Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2003

VISTO el Expediente Nº 1.730.450 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, correspondiente a JASLER S.A., en el cual se solicita la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de la entidad mencionada, instrumentado en la escritura pública nº 212 de fecha 1º de septiembre de 2003, obrante a fs. 1/3, pasada por ante el Registro Notarial N° 599, y

CONSIDERANDO:

Que del instrumento referenciado resulta que la sociedad fue constituida por dos personas físicas, a saber, las Srtas. INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO y NOEMÍ RAQUEL AYERZA, por un plazo de 99 años (artículo «segundo» de los estatutos) y con un objeto de actividades agropecuarias, inmobiliarias y de construcción, de comercio exterior, comercialización de determinados bienes, ejercicio de comisiones, mandatos y representaciones y operaciones financieras excluidas las legalmente regidas por leyes específicas (artículo «tercero»). Por su parte, el capital social de la misma fue establecido en el mínimo previsto por el artículo 186 de la Ley Nº 19.550, esto es, doce mil pesos ($ 12.000.-), dividido en 12.000 acciones de un (1.-) peso valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción.

Que las acciones representativas del capital social fueron suscriptas a razón de 11.880 acciones por igual cifra en pesos por parte de la Srta. INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO y 120 acciones por $ 120.-por parte de la Srta. NOEMÍ RAQUEL AYERZA; es decir, que la primera de las nombradas ha suscripto el 99% del capital social y la segunda el 1%.

Que las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica (cfme.: Halperín, Isaac, «Curso de Derecho Comercial», Ed. Depalma, Volumen I, Parte General, 1982, p. 99 y «Sociedades Anónimas», Ed. Depalma, 1974, p. 1; Zaldívar Enrique, Manovil Rafael, Ragazzi Guillermo, Rovira Alfredo y San Millán Carlos, «Cuadernos de Derecho Societario», tomo 1, «Aspectos Jurídicos Generales». Ediciones Macchi, 1973, p. 72; Zavala Rodríguez, Carlos, «Código de Comercio y Leyes Complementarias»; Ed. Depalma, 1964, tomo I, p. 282; Richard, Efraín Hugo y Muiño Orlando, «Derecho Societario», Ed. Astrea, 1997, p. 5; Vanasco Carlos, «Manual de Sociedades Comerciales», Ed. Astrea, 2001 p. 3; Narváez José Ignacio, «Teoría General de las Sociedades», Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990, p. 106 y siguientes; etc.) pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, «Las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa…» (Ripert George, «Tratado Elemental de Derecho Comercial», Ed. Tea, tomo 2, Sociedades, 1954, p. 1).

Tal concepción del contrato de sociedad se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial. Al respecto, es oportuno recordar, conforme autorizada doctrina nacional, que la exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, «Derecho Societario, Parte General», t. 1, «Introducción al Derecho Societario», en Editorial Heliasta S.R.L.,, 1993, p. 184; ídem, Matta y Trejo, Guillermo, «En torno al control administrativo en la constitución de sociedades anónimas», en La Ley, 1979-C-284 ).
En el mismo sentido, debe tener recordarse la doctrina judicial emanada del caso «Macoa Sociedad Anónima y otras» (CNCom, Sala C, Mayo 21 de 1979, publicado en La Ley 1979-C-284 y siguientes), el cual constituye un precedente de similares características al presente caso, en el cual se resolvió que la inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vicia desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto. Se dijo en ese recordado caso que «Quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en estos casos no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de «affectio societatis», que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad» . Es evidente que tales conclusiones descartan la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas ?o de responsabilidad limitada ?como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario (voto del Dr. Edgardo Marcelo Alberti en el caso «»Sanatorio Humboldt S.A. sobre quiebra contra Daripor SA sobre ordinario», dictado por la Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial el 21 de Mayo de 1999), pero nunca, se reitera, el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad.
Que reciente jurisprudencia ha avalado estas obvias conclusiones, argumentando que «Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura» (Cámara Primera, Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, Marzo 11 de 1999, «Sar Sar Chia Salvador y Walter Sar Sar Chia contra Angel Falanga sobre ejecución de honorarios», publicado en la Revista de las Sociedades y Concursos», número 18, SeptiembreOctubre de 2002, Editorial Ad-Hoc, página 250 y siguientes ).
Que la mera consulta de las constancias de su acto constitutivo revela que la sociedad «JASLER S.A.» no ha sido constituida a los fines de concentrar capitales para una determinada explotación empresaria, pues mal puede arribarse a una conclusión semejante -y coherente con la finalidad pr
evista por el artículo 1º de la ley 19550- cuando uno de los socios ha aportado o se ha comprometido a aportar el 99% del capital necesario a los fines de poner en funcionamiento a la misma, que asciende a la suma de $ 11.880.? y el restante consocio se ha limitado a aportar el capital social restante, que en el particular caso de autos asciende a la suma de $ 120.- y que representa, como hemos visto, el 1% del capital de la sociedad.

Que todo indica, conforme a los datos que surgen del instrumento constitutivo, que JASLER S.A. es una de las llamadas «sociedades de cómodo», las cuales, -como las definiera Halperín- consisten en la utilización de la sociedad para limitar, la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal, la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 8° de la ley 19550 (Halperín, Isaac, «Curso de Derecho Societario», Volumen I, Editorial Depalma, 1982, p. 209). No es sobreabundante recordar al respecto que es posición mayoritaria de nuestra doctrina que las denominadas «sociedades de cómodo» se encuentran excluídas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, ob. cit., p. 183; Verón, Alberto Víctor, «Sociedades Comerciales, Buenos Aires, 1987, tomo I, p. 6; Zaldívar Enrique y otros, ob. cit. tomo 1, p. 72, etc. ).
Que como conclusión de todo lo expuesto y de conformidad con las especiales características del acto fundacional de la sociedad JASLER S.A.,, todo lleva a la evidente conclusión de que la constituyente INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO no necesitó ni necesita a la restante, NOEMÍ RAQUEL AYERZA, para desarrollar la actividad descripta en el objeto social de aquella, y que sólo se recurrió a ésta segunda a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad sustancial de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de JASLER S.A.

Que en tales condiciones, es de toda obviedad que esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos (artículos 34 del Código de Comercio, 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y 7º de la Ley Nº 22.315) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.
Coadyuva al sentido de la presente resolución lo resuelto por reciente jurisprudencia, conforme a la cual «Si se verífica la existencia de una sociedad controlada de la cual la entidad controlante posee la cantidad de 11.900 acciones de sus 12.000 (lo que equivale al 99,99% de su capital social), el descorrimiento del velo societario se impone en la medida que lo contrario importaría avalar un proceder que podría resultar fraudulento a los intereses de los terceros» (CNCivil, marzo 6 de 2001, en autos «Gemmo Argentina S.A. c. Moreno, Alberto Eduardo s. tercería de dominio», publicado en la revista «Doctrina Societaria y Concursal», número 173, abril de 2002, Ed. Errepar, páginas 26 y siguientes), por lo cual, si se admite la desestimación automática de la personalidad jurídica de las sociedades de las características accionarias que presenta JASLER S.A., mal podría esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA admitir la inscripción de la misma, en la medida que, como expresamente lo prevé el artículo 7º de la Ley Nº 19.550, dicha toma de razón implica considerar a la sociedad presentante como una entidad regularmente constituida, característica que no reúne la sociedad JASLER S.A., por las razones antes aludidas.

Por lo expuesto y en mérito a las disposiciones legales citadas en los considerandos precedentes,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1º: Denegar la inscripción en el Registro Público de Comercio de la constitución de JASLER S.A., instrumentada en la escritura pública nº 212 de fecha 1º de septiembre de 2003, obrante a fs. 1/3, pasada por ante el Registro Notarial Nº 599.

Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese en Lavalle 1392, Planta Baja «B», Capital Federal y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 857

Buenos Aires, 19 de julio de 2004

Y VISTO:

El expediente del registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA número 32.160/1.520.370, correspondiente a la “COLECTIVIDAD BOLIVIANA DE ESCOBAR ASOCIACIÓN CIVIL”,

Y CONSIDERANDO:

1. Que en las presentes actuaciones corren agregados los siguientes libros rubricados correspondientes a la entidad: Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 6 de febrero de 1992 (fs. 20); Actas de Comisión Directiva Nº 1 rubricado en idéntica fecha; Registro de Asociados Nº 1 rubricado en la misma fecha; Registro de Asociados Nº 2 rubricado el 23 de junio de 2000; Actas de Comisión Directiva Nº 2 Rubricado el 26 de febrero de 2002; y Registro de Asociados Nº 3 rubricado el 20 de marzo de 2002.

2. Que los dos últimos libros fueron rubricados cuando los anteriores aun se encontraban en uso o afectados a los presentes autos, no correspondiendo – en consecuencia – el pedido de nueva rúbrica.

3. En razón de ello, se solicita informe al Area Intervención y Rúbrica de Libros de este Organismo, cuyo informe obra a fs. 675/675, surge que la escribana, Dra. María Cristina Aristizábal de Doldán, interviniente obtuvo las nuevas rúbricas en base a una denuncia de extravío, cuando en realidad los libros no se perdieron, tanto es así que se encuentran agregados en autos desde el 26 de abril de 2002.

4. Resulta entonces a todas luces evidente la ilegitimidad de las rúbricas obtenidas mediante tal denuncia, por lo que procede declarar su irregularidad e ineficacia a efectos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a la profesional dictaminante.

5. Por ello, lo establecido en los Arts. 6º y 10º de la ley Nº 22.315; los artículos 103 y siguientes de las NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y lo dictaminado pro el Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar irregulares e ineficaces a efectos administrativos las rúbricas de los Libros Actas de Asamblea Nº 2, Actas de Comisión Directiva Nº 2 y Registro de Asociados de la “COLECTIVIDAD BOLIVIANA DE ESCOBAR ASOCIACIÓN CIVIL”.

Artículo 2º : Remitir copia de la presente al Colegio de Escribanos, a los efectos de analizar la conducta de la escribana María Cristina Aristizábal de Doldán, a tenor de lo expresamente dispuesto por el artículo 3º de la Resolución General Nº 3/87.

Artículo 3º: Regístrese. Notifíquese a Benjamín Villafuerte en Ramón Falcón 7252 y a Luciano Gutiérrez en la calle Uruguay 385 piso 2º “202”. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERAL

“…resulta inconcebible la actuación de la sociedad anónima de contadores con el objeto de cumplir las incumbencias profesionales, si, como se prevé en los estatutos en examen, ella pueda cumplirse más allá de la vida de los profesionales que la integren por sus sucesores universales, o aún por sucesores particulares que devengan accionistas sin ser contadores públicos. Como es igualmente inconcebible que dicho objeto social pueda ser cumplido “por cuenta de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en el exterior”….”

Buenos Aires 19 de marzo de 2004

VISTO

El Expediente Nro. 1735275 por el que se presenta para su inscripción el contrato social de la sociedad «GHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA», instrumentado en Escritura Pública nº 19 de fecha 11 de Febrero de 2004, del protocolo de la escribana Judith Soboski.

Y CONSIDERANDO:

1. Que del acta constitutiva y estatutos pasados a Escritura Pública por la Escribana Judith Soboski y cuya inscripción se solicita a esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, surge que los Sres. Juan Francisco Ramón Ghiano, Alfio Martín Re y Marcos Pedro Bruno, quienes manifestaron, todos ellos, ser Contadores Públicos y encontrarse domiciliados en la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, decidieron constituir una sociedad anónima denominada «GHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA» por el término de 99 años, y cuyo objeto principal, entre otras actividades, comprende las siguientes: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en el exterior a la prestación de toda clase de servicios profesionales de asesoramiento y/o consultoría en el área impositiva, contable, concursal, pericial, costos y todas las incumbencias profesionales que autoriza la ley 20.488 a los profesionales de la ciencias económicas.

2. Que sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, no se ha acreditado por parte de los concurrentes al acto constitutivo su calidad de Contadores Públicos, ni su matriculación en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el Colegio Profesional respectivo al domicilio de los peticionantes en la Provincia de Santa Fe.

3. Que no obstante el derecho que les incumbe a los peticionantes de asociarse con fines útiles conforme expresamente reconoce nuestro ordenamiento constitucional
( art. 14 de la Constitución Nacional ), tal derecho ha de ejercerse de conformidad a las leyes que razonablemente lo reglamentan.

4. En tal sentido, esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA entiende que quienes ejercen una profesión liberal solo pueden encontrar su molde asociativo a través de las normas que regulan a las sociedades civiles ( arts. 1648 a 1788 bis del Código Civil ). Muy por el contrario, la tipología societaria prevista en la ley 19550 no está al alcance de aquellos, por las razones que de seguido se expondrán y que se circunscriben, habida cuenta del documento cuya inscripción se solicita, a los profesionales en ciencias económicas.

5. En primer lugar, la ley 20.488 de Ciencias Económicas, que cuenta ya con una vigencia de mas de 30 años, se refiere en todo su articulado a las personas físicas, en cuanto prevé los requisitos necesarios para el ejercicio de las profesiones descriptas en el artículo 1º de la citada ley. En tal sentido, la clara y categórica exigencia de dicha normativa en cuanto requiere a la “persona» que pretenda ejercer dicha profesión, el » título habilitante » o el «diploma extranjero” sumado a la necesidad de «tener una residencia en el país no menor de dos años” ( art. 2º ); la referencia que el artículo 3º de dicha ley hace a la necesidad de que el profesional aplique «conocimientos propios» y la no menos clara y categórica prescripción del artículo 4° de la ley en análisis, en cuanto dispone que » El uso del título de cualquiera de las profesiones enumeradas en el artículo 1°, solo será permitido a personas de existencia visible”; permite concluir que, salvo las limitadas excepciones que dicha ley contempla, el ejercicio de las profesiones de licenciado en economía, contador público, licenciado en administración, actuario y sus equivalentes, deben ser ejercidas por personas de existencia visible.

6. Bien es cierto, como se ha adelantado, que la ley 20. 488 se refiere a la actuación colectiva de los graduados en ciencias económicas, y lo hace en su artículo 5° donde textualmente se dispone que «Las asociaciones de los graduados en ciencias económicas a que se refiere la presente ley solo podrán ofrecer servicios profesionales, cuando la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados” pero fácil es advertir que se trata de una disposición excepcional, que debe ser interpretada dentro de un contexto donde se reglamenta una actividad de eminente naturaleza civil y no mercantil, como lo son las profesiones liberales ( Pérez Delgado Jorge G, «Ambito y vigencia de la sociedad civil», en Revista del Notariado n° 773, Septiembre – Octubre de 1980, página 1413 y siguientes; “Videla Escalada, Federico, «Hacia una ley uniforme para las sociedades civiles y comerciales», publicado en El Derecho 4 -1020 ).

7. Desde tal óptica, es de toda evidencia que la expresión que utiliza la ley 20.488 a las “Asociaciones de los graduados en ciencias económicas», debe ser interpretada como referida a las sociedades civiles y no mercantiles, pues el carácter intelectual de las prestaciones y el especial régimen de responsabilidad prevista por el ordenamiento común y que caracterizan la actuación del profesional dentro de su organización plural, son mas propios de una sociedad civil y no de una entidad mercantil. Del mismo modo, la agrupación de profesionales en ciencias económicas bajo la forma de una sociedad mercantil tampoco resulta compatible con los principios éticos que caracterizan la actuación de aquellos, y mucho menos de una sociedad anónima – como es la sociedad que se pretende constituir – la cual ofrece dificultades en cuanto a la necesaria e inmediata identificación de sus integrantes.

8. No se ignora que la doctrina mercantilista ha sostenido, desde la sanción de la ley 19550, que el carácter mercantil de una sociedad lo brinda el tipo adoptado y no la actividad realizada por ella ( Halperin Isaac y Butty Enrique, «Curso de Derecho Comercial». Volumen I, Ed. Depalma, 2000 página 353; Zaldívar Enrique, Ragazzi Guillermo, Manovil Rafael y San Millán Carlos, «Cuadernos de Derecho Societario», tomo I, Ediciones Macchi, 1973, página 45; Nissen Ricardo Augusto, «Ley de Sociedades Comerciales», Tomo 1, Ed. Abaco, 1993, página 26 y siguientes), pero nuevas re
flexiones efectuadas sobre el particular me persuaden de lo contrario, esto es, que la adopción de uno de los tipos previstos por la ley 19550 somete a las sociedades mercantiles a dicha legislación, solo si el objeto de las mismas se encuentra incluido dentro de la idea económica de empresa, la cual, como sostuvieron los Redactores de dicho ordenamiento societario en su Exposición de Motivos, constituye la actividad normal de las sociedades mercantiles.

Lo contrario implicaría un verdadero contrasentido, pues nada justifica que la aplicación de un derecho especial para la entidad o quienes la integran dependa exclusivamente de la redacción de un documento o de una inscripción registral; lo verdaderamente trascendente en torno a la legislación aplicable a la sociedad lo constituye la naturaleza de la actividad – esto es, la sustancia y no la forma -, pues las soluciones previstas por el derecho civil han sido pensadas para la generalidad de las personas, a diferencia de la legislación mercantil, que constituye un sistema normativo especialmente pensado para el empresario o el comerciante. Repárese en el particular caso de una sociedad de hecho de objeto civil, para advertir el absurdo que implica que la mera toma de razón de la sociedad en los registros mercantiles pueda cambiar la legislación aplicable a dicha entidad. A ésta – y a sus socios – se le aplicarán las normas del Código Civil hasta tanto la misma se regularice, oportunidad que pasará a ser regida por la ley de sociedades comerciales, la cual forma parte del Código de Comercio ( art. 384 de la ley 19550 ), lo cual resulta inadmisible.

De manera entonces que ante una actividad de característica eminentemente civil, como lo es el ejercicio de las profesiones liberales, el único esquema societario admisible lo constituye el molde de las sociedades civiles, cuyo carácter «intuitu personae» resulta innegable ( Lafaille Héctor, «Curso de Contratos», tomo II número 557; Videla Escalada Federico, «Las Sociedades Civiles», Ed. Abeledo Perrot 1962, página 16 ), y que prevé, como ya ha sido dicho, un especial régimen de responsabilidad mancomunada – salvo pacto en contrario estableciendo la solidaridad entre los socios mas adecuado a la naturaleza de la actividad desarrollada por el ente y un sistema de aportes de los socios que permite las obligaciones por hacer ( art. 1649 del Código Civil ).

9. Diversas normas de nuestro ordenamiento legal permiten llegar a esta conclusión: En primer lugar, el art. 285 de la ley 19.550 pone claramente de relieve la voluntad del legislador societario de apartar la posibilidad de limitación de la responsabilidad en orden al ejercicio de determinadas funciones cuando éstas, como en el caso del ejercicio de la sindicatura societaria, requieren determinadas calidades profesionales exigidas por la propia ley, ya que en tal supuesto, de recurrirse a una sociedad ésta debe ser civil e integrada exclusivamente por contadores públicos o abogados y la responsabilidad asumida por los mismos debe ser solidaria (art. 285 citado). Del mismo modo, los artículos 253 in fine y 258 de la ley 24522, que legislan sobre el ejercicio plural de la sindicatura, pues aún cuando se admita la inscripción de «Estudios de Contadores” a efectos de la designación de síndicos concursales, el ejercicio de la función es estrictamente personal, lo que ni siquiera se ve desvirtuado por el hecho de admitirse la posibilidad de la actuación de una sindicatura plural.

10. La doctrina y la jurisprudencia extranjera ha también coincidido en el rechazo de la utilización del molde de las sociedades comerciales para las asociaciones de profesionales, con el argumento de que la tipología societaria diluye o aminora al menos la responsabilidad profesional. En tal sentido, Yzquierdo Tolsada sigue puntualmente a la jurisprudencia italiana, proclive solo a admitir la sociedad civil como único molde de las entidades de profesionales, argumentando que » La solución es enteramente transplantable a nuestro Derecho. No parece en absoluto deseable otra fórmula que no sea la sociedad civil, idónea para el ejercicio de una actividad que, aunque económica, no tiene la consideración de comercial” ( Yzquierdo Tolsada M. «La responsabilidad de los profesionales liberales en el ejercicio de grupo», en el libro «El ejercicio en grupo de las profesiones liberales». Universidad de Granada, 1989, pág. 471 ). En el mismo sentido se orienta Fernández Costales, quien rechaza las sociedades mercantiles para las sociedades de profesionales ( «Las sociedades de médicos» en la obra colectiva antes citada, pág. 367 ) y fundamentalmente autores de la talla de Francisco Vicent Chuliá y Manuel de la Cámara Alvarez, quienes pusieron el énfasis en el carácter personalísimo de las prestaciones profesionales – imposible de ser prestadas por sociedades mercantiles – para concluir que la sociedad civil es el tipo adecuado para la sociedad profesional ( Vicent Chuliá Francisco, «Compendio Crítico de Derecho Mercantil», tomo I, 2da. Edición, Ed. Barcelona 1986 páginas 197 y 198 y De la Cámara Alvarez Manuel, “Estudios de Derecho Mercantil», Primera Parte, tomo I, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981 páginas 231 a 242, etc. ).

11. A mayor abundamiento, cabe agregar que resulta inconcebible la actuación de la sociedad anónima de contadores con el objeto de cumplir las incumbencias profesionales, si, como se prevé en los estatutos en examen, ella pueda cumplirse más allá de la vida de los profesionales que la integren por sus sucesores universales, o aún por sucesores particulares que devengan accionistas sin ser contadores públicos. Como es igualmente inconcebible que dicho objeto social pueda ser cumplido “por cuenta de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en el exterior”.

12. En definitiva, para nuestro derecho es inadmisible que una sociedad anónima cumpla, como objeto social, con las incumbencias profesionales propias de los graduados del área, lo cual es absolutamente lógico a poco que se repare en que el ente ideal, aún el conformado exclusivamente por graduados, no es él mismo un graduado matriculado, ni puede él mismo por la naturaleza de la propia actividad – cumplir con el desarrollo de las incumbencias, que, por el momento, sólo pueden ser efectivamente cumplidas por personas físicas.

Repárese al respecto. Conforme fuera sostenido por autorizada doctrina, que la explotación conjunta del trabajo de los profesionales que pudiera realizar una sociedad constituida entre los mismos, no apareja ni autoriza su atribución o ejecución material al ente ideal por ellos formado. Siempre será el fruto del trabajo personal o intelectual de alguno, algunos, o todos sus integrantes y no el de ente ideal que los reúne a otros fines distintos, como puede ser la colaboración entre los mismos ( Anaya, Jaime L., «La sociedad de profesionales», El Derecho Tomo 123 pág 272 y Farina, Juan María: «Agrupaciones entre abogados para el ejercicio profesional», La Ley 1997-B, pág. 1014 y ss.; y «El contrato de sociedad entre los contratos de colaboración. Las sociedades entre abogados» en Cuadernos de la Universidad Austral, Nro. 1, Derecho empresario actual, Editorial Depalma, pág. 318 y ss. etc. ).

13. Que tanto la naturaleza de las cosas co
mo el buen orden y sentido indican que no todas las actividades del hombre, así importen la producción o intercambio de un bien o servicio, puedan ser cumplidas por una sociedad anónima, la que ha sido concebida y reglamentada a otros fines distintos que el ejercicio de ciertas profesiones libres reglamentadas.

14. Por otro lado, resulta oportuno reiterar el carácter excepcional de la limitación de la responsabilidad con respecto al principio general de la responsabilidad patrimonial plena proveniente del derecho civil, teniendo en cuenta que aquel ha sido concebido fundamentalmente como una respuesta a la necesidad de obtener importantes concentraciones de capitales para el ejercicio de actividades de contenido económico, lo cual no es el supuesto de autos; correspondiendo observar en todo caso, la existencia de otros recursos de carácter no societario que sin comprometer el principio general -inherente, por otra parte, a la naturaleza de las actividades profesionales- cuya aplicación puede en ciertos supuestos arrojar consecuencias equiparables, tales como las cláusulas de dispensa de culpa entendidas en su justo significado y los seguros por responsabilidad civil profesional.

15. Finalmente, tampoco se ignora que la ley 19550, en su artículo 3°, prevé la posibilidad de funcionamiento de asociaciones de cualquier objeto, bajo la forma de sociedad, pero de ello no se sigue necesariamente que las personas que ejercen profesiones liberales puedan adaptar el molde de las sociedades comerciales, amparándose en la híbrida figura antes mencionada. En primer lugar porque el mencionado artículo 3° se refiere a «asociaciones», en clara alusión a las asociaciones civiles y no a las sociedades civiles, y en segundo lugar, por cuanto se trata, dicha norma, de una excepción concreta a la definición que el artículo 1º hace de las sociedades comerciales, de la cual no pueden extraerse principios generales, habida cuenta su excepcionalidad. No debe olvidarse que la extraña situación prevista por el artículo 3º de la ley 19550 fue elaborada para dar concreta solución a determinadas situaciones fácticas existentes el momento de la redacción de la ley de sociedades comerciales y que habían merecido la aprobación por este Organismo ( Hindú Club y Tortugas Country Club ), lo cual constituyó un notorio desacierto, que la doctrina se ha encargado de señalar ( Biagosch Facundo, «Asociaciones Civiles», Ed. Ad – Hoc, 2000, página 241 y siguientes ).

16. Por todo ello y lo dispuesto por los artículos 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y disposiciones legales citadas en los considerandos que anteceden:

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1º: No hacer lugar a la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de la sociedad «GHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA», en tanto no se suprima de la cláusula «segunda» de los estatutos sociales, lo referido a las incumbencias propias de los profesionales de ciencias económicas reguladas por las Leyes N° 20.488 y N° 466, ésta segunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º: Regístrese, notifíquese por cédula y archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERA

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 1619

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2004.

Y VISTAS:

1. Las presentes actuaciones, que llevan el número de expediente 626959, Código de Trámite 201500/10717, perteneciente a la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», de cuyas constancias surge:

2. En fecha 28 de Octubre de 2004 la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» solicitó la inscripción de la designación de sus nuevos directores, elegidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 28 de Mayo de 2004, que obra transcripta en la escritura publica 469 del 27 de Octubre de 2004, del protocolo del escribano Ramiro J. Gutiérrez De Lio, que luce en los presentes autos a fs. 1/3.

3. Presentado el expediente para su inscripción, en fecha 2 de Noviembre de 2004, la Inspectora Calificadora Legal, Dra. Silvia Pilorge de Dormal Bosch observó a la sociedad requirente lo siguiente: a) Necesidad de contar con información sobre si el representante de la sociedad extranjera que compareció al referido acto asambleario, «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh» cuenta con poder inscripto en este Organismo; b) Que dicha sociedad extranjera es titular de la cantidad de 89.040.190 acciones de un total de 89.040.200 acciones, la cual representa el 0,9999998 % del capital social de la entidad nacional denominada «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», con lo cual no se respeta la pluralidad sustancial de socios prevista por el artículo 1° de la ley 19550 y c) Finalmente, le fue requerido a esa entidad foránea la inscripción como sucursal en los términos del artículo 118 de la ley 19550, habida cuenta que, conforme la composición accionaria que exhibe la rogante, se trata en estricta puridad jurídica de una sucursal disfrazada de filial, lo cual implica violación al régimen de responsabilidad patrimonial que recae sobre la casa matriz en caso de sucursalización, a diferencia de lo que acontece con la sociedad filial argentina, en donde ésta solo responde con su patrimonio, sin afectar – por vía de principio – la responsabilidad de quienes componen su capital accionario.

4. A fs. 12/70 de las presentes actuaciones, el profesional dictaminarte, el escribano Ramiro J. Gutiérrez De Lio, además de acompañar abundante documentación societaria y contable para avalar sus explicaciones, brindó a esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA una serie de aclaraciones sobre el contenido del dictamen de la Inspectora Pilorch, entendiendo que la sociedad “VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» no se encuentra comprendida en la doctrina del precedente «Coca Cola Femsa de Buenos Aires Sociedad Anónima» dictada por este Organismo (Resolución 1632/03), pues se trata de un caso muy diferente a los que dieran lugar a esa jurisprudencia administrativa.

En tal sentido, el profesional dictaminarte ofreció un detalle histórico de la evolución de la sociedad recurrente y de la composición accionaria de la misma, explicando que hasta el año 1987, cuando «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» adquirió la mayoría del paquete accionario de la sociedad «Chrysler Fevre Argentina SA», contaba con varios accionistas, algunos de los cuales de relevante participación accionaria, y que, al producirse la escisión de «Autolatina Argentina SA», la sociedad extranjera «Volkswagen A.G.» quedó como titular del 99,9999% del capital social de la recurrente, siendo otras tres sociedades extranjeras las titulares del sobrante capital accionario. Fue explicado asimismo que luego de ello, en el año 1998 se produjo un cambio de titularidad accionaria, incorporándose el Sr. Jesús Fernández Pelayo como titular de una sola acción en lugar de aquellas empresa extranjeras antes aludidas, y que, en ese mismo año, por una asamblea extraordinaria, se aumentó el capital social a la suma de pesos 43.300.000, que fue suscripto totalmente por la accionista mayoritaria, «Volkswagen A.G.», renunciarte el accionista minoritario a ejercer su derecho de preferencia. Finalmente, aclaró el Escribano Ramiro Gutiérrez De Lío que en el año 2001 las acciones de titularidad de la sociedad «Volkswagen A.G.» fueron transferidas a la sociedad extranjera «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh», manteniéndose hasta el presente esa composición accionaria, que es la que compareció al acto asambleario del 28 de Mayo de 2004, el cual se eligió al nuevo directorio que se pretende inscribir.

Sin perjuicio de todo ello, el dictaminarte ilustró a esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA que la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SA» vendió al mercado interno la cantidad de 32.419 unidades automotrices, ocupando este año el primer lugar en ventas en dicho mercado, tanto en industria total como en vehículo de pasajeros: Ilustró asimismo que la referida sociedad cuenta con 2.588 empleados y que sus activos ascienden a la cantidad de pesos 1.565.857.661 y un patrimonio neto de $ 506.644.960. Asimismo, brindó datos concretos sobre sus ganancias, sociedades controladas y vinculadas, capital social, inversiones proyectadas, concluyendo con la afirmación de que “El Sr. Inspector General puede comprobar así que esta no es una sociedad creada para evadir responsabilidades ante terceros. Es una sociedad que tiene autonomía patrimonial y también tiene autonomía en orden a sus decisiones” , pues constituye política de VOLKSWAGEN (cuarta automotriz mundial, primera en Europa), que en todos los países donde se encuentra instalada, las sociedades locales tengan la suficiente capacidad como para desenvolverse por sí solas, concluyendo que los pasivos de la entidad, que conforme último balance aprobado, representa el 40% del activo de dicha sociedad, cuentan con suficiente respaldo patrimonial para no apelar a la responsabilidad del accionista mayoritario, responsabilidad que ésta tampoco rehuiría.

5. A fs. 71 de estas actuaciones, la Inspectora Calificadora Legal, la Dra. Mónica Capano, tuvo por satisfecho el requerimiento referido a la personería del representante asambleario de la sociedad extranjera «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh» y conforme los fundamentos expuestos por el escribano Gutiérrez De Lio obrantes a fs. 12/16, aconsejó la elevación de las presentes actuaciones a esta Inspección General, criterio que fue ratificado por la Sra. Jefe del Departamento de Precalificación de este Organismo, la Dra. Marta Liliana Stirparo.

Y CONSIDERANDO:

6. Que si bien es jurisprudencia de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, que las sociedades comerciales en las cuales un socio reviste el carácter de titular del 99,9999% del capital accionario de la sociedad controlada y el otro u otros socios solo son propietarios del reducido sobrante de aquel capital, no configuran – en principio una verdadera compañía, al encontrars
e ausente el requisito mismo de existencia del contrato de sociedad, como lo es la pluralidad de socios (art. 1° de la ley 19550 y art. 1648 del Código Civil), – entendida tal pluralidad como sustancial o real y no como el cumplimiento de una mera formalidad, que el registrador mercantil no puede jamás admitir – (Ver Resolución IGJ 1414/03, Noviembre 3 de 2003, en el expediente «Vitamina Group SA»; ídem, Resolución IGJ 1413, Noviembre 3 de 2004 en el expediente «Bosques Verdes SA»; ídem, Resolución IGJ n° 1412, Noviembre 13 de 2003 en el expediente «Jassler SA»; ídem, Resolución IGJ 1674/03, Diciembre 29 de 2003, en el expediente «ES.PE.VER SRL»; ídem, Resolución IGJ n° 476/04, del 19 de Abril de 2004 en el expediente «Tierras y Hacienda SRL»; ídem, Resolución IGJ 1632, Diciembre 15 de 2004, en el expediente «Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA»; ídem, Resolución IGJ 37/04, Enero 13 de 2004, en el expediente «Seguros Médicos SA»; ídem, Resolución 852/04, Julio 15 de 2004 en el expediente «Urbaser SA»; ídem, Resolución IGJ 1270/04, Octubre 12 de 2004 en el expediente «Fracchia Raymond SRL»; ídem Resolución IGJ 1364/04, Octubre 25 de 2004 en el expediente «American Screw de Argentina SA»; ídem, Resolución IGJ n° 1572, Diciembre 13 de 2004, en el expediente «Sylvania Iluminación SA» etc), también ha resuelto esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA que la referida doctrina no es aplicable cuando de acuerdo a las especiales circunstancias del caso, surge que la desproporción entre las participaciones accionarias de los socios no es producto de la voluntad exclusiva de los socios fundadores sino de determinadas circunstancias propias del devenir de la relación asociativa (Resolución IGJ n° 925/04, en el expediente «Clariant Argentina SA»).

7. En el particular caso de autos, la notoria desproporción existente entre la participación accionaria que reviste la sociedad extranjera «Volkswagen Beteiligungs Gesells-chaft mbh» en la sociedad ‘VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», en comparación con la participación del restante accionista, Sr. Jesús Fernández Pelayo, ha sido consecuencia de procedimientos de reorganización empresaria en las cuales participaron diversas compañías extranjeras, así como posteriores aumentos de capital social no suscriptos por el accionista minoritario, por lo que la situación se encuentra comprendida dentro de los supuestos de excepción aludidos en el precedente «Clariant Argentina SA», resultando procedente la inscripción solicitada.

8. Pero además de ello, no puede dejar de ponderarse que la especial solvencia económica y financiera que exhibe la sociedad filial “VOLKSWAGEN ARGENTINA SA»; sumado a los restantes datos aportados por el escribano Gutiérrez De Lio en su dictamen de fs. 13/16, respaldados por la documentación acompañada a fs. 17/68, avalan la solución que se adopta en la presente, máxime cuando, conforme a las expresas manifestaciones de este profesional, la sociedad controlante «Volkswagen Beteiligungs Gesellschaft mbh» no rehuirá las responsabilidades patrimoniales que podrían supuestamente derivarse de un hipotético incumplimiento por parte de su sociedad controlada de las obligaciones sociales contraídas.

9. Por todo lo expuesto, jurisprudencia citada y lo previsto por el artículo 60 de la ley 19550,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1°: Inscríbase la designación de los nuevos directores de la sociedad «VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA» en los términos del artículo 60 de la ley 19550.

Artículo 2°: Regístrese. Notifíquese al escribano Ramiro Gutiérrez De Lio al domicilio de la Avenida Córdoba 875 de la Ciudad de Buenos Aires y oportunamente archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERAL

N° 285 Rosario, 4 dic. 2009

Y VISTOS los autos caratulados “TREVIÑO Susana c/ Google Argentina s/ Daños y Perjuicios”, Expte. N° 86.630 de entrada ante este Juzgado Federal N° 1, Secretaría B, del que

RESULTA:

La Dra. Susana Treviño por medio de apoderado promueve demanda de daños y perjuicios contra Google Argentina S.R.L., Google Inc. y/o contra toda persona que jurídicamente deba responder por las consecuencias emergentes de los daños y perjuicios totales materiales y morales, que estima en la suma de $180.000 (pesos ciento ochenta mil) o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendirse y las costas y gastos causídicos.

Relata que la Dra. Treviño es Coordinadora del Departamento Jurídico de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario y Coordinadora del Área Jurídica de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio de Rosario. Que el tipeo de su nombre en los buscadores arroja como resultado directo de la búsqueda el acceso a un “blog” alojado bajo el dominioresisteaec.blogspot.com, en el que se difunden falsamente expresiones altamente injuriantes y agraviantes hacia ella, su persona, su honra y dignidad. Afirma que ello constituye un verdadero atentado contra las actividades que desarrolla en el ejercicio de su profesión de abogada.

Afirma que con la pretensión de dar fin a la situación solicitó reiteradamente a la demandada la eliminación de toda referencia a imágenes, figuras , frases agraviantes, etc., vinculadas con sus datos personales y/o nombre, no habiendo obtenido respuesta favorable a su pedido. Aclara que ello derivó en un incremento de la situación de acoso psicológico ocurrida a través de los servicios gratuitos de la empresa demandada, llegándose incluso en los referidos sitios a expresar frases que instigan a cometer delitos y a fomentar la violencia psicológica contra la actora.

Efectúa un análisis de los presupuestos de la responsabilidad civil que demanda y establece la relación de causalidad y el factor de atribución de la misma. Asimismo en acápite aparte refiere a la legitimación pasiva de Google Inc. y Google Argentina SRL y cuantifica el daño.

En esta instancia procesal solicita el dictado de una medida cautelar innovativa, consistente en que se oficie a Google Argentina S.R.L. y a Google Inc. a fin de que por medio de quien corresponda, procedan a dar de baja el bloghttp://resisteaec.blogspot.com/ , eliminando toda referencia de imágenes, figuras o frases agraviantes contra la dignidad de la Dra. Susana Treviño Ghioldi. También pide que ello sea ordenado en un plazo de cumplimiento de dos días bajo apercibimiento de astreintes las que estima en la suma de $500 diarios. Pide también que en forma previa a la intimación, se proceda a la certificación actuarial de las copias impresas del blog referido que no se encuentren notarialmente certificadas.

Analiza los requisitos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y ofrece fianza personal para responder por eventuales daños y perjuicios. Asimismo destaca que de no hacerse lugar a su pretensión, el perjuicio causado sería irreparable.

Ofrece prueba, analiza la competencia federal, hace reserva y pide que oportunamente se haga lugar a la demanda.

Ordenado que pasen los autos a despacho para resolver, la causa quedó en estado de dictare l presente pronunciamiento.

Y CONSIDERANDO:

I- Solicita la actora el dictado de una medida cautelar innovativa. La misma se encuentra subsumida en el art. 230 del C.P.C.C.N., toda vez que -conforme Palacio- la prohibición de innovar no cumpliría con su cometido último consistente en preservar el dictado de la sentencia y sus efectos, si no se modificara la situación fáctica o jurídica, ora retrotrayéndola a un estado anterior, ora creándose una nueva (citado por Roland Arazi, Medidas cautelares, Ed. Astrea 2° Ed. Actualizada, pág. 264).

Es decir que la prohibición de innovar puede ser decretada tanto para que la situación de hecho existente no se modifique durante el curso del proceso, como para el supuesto de que la situación fáctica no continúe como estaba al comienzo del proceso.

Y, es esta última la situación que plantea la parte actora al solicitar el dictado de la presente cautelar, ya que pretende que se oficie a Google Argentina S.R.L. y a Google Inc. a fin de que por medio d
e quien corresponda, procedan a dar de baja el bloghttp://resisteaec.blogspot.com/ , eliminando toda referencia de imágenes, figuras u frases agraviantes contra la dignidad de la Dra. Susana Treviño Ghioldi.

II- A fin de verificar la admisibilidad de la cautelar que se solicita, habré de analizar los presupuestos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contracautela e inexistencia de otra medida precautoria (art. 230 C.P.C.C.N.). Los mismos deben ser verificados en su totalidad, toda vez que ante la falta de uno de ellos, la medida deberá de ser rechazada. Ello de acuerdo con los elementos acompañados a la causa hasta este momento procesal, y sin perjuicio de su provisoriedad.

III- Respecto del requisitos de verosimilitud en el derecho, el mismo implica no la existencia fehaciente del derecho invocado, sino tan sólo la apariencia de que dicho derecho le asiste al peticionario de la medida.

Debo señalar que se han acompañado en autos copias de las publicaciones en Internet que han dado lugar a estas actuaciones y por las que la actora reclama por daños y perjuicios.

De la simple lectura de las mismas, y de la observación de las fotos allí contenidas, cierto es que ellas lesionan no sólo derechos constitucionales de la actora, sino también supranacionales. En efecto, el art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada familiar.

En estos términos, y sin perjuicio de las ulterioridades de la causa sobre las que oportunamente habré de pronunciarme, encuentro acreditado el humo de buen derecho necesario para la procedencia de la medida que se solicita.

III- En el caso del peligro en la demora a evaluar en una cautelar innovativa, no sólo se encuentra relacionado con el tiempo que puede demandar el proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino que requiere además que de mantenerse o alterarse la situación fáctica o jurídica, ello pudiere producir un perjuicio irreparable.

Y, tal es la situación planteada en el caso de autos. Tratándose del contenido de un blog que se encuentra en el ciber espacio y de la permanente posibilidad de introducción de nuevos datos, o su modificación y su difusión, es evidente que objetivamente existe un riesgo ya creado por la divulgación de información que –en principio- luce como agraviante hacia la persona de la actora.

IV- En cuanto al requisito del inc. 3° del art. 230 del C.P.C.C.N., adelanto mi opinión en el sentido de que el mismo se encuentra comprobado. Ello por cuanto la medida que se solicita constituye a mi entender el único medio viable para de asegurar la existencia del fin y objeto perseguido en el presente pleito.

V- Respecto a la contracautela, fijo la misma en caución real en la suma de $15.000 (pesos quince mil) en los téreminos del art. 199 del C.P.C.C.N..

VI- En cuanto de la medida en sí misma que se solicita, habré de hacerle lugar pero limitándola de conformidad con el art. 204 del C.P.C.C.N..

La referida limitación se refiere concretamente a la aplicación de astreintes y a la certificación actuarial de las copias. En el primer caso porque en esta etapa procesal ellas son a todas luces improcedentes. En el segundo, porque la certificación actuarial carece de naturaleza cautelar, pudiendo ser suplida –si la parte lo estimara necesario- por otro medio como una certificación notarial.

VI- Conforme con lo señalado precedentemente, la cautelar a la que se hace lugar consiste en ordenar a Google Argentina S.R.L. y a Google Inc. que por medio de quien corresponda, procedan a dar de baja en forma INMEDIATA el blog http://resisteaec.blogspot.com/ , eliminando toda referencia de imágenes, figuras u frases agraviantes contra la dignidad de la Dra. Susana Treviño Ghioldi.

Sin perjuicio del pronunciamiento de una eventual responsabilidad de la demandada –sobre la que oportunamente habré de pronunciarme- no caben dudas que es el buscador quien facilita a los usuarios el acceso a los sitios de Internet. Se ha demostrado objetivamente la existencia de información dañosa para la actora. El buscador –en el caso Google- facilita a los usuarios el acceso a los sitios de internet donde la misma se encuentra, y es quien se encuentra en mejores condiciones para evitar la continuación del daño. Por ello debe la demandada implementar los mecanismos a tal fin.

Por lo que antecede

RESUELVO:

I- Hágase lugar a la medida cautelar innovativa oficiándose a Google Argentina S.R.L. y a Google Inc. a fin de que por medio de quien corresponda, y EN FORMA INMEDIATA procedan a dar de baja el bloghttp://resisteaec.blogspot.com/ , eliminando toda referencia de imágenes, figuras u frases agraviantes contra la dignidad de la Dra. Susana Treviño Ghioldi. II- Cumpliméntese con la contracautela ordenada. Insértese, hágase saber y oportunamente, líbrense los despachos pertinentes.

Héctor Zucchi. Juez.

“Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18. Escribano Gradin, Mario. Balseiro de De Benedetti, Ana María s/ comunica sentencia en causa Nº 1934 seguida a Mario Gradin y Ana María Balseiro De Benedetti por defraudación y administración fraudulenta”; y expte. nº 6347/08 “Ruta, Ignacio Hugo. Escribano Balseiro de De Benedetti, Ana María s/ denuncia demora en la cancelación de hipoteca y retención de documentación”

Buenos Aires, 16 noviembre de 2009

Vistos: los autos indicados en el epígrafe,

resulta:

1. El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos decidió dar por concluidas las actuaciones sumariales instruidas a la escribana Ana María Balseiro de De Benedetti (matrícula nº 3337, titular —inhabilitada— del Registro Notarial nº 1396 de esta ciudad), y las elevó a este Tribunal de Superintendencia del Notariado (arts. 143 y 172, ley nº 404; y acordada nº 8 del 9/8/00) por entender —en su carácter de fiscal— que la pena que corresponde aplicar a la notaria por faltas graves en el desempeño de la función, excede el marco que norma el art. 143 citado.

2. Recibidos los expedientes, se dispuso correr vista a la encartada para que se pronunciara acerca del mérito de los sumarios incoados, formulara los descargos correspondientes y ofreciera las pruebas que a dicho fin creyera convenientes, derecho del que hizo uso mediante las presentación de fs. 92/96 del expte. nº 6592/09, y de fs. 171/175 y vta. del expte. nº 6347/08.

3. A fs. 113/114 del expte. nº 6592/09 y a fs. 227/229 del expte. nº 6347/08 el Tribunal hizo lugar a la oposición de pruebas deducida por el Colegio de Escribanos.

4. A fs. 118/126 y vta. del expte. nº 6592/09 y a fs. 234/247 del expte. nº 6347/08 el Colegio de Escribanos concretó la acusación fiscal, solicitando al Tribunal que disponga aplicar a la escribana Balseiro de De Benedetti la sanción disciplinaria de destitución del cargo y de suspensión por ciento veinte (120) días, respectivamente, por las faltas graves cometidas.

5. A pesar de estar debidamente notificada (ver cédulas
de fs. 128 y vta. y 249 y vta. de las respectivas causas), la sumariada no contestó los traslados conferidos de la acusación fiscal.

6. A fs. 130/132 y vta. de este sumario (expte. nº 6592/09) dictaminó el Fiscal General, conforme la vista dispuesta a fs. 129

7. Por providencia dictada a fs. 133 del expte. nº 6592/09, correctamente notificada a las partes, que se encuentra firme, se pasaron los autos al acuerdo y se ordenó el dictado de una sentencia única para todos los sumarios.

Fundamentos:

Los jueces José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano, y la jueza Ana María Conde dijeron:

1. En el expte. nº 6592/09 (16-02942-07 según la numeración del Colegio), a la escribana sumariada se le imputa: a) la comisión de irregularidades profesionales, configuradas por la coautoría del delito de defraudación por administración fraudulenta, y b) el no haber cumplido la obligación de comunicar a la Institución la condena penal que incluía inhabilitación especial para el ejercicio de su función.

2. En lo que hace al primero de los cargos, cabe decir que la escribana Ana María Balseiro de De Benedetti fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 18 a las penas de un (1) año y seis (6) meses de prisión —en suspenso— y de tres (3) años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de escribano, por ser —junto al escribano Mario Gradin, oportunamente destituido— coautora penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta (Causa nº 1934).

3. Si bien la sanción de un escribano en sede penal no genera de por sí responsabilidad disciplinaria —dada la independencia del juzgamiento de su conducta en otros ámbitos (art. 148, ley nº 404)—, ello no implica que se pueda recalificar desde el punto de vista sustantivo el encuadramiento que de los hechos se realizó por la vía jurisdiccional (este Tribunal, expte. nº 5517/07, sentencia del 31/3/08).

Sobre el particular este Tribunal (expte. nº 5517/07, sentencia del 31/3/08 y sus citas), siguiendo el criterio sentado por el Tribunal de Superintendencia del Notariado cuando era ejercido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sostuvo que: “No corresponde al Tribunal de Superintendencia del Notariado analizar ni revisar las vicisitudes acaecidas durante el proceso penal llevado a cabo contra un escribano sumariado, como tampoco las conclusiones o dictámenes de los Sres. Fiscales de la causa, sino sólo atenerse a los pronunciamientos condenatorios existentes respecto del sumariado, que tienen autoridad de cosa juzgada material, en tanto de este modo se configuran los presupuestos impeditivos de la función notarial…”.

4. El pronunciamiento en sede penal ha puesto de resalto, de manera evidente que
doña Balseiro de De Benedetti incurrió —en el desempeño de su función— en infracciones graves que afectan a la institución notarial, al decoro del cuerpo y a la propia dignidad del escribano (art. 134, ley nº 404). A dicha conclusión se arriba, a poco que se repare que el tribunal represivo tuvo plenamente acreditado: “…que ….y Ana María Balseiro de De Benedetti desviaron en su beneficio la suma total de noventa mil dólares (U$S 90.000), que les fuera entregada en la sede de la escribanía que ambos tenían en esta ciudad, por Jorge Armando Siniscalchi con la finalidad de ser aplicada a futuras operaciones de hipoteca o mutuos las que no se realizaron, perjudicando patrimonialmente a su cliente a quien dicha cantidad no le fue reintegrada… que ambos enjuiciados, abusando de la confianza que les tenía Siniscalchi, con el fin de procurarse un lucro indebido incumplieron sus instrucciones respecto del destino que debían darle a las sumas dinerarias, cuya administración él les había encomendado…. que se le ha de formular juicio de reproche a ambos encartados, por cuanto en su carácter de mandatarios tenían posibilidades de actuar sobre los intereses patrimoniales ajenos que le fueron confiados y, los desviaron en provecho propio, ya que en su ejercicio violaron los deberes jurídicos a su cargo: obligación de mantener informado al mandante, obligación de dar preferencia a los intereses de su mandante en caso de oposición a los suyos, obligación de rendir cuentas, obligación de entregar a aquél lo recibido en virtud del mandato y atenerse a los límites de éste, quebrantando así el deber de fidelidad sobre el que se sustenta la relación mandante-mandatario, perjudicando los intereses confiados” (cf. fotocopia certificada de la sentencia de fs. 1/16).

Asimismo, importa que se resalte que el Tribunal Penal, a fin de graduar la sanción a ambos procesados, destacó, como atenuantes, su condición de primarios, y como agravantes “…su nivel de educación del que se deriva una mayor posibilidad de comprender y adecuar su conducta a la ley, la persistencia en el dolo demostrada por los enjuiciados, evidenciada por el largo tiempo durante el cual llevaron adelante su comportamiento, la naturaleza del vínculo profesional escribanos-cliente que unía a las partes, que imponía a los primeros extremar los cuidados en cuanto a la forma de desempeñar el mandato y defender los intereses del denunciante y asimismo, su buena situación económica social y profesional” (las negrillas no se hallan en el original).

5. La falta cometida por Balseiro de De Benedetti es de suma gravedad, lo que la hace pasible, por si sola, de la sanción disciplinaria que propicia la institución notarial: la destitución del cargo prevista por el art. 149, inc. d), de la ley nº 404 (art. 151, inc. c, de la misma ley).

6. La destitución encuentra también su justificación si —además de los antecedentes disciplinarios desfavorables que registra en su legajo profesional la notaria: 1 mes y 2 días de suspensión— se la conecta con la otra falta —también grave— en que incurrió la encartada, consistente en no haber comunicado al Colegio de Escribanos —como era su deber— la condena penal dictada en su contra por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 18.

7. El art. 13, inc. d), de la ley nº 404 establece como uno de los requisitos de la investidura notarial: “Declarar bajo juramento no hallarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades que prescriben los arts. 16 y 17”.

Por su parte, el art. 82 del decreto reglamentario nº 1624/00 dispone que: “La declaración jurada referida en el inciso d) del artículo 13 de la ley, deberá ser presentada por escrito en la sede del Colegio con anterioridad no inferior a siete días, a la fecha programada para la investidura. Si existieren causales de excepción (artículos 18 y 19 de la ley), deberán ser detalladas minuciosamente en ese escrito. Todo cambio de situación que se produjere a posteriori de la declaración formulada, deberá ser comunicada al Colegio de Escribanos dentro de los diez días contados a partir de haber el escribano tomado conocimiento de la misma. La reticencia en la información o su ocultamiento, sin perjuicio de la inhabilitación de ley, será considerada falta grave y dará lugar a la iniciación del correspondiente sumario. Si se comprobare falsedad en la declaración jurada u ocultamiento del cambio de la situación, se remitirán las actuaciones al Tribunal de Superintendencia solicitando la sanción que correspondiere, la que no podrá ser inferior a tres meses de suspensión”.

8. Está fuera de toda discusión que la encartada no anotició al Colegio de Escribanos de la significativa condena penal. La Institución solo tomó conocimiento de ello con motivo del oficio que le remitiera la Presidenta del Tribunal Oral, fechado el 16 de noviembre de 2007 y receptado el 5 de diciembre de dicho año (ver fs. 17 y vta.), lo que determinó que el Presidente del Colegio de Escribanos dictara, a fs. 18 y vta., la resolución del 6 de diciembre de 2007 que hizo efectiva la inhabilitación especial de Balseiro de De Benedetti para ejercer la profesión de escribano público, en los términos del art. 16, inc. g), de la ley nº 404.

Al respecto la sumariada —tanto al contestar el traslado del sumario (fs. 30/31) cuanto la vista conferida por este Tribunal (fs. 92/96)— puso de manifiesto lo siguiente: que si bien las diversas sentencias que han sido dictadas a lo largo de la tramitación de la causa penal —que adquirió firmeza el 22 de octubre de 2007— han sido notificadas en el domicilio que constituyera, la única notificación personal que ha recibido fue la del Colegio de Escribanos, en relación a la resolución del 6 de diciembre de 2007 que dispuso hacer efectiva la pena de inhabilitación (ver diligencias de fs. 20 y 21/22 del 11 de diciembre de 2007).

La razón esgrimida por la encartada no alcanza, de manera alguna, para enervar este reproche, a poco que se señale que en ningún momento probó —ni tampoco intentó hacerlo— que la sentencia penal no le haya sido notificada correctamente. De todas maneras, bueno es apuntar que la escribana expresamente admitió que el pronunciamiento penal se encuentra firme desde el 22 de octubre de 2007, lo que implica reconocer que la sentencia ha sido correctamente notificada, que, por otro lado, es lo que se desprende del nuevo oficio del Tribunal Oral en lo Criminal nº 18 de fs. 26, no impugnado por la sumariada.

9. Sólo para más abundar, queda también por añadir que la escribana Balseiro de De Benedetti ha ejercido la profesión sin respetar las incompatibilidades que le impone la ley nº 404 en el art. 17, inc. c), según quedó acreditado en el expte. nº 6347/08 (16-02725-04 de acuerdo a la numeración del Colegio).

En efecto, de las constancias de autos resulta que la notaria cobró cuotas de amortización e intereses de mutuos, dio recibo de dichos pagos, percibió los importes de las cancelaciones de las deudas de sus clientes, todas tareas propias de los acreedores y totalmente ajenas e incompatibles al ejercicio de la función notarial (expte. nº 2569/03 y su acumulado, sentencia del 4/5/04), a lo que cabe agregar en abono de este reproche lo que surge de la sentencia penal y que fue trascripto en el pto. 4 de estos fundamentos.

Por todo ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por el Fiscal General sobre la legalidad del procedimiento incoado en autos (fs. 130/132 y vta.), y de conformidad con lo pretendido por la acusación fiscal,

el Tribunal de Superintendencia del Notariado

resuelve:

1. Aplicar a la escribana Ana María Balseiro de De Benedetti (titular —inhabilitada— del Registro Notarial nº 1396 de esta ciudad, matrícula nº 3337) la sanción disciplinaria de destitución del cargo, con la consiguiente cancelación de la matrícula profesional (arts. 149, inc. d, 151, inc. c, y 156 de la ley nº 404).

2. Mandar que se registre, se agregue copia certificada de esta sentencia única en el expte. nº 6347/08, se notifique y, oportunamente, se devuelvan todas las actuaciones al Colegio de Escribanos, con atenta nota de remisión.