego de señalar que doctrina y jurisprudencia han dejado establecido que la existencia de un concubinato no hace presumir la existencia de una sociedad entre los concubinos, debiendo esta ser acreditada por quien la alega; que además no se aplican las normas relativas a la disolución de la sociedad conyugal y de referir los preceptos jurídicos que
rigen la materia, concluyó que la actora no había logrado demostrar que efectuó aportes a la alegada sociedad de hecho y, más aún, de la prueba producida resultaba precisamente lo contrario, que fue el demandado quien sí los realizó, máxime que cuando quisieron dejar en claro la situación de algún bien -la adquisición de un inmueble ubicado en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires- así lo hicieron
constar en la respectiva escritura.

Rechazó, pues, la demanda impetrada y le impuso las costas del proceso a la actora vencida.
La decisión fue recurrida por esta última, quien expresó los agravios en la presentación de fs. 351/54, cuyo traslado fue evacuado a fs. 356/58. El referido escrito lejos está de reunir los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal. En efecto, tras efectuar un resumen de su pretensión, asevera que hizo una enumeración taxativa de lo que constituye la base de su reclamo y que el magistrado no tuvo en cuenta la prueba documental e informativa aportada en los distintos expedientes y, en especial, que el inmueble antes aludido fue adquirido en condominio por las partes el 14/9/07 -negocio reconocido por el propio O.-, lo que demuestra que indudablemente existió la sociedad de hecho y, al menos, respecto de este bien debió “resolverse mediante puro derecho” por la admisión referida.

Además, su oponente no “hubiese podido adquirir todos los bienes” sin su aporte y, por otra parte, no justificó de dónde provinieron sus ingresos. Asimismo, todos los bienes descriptos fueron adquiridos durante la vigencia de la convivencia. Solicita que dada “la complejidad del asunto” y de considerarse con suficiente derecho para litigar, se distribuyan las costas en el orden causado.
Vale decir, ninguna crítica hábil se efectúa al análisis de las probanzas que hiciera el señor juez en su sentencia, limitándose a mencionar genéricamente la existencia de su derecho y basarse casi exclusivamente en el condominio que formaran las partes cuando adquirieron el inmueble de la calle San Martín xxxx, de la localidad de Florida, Partido de Vicente López, para sostener la existencia de la sociedad de hecho que adujera, siendo que tal circunstancia fue valorada en su justa medida por el magistrado en su sentencia como una demostración que, cuando actuaron en conjunto, así lo hicieron constar expresamente para esclarecer la situación.

Se hace, pues, de aplicación al caso de autos aquella doctrina y jurisprudencia que, interpretando la citada norma del art. 265 del Código Procesal, ha sostenido que el memorial, para que cumpla con su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse, pues, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. No constituye, así, una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica (conf. Fassi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, 3a. ed., t° 2 pág. 483 nº 15; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, tº V, pág. 267; Fassi Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes comentado, anotado y concordado, t° I, pág. 473/474; Fenochietto – Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, t° 1, pág. 836/837; Falcón – Colerio, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t° VIII, pág. 239/240; CNCivil, esta Sala, c. 134.750 del 17-9-93, c. 162.820 del 3-4-95, c. 202.825 del 13-11-96, c. 542.406 del 2-11-09, c. 542.765 del 5-11-09, c. 541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3- 12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras).

En este sentido, la crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio, y lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso. Queda claro así, que debe tratarse de un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto lógico contenido en la sentencia que se
impugna (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado; t° 2, pág. 98), pues la argumentación no puede transitar los carriles del mero inconformismo (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, t° II, pág. 74).

A la misma conclusión cabe llegar con relación al agravio vertido sobre las costas, toda vez que la sola mención de la “complejidad del asunto” -más allá de que de ninguna manera puede considerárselo así-, o la dogmática afirmación que pudo creerse con derecho a litigar, no alcanzan a representar un agravio en el sentido exigido por las normas procesales respectivas, sin perjuicio de destacarle a la quejosa que la
mera creencia subjetiva de que le asiste razón no es justificativo para eximirla del pago de las costas (conf. CNCiv. Sala “F”, causas 265.345 del 6-8-80, 281.423 del 21-6-82 y 8.024 del 12-9-84; Sala “G”, causa 4.805 del 1-3-84; esta Sala, causas 277.986 del 6-4-82, 278.284 del 31-5-82 y 9.465 del 30-10-84, entre muchas otras).
Por estas consideraciones y lo dispuesto por el art. 266 del Código Procesal, voto para que se declare desierto el recurso libremente concedido a fs. 344 y firme, en consecuencia, la sentencia de fs. 336/41, con costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del mismo cuerpo legal).
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Racimo y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.
Este Acuerdo obra en las páginas Nº 773 a Nº 774 del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi

Buenos Aires, de noviembre de 2020.- MR/AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Por recibidos. Téngase presente el dictamen. Corresponde en este estado determinar la radicación de las presentes actuaciones.

II.- Con arreglo a lo dispuesto por los arts. 4 y 5 del Código Procesal, para la determinación de la competencia corresponde –en principio- tomar en cuenta la exposición de los hechos que la actora hiciere en la demanda y el derecho que invoca como fundamento de su acción, así como la naturaleza de las pretensiones deducidas en aquella.

De este modo, en la especie la parte actora promueve demanda de daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas S.A. con motivo del incumplimiento contractual endilgado en un vuelo hacia San Carlos de Bariloche, el 17 de junio de 2019. Refiere en tal sentido los distintos vuelos que debieron efectuar y la demora causada. En esas condiciones, conviene señalar que resulta competente la justicia federal para entender en las cuestiones relativas a la aeronavegación y al cumplimiento de las normas de fondo que se vinculan con ella, según lo establecido en el art. 198 del Código Aeronáutico (ley 17.285) y los considerandos del decreto número 565/08, reglamentario de la ley 26.361 de defensa del consumidor, que excluye expresamente al transporte aerocomercial del régimen ordinario de los consumidores. En efecto, dichos servicios se encuentran reglamentados mediante la Resolución número 1532/08 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

En este sentido, se ha establecido que “corresponde al fuero federal el juzgamiento de las cuestiones relacionadas con el servicio de transporte aéreo comercial, entendido como la serie de actos destinados al traslado en aeronave de personas o cosas, de un aeródromo a otro y sujetas, por ende, a las prescripciones del Código Aeronáutico, su r eglamentación y normas operativas de la autoridad aeronáutica” (del dictamen del Procurador General al que se remite la C.S.J.N. en el fallo“Zulaica Alberto Oscar c/ Air Europa Líneas Aéreas SA y otro s/Cumplimiento de contrato”; del 20/10/2015).

A su vez, advierto que la Cámara Comercial ha determinado, en un caso análogo, que las acciones dirigidas contra una compañía aérea “cabe encuadrarlas dentro del concepto de comercio aéreo, expresión a laque debe asignarse la inteligencia de actividades conectadas con la explotación de las aeronaves y reguladas por la legislación aeronáutica. De allí que, […] conforme lo establecido por la específica normativa en la materia (art. 40, decreto ley 1285/58 y art. 42 inc. 5, ley 13.998), […] las presentes actuaciones deben tramitar y dirimirse por ante el fuero civil ycomercial federal. Cabe observar que el sub lite se diferencia del caso fallado por la C.S.J.N., “Texido, Juan Ignacio c/ Despegar.com.ar S.A.”,en el cual la compañía de transporte aéreo no estaba demanda”(C.N.Com., Sala D en autos caratulados “Álvarez, Miguel Ángel y otros c/Despegar.com.ar S.A. y otro s/ Devolución de Pasajes”; del 11/08/2015; íd.sala “A” “Contarino Claudio Ricardo y otros s/ Aerolíneas Argentinas SAs/ sumarísimo” del 17/02/20).

III.- En consecuencia, por las razones expuestas, y oída la Sra.Fiscal, RESUELVO:

I- Declararme incompetente para entender en estasactuaciones.

II.- En consecuencia, firme la presente, remítanse digitalmentea la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a los fines de su sorteo y posterior adjudicación. Sirva la presente de atenta nota de remisión.

III.- Notifíquese a la parte por secretaría y a la Sra. Fiscal en su despacho

CAMARA CIVIL – SALA I

CIV 045871/2019/CA001 – CANO, MARCELO HECTOR Y OTROS c/ CONSORCIO ARAOZ 984 s/CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

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